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9 de Agosto del 2017
Historias
Lectura: 24 minutos
9 de Agosto del 2017
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

Anticorrupción: la lucha de los ancianos de la tribu
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Los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, perseguidos judicialmente por el ex contralor Carlos Pólit, fueron reivindicados en Guayaquil. 

 

En el Foro Juntos contra la Corrupción, de Guayaquil, se puso en evidencia la indignación de las organizaciones sociales frente a lo que llamaron la insoportable situación de corrupción e impunidad. El Foro fue un espaldarazo a los miembros de la Comisión Nacional.

Los organizadores del Foro Juntos contra la Corrupción estaban preocupados. Dolores Padilla decía: "primera vez que convoco a las cinco de la tarde y me llegan a las cuatro". Efectivamente, a esa hora ya decenas de personas pugnaban por entrar a las instalaciones del salón de actos de la Plaza Rodolfo Baquerizo, en pleno Malecón del Salado, colindando con la 9 de Octubre, centro de Guayaquil. Para las cinco de la tarde, de ese martes 8 de agosto,  se había convocado a ese foro público, donde se escucharían tres experiencias de lucha contra la corrupción y se leería la Carta de Guayaquil, un llamado de la sociedad civil del Ecuador a las instituciones y a la sociedad en su conjunto para que impulsen verdaderamente la lucha contra la corrupción.


Integrantes de colectivos y ONGs retomaron su participación pública en Guayaquil. 


En el centro de Guayaquil, las organizaciones no gubernamentales insistieron en la lucha contra la corrupción. 

Para los organizadores, en estricto sentido la Fundación Esquel y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), la espectativa se había ampliado enormentente en la medida en que las noticias de coimas y sobornos de Odebrecht que señalaban cada vez más al vicepresidente de la República, Jorge Glas, aparecían en los medios de comunicación. Ocho días antes de la convocatoria al foro se había hecho públicos los videos de José Concienciao Santos, apoderado de Odebrecht para Ecuador, y el clima de indignación ayudaba a que decenas de organizaciones se apuntaran a participar en el evento del martes 8 de agosto.

Esa mañana, en el Unihotel, en el centro del Puerto Principal, personalidades de Guayaquil dirigentes de organizaciones se habían reunido con ocho de los nueve miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Algunos octogenarios comisionados, venciendo el calor, el cansancio y el alboroto propio de estas reuniones, participaron con una treintena de representantes de movimientos sociales y organizaciones que se juntaron para un conversatorio. Excepto Isabel Robalino, la centenaria miembro de la CNA, que se moviliza en silla de ruedas, ahí estuvieron los miembros de la Comisión así como María Arboleda,también comisionada,  para charlar  con los convocados, y para posesionar a la nueva Comisión Anticorrupción que  desde ahora operará también en Guayaquil.


Los miembros de la CNA designaron a nuevos integrantes de la ciudad de Guayaquil. 

Algunos octogenarios comisionados, venciendo el calor, el cansancio y el alboroto propio de estas reuniones, participaron con una treintena de representantes de movimientos sociales y organizaciones que se juntaron para un conversatorio.

No fue fácil llegar a esa convocatoria ni a un consenso sobre el contenido de la Carta de Guayaquil: sobre todo en un punto: algunos comisionados estaban de acuerdo con pedir una convocatoria a una consulta popular  para hacer efectiva la lucha contra la corrupción modificando algunos puntos de la Constitución, y otros pensaban que se debía hacer un llamado a una Asamblea Constituyente para hacer, de una vez, un nuevo pacto social dado el fracaso del pacto de Montecristi del 2008.

El jurista Julio César Trujillo era uno de los partidarios de la Asamblea Constituyente. Trujillo, ya casi nonagenario, había estallado en lágrimas meses antes cuando un juez declaró culpables a los comisionados de haber difamado al ex contralor Carlos Pólit, quien demandó penalmente a los miembros de la Comisión luego de que un juez declaró temeraria una denuncia de la CNA contra el ex contralor por no haber actuado en un caso de corrupción, el de la Refinería del Pacífico. Trujillo se alteró porque esta sentencia manchaba aparentemente una vida límpida dedicada a la defensa del derecho laboral, a la lucha por los derechos humanos y el sindicalismo. Pero Pólit cayó en desgracia y finalmente salió del cargo por la puerta de atrás, vía Miami, y fugó de una sindicación penal por los sobornos de Odebrecht. O sea, el que obtuvo una sentencia por su honra era el menos honrado del Ecuador en ese momento. Con esa autoridad moral, durante la reunión en el Unihotel, Trujillo dijo unas palabras que conmovieron a los presentes: ahora siento el peso de ser viejo, de ser torpe para luchar por esta patria. Cuando éramos jóvenes -no es cierto Pancho (Huerta)- nos enfrentamos por la democracia contra la dictadura, nos llevaron presos, nos exiliaban, nos íbamos desterrados a Bolivia, ahora... Fue una jalada de orejas a esta generación de ecuatorianos que ha permitido esta afrenta de la corrupción, como uno de los asistentes reconocería luego.

Trujillo hizo notar a los ahí reunidos que tal es la indignación del pueblo ecuatoriano sobre lo que pasa, que no hay ecuatoriano de bien que no se me acerque en las calles de Quito y "me pide que pongamos fin a estos corruptos, a estos ladrones". Acudir a los organismos del Estado es innecesario, dijo, "porque los organizó Rafael Correa para que encubran los latrocinios. Él diseñó un sistema de impunidad para que se garantice el robo en el Ecuador. Qué vergüenza tendrá la Universidad de Lovaina de haber graduado a Rafael Correa".

Así, entre llamados a la consulta, a la lucha sin tregua, trascurrió esta sesión, en la cual participó gente como Francisco Huerta Montalvo, Carlos Vera, Alberto Molina, Silvia Buendía, Edwin Ortega, Pablo Better, José Luis Ortiz, Martha Roldós, Anunziatta Valdez, y delegados de organizaciones. Quien llevó adelante la coordinación del diálogo fue Boris Cornejo, de Esquel, y Silvia Buendía, abogada defensora de los derechos GLBTI, pidió el apoyo de la prensa: "esto es grande, dijo, es una lucha nacional".


Bajo la batuta de Boris Cornejo, de Fundación Esquel, tuvieron lugar algunos de los diálogos. 


Los nuevos miembros de la Comisión en Guayaquil anunciaron algunas de sus acciones. 

​Los comisionados se habían colocado en la cabecera de un largo espacio rectangular. En el centro, Jorge Rodríguez, presidente de la CNA, destacó el carácter honesto de los miembros de la Comisión: somos gente libre y de buenas costumbres, dijo; nos han expulgado hasta lo último y no han encontrado nada de qué acusarnos, y destacó que la Comisión es un mandato de las organizaciones de trabajadores, indígenas y demás movimientos sociales, que un 31 de mayo del 2015, en Riobamba, decidieron emprender una lucha contra la corrupción, entregando a la CNA su representación para ejercer esa lucha de manera eficaz y ordenada.

​Para Germán Rodas, otro de los comisionados, la llamada revolución ciudadana habia devenido en un "regimen de boy scouts con afán de asalto al país". Los que estamos aquí, dijo, tenemos demandas en contra que en conjunto suman 55 millones de dólares. Para María Arboleda, la única mujer de la CNA, de origen manabita, dijo que las mujeres estaban en una lucha contra un régimen que a lo mafioso une lo patriarcal, "este trabajo nos permite recuperar la voz, que es la base de la democracia. Este tesoro es la base de la reconstrucción democrática de nuestro país". Y apuntó en sus críticas al ex fiscal general Galo Chiriboga "quien debe pasar a la historia como uno de los más nefastos para la patria", porque el combate también es contra la impunidad, que es la arquitectura que sostiene y socapa la corrupción, y Rafael Correa es el personaje política y simbólicamente representante de esta situación, sostuvo.

​Para Germán Rodas, otro de los comisionados, la llamada revolución ciudadana de Rafael Correa había devenido en un "regimen de boy scouts con afán de asalto al país".

Fue Francisco Huerta quien se encargó de posesionar bajo juramento cívico a los nuevos comisionados del Guayas, los cuales tienen "la enorme tarea de desinfectar la República". El mandato lo recibieron de las propias organizaciones de trabajadores y fueron posesionados: Silvia Buendía, Martha Roldós, Alberto Molina, Jorge Ortega, Zobeida Aragua, Camilo Morán, César Cárdenas, Ridardo Ramírez y Vilma Cedeño. 

Ya para la tarde, las organizaciones y cientos de autoconvocados se habían concentrado en la plaza Rodolfo Baquerizo. El salón, montado para unas 600 personas sentadas, resultó pequeño. Varios centenares más se mantuvieron de pie sin dejar un metro libre, y por fuera del salón, otras 200 personas asistieron a la trasmisión en circuito cerrado.  Marcela Restrepo, la activista de Transparencia Colombia que había sido invitada a dar una charla magistral en ese acto, rehacía su discurso, a la luz de lo que veía. Y ella veía, según comentó después, algo que en su país no había visto: una sociedad movilizada contra la corrupción. Así que tomó algunos puntos importantes de lo que había planeado decir, pero se explayó en la forma en que la sociedad organizada debe actuar en contra de la corrupción y la impunidad, con la experiencia de su país.

El ambiente, lleno de gritos, con banderas ondeando, con personas que arengaban con megáfono, aparentaba un pandemonio, pero poco a poco, al calor también de los discursos del presidente de la Conaie, Jorge Herrera y de Martha Roldós, y con la conducción ponderada de Silvia Buendía, los participantes en el Foro se concentraron en el escenario. Tras los discursos llegaron los actos simbólicos. José Villavicencio, en nombre del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, la Conaie y otros movimientos sociales, renovaron el mandato y la confianza a la Comisión Nacional Anticorrupción, y lo propio hicieron con los comisionados del Guayas.

​El último acto del Foro fue la lectura de la Carta de Guayaquil. este documento fue distribuido como hoja volante entre todos los asistentes al acto público.  Y entre sus pedidos estaba "el desafuero del Ing. Jorge Glas, contra quien hay acusaciones no desvirtuadas, su procesamiento y separación del cargo  de Vicepresidente de la República. No puede ser sucesor en espera de la Presidencia, quien acumula las sospechas  que sobre él existen".

La Carta de Guayaquil hizo un llamado: "Una lección de los últimos años es que la ciudadanía no debe desvincularse de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso, convocamos a todos los ecuatorianos  a juntarnos e integrar una sociedad civil activa y organizada. 

"La gravedad de la situación evidencia la urgente necesidad de rescatar la institucionalidad democrática como tarea inaplazable".  En la frase final, la Comisión hizo un llamado a una Consulta Popular, para hacer un nuevo pacto social en el Ecuador.

Lea aquí el texto completo de la Carta de Guayaquil de las ONGs. 

Alberto Molina, coronel en servicio pasivo y escritor, es uno de los comisionados del Guayas. Él atendió a Plan V y dijo que "tenemos poco tiempo de posesionados. Hemos nombrado una coordinadora, que es Martha Roldós. Partimos de cero, pero felizmente, Zobeida Aragundi nos ha facilitado el local para reunirnos. Tenemos que organizarnos con una secretaría para los documentos pertinentes. La coordinación será cada tres meses y es rotativa. Establecimos los martes como día de reunión, y nos estamos conociendo entre nosotros. Aún no está delineado el trabajo en sí y este martes 15 será la primera reunión real. Podemos hablar de muchas cosas, hay demasiadas cosas y  quedamos en ver nuestro campo de acción. Aquí la ciudadanía exige respuestas.

"Vamos a interactuar con la CNA, porque hay casos que rebasan la provincia, pero la idea es trabajar en conjunto, una especie de complemento. Hay comisiones en Azuay, Imbabura, Manabí... Estamos en permanente contacto con los ciudadanos. Con las organizaciones gremiales, estudiantiles, sindicales. En esta comisión hay gente vinculada a gremios y organizaciones sociales, Camilo Morán, César Cárdenas, Silvia Buendía... Todos tienen ua representación y son parte de sectores sociales, pero lo importante es señalar que la Comisión no es parte de la función judicial y no nos compete iniciar procesos sino investigar y hacer denuncias, somos parte de la ciudadanía".

    ENTREVISTA    

"Hay que ponerle el ojo a los jueces"

Marcela Restrepo: directora de Trasparencia Colombia

 

"Venimos de una historia de cuando más del 70% de senadores estaban vinculados  a grupos armados ilegales. Es una tragedia. Entonces, es muy importante que en este momento de angustia aparezca la posibilidad de que podamos manifestarnos en contra de los corruptos".

En Colombia la sociedad civil se lanzó a una consulta popular, en la cual se recogieron 4 millones de firmas para pedir una consulta popular para endurecer la lucha contra la corrupción en ese país, ¿cómo surgió esa iniciativa?

En el caso colombiano la lucha contra la corrupción ha tenido una evolución similar a la de América Latina. Es decir, hace 15 o 20 años no se podía hablar de corrupción, esa era una forma normal de gestionar la política, eso no era nada problemático, y ahora la gente reconoce que la corrupción es un problema real, que afecta a la vida de la gente, que la corrupción mata y viola los derechos humanos y que afecta a la legitimidad del Estado. Lo que hemos pasado en estos años ha sido terrible, la manera cómo se han desdibujado los pesos y contrapesos en el poder, cómo se ha centralizado el poder en el Ejecutivo, cómo los legislativos están cada vez más captados por el ejecutivo y cómo la rama judicial es realmente inoperante en este contexto. Y esto, afortunadamente, ha hecho que la gente se cuestione y diga que esto no puede seguir así.

¿Lo que manda en la gente frente a este tema es la desidia colectiva?

Más que desidia es como una desesperanza. Tenemos todavía un gran porcentaje de colombianos que dicen que la corrupción es así, que no se va a resolver nunca, que las élites lo van a seguir siendo, pero hay una transformación que nosotros notamos ahora y es que la gente dice ya no más. Que hay que recuperar la dignidad de una sociedad. Y hay una corriente de gente que dice que no tiene porqué permitir que esto pase. Nosotros trabajamos con organizaciones sociales de base y con mucha gente que hace cosas, y por eso lo decimos. Esta consulta fue liderada por dos personas que hacen parte del Partido Verde, Claudia López y Angélica Lozano. Ellas hicieron el trabajo de calle, de uno a uno, con voluntarios y recogieron más de cuatro millones de firmas las cuales están siendo revisadas este momento por la Registraduría General del Estado para saber si cumplen los requisitos para solicitar una consulta popular.  Para nosotros, Transparencia por Colombia, esta consulta tiene una gran fortaleza porque es permitir al ciudadano que pueda opinar y actuar frente a esto y no solo quedarse como víctima triste de la corrupción; sobre todo porque tenemos a dos campañas presidenciales metidas en el caso Odebrecht, cuando tenemos más de cuatro obras gigantes de infraestructura metidas en casos de corrupción por Odebrecht, cuando tenemos otros líos de corrupción gigantescos que involucran a empresas del Estado como Ecopetrol. Venimos de una historia de cuando más del 70% de senadores estaban vinculados  a grupos armados ilegales. Es una tragedia. Entonces, es muy importante que en este momento de angustia aparezca la posibilidad de que podamos manifestarnos en contra de los corruptos.

Usted hablaba de una tendencia en el continente en la concentración de poderes en el Ejecutivo y, como hipótesis, ¿esto tiene como objetivo generar poderes autoritarios para crear un sistema de impunidad y corrupción?

"Las expresiones que acabo de ver en Guayaquil, de una sociedad civil emancipada es muy importante, porque eso no se está viendo en América Latina".

Lastimosamente esto muestra un escenario paradójico. Por un lado emergen con cada vez más fuerza esos derechos ciudadanos y esa dignidad de ciudadanos al tiempo de que las élites tradicionales que han manejado el poder construyen redes para fortalecer la concentración de poder. Además, son redes criminales. Es decir aquí hay economía ilegal de por medio. Esa concentración de poder es nefasta, con golpes muy fuertes para la democracia. Las expresiones que acabo de ver en Guayaquil, de una sociedad civil emancipada es muy importante, porque eso no se está viendo en América Latina. Porque cuando hay crimen organizado asociado a la corrupción tradicional el primer resultado es la impunidad, y el segundo es el miedo. Porque ya no es solamente el soborno o el cohecho, sino que es la amenaza a la vida. Esta concentración de poder tan fuerte en América Latina, asociadas a economías ilegales, sea narcotráfico, contrabando o minería extractiva, es preocupante y las redes criminales son mecanismo perfectos –eso lo ha dicho Luis Jorge Garay, un gran investigador colombiano- para blindar al crimen, para bajar la exposición a la pena. Porque eso es lo que finalmente ellos negocian: vamos a controlar jueces, políticos, policías, cual mafias sicilianas. El drama de América Latina, el de Colombia, es que el Estado ha sido capturado, el Estado está puesto al servicio de la corrupción que va de la mano del crimen organizado y eso es muy dramático.

Se puede ver eso en América Latina?

En México, en Colombia, en Guatemala… nosotros lo vivimos muy duramente. Nosotros tuvimos el 70% de nuestro Senado que fue paramilitar. Los diputados no eran mandaderos de los paramilitares, eran paramilitares. Hicieron incidencia directa en la formulación de leyes, en los usos del suelo, en las políticas públicas; ese es el problema hoy y se llama gran corrupción. Y esa gran corrupción ya no es el soborno sino un gran engranaje criminal que va desde el soborno, hasta incidir en las leyes, hasta elegir presidente de la República. Esa es la corrupción que tenemos hoy día.

Hay iniciativas ciudadanas como en el caso el Ecuador, que responden a una coyuntura, entonces la gente reacciona y luego se apaga. Y son como ciclos. Estas historias de gran corrupción se repiten en el Ecuador cada diez años y luego volvemos a lo mismo…

Lo bueno de estas expresiones ciudadanas es que aparezcan, que estén presentes. Sería terrible que no estuvieran presentes. Ahora bien, se tienen que dotar de estrategia y capacidades. Tienen que ser tan calculadoras como son los corruptos. Los corruptos son unos genios para encontrar su medio, sus fines, tejen redes de filigrana, actúan de modo sofisticado. Nosotros tenemos que ser iguales. Mi organización lleva 19 años siendo los loquitos del pueblo, advirtiendo y combatiendo la corrupción. Primero, entonces, hay que permanecer, luego tener estrategia. Y cuando uno tiene estrategia tiene que tener foco: a qué le vamos a dar, porque esto es muy grande, esto es un monstruo gigante y tenemos que encontrar cuál es el punto, y para nosotros hay cuatro puntos fundamentales. Uno: el sistema político, o sea cómo se llega al poder, cómo se financian las campañas, cómo se consolidan los grupos políticos. Ese es uno de los focos que nosotros como sociedad civil tenemos que ver. Además tenemos todo en las manos, nosotros somos los que votamos; tenemos que liberarnos de las cadenas de la corrupción y de la ignorancia para votar bien. Pero ahí hay que hacer seguimiento al financiamiento de campañas porque el que pone la plata pone las condiciones. Dos: la gestión pública, el funcionamiento del Estado; ojo a la gestión pública porque por ahí se va la plata y todos los días sale plata en contratación pública, en clientelismo, en subsidios. Tercero y fundamental: el tema de justicia. Tenemos que poner el ojo a los jueces. Necesitamos transparencia, necesitamos transparencia en la justicia. Y eso lo digo con todo el respeto: los jueces creen que porque son jueces los ciudadanos no les podemos hacer control social, los ciudadanos no les podemos pedir transparencia, no les podemos pedir meritocracia; pues lastimosamente los jueces nos demostraron que pueden llegar a ser igual o peor de corruptos que el político tradicional. Entonces, como ciudadano necesito saber quién es ese juez, de dónde salió, con cuáles intereses está juzgando, cómo llegó ahí.

No solo los jueces sino quienes dirigen los organismos de control.

Claro, contralores, procuradores, superintendentes, fiscales, es decir todo el que imparte justicia tiene un deber de transparencia y rendición de cuentas ante el constituyente primario. La cosa es que nos hemos creado con esa idea de que los órganos de control o los jueces son intocables, como que fueran un grupo de sabios. Con todo respeto, ellos son el pilar de nuestra democracia y por lo tanto como ciudadanos debemos estar mucho más vigilante de ellos que de cualquiera, incluso más que la rama ejecutiva, porque el ejecutivo puede embarrarla, cometer delitos, pero si el que los va a juzgar está capturado por esa misma lógica criminal perdemos doble. Si alguien que tiene que demostrarnos independencia, autonomía, transparencia y no corrupción es la justicia.

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