El 5 de marzo del 2015 la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) emitió 157 notificaciones de desalojo para moradores de las cooperativas Mélida Toral, Independencia 1 y 2, Jacobito Bucaram y 4 de Marzo, ubicadas la Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. El documento solicitaba el retiro de todas las personas en un lapso de 48 horas por encontrarse dentro de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado y/o en sus áreas de influencia.

Los notificados presentaron una queja por vulneración de sus derechos en la Defensoría del Pueblo, tras lo cual se acordó para el 30 de marzo una inspección en el lugar por parte de la Stpahi. No obstante, el viernes 27, cerca de 400 policías llegaron al lugar con maquinarias para la destrucción de las viviendas. Los moradores tuvieron que sacar sus enseres para guardarlos en casas de vecinos y familiares, en medio la lluvia y la desolación. En total, 40 familias fueron desalojadas.

Julio César Quiñonez, titular de la Stpahi, afirmó que se había diseñado con anticipación un plan de contingencia para la reubicación ordenada de las personas que vivían en el sector, garantizando su acceso a una nueva vivienda. Según Quiñonez, 37 de las 40 familias que fueron desalojadas el 27 de marzo ya se habían inscrito en el plan. Sin embargo, la mayoría de las personas que perdieron su casa aquel día durmió en medio de los escombros, bajo la lluvia y con frío, guarecidos apenas con sábanas y colchones.

Luego de la destrucción de sus casas, y sin tener a donde ir, varias de las personas afectadas utilizaron los escombros de sus viviendas para levantar pequeñas covachas donde acomodarse con sus hijos, mientras pensaban qué hacer. No obstante, estas improvisadas chozas también fueron derribadas por las maquinarias. Algunos de los moradores tomaron nuevamente los escombros y los quemaron en la entrada del sector para impedir el paso de las retroexcavadoras.

Varias de las personas desalojadas el 27 de marzo expresaron desconocer completamente el plan de contingencia estatal. Algunos afirmaron que las familias que se encontraban en la lista de la  Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares eran de otro sector, cuyas viviendas no fueron destruidas. A pesar de que autoridades del Gobierno Nacional se han pronunciado sobre el tema, afirmando que la situación ha sido politizada, aún no se conoce públicamente el contenido de dicho plan.

De acuerdo a la lista elaborada por los moradores del sector, entre las personas que también perdieron sus viviendas durante el desalojo se encontraban dos mujeres embarazas, quienes debieron pedir ayuda a vecinos para tener un techo donde dormir y dejar sus pertenencias. Asimismo, las casas contempladas para el desalojo estaban marcadas con aerosol.

El Ministerio del Ambiente (MAE) declaró, en el 2003, a este espacio como Reserva de Producción de Manglares El Salado. Los moradores del sector afirman que entonces las casas eran palafitos cuyas bases fueron rellenadas por ellos desde el 2008. Lo ocurrido el 27 de marzo del 2015 fue una operación estatal en el tramo 6 del proyecto Guayaquil Ecológico dirigido por el MAE, que en los cinco tramos anteriores ha reubicado a cientos de personas en el Plan Socio Vivienda 2. Antes del desalojo, muchas personas de la zona, en su mayoría niños y jóvenes, acudían al estero para bañarse.

La casa de Luz Valencia medía 14 por 6 metros. En el domicilio vivían sus tres hijos mayores con sus esposas, siete nietos, cinco hijos menores, ella y su esposo. Cuenta que cuando era niña prefería trabajar a estudiar porque siempre quiso tener una casa propia. Actualmente, Valencia tiene 38 años y labora en una empacadora pelando camarón. Desde el inicio del desalojo no ha podido ir a su trabajo, al igual que muchas otras personas retiradas.

El desalojo no solo afectó a las personas que habitaban este sector de la ciudad, sino también a varios animales domésticos como perros y gatos. Las imágenes que circularon en las redes sociales sobre su crítico estado generó que un gran número de personas se solidaricen, donando alimentos y en ciertos casos llevándolos a un veterinario. Uno de los perros que necesitaba atención fue adoptado por una voluntaria.

Rosa Caicedo denunció haber recibido una descarga eléctrica por parte de un policía durante un protesta realizada en la Perimetral el 5 de marzo, tras las notificaciones de desalojo. Por esos días, Rosa tenía seis meses de embarazo. Debido al ataque, ella fue internada en un hospital cercano para ser atendida de urgencia. Al día siguiente murió su hijo, a quien iba a llamar Keneth Joswell. El proceso es investigado por la Fiscalía.

El 31 de marzo varias de las personas afectadas impidieron el paso de las maquinarias que fueron para remover los escombros de las viviendas destruidas días antes. Ellos exigían a las autoridades que antes de limpiar el sitio demostraran que realmente iban a tener acceso a una nueva casa. Algunos gritaban: “queremos la llave, queremos la llave”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y los Principios Básicos y Directrices sobre Desalojos y Desplazamientos generados por el Desarrollo establecen que los reasentamientos no deberían realizarse de una forma que viole la dignidad y los derechos humanos a la vida y a la seguridad de las personas afectadas.

Buena parte de las personas que perdieron su casa el 27 de marzo se instalaron en las carpas que el Municipio de Guayaquil colocó en el sector para protegerlos de la lluvia y tener un lugar donde dormir. La Cruz Roja canalizó la entrega de alimentos y donaciones para quienes se encontraban en el lugar. El Gobierno Nacional expresó que de las 40 familias desalojadas solo dos permanecían en las carpas y afirmó que el resto serían de otros sectores.

Debido a que la mayoría de las personas desalojadas el 27 de marzo sostenía que no constaba en la lista de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, moradores del sector decidieron realizar un inventario recogiendo los nombres de aquellos que habían perdido su casa aquel día. Por medio de ese listado se registró a más de 200 personas, entre niños y adultos.

La situación de los desalojados fue ampliamente difundida en las redes sociales y los medios de comunicación, lo que permitió que decenas de personas colaboraran con víveres y alimentos para los afectados. Desde el inicio del desalojo se informó que las contribuciones podían realizarse por medio de la Cruz Roja.

Tras el desalojo, decenas de niños fueron acogidos temporalmente en el albergue de una iglesia cercana, gracias a las gestiones realizadas por activistas sociales. Asimismo, varias personas acudieron al lugar para llevarles ropa, alimentos y juguetes.

La limpieza total del sector donde se encontraban las 40 viviendas inició el 1 de abril, luego de que las personas afectadas pudieran acceder a mayor información sobre la reubicación por parte de las autoridades competentes. Algunos se mostraron escépticos en cuanto a la implementación del plan de contingencia estatal, ya que incluso antes del desalojo desconocían completamente dicho documento.

Aquel día, Jorge Meléndez regresó rápidamente de su trabajo luego de una llamada de alerta de su esposa, quien le avisaba de la llegada de los uniformados para el desalojo. Comentó que en medio de la lluvia y las protestas de las demás personas desplazadas debió sacar sus enseres para guardarlos en la casa de un vecino. Luego, junto con su esposa y sus tres hijos, vio impotente cómo una retroexcavadora destrozaba su casa de caña y madera, sin saber a donde ir. “Todos los días mis hijos me preguntan: ¿Papi, y mi casa? Y no sé ni qué responderles”, expresó.