Las denuncias las formuló el catedrático español Fernando Albericio, quien se desempeñó como rector de la Universidad Yachay, uno de los proyectos bandera del Gobierno correísta, que busca formar expertos de nivel internacional en aspectos como tecnología y ciencias exactas. 

Era abril de 2014 y en El Telégrafo, el periódico oficial del régimen, en ese tono a medio camino entre la propaganda y el boletín que tanto gusta a los medios del Gobierno, se anunciaba que un científico español de talla mundial, Fernando Albericio, había sido designado como rector de Yachay, la universidad de clase internacional que el correísmo se ha propuesto construir en un paraje de Imbabura, a pesar de las críticas y el escepticismo de los académicos locales, como Arturo Villavicencio, quien cuestionó la propuesta del Gobierno de gastar millones de dólares en una universidad para formar científicos de alto nivel en un país de recursos limitados como el nuestro. En su momento, Villavicencio declaró que "serían necesarios algunos Yasunís para financiar Yachay".

Al científico español, quien fue presentado como un catedrático de primer nivel de la Universidad de Barcelona, y doctor Honoris Causa por la de Buenos Aires, lo designaron los otros miembros de la Comisión Gestora: los extranjeros Ares J. Rosakis, y Guruswami Ravichandran, -residentes en Pasadena, una ciudad universitaria de California en Estados Unidos- y el PhD ecuatoriano José Andrade, quien fue presentado en El Telégrafo como "experto en Ingeniería Civil y Mecánica que mediará la relación interinstitucional entre la Universidad y la Empresa Pública Yachay".

Albericio ejerció el rectorado de Yachay entre el 21 de abril de 2014 y el 20 de julio de 2015. 

El 31 de julio de 2015, José Andrade, quien fue nombrado rector interino de Yachay tras la renuncia del español, solicitó a la Contraloría General del Estado que se realice una auditoría a la génesis del proyecto educativo, sosteniendo que en Twitter que "rechazaban acusaciones de corrupción", pues "eran transparentes". 

Un año después, la Contraloría emitió su informe, en el que cuestiona la improvisación con la cual se manejó la universidad estatal, pero, en general, desecha la mayoría de las denuncias del ex rector.

En una entrevista con el periodista César Ricaurte, Albericio cuestionó algunos aspectos del funcionamiento de la Universidad. 

Por ejemplo, precisó que "En la Comisión Gestora somos 4 miembros, 3 miembros académicos: Ares Rosakis, Guruswami Ravichandran y José Andrade. Viven en California, trabajan en la Universidad Caltec. Todos recibimos del Gobierno ecuatoriano el mismo salario: USD 16300 mensuales. La visión que se tiene trabajando en California y la que se tiene trabajando y viviendo aquí en Yachay es muy diferente. Yo estaba bajo un proyecto sostenible de la universidad por dos años que debe hacerse de una forma racional y responsable".

También dijo que "teníamos reuniones virtuales  por Skype. Usted sabe que las decisiones importantes no se pueden tomar por Skype. Muchas veces era difícil entendernos. La mayoría de esas decisiones se ejecutaban por medio de votos. Mi voto era un voto que estaba cautivo por los otros tres votos. Muchas veces eran tres contra uno".

Albericio cuestionó los salarios de los integrantes de la Comisión Gestora, así como su calidad científica: "Todos nosotros y aún las autoridades que se han contratado y los decanos para tener estos salarios que sobrepasan el salario del presidente Correa, yo he intentado trabajar duro y ganármelo. Trabajar bien, 24/7 para ganármelo ese salario. Pero para acceder a este tipo de salario debes cumplir con una serie de condiciones y esas condiciones están estipuladas en rankings de científicos. De los 770 que son yo tengo 300 o 400 de calidad. Otras personas de la Comisión Gestora y también que se ha contratado como decanos no cumplen ni de cerca estos requisitos  y han estado cobrando USD 13 mil, USD 14 mil y hasta USD 16 mil mensuales", criticó. 

Para Albericio, fue también censurable que se haya contratado una empresa de "caza talentos" para buscar en el extranjero profesores y autoridades para Yachay, a las que se invitaba al país con sus acompañantes. Las cifras que dio Albericio eran altas: "se ha contratado a una empresa de cazadores de talentos y la orden de un millón setecientos más gastos complementarios y que el contratado inicial era para 11 autoridades, en este momento se han incorporado efectivamente tres, posiblemente van a firmar contrato con dos mas en las próximas semanas, faltan seis autoridades. Parte importante de este monto que hemos dicho es: viajes, hoteles, restaurantes para los candidatos que han venido, para familia de candidatos que han venido, una cantidad aproximadamente de setecientos mil dólares, yo me pregunto, es mucho dinero en viajes, hoteles, restaurantes...".

Las conclusiones de la Contraloría

A pesar del revuelo ocasionado, en especial, en ámbitos académicos, por las denuncias del científico español, las conclusiones del informe de la Contraloría son más bien modestas.

El examen especial de la Contraloría, que abarca el periodo del 13 de noviembre de 2013 hasta el 15 de julio de 2015, fue aprobado el 20 de abril de 2016. 

"El monto de recursos analizados en la contratación de servicios, incluidos los de consultoría fue de 2 359 973,66 USD como valor adjudicado en procesos de contratación y 1 950 274,25 USD como valor pagado a los proveedores", explica la Contraloría. 

A esto hay que sumar " la ejecución y pago de remuneraciones, salarios, honorarios y otrosbeneficios del personal directivo, docente y administrativo, vinculados mediante contratos y nombramientos a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se analizó 2 408 970,30 USD", lo que significa que los recursos gastados en ese periodo alcanzan USD 6´719.218,21

Trabajando desde Pasadena

Tal y como denunció Albericio, la Contraloría confirmó que los miembros de la Comisión Gestora residen y trabajan en la ciudad de Pasadena, en el estado norteamericano de California. Esto se verificó cuando "en las acciones de personal se evidenció la falta de suscripción de los Miembros de la Comisión Gestora, y la definición del lugar de trabajo en la ciudad de Urcuquí-Ecuador, ciudad que difiere de la señalada en las declaraciones patrimoniales juramentadas de los servidores, a excepción del Rector".

En una carta a los auditores de la Contraloría, Albericio insistió en sus denuncias en éstos términos: "Si analizamos los Deberes y las Atribuciones del Reglamento de Funcionamiento aprobado por la CG en la Resolución RCG-SE-01 No 002-2014 del 22 de abril se va a comprender que la residencia de los Sres de la CG-California era necesaria e imperativa que fuera en Urcuqui... El que en las acciones de personal constase como lugar de trabajo Urcuqui no fue un error, los Sres de la CG-California en California trabajaban para otra empresa, CALTECH, en régimen de tiempo completo y por lo cual tenían un salario adicional al que tenían en Yachay Tech... Tal como se puede apreciar en las páginas web de CALTECH, todos ellos son Autoridades en otra universidad, CALTECH... A mi entender los Sres de la CG-California... tienen como mínimo dos trabajos a tiempo completo, uno como Profesores de CALTECH, y otro como miembros de la CG de Yachay Tech. Y viven en California donde únicamente se dedican a las tareas que deben realizar en CALTECH... Creo que CALTECH no les dejaría continuar cobrando de CALTECH pero viviendo en Urcuqui y trabajando para Yachay Tech...”. 

Pero los argumentos de Albericio fueron finalmente desechados por la Contraloría, cuando recibió del Ministerio de Trabajo la siguiente respuesta a una consulta formulada por Yachay: "el Viceministro de Servicio Público absolvió una consulta escrita realizada por las autoridades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, respecto de la convalidación de las acciones de personal de los Miembros de la Comisión Gestora" en la que el Ministerio determinó que la convalidación es "suficiente y válida", lo que, en otras palabras, significa que los miembros de la Comisión Gestora pueden seguir trabajando por internet desde California, a pesar de que son funcionarios públicos ecuatorianos. 

Por ello, el informe de la Contraloría sostiene que "el literal i) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público le otorga la competencia al Ministerio del Trabajo, como ente rector de la administración de talento humano, para emitir criterios sobre la aplicación de los preceptos legales en materia de su competencia y absolver las consultas que formulen las instituciones públicas".

Sin objeción a los sueldos

Aunque en su momento causó sorpresa la elevada remuneración de los miembros de la Comisión Gestora, quienes además del sueldo que reciben del Estado ecuatoriano cobran otro salario en el Caltech de California, la Contraloría también concluyó que los salarios pueden seguir siendo pagados. ¿La razón? La autonomía universitaria que faculta a Yachay a interpretar los requisitos de un decreto presidencial que sirve como base para la fijación de salarios. 

En efecto, la Contraloría recordó que el "Decreto Ejecutivo 247 de 24 de febrero de 2014, publicado en Registro Oficial 205 de 17 de marzo del mismo año, establece que las universidades y escuelas politécnicas públicas del país, podrán en base a su autonomía administrativa y financiera, definir las remuneraciones mensuales de sus rectores, vicerrectores, decanos y autoridades de similar jerarquía". Para ganar la máxima remuneración, fijada entre 16 218 USD y 18 126 USD es necesario "Tener de manera acumulativa, cien publicaciones indexadas y/o patentes, al menos treinta publicaciones indexadas deberán ser de gran impacto para lo cual las revistas en las que se encuentran publicadas deben encontrarse en el veinticinco por ciento superior de los rankings científicos de ISI Web of Knowledge o SCImago Journal Rank, medido por el factor de impacto en el año de su publicación...".

Como todos los miembros de la Comisión Gestora tienen rango de rector, a pesar de que Yachay hizo constar como publicaciones a otros productos académicos. En efecto, la Contraloría notó que "en la documentación proporcionada por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para el nombramiento de 5 autoridades universitarias, se consideraron como parte de las publicaciones indexadas un número de “Abstracts” y “Proceedings” de congresos, simposios, conferencias, capítulos de libros y libros".

Esta práctica fue nuevamente cuestionada por Albericio, quien, en una carta a los auditores de la Contraloría, precisó: "Los “abstracts” son normalmente resúmenes de pocas líneas de las conferencias/ponencias científicas que se presentan en congresos. En este sentido, los “abstracts” no están incluidos en los "Índices/Rankings Científicos”. A continuación se enumeran varias razones:.- Los “abstracts” no son evaluados por pares. .- Los “abstracts" presentan pocas líneas y con poca información del trabajo experimental.- Los “abstracts” no contienen la información suficiente para que un investigador pueda repetir el trabajo experimental... O sea los “abstracts” se repiten.- Los “abstracts" no tienen DOI, ni información para ser citados... Al no poder ser citados, los “abstracts” no tienen factor de impacto y no sirven para medir la valía de un investigador.- Los “Proceedings” de Congresos, Simposios, Conferencias son resúmenes de las ponencias/conferencias que se han impartido y que a veces se publican en forma de libro una vez finalizada el Congreso. Raramente, los “Proceedings” están incluidos en los “Índices/Rankings Científicos”. A continuación se enumeran algunas razones:.- Los “Proceedings" no son evaluados por pares.- Los “Proceedings” no contienen la información suficiente para que un investigador pueda repetir el trabajo experimental.- Las conferencias/ponencias científicas se pueden repetir... y por lo tanto para los “Proceedings" el copyright es más laxo.- No se puede mesurar correctamente el factor de impacto de los “Proceedings".- Los libros pueden aparecer en los “Índices/Rankings” Científicos, aunque en las actividades científico-tecnológicas lo hacen raramente, debido a la falta de evaluación por pares y a la dificultad de medir el factor de impacto... El decreto 247 se refiere a dos “Índices/Rankings Científicos”: ISI Web of Knowledge o SCImago Journal Rank (Scopus). Ninguno de los dos incorporan los “Abstracts", ni los “Proceedings", ni capítulos de libro en sus publicaciones indexadas. Las razones se han comentado en laintroducción a este documento... El Decreto 247 es claro debe ser un número de publicaciones (100 y 30 en el 25% superior) de “Índices/Rankings Científicos" y por lo tanto son los "Índices/Rankings Científicos" los que incluyen o no incluyen los “Abstracts” y los “Proceedings"... Son los “Índices/Rankings Científicos” los que deciden publicaciones están indexadas y cuáles no...".

A pesar de que la lectura de Albericio en este tema parece correcta, Yachay se escudó en la autonomía universitaria para interpretar el decreto 247, parecer al que se sumó el secretario de Ciencia y Tecnología, René Ramírez, quien, al ser consultado sobre esa interpretación, que permitió fijar los sueldos de la Comisión Gestora, dictaminó que "que para la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 247 de 24 de febrero del 2014, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY se encuentra facultada para establecer los respectivos lineamíentos y criterios, es decir, al no existir una normativa que establezca lo que se debe entender por publicación indexada, la misma institución de educación superior en uso de su autonomía ha mencionado la definición que a su entender se debe dar a publicaciones indexadas y que de hecho usó para la calificación de los miembros de su comisión gestora en el marco de los establecido en el antes mencionado Decreto Ejecutivo".

De esta forma, los sueldos de los miembros de la Comisión Gestora quedaron ratificados, a pesar de que, según Albericio, ni siquiera ellos cumplirían con las estrictas normas académicas del decreto 274. 

Albericio insistió en el tema ante la Contraloría, sin éxito: "En el tema de las publicaciones indexadas no es un tema de autonomía universitaria, es un tema de métricas internacionales que están aceptadas por la comunidad científica internacional y que es perfectamente recogido en el Decreto 247 firmado por el Presidente.... Publicación indexada es aquella publicada y que se puede encontrar en ISI o en SCI mago... Hay que resaltar que este tema del cumplimiento del Decreto 247 era muy complicado de ser tratado...’’.

La empresa de caza talentos 

La Contraloría reveló que se contrató a la empresa Perrett Laver, el 18 de julio de 2014, para la prestación de servicios internacionales de selección y captación de talento humano científico-investigativo por 1´418 226,90 USD. La Contraloría menciona que "su cláusula décima, se estableció el valor total, la forma y condiciones de pago, definiendo que 987 497,66 USD corresponden para servicios de búsqueda y captación y 430 769,24 USD para logística". Durante el periodo examinado, la firma recibió pagos por USD 1´180 169,53.

Tal como había denunciado Albericio, la Contraloría confirmó que "Se evidenció que dentro de los rubros de movilización y alojamiento de los candidatos que visitaron el país para mantener entrevistas, presentados por la Compañía Perrett Laver, aceptados y pagados por la Universidad, cubrió gastos de movilización y alojamiento de acompañantes de los candidatos; y, en tres ocasiones por personal de la empresa contratada, valores que no estuvieron considerados en el contrato".

Estos gastos en los acompañantes de candidatos a profesores y autoridades de Yachay -quienes venían a conversar y a conocer el proyecto- le costaron al país USD 31 275,17, precisó la Contraloría. Para los auditores oficiales, hubo por lo menos dos irregularidades en este tema que "no se haya efectuado el cálculo y cobro de multas por 84 184,18 USD; y, no se haya objetado el pago por 31 275,17 USD por alojamiento y movilización de personas adicionales no consideradas en el contrato". 

El contrato con la firma de "caza talentos" estaba vigente hasta marzo de 2016, por lo que la Contraloría no pudo determinar aún sus alcances finales. 

Contratos sin respaldo

Según la Contraloría, el rector Albericio firmó contratos con profesores y empleados sin el debido respaldo documental: "El Rector suscribió 20 contratos con 16 docentes, 3 servidores administrativos y 1 asesor, sin contar previamente con los informes técnicos favorables emitidos por el Director y el Coordinador de Talento Humano, respectivamente, ya que estos fueron elaborados entre 1 y 71 días posteriores a la firma de los contratos con los servidores", precisa el informe.

"Para el caso de 8 docentes, 17 servidores administrativos y 2 asesores, los expedientes no contaron con los informes técnicos favorables emitidos por el Director y Coordinador de Talento Humano, para la contratación en el año 2014", dice la Contraloría en su informe, y agrega que "el Rector, el Coordinador y Director de Talento Humano inobservaron el literal a.1) del artículo 30, artículos 33, 34 y literal d) del artículo 35 de la Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Recursos Humanos, emitida con Resolución SENRES 2005-00141 publicada en Registro Oficial 187 de 13 de enero de 2006, vigente hasta el 5 de mayo de 2015".

Las tareas de los asesores

Otro aspecto que llamó la atención de la Contraloría fue que entre "el 19 de junio de 2014 y el 5 de enero de 2015, suscribió contratos civiles de servicios profesionales, para la contratación de un Asesor Jurídico y un Asesor Externo de Transferencia Tecnológica, respectivamente, en cuyos expedientes no se encontró algún requerimiento generado por la Autoridad correspondiente con sustento y motivación de la necesidad de contratación".

Para la Contraloría, no hubo justificación para contratar a dos asesoras ecuatorianas del rector, que se dedicaron a tareas como llevar la agenda, reservar pasajes y hoteles, y otras cuestionesadministrativas para las que no se requiere un asesoría técnica. 

Otras irregularidades en la contratación de personal fueron: "En los expedientes de 38 docentes, 25 servidores administrativos y 6 asesores, no se evidenció el requerimiento generado por la Coordinación Académica o la Autoridad correspondiente con sustento y motivación de la necesidad de contratación; como tampoco, la autorización de contratación por parte del Rector como autoridad nominadora, ni se verificó la documentación que sustente la calificación obtenida en las entrevistas, previo a que el Coordinador de Talento Humano y los Directores de Talento Humano y Reclutamiento continúen los procesos de contratación de los citados servidores, con la emisión de los respectivos informes técnicos y de reclutamiento".

USD 20 mil en pasajes aéreos y gastos en viáticos

La Contraloría observó en su informe cómo se gastó en Yachay USD 20 100,20 en pasajes internacionales, por medio de un mecanismo de compra de ínfima cuantía. En criterio de la Contraloría, esto impidió que hubiera una mayor cantidad de oferentes en la compra de los pasajes internacionales.

Así mismo, los miembros de la Comisión Gestora recibieron del Ecuador USD 36 712,17 por concepto de viáticos y subsistencias cuando vinieron desde California a Urcuquí, así como por lo menos USD 73 081,94 por concepto de pasajes de avión.

Nuevamente, los pagos fueron autorizados por el Ministerio de Trabajo, que dictaminó "El contenido del artículo citado, viabiliza el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, que teniendo su residencia permanente en un país del exterior, estén designados para efectuar una misión en el Ecuador por efecto del cumplimiento de servicios institucionales derivados de sus puestos".