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23 de Agosto del 2022
Historias
Lectura: 7 minutos
23 de Agosto del 2022
Redacción Plan V
Audiencia Tagaeri Taromenane – Minuto a Minuto
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra su período ordinario de sesiones 150 en Brasil. El caso de los Tagaeri y Taromenane generá precedentes para la región latinoamericana. Fotos: CIDH

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra su período ordinario de sesiones 150 en Brasil. El caso de los Tagaeri y Taromenane generá precedentes para la región latinoamericana. Fotos: CIDH

 

Es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia sobre los derechos de pueblos en aislamiento. El Estado ecuatoriano será juzgado por la presunta falta de garantías para dos pueblos en el Yasuní. Entérese aquí de las actualizaciones a lo largo de la audiencia.


La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos sobre el caso Tagaeri Taromenane contra el Estado del Ecuador se instaló en Brasilia. La Corte está integrada por  seis jueces de distintos países y la preside Ricardo Pérez. La jornada inició con el testimonio de Conta,una de las dos niñas que vivía en aislamiento voluntario y que fue secuestradas por los waoranis. Conta sufrió una nueva reubicación a manos del Estado y fue llevada a otra comunidad waorani.


Entre los representantes de la defensa están Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, Mario Melo, Ramiro Ávila, David Cordero Heredia, Nathaly Yepez y Karina Fernández Neira. 


María Fernanda Álvarez, Carlos Espín y Marcos Burgos se presentaron como representantes de la Procuraduría General del Estado.

En la defensa de los pueblos aislados están tres activistas y abogados, entre ellos los juristas  Ramiro Ávila y David Cordero, Pedro Bermeo, activista de Yasunidos, el abogado Mario Melo y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

El primero en declarar fue Penti, quien tiene la custodia de Conta. “Deje vivir”, le dijo Penti al Gobierno y a las petroleras. Desde la defensa del Estado se cuestionó la capacidad de la comunidad de Penti de proteger a los pueblos aislados de los turistas que llegan a su comunidad.

Aunque según Melo, se trata de una audiencia de juzgamiento, en horas de la mañana el Gobierno indicó que es una audiencia de “conciliación” y explicó que delegados de la Procuraduría General del Estado asisten a la dirigencia.

Melo declaró en nuestra mesa de análisis que se ha presentado información documental durante años. “Es el primer caso en que la Corte se va a pronunciar sobre los pueblos en aislamiento”, dijo Melo. Según el jurista el Estado ecuatoriano ha privilegiado los intereses del extractivismo por sobre los del bien común.

Se proyectó la foto de una estación petrolera denominada “Auca Central”. Auca es un término que para los waorani es despectivo y se refiere al concepto de salvaje. También se proyectaron afiches del Ministerio de Ambiente con imágenes de Penti y su comunidad para promocionar el turismo, sin su consentimiento.

También intervino Ricardo Benítez, biólogo y funcionario de la Empresa Nacional de Hidrocarburos. Ambas partes hicieron preguntas al testigo del Estado sobre el impacto ambiental de la industria petrolera en la zona de disputa. Benítez declaró que no hubo derrames en los bloques cercanos  a la zona intangible y que no se hicieron monitoreos a mecheros. La defensa de los Tagaeri Taromenane disputó esas afirmaciones y dijo que hubo 26 derrames en la zona. Según el colectivo Geografía Crítica, sí hay presencia de mecheros en la zona.

Luego intervino Laura Rival, perita y antropóloga de la universidad de Oxford. Rival hizo estudios con los waoranis y dijo que los indígenas viven “refugiados” en su propio territorio. La defensa del Estado citó algunos estudios de Rival en el que se establecía el asesinato y la venganza como una práctica habitual de los pueblos aislados. Sin embargo, Rival dijo que esos estudios son de hace más de 20 años y que se deben ver nuevos términos para definir las prácticas de los Tagaeri y Taromenane.

El Estado busca la conciliación

Luego de un receso en la audiencia, se dio paso a una ronda de preguntas de los jueces a ambas partes. Según Melo, el Estado alteró el mapa de los límites de los bloques petroleros en el Yasuní en 2013. Cordero Heredia agregó que el Estado ha intentado reducir esto a un conflicto interétnico y habló de garantías constitucionales ilusorias.

Ramiro Ávila relató cómo entró a la zona en 1958 entró el Instituto Lingüístico de Verano, un grupo de misioneros evangélicos. Según Ávila, desde esa fecha se redujo al 80% de la población waorani al 5% de su territorio. “Al Estado no le importa la vida de los pueblos en aislamiento, le importa la extracción petrolera”, dijo. Esta fue una parte de su intervención:

 

 

Por parte del Estado, los representantes de varias entidades públicas hablaron de 10 nuevas áreas protegidas, proyectos de protección de bosques, más de 3000 procesos de control, la entrega de 2.5 millones en compensación a la CONFENIAE por deforestación, entre otras medidas. Los representantes del Estado declararon que “los mismos que quieren el petróleo bajo suelo son los que se alegran por los subsidios”, lo que para ellos es contradictorio y fue una alusión a la presencia del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien obtuvo de la justicia de Cotopaxi una licencia especial para viajar a Brasil, pues pesa sobre él una prohibición de salir del país

Según la defensa de las presuntas víctimas, el Estado “se olvidó” de Conta y luego de que el caso se mediatizará cambió de actitud. Conta habría sido dejada con Penti “solo por 30 días”. Otros temas que se trataron fueron el cambio de políticas en cuanto a la explotación del Yasuní y los límites con la zona intangible. El Estado habló de llegar a una solución amistosa.

La ampliación de la zona de amortiguamiento y la creación de nuevas vías podrían ser fuente de problemas que la defensa de los pueblos aislados anticipó ante los jueces interamericanos. Según el abogado Mario Melo, hay planos en proyectos petroleros que exceden los mismos límites que el Gobierno estableció para la explotación.

El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad por la falta de la debida diligencia en las matanzas de 2003 y 2006. Ambas partes deberán ampliar sus alegatos y hacer llegar por escrito documentación a los jueces.

La Corte puso a disposición una instancia de conciliación que dependerá de la voluntad de ambas partes. Tras más de nueve horas de audiencia, se levantó la diligencia. Se espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta finales de año.

[RELA CIONA DAS]

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