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24 de Septiembre del 2019
Historias
Lectura: 13 minutos
24 de Septiembre del 2019
Susana Morán
Los awá no quieren minería en su territorio
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Fotos: Luis Argüello / PlanV

Niños awá juegan frente a la casa comunal de la comunidad El Baboso. 

 

Plan V llegó hasta la comunidad awá de El Baboso, ubicado en la provincia del Carchi. Sus habitantes y otras comunidades awá de la frontera norte están atentas a lo que pueda suceder con la minería. Para el pueblo awá esa actividad no es compatible con sus principios de vida. Pero exigen carreteras para mejorar su calidad de vida, en una de las zonas más olvidadas por el Estado desde hace décadas. Este es un reportaje más dentro de la serie sobre extractivismo que este portal ha trabajado desde hace meses.

El Baboso es una comunidad awá de 60 familias, es decir 262 habitantes. Es parte de la Federación de los Centros Awá de Ecuador. Pertenece a la parroquia más empobrecida de la Sierra: Tobar Donoso. Pero el pasado viernes 20 de septiembre se convirtió en la sede de las discusiones sobre la minería en esa zona. Porque solo en la provincia del Carchi, a la que pertenece Tobar Donoso, hay 19 concesiones y ha sido vecina de otras minas ilegales como Buenos Aires y antes El Cielito que surgieron en la zona ante la falta de empleo y el abandono de sus habitantes. 


La comunidad El Baboso vive el ecoturismo. Tienen un mariposario para los turistas. 

Los awá de esta comunidad han sentido el impacto de la minería legal e ilegal. Lo confirma Manuel Taicús, dirigente de la comunidad y expresidente de la Federación. Cuenta que tantos mineros legales e ilegales han estado presionando a su gente. Sucedió el año pasado, cuando tuvieron que designar a una persona para que evite el ingreso diario de foráneos a El Baboso. Los primeros que llegaron -continúa- buscaron a los dirigentes y les ofrecieron hasta 20.000 dólares para que los dejaran instalarse. Él asegura que eso le ha traído enemistades, pero él seguirá hablando sobre este tema porque conoce de cerca las consecuencias. 

La comunidad El Baboso acogió el pasado viernes a sus vecinos para hablar sobre el impacto de concesiones como Blanca que están en fase de exploración. El objetivo de la reunión fue encontrar apoyo entre las comunidades, dijo a Plan V Roberto Taicús, presidente de la comunidad. Los principales yacimientos que existe en la zona es el oro y han sido concesionados a la minera australiana Solgold, a través de la subsidiaria ecuatoriana Carnegie Ridge Resources S.A. El pequeño caserío awá es aledaño a Blanca. Pero sus líderes aseguran que parte de su territorio está dentro de la concesión. Y aunque aún no empieza la fase de operación, la comunidad está alerta. “Nos incomoda que en el área la empresa lleva una parte. Como presidente, me llamaron a una reunión y lo expuse. Pero la empresa dijo: ‘no, un momento, nosotros nos tenemos nada que ver con ustedes’”. 

Pero los awá sostienen que sí hay territorio comprometido. Se basan en un mapa donde se observa el territorio awá distribuido en Carchi, Esmeraldas e Imbabura. Son 21 comunidades asentadas en las tres provincias. De ellas las que se encuentran sobre concesiones mineros son las comunidades de Río Verde y Palmira, en Imbabura. Ambas pertenecen a la parroquia La Merced de Buenos Aires y allí se ubica la concesión Imba05, adjudicada a la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, también de capital australiano. En Carchi, la comunidad awá de El Tigre, ubicada entre las parroquias Jacinto Jijón y Caamaño y Chical, está sobre la concesión El Chical 1, otorgado también a Carnegie Ridge Resources S.A.; y El Baboso aparece muy cerca de la línea de concesión de Blanca

Según Jairo Canticús, presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador, en el 2016 el 40% del territorio indígena estuvo destinado a la minería, pero por presión de las comunidades las concesiones fueron revertidas. Sin embargo, aún queda un 6% de territorio que ha sido entregado a las empresas mineras. Por eso anunció que preparan una reunión de los awá de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos para dejar libre su territorio de minería y exigir la consulta previa. 

No es la primera vez que la Federación y sus asambleas han rechazado esta actividad. El 30 de julio de 2017, denunciaron que en el catastro minero de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) se registraban 17 concesiones en trámite dentro del territorio awá, lo que significaba más de 70.000 hectáreas. Ese día exigieron al Estado que se respete su territorio, a no ser desplazados y a la consulta previa. Demandaron absoluta transparencia sobre las concesiones, porque sus comunidades no han sido informadas sobre el avance de los proyectos. Y resolvieron no permitir la minería ni de pequeña o gran escala en tierras awá. 


La escuela fue hecha con aportes de la comunidad. 49 estudiantes se educan en esas aulas. 

En esa misma cita dijeron estar conscientes de los impactos ambientales y sociales de la minería. “Por varios años hemos visto como la minería ilegal alrededor de nuestro territorio, y en comunidades y resguardos de nuestros hermanos awá de Colombia contamina ríos y causa graves conflictos sociales”. Han observado además al pueblo shuar del sur del país, como lo sucedido en Zamora Chinchipe y el proyecto Mirador. En ese sector, los habitantes han sido desalojados y sus dirigentes perseguidos y encarcelados. Varios líderes fueron asesinados como fue el caso de José Isidro Tendetza Antún, quien era síndico de la comunidad shuar Yaanua, cantón El Pangui. Tendetza se oponía a la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA),  concesionaria del proyecto Mirador, la cual habría destruido su casa y sus cultivos para obligarlo a desalojar. El cuerpo del indígena fue hallado sin vida el 2 de diciembre de 2014 y su crimen aún no ha sido investigado. 


La escuela tiene cuatro profesores. El día de la reunión, los alumnos jugaron fuera de la casa comunal. 

Las comunidades han buscado tener información sobre los proyectos mineros, pero la empresa los ha derivado al Gobierno. Y en los Ministerios del ramo les niegan detalles. En la cita del viernes pasado exigieron ser escuchados. Pero anticipan que harán un estudio hídrico y después de que las empresas empiecen a operar levantarán un nuevo análisis para comparar los resultados. Si la contaminación es evidente, las organizaciones anuncian que exigirán la salida de las mineras. 

Para el pueblo awá la minería no es compatible con sus principios de vida. Por ejemplo, El Baboso vive de la naturaleza. Manejan un proyecto turístico financiado por el GAD del Carchi. Es un mariposario. Por eso temen que ese entorno de picos montañosos y de espesa vegetación se acabe. Tienen como referente a uno de sus vecinos, El Cielito. Allí, sus líderes han denunciado que la llegada de la empresa Soldgold ha dividido a sus habitantes y ha bloqueado el paso a sus fincas. O ven el caso de la comunidad Santa Cecilia que está en la concesión Cascabel, considerada como la mayor mina de oro, plata y cobre descubierta en el país. Según Roberto Taicús, allí la empresa Solgold ha empezado a comprar terrenos lo que ha provocado la migración de la gente. “Siguen siendo despojados de sus propios territorios”. Plan V buscó la opinión de la empresa y está prevista una entrevista para esa semana.

Taicús es además coordinador binacional de la Federación Awá y está encargado de mantener contactos con sus pares en Colombia: Unipa y Camawari, en Nariño; y Acipap en Putumayo. Si no hay atención a sus demandas, preparan una marcha binacional a la que vendrían 4.000 indígenas awá colombianos. 


Arriba. Quienes no alcanzaron a entrar a la casa comunal siguieron la reunión desde afuera. Abajo. Pablo Iturralde, director de la Fundación Tierra para Todos, pide que no se estigmatice a los personas que por necesidad recurrieron a la minería ilegal en la frontera norte. 

El esfuerzo de los awá por sobrevivir 

El Baboso ha mejorado su infraestructura gracias a los esfuerzos de la comunidad. A ese poblado se accede por un camino lastrado desde Lita, población al filo de la vía Ibarra-San Lorenzo. Son 15 minutos de camino que los habitantes lucharon por tener durante mucho tiempo y que la obtuvieron después de mucha presión a la Prefectura del Carchi. Las aulas y la casa comunal la construyeron con aportes de la gente. Tienen 49 estudiantes y 4 docentes. El puesto de salud también lo edificaron, allí atienden médicos rurales, que cuando terminan su período dejan a la comunidad sin doctores por dos o tres meses. La comunidad tiene la capacidad de hospedar a 40 personas como parte del proyecto turístico que tienen. La cascada es una de las principales atracciones para los turistas. De hecho cuenta la leyenda que un extranjero que visitó la zona hace varias décadas se quejó del río por sus piedras resbalosas. “Este río está muy baboso”, dijo. Y desde entonces río y comunidad tomaron ese nombre desde 1982. 


El río dio el nombre a la comunidad El Baboso por sus piedras resbalosas. 

Los awá caminan hasta ocho horas desde Ojala a Palo Amarillo, es decir pasan de Cachi a Esmeraldas y de ahí a Imbabura. Son agricultores y viven de la crianza de chanchos y gallinas.

Pero en otras comunidades awá, el retraso es mayor. Marcelo Pay, presidente de la comunidad Ojala, dice que la principal necesidad de su gente es una carretera. Ojala tiene 160 personas y está ubicado a siete horas del destacamento militar de Tobar Donoso. Los awá de esa zona caminan hasta ocho horas desde Ojala a Palo Amarillo, es decir pasan de Cachi a Esmeraldas y de ahí a Imbabura. Son agricultores y viven de la crianza de chanchos y gallinas. Son esos animales los que sacan a vender en Palo Amarillo (Esmeraldas). Cuando las personas se enferman los deben sacar al hombro. “No somos animales para vivir abandonados en la montaña”, reclama. En Ojala solo hay un puesto de salud y un médico que no atiende los fines de semana. 

El dirigente awá Jairo Cantincús demanda al menos tres ejes viales: Palo Amarillo-La Unión, en Esmeraldas; Ojala-Tobar Donoso, en Carchi. Esta última es una de las parroquias más antiguas pero que aún no tiene una carretera y por eso es uno de los lugares más caros. El tercer eje es Guadalito-El Pan-Mataje Alto, también en Esmeraldas. Según Cantincús, entre 2.000 y 3.000 indígenas awá y campesinos serían los beneficiados. Para él, dotar de una vía a esas poblaciones también significa mejorar la educación y salud, es decir la calidad de vida de esas zonas fronterizas. 

Ese pedido cae en el contexto de los reclamos de autoridades de la frontera norte por más atención al Gobierno centro. Pero el gobernador del Carchi, que estuvo presente en la reunión de las comunidades, anticipó que no había recursos. Es más dijo que abrir carreteras también implicaba contaminación. Algo que dejó desconcertados a algunos asistentes. Y pidió a la audiencia que comprenda que esas concesiones mineras llevan años atrás, antes del gobierno de Lenín Moreno. La autoridad se comprometió en asistir a nueva reunión esta vez -y eso esperan las comunidades- con la empresa minera. Mientras tanto los pobladores analizan crear una veeduría a las concesiones y saben que este tema estará en su entorno por décadas. 

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