El amanecer, en el ingreso a la parroquia La Merced de Buenos Aires, cambió desde hace 38 días. Cientos de trabajadores de la empresa minera Hanrine salen muy temprano de camiones, camionetas e improvisadas estructuras hechas de plástico para formarse en filas. Antes de las 07:00, hombres y mujeres a favor de la minería copan la vía ondulada que lleva al pueblo. Visten uniformes de la empresa y reciben instrucciones. Luego hacen ejercicios a lo largo del único acceso que tiene Buenos Aires. Desde el pasado 19 de abril, este grupo arribó en decenas de camiones con material para campamentos y maquinaria. Hanrine buscaba ingresar a una de sus concesiones mineras que están en la zona y solo puede hacerlo por esa vía. Pero no pudo.

Trabajadores de la empresa Hanrine madrugan para formarse y hacer ejercicio en el ingreso a la parroquia de Buenos Aires. Al frente, la comunidad bloquea su ingreso porque no desean la minería en su territorio. 

'Cero minería' es el mensaje que se lee al ingreso de esta parroquia. Dos policías vigilan permanentemente ese punto del pueblo. 

Decenas de habitantes de Buenos Aires han impedido el paso de la compañía minera desde su arribo. En el ingreso a la comunidad, desplegaron carpas plásticas, carteles contra la minería y un restaurante que ahora sirve de comedor para quienes asisten a lo que llaman ‘la resistencia’. Allí, hombres y mujeres preparan alimentos tres veces al día para los vigilantes bonaerenses. Habitantes de una calle del pueblo más los de una comunidad tienen asignado un día. Se han organizado para realizar turnos de 24 horas. Los relevos son a las 06:00. En la noche, escuchan música, prenden fogatas y juegan cartas. En el día, el mayor movimiento de ‘la resistencia’ está junto al comedor. Ahí se reúnen para comentar las novedades de la jornada, envueltos en ponchos y cobijas.

Habitantes de Buenos Aires permanecen en el ingreso del pueblo para no dejar pasar a los trabajadores de la empresa Hanrine.  Llevan más de un mes en las vigilias. 

Mujeres y hombres de la comunidad cocinan para los vigilantes, cuyo turno dura 24 horas seguidas. 

Ambos grupos se observan. Del lado del pueblo, cuentan haber escuchado a los trabajadores mineros gritar consignas como ‘queremos derecho al trabajo’. Conocen que cada día, la empresa les paga alrededor de USD 30 dólares a estas personas que provienen de otras parroquias cercanas y lejanas de Buenos Aires. Otros son proveedores de servicios, asegura la empresa. Pero en sus filas también hay pobladores de Buenos Aires, sobre todo los más jóvenes que miran a la minería como una opción laboral. Hanrine dice que tiene 150 personas en el acceso. La comunidad estima que ese número llegó a 300 en las primeras semanas del conflicto.

En ese punto, la desconfianza y la tensión son permanentes. Cualquier acción puede ser considerada hostil. Por ejemplo, los trabajadores de la empresa rechazaron el vuelo del drone de este medio. “Nos filman nuestra privacidad”, gritaron cuando estaban formados en la vía pública y suspendieron sus ejercicios para no ser grabados. Del lado de la comunidad, que no tiene telefonía, pero sí internet, habilitaron un punto wifi para transmitir cualquier incidente a sus redes sociales. El último viernes, registraron la llegada de decenas de colchones para los trabajadores de la empresa que pernoctan en la vía principal y en otro acceso aledaño. Desde hace 38 días, nadie duerme tranquilo en este punto del país.

La herida que no cierra

Cuenta la comunidad que la fiebre por el oro comenzó por un ‘huaquero’. Así se llaman a las personas que buscan ‘huacas’, término que se usa para referirse a antiguos enterramientos indígenas o lugares sagrados. Los comuneros afirman que un agricultor de la comunidad halló una olla supuestamente con objetos valiosos y desde entonces se dedicó a buscarlas. Esa historia la contó a un conocido del sur del país, quien a su vez trajo un detector de metales para rastrear la montaña. Fue así que encontraron una veta de oro. El sureño, narran los habitantes, difundió la buena nueva durante una borrachera. El rumor no tuvo freno y en poco tiempo a Buenos Aires llegaron aproximadamente 10.000 personas en busca del preciado metal.

Hanrine tiene otra versión. Steve Gamboa, procurador judicial de la empresa, sostiene que identificaron la existencia de minería ilegal desde los primeros recorridos por las concesiones, en diciembre de 2017. Estos focos, dice, se dieron porque el Gobierno decidió ampliar la zona de exclusión para actividades mineras en Zaruma, provincia de El Oro. El entonces Ministerio de Minería dijo que había un riesgo para la vida de los habitantes del casco urbano zarumeño por “las alteraciones físicas” que había producido la minería. Es decir, amplió la zona donde estaban prohibidas actividades mineras. Los mineros migraron a otros lugares del país, entre ellos Buenos Aires.

La minería ilegal se asentó en las montañas que rodean a esta población, que se estima en 3.000 habitantes. Miles de personas, nacionales y extranjeras, picaron y pelaron las montañas para extraer el material mineralizado, que lo llegaron a procesar ahí mismo. Aún existen decenas de herramientas como taladros, carretillas y hasta plantas eléctricas abandonadas en la Mina Vieja, la primera que abrieron los mineros. Hubo dos más: la Mina Nueva y El Olivo. Con la minería, también llegó la violencia, la drogadicción y la prostitución al pueblo. Grupos armados asolaron e intimidaron a la población, como se contará en la siguiente entrega de esta serie, el próximo martes. El Estado llegó tarde y necesitó 2.400 policías y militares para desalojar a los mineros en julio de 2019.

Los mineros ilegales tumbaron árboles para extraer el material mineralizado. Restos de estructuras que sirvieron como vivienda para los mineros.

En la Mina Vieja aún hay herramientas, estructuras de madera y plástico y hasta ropa de los mineros que llegaron a esa montaña.

Los habitantes de Buenos Aires aún recuerdan las calles colapsadas por vehículos e improvisadas carpas hechas con plástico negro. Por eso, la llamaron la ‘ciudad de plástico’. Franklin Benavides, de la Asociación Social Integral 24 de Junio, recuerda que el tanquero que llegaba al pueblo para llevarse la leche se demoraba hasta dos horas en cruzar el centro del mismo. El sector lechero, afirma, fue afectado por la minería ilegal.

A la inseguridad se sumó el mal estado de la vía por el creciente número de vehículos pesados. Hubo el riesgo de que la empresa que les compra la leche dejara de ingresar. Las 98 familias que integran esa asociación hicieron minga para mejorar el camino y asegurar la venta de su producto. Fueron agredidos por los mineros por dejarlos circular mientras hacían el mantenimiento del camino.

Esta asociación acopia 3.500 litros al día de los lecheros de las comunidades que conforman la parroquia. Tiene un laboratorio y maquinaria para hacer inseminación artificial. En Buenos Aires hay tres centros de acopio que enfrían leche. Todos los habitantes pueden vender la leche a la asociación, hay familias que envían desde tres litros. Esos recursos les han servido para enfrentar la pandemia.

Buenos Aires es una comunidad que vive de la agricultura, pero sobre todo de la ganadería desde el costo de la naranjilla y el tomate de árbol bajó en la crisis. Al recorrer sus caminos se observa en cada finca uno o más recipientes con leche. Las familias los dejan en la puerta a la espera de que el camión de la asociación se los lleve hasta el depósito. 

La Asociación Social Integral 24 de Junio reúne la leche que producen 98 familias. Esta producción es el principal sustento de esta población.

“Nunca fuimos mineros, algunas personas participaron, pero fueron de peones, fueron esclavizados por los mineros, muchas veces hasta estafados”, dice Benavides. Los habitantes del poblado alquilaron habitaciones o dieron de comer a los mineros. Algunos también trabajaron en las minas. “Son personas que se vieron obligadas a vivir de eso, son sobrevivientes de un estado que los ha abandonado, de un estado que los ha criminalizado”, manifiesta, Yuly Tenorio, abogada de la comunidad Buenos Aires. Ella se refiere a las cinco investigaciones que existen contra 20 personas del sector. Son indagados por supuestos daños al bien ajeno, intimidación y asociación ilícita.

La abogada considera que esos delitos superan las penas que recibieron, por ejemplo, los cinco militares que fueron encontrados con material aurífero. Dos fueron condenados a cuatro meses de cárcel y uno a 40 días; los otros dos aún esperan una resolución. La comunidad, asegura Tenorio, ha denunciado los focos de minería ilegal. Los mineros habrían ingresado por caminos alternos, por la montaña, para recoger el material mineralizado que no se llevaron las fuerzas militares y policiales en 2019. Recién en febrero de este año, el Ministerio de Ambiente informó sobre un operativo para retirar el material restante. Aún se observan pocos bultos en el camino hacia la Mina Vieja.

Ahora, la noche en Buenos Aires es tranquila. La gente camina por las calles hasta altas horas o incluso juega fútbol en la cancha comunitaria. Algo que no ocurría en la época de la minería ilegal pues las familias se refugiaban en sus casas al caer la tarde. Las motos van y vienen, y un pequeño grupo de policías circula por el sector. Solo la madrugada se interrumpe cuando el bus de la cooperativa Trans Valle pita anunciando que está por partir a las 04:00. Tanto en el día como en la noche, algunas puertas de las casas permanecen sin seguro. Esa tranquilidad es la que no quieren volver a perder ni con la minería ilegal ni legal.

Los habitantes de La Merced de Buenos Aires aseguran que no quieren ni la minerá legal ni la ilegal. Prefieren vivir de sus actividades agrícolas y ganaderas.

‘No es una provocación’: Hanrine

Hanrine es una subsidiaria de la empresa australiana Hancock Prospecting. Es la concesionaria de Imba 1, 2, 3, 5 y 6, desde el 20 de noviembre de 2017. Están ubicadas en la provincia de Imbabura y están en exploración inicial. La empresa prometió una inversión de 234 millones de dólares durante esa fase. Hasta el momento ha desembolsado 25 millones.

En Imba 2 ocurrió la invasión de la minería ilegal. En diciembre de 2017, la empresa envió un correo electrónico a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) con una denuncia por minería ilegal. En enero de 2018 solicitó un amparo administrativo, que le fue otorgado en marzo de ese año para el desalojo de los mineros ilegales. Según Steve Gamboa, procurador judicial de Hanrine, identificaron a dos personas como los presuntos líderes de estas actividades: un minero de Zaruma, de una asociación de mineros, y un habitante de Buenos Aires, que se habría presentado como miembro de una asociación de propietarios. Gamboa afirma que estos líderes pidieron a la empresa contratos de operación minera.

El jurista agrega que en las otras concesiones también hubo minería ilegal, donde también presentaron amparos administrativos. Pero solo en Imba 2 no hubo un desalojo oportuno y por eso creció la minería ilegal, dice. En marzo de 2019, Hanrine solicitó la suspensión de la concesión Imba 2, ante la falta de seguridad. En ese mismo mes, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en Buenos Aires y realizó el masivo operativo para el desalojo de los mineros.

La Arcom aceptó el pedido de Hanrine y desde julio de 2019 la concesión Imba 2 le fue suspendida. Un año después, el 17 de agosto de 2020, el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables decidió levantar la suspensión porque esa cartera de Estado aseguró que ya no había minería ilegal. “Para nosotros equivocadamente y de manera inexplicable”, dice Gamboa. La resolución implicaba que la empresa podía ingresar a Imba 2 y continuar con sus operaciones. Cuestiona que el Ministerio no haya realizado ningún análisis de territorio, pues para la empresa aún hay daños ambientales que el Estado debe resolver y aún existe minería ilegal. Hanrine impugnó esa disposición y, en marzo de 2021, el Ministerio les dio la razón y mantuvo la suspensión de Imba 2.

Gamboa explicó que Hanrine ahora quiere ingresar a otra de sus concesiones, la Imba 1. Pero para llegar a ese lugar necesita pasar por Buenos Aires. El 19 de abril pasado, la empresa arribó a la comunidad y se encontró con el bloqueo. Según Hanrine, son familias identificadas con la minería ilegal. “No es la comunidad de Buenos Aires, una parroquia unida, unificada, que tiene un criterio libre sobre un tema”, manifesta Gamboa.

Organizaciones locales como Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema (Buproe) cuestionan las concesiones a Hanrine porque no hubo una consulta previa, un derecho de los pueblos indígenas asentados en zonas de influencia de proyectos extractivistas. Gabriela Fraga, uno de sus miembros, cuenta que existe una comunidad awá en Imba 2 que se alimentaba de los peces del río, pero ya no puede por la contaminación. El resto de la población pide una consulta ambiental. Sobre estos temas, Gamboa responde que la consulta previa está a cargo del Gobierno. “Pero si fuera el caso, Buenos Aires no coincide con los elementos que se requiere porque no es una comunidad ancestral”.

¿Por qué tener a cientos de personas en la vía? El procurador judicial asegura que una vez que se disponga el tránsito libre por la vía se instalarán en los terrenos donde tienen acuerdos con los propietarios para poder proveer instalaciones más cómodas a su personal. “No es una provocación y jamás sería una provocación a la comunidad de Buenos Aires con la que somos vecinos y la que pretendemos trabajar mancomunadamente”.

El traspié de la gobernadora

“¿Y las soluciones?”, gritaron los habitantes de Buenos Aires a las autoridades mientras se levantaban de la mesa que se había instalado para el diálogo, el pasado 22 de abril. Entre ellas se encontraba la gobernadora de Imbabura, Gabriela Jaramillo, quien en su discurso relacionó a la población con los mineros ilegales. “No permitiremos ni un segundo que la minería ilegal quiera manejar sus mentes a fin de impedir la presencia del Estado”, dijo.

La gobernadora de Imbabura, Gabriela Jaramillo, visitó La Merced de Buenos Aires, el 22 de abril pasado. Pero dejó el pueblo sin dar una solución al conflicto. Foto: Captura de video de Buproe

Y siguió: “Dicen que hay protesta pacífica y a mí me llega la noticia de que están quemando campamentos”. Jaramillo se refirió al incendio que hubo contra un campamento de la compañía en agosto de 2020. Cuando lo mencionó, hubo silbidos. “Aquí estamos viendo cómo un grupo de personas maneja el pueblo y no deja que la otra parte se manifieste”. Jaramillo propuso un diálogo, pero a los pocos minutos dejó el pueblo. En un video publicado por el medio La Raíz se observa a un grupo de personas que frente al vehículo de las autoridades levantaron las manos en señal de resistencia. La Policía las rodeó para que permitieran el paso. En el micrófono, la abogada Tenorio pedía a la gente que dejara libre el paso para que no existieran enfrentamientos con los uniformados. La comitiva se fue. Mujeres de la tercera edad se las vio llorar tras el fallido encuentro.

Pero si en algo coinciden la empresa minera y la comunidad es la falta de respuesta del Estado a este conflicto creciente. La Defensoría del Pueblo también lo señaló en su exhorto del 21 de abril pasado. “Su omisión (en referencia a los ministerios de Ambiente, Energía y a la Arcom) se evidencia en que pese a tener conocimiento del mismo, no existe intervención adecuada o no intervención para alcanzar la solución”. Pidió a esas entidades ejercer “un adecuado control y regulación tanto de la minería legal como ilegal” y los hizo responsables de posible uso desmedido de la fuerza y violación de derechos.

Mientras los bonaerenses esperan que el Estado reaccione, la minería quita el sueño a la comunidad.