Buenos Aires preocupa a expertos y autoridades. Esa parroquia de la provincia de Imbabura, en el norte ecuatoriano, se ha convertido en un centro de operaciones ilegales mineras. Hay extracción, almacenamiento, transporte y comercialización de esos recursos. Recientes operativos dan cuenta de la magnitud del problema y un documental que está a semanas de publicarse expondrá  el drama humano que se vive en la zona. A eso se suman los daños ambientales que ha causado la minería ilegal descontrolada: se estima que han llegado 7.000 personas a trabajar en esa actividad.

La ‘fiebre del oro’ que ha causado Buenos Aires empezó aproximadamente hace un año y cuatro meses. La facilidad con la que se extrae el oro de esa región es uno de los motivos para que una avalancha de personas llegara a la zona. El pasado 16 de enero, en un operativo policial se encontraron instrumentos como palas, varas metálicas, balanzas, generadores de luz, una bomba de agua. También se hallaron seis cilindros amalgamadores que sirven para la refinación de oro, tres tanques de almacenamiento de GLP y un quintal de nitrato de amonio. Es decir que además de la extracción, también se está procesando el oro en esa zona.

En Buenos Aires, la minería es muy precaria. Los mineros usan cables para el traslado de los bultos con material minero.

Enrique Espinosa de los Monteros, director Nacional de la Policía Judicial, dijo en la rueda de prensa tras ese operativo, que esos recursos se están explotando de forma tan antitécnica, que están provocando “una afectación ambiental irreversible”, debido al uso de químicos como cianuro y mercurio. En diciembre pasado, la Policía detuvo a dos personas que transportaban nueve tanques de 55 kilogramos de cianuro de sodio. Iban escondidos debajo de rechazo de plátano.

Buenos Aires es un lugar con escasa presencia policial. Además la violencia que ha generado esa fiebre ha dejado hasta el momento cuatro muertos. En abril del año pasado, un ecuatoriano de 44 años fue asesinado por armas de fuego y blanca. En junio, un adolescente falleció después de ser golpeado por un objeto contundente. En julio, un colombiano de 30 años fue disparado y en diciembre, una mujer de 53 años también fue asesinada con un arma. La Policía sostiene que esas muertes se han originado por disputas entre organizaciones que quieren tomar el control minero ilegal.

En los operativos Avalancha, en Buenos Aires, fueron detenidas más de 20 personas por minería ilegal. Pero la justicia local los dejó libres.

Solo para el operativo del 16 de enero fueron necesarios 350 policías, entre investigadores y tácticos, para ingresar a la zona. Participaron grupos élites como el GIR, GOE, GEMA y UMO. Los uniformados hicieron 15 allanamientos que dejaron 22 detenidos, 20 ecuatorianos y dos colombianos. Los hombres tienen entre 19 y 56 años y tres de ellos tenían antecedentes penales por lesiones, tráfico de drogas y falsificación de firmas.

En ese acción policial fueron incautadas 31 toneladas de material aurífero. Desde Buenos Aires han salido enormes cantidades de material, que aún es incalculable. El 1 de febrero pasado, en un operativo conjunto entre militares y policías, detuvieron camiones que transportaban el mineral que iban en bultos de yute. Fueron incautadas siete camionetas en el sector la Y de la Pugara y fueron trasladados al patio de detención de Yuyuncocha. Pero testigos aseguran que ingresan grandes camiones y hasta trailers. En ese operativo fueron detenidas 17 personas, quienes intentaron agredir con armas blancas a los uniformados que los detuvieron.

Desde Buenos Aires, norte de Ecuador, se trasladan costales con rocas que contienen minerales hasta las mineras del sur del país para su procesamiento.

El material va a Portovelo, un cantón de la provincia de El Oro, tradicionalmente minero. Allí el material es procesado. ¿Cómo se trasladaron inmensas cantidades de material minero sin que nadie lo haya notado? Aunque las autoridades no han relacionado los casos, la detención de ocho policías la semana pasada dio algunas pistas. Los uniformados fueron procesados por asociación ilícita por permitir, entre otros delitos, el paso de volquetas con carga proveniente de la minería ilegal. La banda de policías utilizaba las cabinas y cámaras del ECU911 para observar qué vehículos podrían estar cometiendo infracciones de tránsito y luego hacían controles ficticios para obtener sumas de dinero hasta por 2.000 dólares a cambio de dejarlos pasar. En el 2018, hubo ocho casos sentenciados en Imbabura por minería ilegal.

Los trabajadores además se someten a condiciones precarias e inseguras. Muchos de ellos son mineros que vienen desde el sur del país, como Azuay, Loja y El Oro. Esto se evidenció en los arrestos de los últimos meses. Los detenidos provenían de Balsa, El Pangui, del cantón Ponce Enríquez o Vilcabamba. En la zona hay galpones de bloque que sirven de dormitorios para los trabajadores, que comparten espacio con material minero y herramientas de trabajo. Esta actividad ha hecho que la economía de los alrededores de Buenos Aires también se dinamizara por la llegada de miles de personas. Por ejemplo, hay personas que se dedican al transporte de las personas hacia la mina desde la madrugada y propietarios de casas aledañas han empezado a rentar sus cuartos libres para los foráneos que llegan por la fiebre del oro.

Pero ingresar a esta mina es un alto riesgo. Pocos periodistas han logrado acudir a esta zona como Franklin Soria, quien dirige el portal Agencia Minera. Él y su equipo están por difundir un documental sobre la situación humana de los trabajadores de Buenos Aires. Este es su testimonio. 

Operativo policial en el que fueron detenidos vehículos con material minero.

‘Tarde o temprano habrá un deslave como en Nambija’

Franklin Soria, director de la Agencia Minera

“La primera visita fue por invitación del Observatorio Minero Ciudadano. Se ingresa por auto a Buenos Aires y de ahí se camina hacia la entrada de la mina. El camino es lastrado. Llegamos antes que los dirigentes mineros. Pudimos constatar que hay trabajo infantil, mujeres, prostitución. Fotografiamos a una mujer embarazada. Las mujeres cargan bultos igual que los hombres, quizá con menos rapidez. Por cada bulto trasladado, que contiene rocas con minerales, se paga 25 centavos.

“Luego, recibimos otra invitación, esta vez del asambleísta de Imbabura, Marcelo Simbaña. Volvimos a constatar que se trata de una zona devastada, insegura e insalubre. Vimos cientos de personas. Ellos tienen un censo interno que arroja que han llegado 7.000 personas. Hay población flotante.

“Pero hay que entender los orígenes. En el 2013 publiqué un libro llamado ‘El Amazonas antes de los Andes’, que trata sobre por qué la zona sur (El Oro, Azuay) y la norte (Imbabura) existe tal cantidad de riqueza mineral. En el cretácico, América fue una planicie anegada. Las placas continentales chocaron durante millones de años y las tierras que estaban abajo empezaron a emerger en los Andes desde Panamá hasta Chile. Eso determinó una riqueza mineral increíble. Toda la cordillera de los Andes tiene un gran potencial minero.

“Ahora se lo ha descubierto en Imbabura. Allí, estas cumbres tienen afloramientos de oro, no sé si para nuestra desgracia o dicha, que además son de alta calidad. Eso es lo que ha provocado la fiebre en Buenos Aires. Estás cumbres son de fácil acceso. Una personas lleva un taladro mecánico y picos y obtiene el material. Pero, ¿quién financia la minería ilegal? Una persona pobre del campo no puede comprar un taladro o un compresor. Esa minería ilegal tiene la posibilidad de desarrollarse a lo ancho y largo del Ecuador. Científicamente esa es la explicación.

“Buenos Aires es el ejemplo más triste o lo peor que puede suceder dentro de la minería ilegal. Primero por las condiciones humanas. Los mineros están en una montaña, pero tarde o temprano habrá un deslave como en Nambija en los años 80. Hay hacinamiento y llega mucha migración colombiana y venezolana. En el alto Nangaritza (Zamora Chinchipe) hubo minería ilegal, pero con retroexcavadora, dónde posiblemente habían cinco personas, que claro contaminaron el río. Pero acá hay 7.000 personas que han empezado también a refinar oro, pues recién se incautó cargas de mercurio y cianuro. Durante un año y cuatro meses, los cargamentos atravesaron todas las provincias hacia el sur a vista y paciencia de las autoridades. Circularon cientos de camiones, incluso mulas y tráilers. Solo hay dos salidas de Buenos Aires. Los cargamentos llegan a Portovelo a las plantas procesadoras.

Hemos documentado esa zona desde el punto de vista humano. Hay personas con discapacidad trabajando. No hay control migratorio, no se sabe el estado de salud de la gente que está allí, hay prostitución sin profilaxis, no hay agua potable, llevan agua en tubos o quizá consumirán el agua de la lluvia. Es la gente que menos oportunidades tiene la que va a la minería. Hay niños y corren muchos riesgos. Están en medio de un contexto violento porque la mina genera violencia, vuelve agresivo al ser humano. No hay policía en el lugar. Estuvimos en cuatro veces en Buenos Aires. Hay un gran negocio de venta de llantas y de amortiguadores. Estos vendedores están felices porque los vehículos se acaban por las cargas.

“Esta parroquia está dentro de una concesión de una empresa llamada Hanrine. Ella es la responsable de la exploración y explotación de cobre y oro en el sector. Es extraño que durante tanto tiempo la empresa no haya tomado cartas en el asunto. Ahora han empezado ha realizar exploración. Hablé con el abogado de la empresa y dijo que sí habían presentado cartas al Estado pidiendo solución. En más de un año han pasado tres ministros de Minas, que no dieron importancia al tema. Ahora, el viceministro Fernando Benalcazar hay que reconocer que sí ha tomado acciones.

“En agosto recibimos las primeras amenazas. En las llamadas nos dijeron que dejemos de investigar la minería, que ¿por qué nos preocupa tanto? En septiembre fuimos asaltados, en la puerta de la casa de una de las colegas, lo cual nos preocupó. Nos quitaron celulares, equipos, cámaras. Fue con un revólver. Luego fui entrevistado por Teleamazonas y luego la Fiscalía citó a Fausto Yépez (quien hizo un reportaje). No estamos descubriendo el agua tibia. El problema de Buenos Aires es público. Nosotros hemos anunciado que hemos cerrado la investigación en Buenos Aires. En agosto pusimos la denuncia en la Fiscalía, pero aún no hay resultados. No vamos a seguir con el tema, pero me planteo esta pregunta: “¿Qué otras zonas del Ecuador están propensas a la minería ilegal?”.