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10 de Mayo del 2021
Historias
Lectura: 16 minutos
10 de Mayo del 2021
Susana Morán
Burocracia, objeción de conciencia, secreto profesional: otros retos tras el fallo a favor del aborto por violación
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La despenalización del aborto por violación ha sido una lucha del movimiento de mujeres en Ecuador. Han impulsado este debate tanto en la Asamblea Nacional como en el máximo organismo constitucional. Foto: Surkuna

En Ecuador, las mujeres con embarazos riesgosos han tenido trabas para acceder a un aborto. Ahora, después del fallo de la Corte Constitucional, hay inquietudes respecto a cómo las niñas, adolescente y mujeres víctimas de una violación podrán realizarse este procedimiento bajo condiciones que no las revictimicen y garanticen su salud.


María (nombre ficticio) llegó en septiembre de 2020 a un subcentro de salud, en Guayaquil. De allí fue derivada al Hospital Especializado Matilde Hidalgo de Procel, que atiende embarazos riesgosos. En ambos centros, fue diagnosticada con plaquetopenia, una condición que hacía inviable su embarazo. El feto tenía una malformación y ponía en riesgo la salud de María. En el hospital se negaron a practicarle un aborto y la psicóloga del lugar le leyó frases de un libro que aparentemente era la Biblia.

Como no tuvo una respuesta, recurrió a Cepam-Guayaquil para pedir ayuda. La organización, que documentó este caso, incluso debió enviar una carta al exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para que María reciba la atención. Aunque tuvo todos los exámenes que demostraban que se trataba de un embarazo no viable, la mujer tuvo que esperar dos meses para que le sea practicado el aborto, un tiempo que incrementó el riesgo a su salud.

Los abortos terapéuticos son legales en Ecuador, sin embargo, las mujeres que lo necesitan se enfrentan a diversas dificultades. La reciente despenalización del aborto en casos de violación, por parte de la Corte Constitucional el pasado 28 de abril, abre nuevas interrogantes sobre cómo las niñas, adolescentes y mujeres podrán acceder a un aborto seguro y sin revictimización.

Consuelo Bowen, coordinadora de la Clínica Jurídica de CEPAM Guayaquil

Consuelo Bowen, abogada de Cepam-Guayaquil, explicó que desde el 2015 existe una guía clínica del Ministerio de Salud sobre el procedimiento que deben seguir los profesionales de salud para el aborto terapéutico y para mujeres con discapacidad que han sufrido una violación, que eran las causales permitidas en Ecuador antes del fallo de la Corte Constitucional.

Pese a ser legales, estos abortos tienen dos obstáculos importantes, según la experta. El primero tiene que ver con la objeción de conciencia implícita, que en la legislación ecuatoriana solo consta en la Constitución. Este derecho se encuentra en el artículo 66 de la Carta Magna, donde dice que “no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza”.

Aunque tuvo todos los exámenes que demostraban que se trataba de un embarazo no viable, la mujer tuvo que esperar dos meses para que le sea practicado el aborto, un tiempo que incrementó el riesgo a su salud.

Este ha sido una limitante para las mujeres que acuden a los centros sanitarios en busca de este tipo de procedimientos. La jurista dice que en otros países los médicos o enfermeras que recurren a la objeción de conciencia lo tienen que declarar previamente. Como es un derecho individual, que no se aplica a la institución, los centros de salud deben tener personal adicional que no tenga objeción de conciencia para garantizar el servicio.

En Ecuador, al no estar regulada la objeción de conciencia, las mujeres que acuden a un centro médico y necesitan este procedimiento porque está en riesgo su vida se encuentran con profesionales de la salud que se rehúsan a practicarles un aborto legal. Bowen cuenta que se han dado casos en los que las mujeres no son atendidas y además deben soportar discriminación o no les entregan información. María, por ejemplo, vivió estigmatización y maltrato, y sufrió física y psicológicamente. Su caso será reportado al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La segunda limitante es el secreto profesional. Según el Código Integral Penal (COIP), en el contexto paciente-médico, este segundo no está en la obligación de denunciar. Sin embargo, dice la jurista, sí lo hace. En el caso de un aborto consentido sin justificación, que es el que penaliza el COIP, los doctores presentan la denuncian y por eso hay mujeres que deben enfrentar procesos penales.

Las cifras lo confirman. Entre 2014 y el 31 marzo pasado, 104 mujeres que abortaron se enfrentaron a procesos judiciales. El COIP lo sanciona con seis meses a dos años de cárcel. De acuerdo a la información enviada por el Consejo de la Judicatura a PlanV, de esas 104 causas, 94 ya han sido resueltas por los jueces. En 2017 fue el año que más procesos contra mujeres por abortar llegaron a los juzgados: 35 en un solo año. Estas estadísticas no coinciden con las cifras de la Fiscalía, que en junio de 2019 reportó 286 denuncias contra mujeres por aborto consentido.

Bowen explica que el secreto profesional no debería aplicarse nunca, pero por cuestiones personales los médicos denuncian a las mujeres que van a practicarse un aborto, incluso si este fue espontáneo. ¿Qué pasará con las mujeres que han sido procesadas por practicarse un aborto después de ser violadas? Bowen recuerda que la sentencia de la Corte dice que debe aplicarse el principio de favorabilidad, es decir usar la norma más favorable para las procesadas, aunque esa ley o disposición legal no haya estado vigente en el momento de los hechos. Entre enero y marzo pasados, por ejemplo, seis mujeres fueron procesadas por practicarse un aborto. “En esos casos debería anularse el juicio o proceso porque ya no habría conducta penal”, explica la jurista.

Este principio, agrega, también aplica al personal de salud que han sido procesado por practicar un aborto. Según el inciso 1 del artículo 149 del COIP, “la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Por esa causal, han sido procesadas 83 personas, entre 2014 y el 31 de marzo pasado. De ese número de causas, 73 han sido resueltas por los jueces.

No es la primera vez que organizaciones feministas han señalado al secreto profesional como una situación que amenaza a las mujeres, pues los servidores de la salud al revelar su condición, no solo violan su intimidad, sino que las exponen a ser judicializadas. En el libro “Democracia: derechos humanos e instituciones en Ecuador”, editado en 2017, la organización Surkuna contó que la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia hizo una encuesta a 21 ginecólogos de varias provincias del país. De ellos, 14 respondieron que denunciarían a sus pacientes si tienen la sospecha de que se han inducido un aborto. Esto viola, dice Surkuna, el artículo 179 del COIP, que se refiere a la divulgación de un secreto que puede causar daño a una persona. Ese delito tiene una sanción de seis meses a un año de cárcel, pero -agrega la organización- “no se investiga ni se sanciona”.

Entre enero y marzo pasados, por ejemplo, seis mujeres fueron procesadas por practicarse un aborto. “En esos casos debería anularse el juicio o proceso porque ya no habría conducta penal”, explica la jurista.

En el estudio Vidas robadas II, la Fundación Desafío realizó entrevistas a personal médico de centros que dan servicios a menores de edad. Halló que había un pensamiento generalizado de que el aborto por violación era ilegal, incluso para las mujeres con discapacidad, quienes antes del fallo de Corte eran las únicas que -tras ser violadas- podrían recurrir a un aborto legal. 

Un ginecólogo, en esa investigación, dijo lo siguiente:  “Te digo que estamos capacitados para diagnosticar, y en ese caso la afectación mental, y claro que se puede ofrecer una interrupción del embarazo porque eso es posible de acuerdo a la ley, pero yo no le informo nada, si veo que es un embarazo normal, la adolescente está normal, no me demuestra nada, yo no le digo nada, no le digo nada de la adopción y tampoco lo de interrumpir, porque nosotros estamos acá para proteger la vida o sea del niño en gestación.”.

“Es evidente que un aborto terapéutico como respuesta no está en el protocolo que manejan, de hecho es un tema estigmatizado y el imaginario que se percibe es que es ilegal, aparte de los riesgos que conllevaría ofrecerlo en un contexto desfavorable y persecutorio para los y las proveedores/as de salud”,, es una de las conclusiones de la Fundación.

Esta situación desalienta a las mujeres que van en busca de ayuda a estos centros. El resultado final es el riesgo a la salud de la mujer como ocurrió con María. Mientras estuvo en su periplo, fue testigo de la muerte de una joven de 17 años que se desangró en el hospital a donde acudió y falleció por falta de atención. 

Para Bowen, no solo basta la sentencia de la Corte sobre el aborto por violación, sino que el Estado debe garantizar el acceso de las mujeres a un procedimiento seguro. Por ejemplo, instruir a los profesionales de la salud sobre este tema. Considera que la Asamblea Nacional debería proponer una norma respecto a la objeción de conciencia que esté dentro de la Ley Orgánica de Salud.

Aclaraciones al fallo de la Corte

La semana pasada, un grupo de nueve activistas, representantes de organizaciones feministas y de DDHH presentaron pedido de aclaración y ampliación a la Corte sobre su fallo sobre la despenalización del aborto por violación. 

Por ejemplo, solicitaron al máximo órgano constitucional que aclare si las niñas y adolescentes cuyo embarazo se haya producido antes de los 14 años que no cuenten con la autorización de su representante legal, requerirían cumplir con algún requisito previo adicional, para que puedan acceder al procedimiento de aborto por la causal violación.


Grupos de mujeres esperaron el fallo de la Corte Constitucional afuera de sus instalaciones. Foto: EFE

La Corte estableció en su sentencia que “en los casos de niñas y adolescentes que no cuenten con autorización de su representante legal, las autoridades competentes (sanitarias, fiscalía, policía judicial, juntas cantonales de protección de derechos, defensoría del pueblo, entre otros) preverán mecanismos adecuados y confidenciales para que puedan realizar, ante las autoridades competentes -sin trabas y sin miedo a represalias- su denuncia, examen médico, declaración jurada o lo que corresponda conforme se determine normativamente”.

La última frase “conforme se determine normativamente” causa preocupación para las peticionarias porque se infiere que las menores deberán cumplir algunos requisitos. Las activistas sostienen que en “el caso de niñas y adolescentes cuyo embarazo se produjo cuando eran menores de 14 años, este siempre es consecuencia de violación de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 numeral 3 del COIP vigente”.

También recuerdan, que según el COIP y la forma como se manejan los procesos penales por violación, “no se requiere nada más que la constatación de la relación sexual (lo cual se constataría con el embarazo) y la edad para acreditar que han sido víctimas de violación”.

Agregan también que el COIP establece que las niñas menores de 14 años no pueden consentir relaciones sexuales, por lo tanto las relaciones sexuales antes de esta edad siempre son consideradas como producto de una violación. “Bajo esta premisa, las niñas menores de 14 años quedan exentas de cumplir con cualquier requisito normativo que tenga por objeto acreditar violencia sexual, pues el embarazo producido antes de los 14 años es una prueba innegable de la violación que han sufrido. En este sentido, imponer requisitos normativos para acreditar violación en estos casos seria innecesario, no idóneo e incluso vulneratorio”.

También recuerdan, que según el COIP y la forma como se manejan los procesos penales por violación, “no se requiere nada más que la constatación de la relación sexual (lo cual se constataría con el embarazo) y la edad para acreditar que han sido víctimas de violación”.

Otra consulta que realizaron a la Corte tiene que ver con las adolescentes mayores de 15 años. Piden que se aclare si ellas podrán acudir por sí mismas a las autoridades para acceder a un aborto por violación, en caso de no contar con la autorización de su representante legal. “Sin que este pueda ser condicionado, siendo la autoridad a la que acuden un puente para lograr el ejercicio efectivo de sus derechos, no teniendo la potestad de limitar o negar el acceso al requisito en mención”.

También peguntaron sobre el alcance de la frase “preverán mecanismos adecuados y confidenciales”. Las activistas sostienen que es necesario conocer cuál será el rol de estas autoridades a las que se menciona para facilitar el acceso de las niñas y adolescentes a los requisitos necesarios para acceder a un aborto legal cuando el embarazo sea producto de una violación.

Otra inquietud que tienen las peticionarias es respecto a la materia a la que debe corresponder el proyecto de ley para la irrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que debe realizarla la Defensoría del Pueblo, como lo estableció la Corte en su sentencia.

Para el grupo de activistas, esta aclaración es importante porque en la opinión pública se está construyendo el imaginario de que el carácter de este proyecto de ley debe ser penal. Consideran que esta norma debe poner énfasis en asegurar a las víctimas el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a los procesos sanitarios o médicos que permitan proteger su vida.

El grupo también solicitó que se aclare si las menores de edad que sí tienen el consentimiento de sus padres deberán cumplir algún requisito. Asimismo, presentaron interrogantes respecto a las personas trans y no binarias, el consentimiento de adolescentes, entre otros temas.

Entre las que suscriben el documento están Virginia Gómez de la Torre, Lita Martínez, Vivian Idrovo, Johanna Romero, Ana Cristina Vera, Consuelo Bowen, Milton Salazar, Sylvia Bonilla Bolaños y Lina María Espinoza.

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