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26 de Abril del 2015
Historias
Lectura: 14 minutos
26 de Abril del 2015
Redacción Plan V
Los cabos sueltos de la afiliación del millón 200 mil al IESS

El asambleísta Ramiro Aguilar calcula que no más de 600 mil personas -la mitad de lo que anuncia el Gobierno- podrían estar realmente interesadas en la nueva forma de afiliación al IESS. 

 

La cifra que el Gobierno publicita sobre personas que accederían a la afiliación voluntaria para las amas de casa está construidas sobre supuestos frágiles. Para asambleístas de oposición como Ramiro Aguilar y Cristina Reyes, hay dudas sobre cuán viable es que esa cantidad de personas se afilien al IESS en este año solo para obtener lo que es el equivalente de un fondo de jubilación.

El Gobierno ha insistido: en este año, por lo menos un millón 200 mil personas, que realizan trabajo no remunerado en el hogar -los antiguos quehaceres domésticos, en la denominación "políticamente correcta" del correísmo- se afiliarán a la seguridad social ecuatoriana con la perspectiva de obtener algunos de los servicios que brinda el IESS, concretamente, la posibilidad de un pensión por vejez una vez que se jubilen, a los 65 años de edad o tras 20 años de aportes. 

Según voceros del oficialismo, el Estado sigue brindando servicios de salud a estas personas, no por medio del IESS, sino de la red de servicios médicos del Ministerio de Salud. 

En la oferta de afiliación no constan los servicios de salud ni la posibilidad de pedir préstamos de ningún tipo, que, en cambio, sí pueden recibir los afiliados voluntarios. Se trata de un afiliación que brinda solamente uno de los servicios que normalmente ofrece el IESS, y que deberá ser subvencionada por el Estado.

Para ello, el Gobierno, con una nueva ley, ha puesto un techo a las utilidades que recibían los empleados de ciertas empresas muy rentables, y los excedentes irán para financiar esta nueva prestación. También ha suspedido el pago del 40% de las pensiones jubilares, convirtiéndose en un "garante general" del fondo de pensiones que, en teoría, aportará "el dinero que haga falta" para garantizar las pensiones.

No obstante, esta nueva figura fue cuestionada pues, a pesar de haber la antigua norma que fijaba el porcentaje que el Estado debía transferir al IESS todos los años, el Gobierno siempre enviaba menos dinero del originalmente solicitado. Pruebas al canto: en 2015 el IESS pidió 1300 millones de dólares y en el presupuesto se puso solo USD 1100 millones. En el año anterior, 2014, el IESS pidió 1060 millones y solo se le envió USD 800 millones. 

Ramiro Aguilar y Cristina Reyes coinciden en que sin políticas que generen empleo, y, por ende, mas aportantes en el sector formal, la aspiración de aumentar la cobertura de la seguridad social sería técnicamente inviable.

Pero, ¿de dónde proviene esta cifra del millón 200 mil personas? ¿Es un cálculo realista o es una argucia propagandística del régimen?

El análisis debe partir de algunos elementos. En primer lugar, del cálculo numérico de cuál es realmente la población económicamente activa del país. Según cálculos del INEC, en una población de cerca de 14 millones de personas, el país tiene un total de 6´921.107 ocupados en alguna actividad remunerada, mientras que los desocupados son 273.414. 

Al cruzar este dato con el total de los afiliados a la seguridad social, se obtiene un elemento para el análisis. El total de afiliados al IESS, que según cifras del Instituto alcanza los 3'096.228 personas, corresponde aproximadamente al 50% del total de los ocupados, pero de esos ocupados,  el 37% corresponden al sector formal, es decir, son empleados en relación de dependencia, mientras que el 54% provienen del sector informal de la economía, el 3% del servicio doméstico y un 6% no están plenamente clasificados. Si solo el 37% de los miembros de la población económicamente activa está en el sector formal de la economía, quiere decir que, para completar el 50% que dice cubrir el IESS, hay por lo menos un 13% que está afiliado o en forma voluntaria o con modalidades informales, como podría ser, por medio de terceras personas.

Aunque la Constitución establece la necesidad de universalizar la seguridad social, esto no puede hacerse de manera gratuita, pues todo esquema de seguro funciona con el aporte de personas que trabajan que subsidian a otros que no lo hacen. Esos dineros, que no siempre se utilizan, deben alimentar los recursos para los afiliados que sí necesitan de los servicios en un momento dado.

¿Puede funcionar un esquema de seguridad social sin pleno empleo? El asambleísta independiente Ramiro Aguilar piensa que no, pues al no haber recursos de los empleados para financiar prestaciones gratuitas, se puede producir la quiebra del sistema de seguridad social.

Es del mismo criterio la ex constituyente de Montecristi y actual asambleísta por Guayas, Cristina Reyes, quien forma parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores del Legislativo: "La universalización de la seguridad social es un derecho que está consagrado en la Constitución. En Montecristi apoyé estos principios rectores sobre la universalización de la seguridad social. Para hacer sustentable económicamente esta cobertura debemos diseñar políticas públicas que generen empleo y éste, a su vez, nuevos afiliados que cotizan al Instituto". Es decir, sin políticas que generen empleo, y, por ende, mas aportantes en el sector formal, la aspiración de aumentar la cobertura de la seguridad social sería técnicamente inviable. 

Las reservas sobre los datos 

Técnicamente, la llamada afiliación de las amas de casa es un seguro de invalidez, vejez y muerte, que no incluye cesantía salvo que se pague un valor adicional en la prima mensual. Esta afiliación no es obligatoria, sino que las personas que trabajan en el hogar exclusivamente -la norma no hace distinción de sexo, a pesar del entusiasta discurso feminista de ciertas voceras de PAIS- pueden concurrir ante el Seguro Social, una vez que el Consejo Directivo apruebe una tabla, para proceder con su afiliación.

Mediante un oficio remitido a la Asamblea Nacional el 31 de diciembre de 2014, el IESS informó al Legislativo sobre una serie de estudios, basados en datos demográficos y encuestas sobre empleo, que presentan un estimado nacional sobre cuantas personas, potencialmente, podrían estar interesadas en afiliarse y en formar parte del nuevo esquema de aseguramiento en el IESS.

Entonces, si no es obligatorio el trámite, de ¿dónde sale la cifra de un millón 200 mil amas de casa?

Mediante un oficio remitido a la Asamblea Nacional el 31 de diciembre de 2014, el IESS informó al Legislativo sobre una serie de estudios, basados en datos demográficos y encuestas sobre empleo, que presentan un estimado nacional sobre cuantas personas, potencialmente, podrían estar interesadas en afiliarse y en formar parte del nuevo esquema de aseguramiento en el IESS.

En el estudio actuarial remitido por el IESS con esa fecha, se tomaron algunos elementos para sacar esa cifra. El estudio, que se realiza hasta el año 2054, empieza con el 2015, y al no haber datos históricos de la prestación, tiene tres elementos para hacer esa proyección: en primer lugar, la Encuesta de Empleo y Desempleo del INEC de 2010-2014; el Registro de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y proyecciones del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, todos los datos en los que se basa la cifras son estimados. El estudio actuarial establece también que la población ecuatoriana reduce su crecimiento, por lo que en 50 años habrá más jubilados que en la actualidad. 

Sobre las fuentes usadas para calcular estas cifras, la asambleísta Reyes no tiene reparos: "Son cifras proporcionadas por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Al ser información que se maneja desde las instancias oficiales, creería que son reales, además de que son ellos quien tiene el registro de las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano, por ejemplo. Incluso han cuantificado el aporte al PIB en un 15,5%. Las cifras, se supone, son información cruzada entre el Ministerio y el Instituto de Estadísticas y Censos. Deberíamos confiar en que el Gobierno, que fue el proponente del proyecto de ley, lo haya hecho sobre la base de cifras y documentos fidedignos. No puedo decir lo mismo de los informes del IESS respecto de su situación actuarial. El estudio que se presentó, es elaborado por funcionarios del IESS y no son los estudios actuariales independientes que por mandato de la ley, debe contratar el Instituto", precisa. 

La prima que establece que el estudio actuarial se calcula sobre una base presuntiva de aportación. Al no haber un sueldo sobre el cual calcular el aporte, se toman en cuenta los ingresos del grupo familiar, con otros presupuestos: que el salario básico crezca al 3.2% anual como mínimo, que la inflación no supere el 3,2% y que la dolarización se mantenga hasta el 2054 por lo menos. 

Los temas que no quedaron claros  

Para el asambleísta Aguilar, la creación de esta prestación se basa en una serie de supuestos, mientras que la asambleísta Reyes tiene una serie de dudas sobre su implementación: "La ley aprobada con la mayoría oficialista no consideró las diferentes realidades de las personas que realizan trabajo de hogar no remunerado.  Efectivamente, para tener derecho a la pensión por jubilación ordinaria deberán haber realizado un mínimo de 240 aportaciones mensuales y cumplido al menos 65 años de edad.  ¿Qué pasa con las personas de 50 años, deben esperar cumplir 70 para poder beneficiarse de esta pensión?, ¿qué pasa con las personas de 20 años, por ejemplo, hasta cumplir los 65 años, deben aportar 45 años?, así como está aprobado entonces estaría dirigida a un segmento de las personas que realizan el trabajo de hogar no remunerado. 

Las amas de casa que se afilien a partir de la fecha en que entró vigencia esta ley deberán esperar a cumplir 65 años sus esposos e hijos (unidad económica familiar),  deberán aportar por 20 años y al final de este tiempo no queda claro si el financiamiento de las prestaciones está sustentado.  La ley no contempla un régimen de cobertura no contributiva para las personas que realizan trabajo de hogar no remunerado que ya trabajaron su vida entera en el hogar".

El propio informe establece que, en un plazo de cinco años, se deberá analizar si la prima es realmente rentable, pues todo el esquema está calculado sobre presunciones.

El propio informe del IESS establece que, en un plazo de cinco años, se deberá analizar si la prima es, realmente, rentable, pues todo el esquema está calculado sobre presunciones.

Aguilar precisa otras dudas: realmente, dice, más que una afiliación al IESS, este sería un fondo de jubilación, similar al que se ofrece como producto en el sistema financiero. "Parece que piensan que ellos ofertan un servicio y las amas de casa se van a volcar a hacer fila en el IESS. Realmente es un fondo de jubilación, aunque sí es más barato que afiliarse voluntariamente, porque no tiene servicio de salud". ¿Cuánto costará realmente esta fondo de jubilación para amas de casa? Si se toma en cuenta una familia con ingresos inferiores al 50% del salario mínimo, la base de aportación es del 25% del salario básico, que equivalen a USD 88. Pero el valor que tiene pagar el afiliado sería de solo USD 11 al mes. Como esto no alcanza para cubrir las prestaciones ofrecidas, será el el Estado el que cubra la diferencia.

El Estado, en este momento, deberá pagar pensiones mínimas a las personas que, por edad, se jubilen. Si alguien aporta menos de diez años, deberá recibir de pensión el 50% del salario básico. "En el caso de una persona que se jubiló pagando menos de diez años de afiliación, el Estado es quien asume el pago de la pensión por el tiempo que le quede de vida", explica el asambleísta Aguilar. 

Aguilar cuestiona la veracidad de la cifra oficial por varias razones. Aunque acepta que es posible que gente del sector informal que está afiliada al IESS quiera regularizar su situación con la seguridad social, es decir, que cerca de 3'700.000 personas que están en el sector informal de la economía, podrían optar por este mecanismo para obtener el beneficio de la pensión de vejez, si se cruza con el casi 3'100.000 personas que actualmente están afiliadas al IESS, el asambleísta cree que por lo menos las 600 mil personas de la diferencia entre la una y la otra cifra podrían ser los realmente interesados en participar del nuevo esquema de afiliación. "Esa es la cruda realidad", precisa Aguilar, quien afirma que si durante este año solo esa cifra se afilia realmente, no alcanzará la cantidad de personas para financiar la prestación. 

Según datos que constan en el propio informe del IESS, basado en datos y proyecciones, habria en el rango de edad de entre los 50 años en adelante mayor interés para afiliarse en la forma propuesta por el Gobierno. Pero muchos de ellos podrían decidirse más bien por el esquema de afiliación voluntaria, que incluye servicios de salud. 

 

 

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