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15 de Julio del 2019
Historias
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15 de Julio del 2019
Redacción Plan V
Cándido Zambrano, el "David manabita", versus Odebrecht
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Foto: BDE

La segunda etapa del proyecto Carrizal-Chone, contratada por el Gobierno de Alfredo Palacio con la constructora brasileña, costó 102 millones de dólares. 

 

Un campesino de Calceta, Cándido Zambrano, denunció a las gigantes Odebrecht e Hidalgo & Hidalgo por "hurto" ante la fiscalía de ese cantón. Los acusa de haber explotado sin su permiso, y sin permisos ambientales y mineros, nada menos que 4 millones de metros cúbicos de material pétreo que sacaron de su hacienda. Exige USD 23 millones de indemnización.

Cándido Artenón Zambrano Manzano, oriundo de Calceta, Manabí, tiene 72 años de edad y los últimos diez los ha pasado peleando contra la gigante Odebrecht y el Estado ecuatoriano. Durante algunas temporadas de esa década las ha tenido que pasar en el hospital, resultado de la angustia de enfrentarse a dos gigantes.

Zambrano es propietario de la hacienda La Safita, en Calceta. Tiene (o tenía) 13 hectáreas y tuvo la mala suerte de estar muy cerca de una obra emblemática del gobierno de Rafael Correa: la segunda etapa del proyecto de riego Carrizal Chone.

Este contrato fue firmado en el 2006 entre el gobierno de Alfredo Palacio y la asociación Odebrecht con la ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo. La cifra total fue de USD 102 millones. Pero en agosto del 2007, el entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, anunció que el gobierno de Correa suspendía la construcción de esta obra.  Patiño había denunciado que la obra estaba sobrevalorada en un rango que iba entre 12 y 33 millones de dólares. Cuando cambió de opinión, sin mayores explicaciones informó que contrato costaría 18 millones de dólares menos del valor licitado de 102 millones.

4 millones de metros cúbicos de material pétreo es el que se habría retirado de la propiedad de cándido zambrano manzano, en la zona de tosagua, Manabí.

Así, el viernes 25 de enero del 2008, el representante legal de la Asociación Odebrecht - Hidalgo & Hidalgo, el brasileño Ricardo Vieira se firmó el contrato complementario por USD 84,8 millones sin IVA. La contraparte y en representación del Estado firmó Víctor Lozada Alvarado, en su calidad de director de la Corporación Reguladora del manejo Hídrico de Manabí, CRM. Según este contrato, la Asociación hizo constar, en el detalle de sus costos, la explotación de material petro para su obra.

Según la denuncia por "hurto", presentada ante la fiscalía del cantón Bolívar, Calceta, provincia de Manabí, el 13 de abril del 2018, dentro de la propiedad que pertenece a Cándido Zambrano, la hacienda La Safita, "se explotaron sin permiso y consentimiento  y sin que exista escritura pública de concesión para extraer tierra y material petreo, como piedras, escolleras y ripio, —que sirvieron para hacer rellenos de contención de muros a los caminos y zanjas que se iban a realizar por las empresas constructoras— dentro del proyecto Sistema de Riego Carrizal Chone". "El aproximado de la cantidad de material pétreo, piedras escolleras y tierra arenisca que se explotó de mi propiedad desde el año 2008 hasta el año 2016, en metros cúbicos, dan la cantidad de 3.918.181,16. (casi 4 millones de metros cúbicos) lo que da la cantidad total de USD 20,62 millones, de acuerdo a los informes de los ingenieros civiles y geólogos que hicieron los informes". El denunciante pidió que se llame a versión a estos especialistas.

Foto: GAD Municipal Chone
Este es el tipo de piedra escollera que fue usada para la construcción de la obra y que, según la denuncia, fue retirada de los terrenos de un agricultor sin su permiso.

En el contrato, las empresas hicieron constar lo que iban a usar para el canal de riego con material pétreo, piedras escolleras, ripio y otros materiales, para lo cual se realizó la excavación a cielo abierto, excavación en fango, excavación a mano, relleno común, relleno de zanjas, relleno de la estructura del tubo, utilizando material granular para filtros, camas de asiento, mantos, relleno localizado  o junto a estructura, sub-base de arenisca, base granular. Para el efecto se usaron volquetas modelo bumper, excavadoras, máquinas pesadas como tractores CAT-320 con martillo, camión grúa, excavadora CAT 330L, generador CAT 65KWA para trabajar por las noches, grúas Grave RT-4220 toneladas y equipos menores para la explotación, extracción y transporte de las piedras escolleras, material granular y ripio "que fueron extraídos de mi terreno  de propiedad privada, sin que hayan contado con los respectivos permisos del compareciente ni tampoco con los permisos del ministerio del Ambiente, como corresponde para este tipo de operaciones". Este, dice el denunciante, Cándido Zambrano, constituye presumiblemente un delito ambiental tipificado en el Art 394, literal 4, de la constitución de la República del Ecuador, "por cuanto también hubo destrucción de la flora y fauna del sector".

Zambrano afirma en su denuncia que el terreno quedó estéril y contaminado, hasta el agua, por el uso constante de explosivos para romper los bloques de piedra y facilitar su transporte en volquetas bumper. El área no puede ser cultivada desde el año 2008 hasta la fecha de la denuncia. Recalcan que no hubo permiso del dueño, que no se pagó un centavo por el material extraido, que no hubo permisos ambientales ni derechos mineros por parte del ministerio de Energía y Minas. Tampoco hubo los permisos de impacto ambiental hacia los colindantes del terreno, pues luego de esta "labor ilícita no se puede cultivar absolutamente nada, ya que la tierra resultó muerta". 


Foto: BDE
Un tramo de tubería del proyecto que fue entregado a Manabí en el 2014, pero en el cual persisten los problemas. 

"Este perjuicio a la propiedad privada y, se presume, al Estado por la apropiacion indebida de tierras y piedras, hasta la presente fecha no ha sido pagado o cancelado por las empresas", dice Zambrano, y pone el punto en otra presunta ilegalidad adicional: "los valores por la extracción de tierra fueron cobrados al Estado, porque así está especificado en el contrato, en qué se iba a invertir el dinero recibido, que incluye la compra de material pétreo en Manabí (...) que no se lo compró sino que se lo sustrajo de mi propiedad privada, que hasta el día de hoy no se ha cancelado un solo centavo de dólar".

A esto se suma, sostiene Cándido Zambrano, que como consecuencia de todo ello no tengo dónde trabajar, ni siquiera sembrar o cultivar en la propiedad, por lo que ha dejado de percibir ganancias, y esto se denomina lucro cesante y daño emergente, que equivale a la suma de USD 2 millones, "ya que estas tierras no podrán ser cultivadas nunca más".

Zambrano, a través de sus abogados, pide que la fiscalía investigue si el material extraído, que se encuentra detallado, fue facturado como si le hubieran comprado a alguna cantera en Manabí, por cuanto se presume que también por ese lado puede haber perjuicio al Estado. 

Una larga espera judicial

El viernes 12 de julio, entre las 15:30 y 16:30, los tres representantes legales de Odebrecht al fin se presentaron a rendir versión en la Fiscalía de Flagrancia, en Quito. Luego de que por dos ocasiones, en marzo y mayo del 2018, fueron citados los representantes legales de las empresas, para rendir versión de los hechos. Los citados no acudieron, y el 5 de julio fueron notificados de una nueva convocatoria, y que serían conducidos por la fuerza pública en caso de negarse a asistir nuevamente. Los convocados pidieron que sus versiones sean rendidas en Quito, lo cual fue aceptado por la autoridad del ministerio Público. 

Otra traba que tuvieron los abogados de Cándido Zambrano fue que Senagua se demoró cerca de siete meses en entregar copia certificada del contrato del proyecto Carrizal Chone segunda etapa.

Para el denunciante, con esto se habrían perpetrado varios delitos: contra el ambiente, peculado, sustracción de piedras, daño a la propiedad pricada y colindantes. Para comprobarlo pidieron varias diligencias: la notificación a los representantes legales de las dos empresas, su comparescencia para que den su versión de los hechos, el reconocimiento del lugar de los hechos en la hacienda La Safita, ubicada frente a las aguas de la represa La Esperanza; que se oficie al SRI para que informe si es que entre el 2008 al 2014 las empresas mencionadas facturaron sobre compras de material pétreo, piedras, arenisca a cantera alguna en la provincia de Manabí para la construcción del proyecto Carrizal Chone y, de existir las facturas, se determine el número de las mismas, los montos y los impuestos pagados. 

Los demandantes también acudieron al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Los denunciados tuvieron cinco convocatorias y no asistieron a ninguna, hasta que la Procuraduría determinó que el acuerdo era imposible. Otra traba que tuvieron los abogados de Cándido Zambrano fue que Senagua se demoró cerca de siete meses en entregar copia certificada del contrato del proyecto Carrizal Chone segunda etapa. Tuvieron que acudir a instancias judiciales, con pedidos de acceso de información para que esta entidad pública entregara el contrato.

Según la versión de los representantes de Odebrecht, en Quito, ellos nada tienen que ver con esta denuncia sino la empresa que fue contratada por la terminación de la obra al consorcio Coinfra-Eseico. Según Odebrecht este consorcio fue el que terminó la obra y al cual hay que dirigir los reclamos. Plan V pidió la versión, vía mensaje electrónico, del representante legal de la empresa Hidalgo & Hidalgo, que fue citado por la Fiscalía, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este artículo. 

 

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