El matrimonio indígena sin reconocimiento

Este es el tema que la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Ecuarunari enviaron al Comité de la ONU. Narran el caso del matrimonio ancestral entre el líder de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel,  y la activista y periodista franco-brasileña, Manuela Picq. Ambos se casaron en una ceremonia en las Lagunas de Kimsakocha, en la provincia del Azuay, en la luna llena del 21 de agosto 2013. Este matrimonio fue inscrito en la comunidad de Escaleras, en la parroquia Tarqui, y en la Ecuarunari en Quito. 

Su historia de amor dio vuelta al mundo en agosto de 2016. Durante una manifestación de diversos sectores sociales contra el gobierno de Rafael Correa, Picq fue detenida y retirada su visa en Ecuador. La acusaron de participar en actividades políticas. Fue respaldada por un amplio sector académico y social. Ella finalmente fue obligada a salir del país, aunque la pareja alegó estar casada de forma ancestral.

En el 2016, el Estado no reconoció este matrimonio, les negaron su inscripción en el Registro Civil y el cambio del estado civil de Pérez Guartambel a casado. Solicitaron una visa de amparo familiar, pero les fue negada por la misma razón. Llegaron a presentar una acción de protección que también les fue rechaza. El caso llegó hasta la Corte Provincial de Justicia de Pichincha donde fueron ratificadas estas negativas. Al final, la extranjera optó por volver a su país de origen, y no ha podido regresar al Ecuador porque los consulados de nuestro país tenían la orden de no darle visado. 

Estas decisiones las asumen como una doble discriminación contra el matrimonio y la familia indígena. “Es un acto de discriminación racial explícito”, reiteran en el informe. “El Estado nos negó la inscripción del matrimonio indígena y consecuentemente el ejercicio del derecho humano fundamental a la familia por el hecho de ser indígena”.  El informe completo está en este enlace.

Los indígenas denuncian que muchas de sus lenguas ancestrales no cuentan con las mismas condiciones que el inglés. 

Las lenguas ancestrales en riesgo

En Ecuador se hablan al menos 15 lenguas maternas de tradición oral, -es decir, que carecen de una gramática escrita, por lo que usan el alfabeto latino cuando se escriben- según el censo del INEC de 2010, sin contar con las lenguas de los pueblos aislados voluntariamente en la Amazonía. Estas son A`ingae, Achuar Chicam, Awapít, Cha palaa, Chachi, Kichwa amazónico, Kichwa sierra, Paicoca, Shirningae, Shuar, Shuar Chicham, Siapede, Shiwiar Chicam, Zápara, Tsa’fiquí y Huaorani. Pero no reciben el mismo apoyo ni trato que el idioma oficial del país, que es el español. Este es el tema que la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) llevó a Ginebra. Dice que tanto como el español como el inglés que se enseñan en los establecimientos educativos son privilegiados al gozar de un presupuesto para su enseñanza.

Sin embargo, las lenguas originarias, que son habladas por pequeños grupos de indígenas, no tienen el mismo trato. El Estado ha dicho que hay 1.795 establecimientos de educación bilingüe intercultural y que atiende a una población de 146.346 niñas y niños pertenecientes a pueblos y nacionalidades originarias. Pero CAPAJ asegura que no hay una política de promoción y protección de estas lenguas maternas de tradición oral. Esto provoca “un cuadro de desigualdad entre la lenguas de tradición escrita (español e inglés) y las lenguas de tradición oral que se hablan en Ecuador".

La organización pide al Estado que establezca un órgano con rango ministerial, que cuente con un presupuesto, para que promueva estas lenguas y garantice su conservación. “A fin de evitar su degradación y ponerlas en igualdad de condiciones con las lenguas de tradición escrita”, explica. El informe completo está en este enlace.

Un derecho negado: la consulta previa

La historia de las licitaciones y adjudicaciones petroleras en Ecuador revela el trato hacia uno de sus principales actores involucrados: los pueblos indígenas. En sus territorios se han trazado y planeado en los últimos años la explotación de más petróleo, pero el Estado les ha negado un derecho: la consulta previa. Esta figura es un derecho garantizado en el artículo 57, numeral 7, de la Constitución. Este es el reclamo que el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES); el Centro de DDHH de la Universidad Católica y Terra Mater dejarán sentado en Ginebra. 

En noviembre de 2011, el Gobierno trazó 21 nuevos bloques petroleros con una superficie final de 3,6 millones de hectáreas, en su mayoría ubicados en la región Amazónica. Era para la convocatoria de la Undécima Ronda Petrolera o Ronda Suroriente. Estos bloques cubren el 100% de los territorios de las nacionalidad Achuar, Andoa, Shiwiar y Sapara, y el 97% del territorio de los Kichwa. Además, afectan al territorio de movilidad utilizado por los pueblos indígenas aislados tagaeri, taromenane y sapara, describe el documento. 

Para las organizaciones denunciantes, la consulta previa ha sido usada de forma parcial e inefectiva. Además la información sobre este proceso es escasa.  En la Ronda Suroriente, 278 comunidades participaron en la consulta previa. Pero las cifras de Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador no detallan el número de personas de cada comunidad que participó. “Sin embargo, según un levantamiento de información de la Fundación Pachamama, el número de comunidades afectadas por la Ronda Suroriente llega a ser de 719, es decir que se consultó únicamente al 39% del total de las comunidades que se debió haber sido consultado”. Otro detalle: “solo se consultó al 7% de la población afectada, tornando al proceso inefectivo bajo la óptica de la escasa cantidad poblacional invitada a participar”.

Finalmente en 2016, el Estado suscribió dos contratos para la exploración y explotación de los Bloques 79 y 83 con Andes Petroleum. Los bloques concesionados afectan los territorios de las nacionalidades Sapara, Shiwiar, Kichwa y del Pueblo Kichwa de Sarayaku. En el país habitan 14 nacionalidades indígenas que suman cerca de 1 millón 100 mil personas. El informe completo está en este enlace.

Esmeraldas no sale de la exclusión

En este informe no solo participan 27 organizaciones sino también gobiernos locales de 13 parroquias. Es un documento que describe la grave situación que viven sobre todo poblaciones del norte de Esmeraldas afectadas por la actividad minera, palmicultora y forestal, en la última década; así como la insuficiencia de las políticas públicas aplicadas en la zona por el Estado ecuatoriano.

Denuncian que la provincia de Esmeraldas, y el norte de Esmeraldas en particular, es una de las zonas más excluidas y pobres del Ecuador. Como evidencian citan la situación de la educación: el porcentaje de personas analfabetas supera el 15%, mientras que el indicador nacional promedio es de 6,8%. La provincia de Esmeraldas es la cuarta del país con mayor tasa de abandono escolar en primero de bachillerato. “Es un buen reflejo de la exclusión social histórica que vive nuestras comunidades en el norte de Esmeraldas”.

Asimismo, aseguran que Esmeraldas posee el índice más alto de deforestación del Ecuador. Por ejemplo, la industria palmicultora ha aumentado su superficie de cultivo en 8.000% la última década y la actividad minera ha contaminado la cuenca del Río Santiago - Cayapas. Hablan de la existencia de peces con deformidades.

La inseguridad es otro problema de esta zona. Según el informe, existe la presencia cada vez más permanente de Grupos Irregulares Armados de Colombia (GIAC) asociados al narcotráfico. Entre ellos los Urabeños y las Águilas Negras en Esmeraldas. La implementación de los acuerdos de paz en Colombia con las FARC, “traen justamente la incertidumbre de la reorganización de las relaciones de poder en torno al narcotráfico y otras actividades ilícitas, lo que se ha traducido en algunos episodios de violencia y desplazamiento en la frontera”.

El documento explica que la presencia de estos grupos influye en los altos índices de violencia. Según la Fiscalía, el cantón San Lorenzo tiene la tasa de asesinatos más alta del Ecuador: 96,2, cuando la tasa nacional es 8,13. A ello añaden: “Según un estudio de Catholic Relief Services el 2015, alrededor del 70% de las mujeres en San Lorenzo ha vivido episodios recurrentes de violencia (diaria o semanal). La mayoría de situaciones de violencia sexual no son denunciadas”. El informe completo está en este enlace.

Pueblos no contactados: el abandono del Estado

La Fundación Alejandro Labaka, Acción Ecológica y Land is Life documentan cómo la tala ilegal de bosques y la falta de acciones efectivas por parte del Estado amenazan a los pueblos no contactados de la Amazonía. Se refieren específicamente a los pueblos tagaeiri taromenane, los últimos grupos indígenas amazónicos en situación de aislamiento voluntario en Ecuador. Varios episodios sustentan sus preocupaciones.

Uno de ellos fue lo ocurrido el 5 de marzo de 2013, cuando una pareja de ancianos indígenas waorani fue atacada por un grupo Taromenane. “Veinticinco días después de sucedidos los hechos, sin que el Estado haya tomado medidas adecuadas para evitarlo, el 30 de marzo de 2013 una expedición waorani conformada con familiares de los ancianos victimados ataca una casa Taromenane matando a un número, hasta ahora, indeterminado personas que vivía en aislamiento”. De este episodio se presume la existencia de al menos seis víctimas Taromenane, entre adultos y niños. Incluso hubo el rapto de dos niñas, hermanas, y adoptadas en dos comunidades Waorani distintas.

Las organizaciones autoras del informe recuerdan que a raíz de estos hechos el Gobierno creó una comisión para investigar las causas de estos conflictos, entre los grupos Taromenane y Waorari, sin que hasta el momento se conozcan sus resultados. Pero el informe afirma que la tala ilegal de madera se ha reactivado con intensidad en la zona intagible donde habitan los Tagaeri y Taromenane. Denuncian además que desde el 2015, el Ministerio de Justicia identificó campamentos madereros dentro del Parque Nacional Yasuní y la Zona Intangible. Otra expedición se hizo en agosto de 2016 con los mismos resultados: más campamentos. “Pese a toda esta información recopilada por los ministerios no existe evidencia que se hayan implementado acciones control y decomiso de madera por parte de las autoridades”.

En el 2017, organizaciones realizaron otro recorrido y confirmaron que la presencia estatal en el área es “discontinua, cuando no ausente del todo”. Por ejemplo, los puestos de control Ceilan Ministerio del Ambiente y Ceilan Fuerzas Armadas están en abandono.  El informe completo está en este enlace.

La desigualdad se mantiene: la situación de los afroecuatorianos

El informe de la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar revela que pese a la reducción de la pobreza en los últimos 10 años, las posiciones de los grupos históricamente discriminados en el país no han variado y las brechas se mantienen. Argumenta que en el país existe una estrecha relación entre raza y pobreza. Para demostrarlo recurren a la cifras del censo del INEC de 2010. Quienes se autoidentificaron como blancos lograron el menor índice de pobreza (39%) y menos pobreza extrema (13,9%). Mientras que los afrodescendientes llegaron al 61,8% de pobreza y al 27,5% de pobreza extrema; y los indígenas con 82,0% de pobreza y el 52,2 % de pobreza extrema.

Reconocen el aumento en la inversión social en los últimos 10 años, pero revisa cómo impactó esa  inversión social en los grupos históricamente discriminados, como los afroecuatorianos, indígenas y montubios.  Si bien entre el 2009 y 2016, la pobreza se redujo en un 13.3% en los afroecuatorianos; y en los indígenas 15,1 puntos, las cifras muestran dos cosas, aseguran. La primera: en efecto en los 10 años la pobreza se redujo de manera importante. La segunda: los menos pobres son los blancos, seguidos de los mestizos y en último los afrodescendientes e indígenas. “Una posición que no ha cambiado desde los tiempos de la colonia e inicio de la república”, argumentan.

El documento dice que las estructuras de exclusión siguen intactas y las brechas no ceden. “Para el 2007 una persona blanca ganaba más de USD 144,6 que un afroecuatoriano, 10 años después esa persona blanca gana USD 179,9 más que un afroecuatoriano. En 10 años no solo la brecha distintiva de ingresos entre blancos y afrodescendientes se ha mantenido, sino que ha aumentado”.

Otro dato revelador. En 2007, en los afroecuatorianos la tasa de desempleo fue la más alta con 6,9%; en 2009 la tendencia subió al  9,9 %; y en el 2011 a 11,1%. Este índice bajó en los siguientes años, pero en el 2015 se elevó a 8,3%  y en el 2016 a 9,5%,  siendo la tasa nacional 5,2%. En la crisis económica de los últimos años, ese sector fue el más afectado. “Es decir, el drama afrodescendiente es conseguir un empleo y no solo un empleo, sino  buen empleo, de calidad y profesional”, dice la Fundación. El informe completo está en ese enlace.