La pandemia del COVID- 19 conocido comúnmente como coronavirus es una amenaza mundial. Uno de los temas poco debatidos en la actualidad frente a este problema es su impacto sobre los sistemas penitenciarios. En América Latina y el Ecuador, estos sistemas se caracterizan por su alto nivel de hacinamiento y su escasa infraestructura de salud que lo convierte en un sector extremadamente vulnerable para enfrentar esta crisis mundial. La crisis del estructural evidenciada por el sistema penitenciario ecuatoriano en el 2019, hacen de este sistema un “coctel explosivo” en materia humanitaria y con enormes efectos en la sociedad en general frente a la cual, se deben establecer algunas soluciones de política pública.

Las prisiones: los sitios más peligrosos

La pandemia del COVID-19 ha puesto al mundo y al Ecuador en una grave situación de grave amenaza a la salud pública; la cual, sin duda, generará transformaciones en el mundo actual. No se conoce aún el tiempo de afectación máxima que esta enfermedad traerá al Ecuador y al mundo. Salubristas especializados hablan de un periodo de 18 meses hasta que se pueda encontrar una vacuna. Sin embargo, los efectos de esta pandemia social están aquí para quedarse por un buen tiempo (Inbobae, 2020). 

El predominio, por lo tanto, así lo vaticinan diferentes especialistas, irá en la línea de una transformación cultural con nuevas formas de control social. Harari, por ejemplo,  habla sobre distintas formas de una organización social. Esto implicaría el manejo de nuevos protocolos de normas higiénicas en la sociedad para evitar de manera recurrente el espacio de contacto entre individuos (aglomeraciones humanas, teletrabajo) combinado con el advenimiento de  nuevas tecnologías de control inteligente enfocadas a la detección temprana de enfermedades (ABC Cultura, 2020). 

Es justamente sobre esta transformación en las relaciones sociales donde el tema de las prisiones toma relevancia en el manejo de la actual crisis. Esto generó que a finales del mes pasado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostrara su preocupación  y destacara la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar que le coronavirus tenga un desenlace fatal en las prisiones a nivel mundial. En el caso del Ecuador, este problema es mayor debido a las características propias del sistema penitenciario ecuatoriano de los últimos años que hace de este, un “coctel explosivo” en materia humanitaria y con enormes efectos en la sociedad en general.  Operacionalizar, por lo tanto, las recomendaciones de Bachelet, requiere un alto nivel de proactividad de los operadores de justicia y penitenciarios en el país. El objetivo de este artículo es alertar sobre la peligrosidad que tienen las prisiones en la propagación del coronavirus y establecer algunas salidas de política pública que se podrían establecer para enfrentar esta problemática.

En las cárceles de Ecuador no se ha informado sobre casos de coronavirus. 

Sistemas penitenciarios y coronavirus

En los años 60 del siglo anterior Erving Goffman acuño el concepto de “instituciones totales. El concepto en su forma originaria hacía alusión al “lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente” (Goffman, 1961: 13). Dentro de esta categoría se contemplaban las cárceles, los hospitales psiquiátricos, hospitales para enfermos infecciosos, leprosorios, e instituciones erigidas para cuidar a personas incapaces de cuidarse a sí mismas y que constituyen un peligro para la sociedad.

Más allá del amplio  aporte de este concepto al desarrollo posterior de la sociología en la comprensión de un gran abanico de organizaciones sociales, es necesario ubicar este concepto “institución total” en el marco de la actual crisis sanitaria a propósito de la pandemia del coronavirus. En este caso, las instituciones totales, se constituyen en un modelo antagónico por naturaleza a esta transformación cultural que se vaticina en función del coronavirus. En otras, palabras, la libre elección hacia una vida marcada por el distanciamiento social por motivos de higiene, queda limitada por las propias dinámicas del confinamiento forzado de individuos en las “instituciones totales.”

Una mirada más específica debe hacerse al tema de los centros penitenciarios. Como espacios destinados al cumplimento de castigos impuesto por el sistema penal, la reclusión de personas consideradas peligrosas para la sociedad, estimulan la idea social de hacer el “infierno en la tierra” a aquellos transgresores del orden social. Esto ha hecho que los sistemas penitenciarios alrededor del mundo se constituyan en espacios de violación sistemática a los derechos humanos, llevando incluso a plantear que lo regímenes penitenciarios estén acorde a los lineamientos del proceso civilizatorio de la modernidad actual (Pratt, 2006). Castigos severos, confinamiento extremo, sobrepoblación carcelaria, hacinamiento, entre otros problemas son características propias de este tipo de sistema. Una mirada más explícita se debe hacer a las cárceles en América Latina, donde los problemas mencionados coexisten con sistema penitenciarios sobrecargados, con problemas extremos de hacinamiento y salubridad en el interior de estos centros, ente otras cosas (Washington Office on Latin America, 2010). Esto pone a los sistemas penitenciarios Latinoamericanos en una situación de extrema vulnerabilidad frente a los embates de la enfermedad del coronavirus.

Como una estrategia para prevenir la propagación del COVID19, las personas privadas de libertad del CRS Ibarra confeccionaron 300 mascarillas para uso del personal y de los internos. Foto: Twitter SNAI

La repercusión explosiva del coronavirus no es solo potencial en la actual crisis a nivel mundial. Pese a ser sistemas cerrados que en teoría tienen poco contacto sobre el mundo exterior, el peligro de contagio en estos centros ya se ha constituido en un problema real. Por ejemplo, en el mes febrero de este año, se denunció en China que un guardia penitenciario enfermo con coronavirus, contagió a más de 500 personas privadas de libertad en ese país (El Universo, 2020). El 24 de marzo de este año, en España ya se dio el primer de caso de una persona fallecida por efectos del coronavirus (La Vanguardia, 2020).

Las consecuencias del coronavirus en los centros penitenciarios se agravan por la ausencia muchas veces de recursos básicos de protección debido a cuestiones de limitación de recursos. Esto ha causado el sentimiento de angustia y desamparo de las personas privadas de libertad, custodias, y demás profesionales ligados con el campo de la rehabilitación social (El Periódico, 2020; El Español, 2020).

En el mundo, ya se han evidenciado problemas colaterales a la incidencia del coronavirus como por ejemplo, motines, intentos de fuga y fugas de personas privadas de libertad como el caso de Italia, Brasil,  Colombia, Argentina y Perú  por razones de desesperación, miedo, protestas por medidas de prevención implementadas y  aprovechamiento de ciertas oportunidades en el debilitamiento  de controles a propósito de la crisis de la pandemia del coronavirus (France 24, 2020; El País, 2020; BBC Mundo, 2020, CNN español, 2020). El efecto de esta pandemia ha llevado incluso a que el gobierno iraní haya dado permiso a 7.000 presos a permanecer en su casa para evitar contagios masivos.

La situación del efecto del coronavirus sobre el sistema penitenciario a nivel mundial ya ha despertado la preocupación de organismos internacionales multilaterales. El día 25 de marzo, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que “hay que tomar medidas para evitar el COVID-19, cause estragos en las prisiones” (Organización de Naciones Unidas México, 2020). Entre las recomendaciones planteadas destacan por ejemplo, la recomendación a que los países utilicen el recurso penal excesivo para el control poblacional en la prevención de contagios por el coronavirus y evitar así una mayor sobrepoblación penitenciaria. De igual forma, se recomienda la necesidad de disminuir el número de población penitenciaria vulnerable como por ejemplo, ancianos, enfermos, mujeres embarazadas y el excarcelamiento de detenidos menos peligrosos. Además, se sugirió prevenir la pérdida de vidas humanas producto de revueltas o motines ya producidos al interior de los centros penitenciarios. Por otra parte, se recomendó  establecer medidas de control para evitar contagios masivos a población penitenciaria, visitantes, y personal de los centros a través de medidas de prevención (limitación negociada de visitas con los reclusos). También se habla de protección de población vulnerable y asegurar la provisión de recursos de higiene básica y atención oportuna de salud (Organización de Naciones Unidas México, 2020).

Se efectuó un proceso de desinfección con hipoclorito de sodio en celdas, patios, pabellones y demás áreas del CRSIbarra. El fin es prevenir contagios de COVID19 en este centro penitenciario. Foto SNAI

La situación carcelaria en el Ecuador

El 2019 fue un año particularmente complejo para la situación penitenciaria en Ecuador. Desde principios del año anterior se empezó a evidenciar una serie de hechos de violencia al interior de los centros que generaron un alto nivel de conmoción social. Si bien, los asesinatos y diversos tipos de violencia han sido prácticas rutinarias en el mundo penitenciario en Ecuador, el tipo de violencia expresada de forma cuantitativa como cualitativa  puso en debate incluso la capacidad misma del Estado de ejercer control sobre los centros penitenciarios. Esto llevó al gobierno a adoptar medidas extremas para aplacar este problema a través de la declaración de un estado de excepción y la intervención directa de la Policía Nacional en el manejo del control interno y externo de las cárceles (Plan V, 2019).

Pese a que se ha visto ya una disminución de la violencia carcelaria producto del control estatal, la crisis evidenciada el año pasado deber ser leída como la manifestación de una crisis estructural aún mayor que pone al sistema penitenciario en una situación de gran vulnerabilidad. En efecto desde el año 2009, Ecuador empieza a evidenciar un crecimiento sostenido de su población penitenciaria que prácticamente se cuadriplica hasta el año 2019 donde la población se aproxima a los 40.000 reclusos. Actualmente la tasa de población privada de libertad por cada cien mil habitantes se ubica por sobre los 255 por cada cien mil habitantes.  No existe parangón, histórico al menos desde que se tiene registro de población penitenciaria que iguale este nivel. 

En la cárcel de El Rodeo en Manabí fue uno de los últimos amotinamientos. El 24 de julio se fugaron 5 presos y luego fueron recapturados. Foto Twitter SNAI

Las causas específicas de este crecimiento aún se debaten, pero sin lugar a dudas, este no es más que el reflejo de una política criminal orientada al uso excesivo del recurso penitenciario para frenar los índices de criminalidad y otros tipos de problemas sociales. Las voces especializadas en este tema, acusan directamente qu que el detonante de este boom penitenciario se origina por el uso abusivo de parte de los jueces de la prisión preventiva. En el 2019, por ejemplo, la población penitenciaria por delitos contra la propiedad era alrededor del 28% del total. De igual forma, los delitos contra las drogas, muchas de ellos recluidos por tráfico de cantidades menores (principalmente marihuana) representaba al 27,1% de la población penitenciaria.  Cuestiones como el problema del apremio, ya superaban los 1.000 privados de libertad a agosto del año anterior (Ministerio del Interior, 2019).

Esta sobrepoblación carcelaria ha agudizado los recurrentes problemas en el sistema penitenciario. Por ejemplo, a pesar que en el año 2012 se dio paso a la creación de nuevos centros penitenciarios con mayor capacidad (3 nuevos centros en Latacunga, Guayaquil y Cuenca) esta política quedó rápidamente traspasada por esta tendencia en el incremento punitivo. En agosto de 2019, el nivel de hacinamiento llegó a más del 38% la capacidad carcelaria en el país que generó varios problemas en la gestión del control penitenciario al actual gobierno de turno. Los esfuerzos producto  de la emergencia para la adecuación de nuevas plazas en los Centros penitenciarios,  logró reducir el hacinamiento al 33,22% a finales del 2019 (Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, 2019).

A pesar de estos esfuerzos, a partir de enero de 2020, en empezó a evidenciar otra vez un incrementos sostenido de la población penitenciaria. Entre la segunda semana y la décimo tercera semana del año 2020,  el nivel de hacinamiento volvió a crecer al 35,3% aunque con un breve decrecimiento en la semana 14. Este crecimiento se debe en gran parte por la tendencia estructural de la política criminal al uso de la prisión preventiva como medida para enfrentar el problema delincuencial como la efectuada en la ciudad de Guayaquil en el mes de enero entre el gobierno central y el gobierno local de esa ciudad. Esto situación podría agravarse por la decisión de las autoridades el recurso penitenciario para el control del estado de emergencia en la crisis del coronavirus a la población en los diversos territorios. Otro elemento preocupante también baja cantidad de egresos penitenciarios evidenciados en estas tres semanas de emergencia.

Los problemas de hacinamiento se articulan con graves problemas de infraestructura que no brindan las condiciones sanitarias necesarias en los más de 30 centros alrededor del país donde no se han realizado inversiones. También ha agudizado los crónicos problemas de limitación de recursos económicos, corrupción, falta de personal de control (agente de control penitenciario), falta de normas sanitarias y un grave problema de mafias que gobiernan el interior de los Centros penitenciarios y que están ligadas al tráfico internacional de drogas (Plan V, 2019).

Esta crisis estructural del sistema penitenciario del Ecuador hace que en el marco de la pandemia del coronavirus, la situación de este sector se constituya en una especie de “coctel explosivo” constituyéndose en una seria amenaza para la sociedad ecuatoriana en general. Dos son los ámbitos donde esta crisis podría tener repercusiones importantes:

1) Un posible contagio masivo de personas privadas de libertad y personal de control y administración de los Centros penitenciarios. Esta cuestión se va a ver agudizada por los altos niveles de hacinamiento y carencia de infraestructura sanitaria adecuada. Esto también podría derivar en un alto nivel de mortalidad, pues la ausencia natural de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en las cárceles hará muy complicado el traslado de personas privadas de libertad al ya saturado sistema de salud público y privado que está presentando el país. Esto pone población penitenciaria en una situación de alta vulnerabilidad en materia de protección de derechos humanos.

2)  Un alto nivel de conflictividad en el manejo de los sistemas penitenciarios por parte de las autoridades de control que podría derivar en revueltas, intentos y fugas masivas de personas de alta peligrosidad. En Ecuador ya se dio un foco inicial de revueltas en Sucumbíos, Ibarra y en menor media en la ciudad del Puyo que en el caso de los dos primeros requirió la intervención de Policía y Fuerza Armadas. (El Universo, 2020). A esto se suma que un escenario de alto contagio y mortalidad, la conflictividad tenderá a crecer en función de la desesperación y pánico de la población penitenciaria.

Las ya saturadas capacidades de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el marco de esta crisis sanitaria a nivel nacional, podrían verse fácilmente sobrepasadas por las revueltas penitenciarias. De igual forma, el contacto entre  fuerzas de control y población privada de libertar podría elevar el número de contagios a un mayor índice de contagios entre este dos tipo de poblaciones.

Hasta el momento no existen casos confirmados de coronavirus en el sistema penitenciario. De parte de las autoridades penitenciarias se ha anunciado medidas de restricción de vistas a las personas privadas de libertad para evitar contagios masivo; sin embargo, es siempre una medida complicada ya  que  eleva o irrita el ánimo de los reclusos (Primicias, 2020). Esto tendrá que ser negociado y no impuesto con la población penitenciaria para facilitar el empleo de esta medida y reducir conflictividad. El uso de herramientas virtuales para visitas ayuda en este sentido y se han hecho algunas acciones al respecto. De igual forma, se ha establecido estrictos protocolos sanitarios para la prevención de contagio de personal de control penitenciario, proveedores y demás personal que tiene contacto con los Centros penitenciarios. 

Pese a ello, un tema polémico que se deriva de esta problemática es que los sistemas de salud en esta crisis del coronavirus mundial se han visto altamente sobrepasados, razón por la cual se ha empezado a ejercer el principio de selectividad poblacional. Por esta razón, privilegiar a un privado de libertad sobre un persona sin cargos penales, será siempre un tema polémico en la opinión pública. En este contexto,  los sistemas penitenciarios serán siempre la última “rueda del coche” en esta crisis y es justamente esta la causa para que el problema penitenciario tenga una alta posibilidad de derivar en un “coctel explosivo” en el marco de la crisis del coronavirus.

Acogerse a las recomendaciones de Naciones Unidas parece la respuesta más obvia para evitar un desenlace fatal en las prisiones ecuatorianas pero estas necesitan ser puestas en marcha de manera proactiva por los operadores penitenciarias y sobre todo de la justicia. 

Recomendaciones

● Impulsar un trabajo más proactivo de la justicia penal que evite el uso excesivo de la prisión preventiva como medida para enfrentar la criminalidad y establecer el control preventivo de propagación del coronavirus en la población en general. En las últimas semanas, se ha dado bajo índice de ingresos a los Centros penitenciarios y muy salida debido a la paralización del trabajo de la justicia a raíz de la emergencia sanitaria.

● Aunque siempre va a ser polémico, una política de reducción de población penitenciaria ayudaría a disminuir el riesgo de contagio y optimizar el control de las autoridades. Existen dos salidas: indulto presidencial (que tendría poco impacto en la reducción de población penitenciaria) y los recursos penales existentes. Con el Código penal anterior la libertad se la podía obtener la prelibertad con el cumplimiento del 40% de la pena. Con nuevo COIP, esta medida subió al 60%. Esto podría derivar rápidamente a una descongestión de al menos el 10% de la población penitenciaria a través del uso de medidas de prelibertad. De igual forma, aplicar medidas sustitutivas a la población sin sentencia (63%) también contribuiría sustancialmente en esta cuestión. Estos dos recursos se podría aplicar de una forma más urgente a la población penitenciaria vulnerable como ancianos, enfermo y población penitenciaria por delitos o contravenciones menores.

● Como medidas sanitarias se recomienda dar atención prioritaria a grupos vulnerables como ancianos, mujeres embarazadas y con niños, menores de edad y personas con enfermedades. En el caso de población con enfermedades preocupa, los altos índices de población penitenciaria con problemas de tuberculosis que mezclado con un cuadro clínico de coronavirus, podría tener consecuencias fatales. Se podría establecer un tratamiento especial a esta población con esta enfermedad, buscando una atención diferencial.

● Efectuar pruebas rápidas a población penitenciaria para conocer el grado de contagio (sintomático y no sintomático) y establecer un plan de acción preventivo en materia de salud. La población contagiada deberá ser separada en cuarentana bajo estrictos protocolos de seguridad. Destinar un área específica para este problema en cada Centro penitenciario con adecuada infraestructura de salud (policlínicos con adecuada infraestructura).

● Generar un adecuado proceso de manejo de cadáveres en caso de presencia de altos niveles de mortalidad por coronavirus.

● Manejar en base a un trabajo adecuado de inteligencia posibles escenarios para el control de motines y planes de fuga.

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