Una casita de madera y techo de cinc fue sede de una reunión histórica. Era la casa comunal de la población El Baboso, ubicada en Tobar Donoso, en Carchi. Un centenar de agricultores y habitantes de esa parroquia y de Jacinto Jijón y Caamaño se reunieron por primera vez el pasado viernes, 20 de septiembre, para hablar sobre su futuro y la minería. Habían dejado por una horas sus labores en el campo o se habían enterado de último minuto. La mayoría llevaba botas de caucho y los pantalones estaban aún manchados. Eran las huellas del campo. Pero esta vez sus preocupaciones eran otras: ¿Qué les dejará el oro que existe en sus territorios después de 30 o 40 años?, ¿cómo se pueden beneficiar de esos recursos a estas parroquias, unas de las más empobrecidas del Ecuador?

Un centenar de habitantes de comunidades del Carchi asistieron a la cita. Reclamaron por el abandono. 

En Tobar Donoso, las cifras son críticas. Tiene el índice más bajo en cobertura de servicios básicos en toda la franja fronteriza norte, que comprende las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Además de ser bajo, ese indicador está estancado en relación a otras áreas del país, según un diagnóstico oficial. Pero no es todo. En una escala de seis para medir las necesidades básicas insatisfechas, Tobar Donoso se ubica en el último lugar. Es la parroquia con la situación más crítica de región Sierra del país, junto con otras 20 con parroquias de la Amazonía y una de la Costa. Tiene una tasa de analfabetismo del 42,48 %, que supera en siete veces el promedio nacional. La escolaridad promedio de la población en general es de de 4,1 años. Es decir, solo han asistido a la escuela. En Tobar Donoso no hay colegios. Solo el 2,48% de ese población ha asistido a la universidad. En toda esa zona hay cuatro puntos de salud, uno de hormigón y tres de madera en mal estado hasta el 2015. Tiene equipos y personal mínimos. Cuando hay emergencias los pacientes son trasladados a Lita o a Colombia. 

En Jijón y Caamaño, la situación mejora levemente. Es una población principalmente ganadera y agrícola que alcanza los siete años de educación básica, pero hay poblaciones en las que no hay un centro educativo. En esta parroquia hay colegios y recibe alumnos de otras comunidades aledañas. Pero la pobreza alcanza al 94% de la población y la extrema pobreza bordea el 50%. 

Ahora esos habitantes miran con atención lo que sucederá con la minería. En la provincia del Carchi existen 19 concesiones en un área de 76.463 hectáreas en tres cantones de la jurisdicción. La concesión de Blanca es una de ellas. Está asentada sobre la parroquia Jijón y Caamaño, vecina de Tobar Donoso. Pero los habitantes de esta última dicen que también serán impactados. Blanca comprende 9.700 hectáreas. Hay yacimientos de oro a escasos metros de la corteza terrestre, específicamente en la veta Cielito y en el Cerro Quiroz. Estos recursos serán explotados por la minera australiana Solgold, a través de la subsidiaria ecuatoriana Carnegie Ridge Resources S.A, creada en 2015. Su presidente es el australiano Jason Thomas Ward y el vicepresidente es el inglés Andrew Taunton. 

Junto a Blanca están las concesiones de Nieves, Chical 1, Chical 2, Chical 3, Río Mira, adjudicadas a la misma empresa de Ward. Todas ellas son yacimientos de oro y están en fase de exploración. Otras mineras que están en la zona son la Empresa Nacional Minera (Enami) que tiene la concesión Espejo 03 y 04. También está Exploraciones Mineras Andinas Ecuador (EMSAEC). 

Diagonal a Blanca está Cascabel, ubicada en la provincia de Imbabura, y concesionada a la empresa ecuatoriana Exploraciones Novomining S.A., subsidiaria también de Solgold. La firma australiana tiene el 85% de participación en esta mina considera como la más grande del mundo en cobre, oro y plata. Se calcula que tiene 10,9 millones de toneladas de cobre. Eso significaría el 25% de las reservas mundiales del preciado mineral, clave para la industria. También anunciaron 23,3 millones de onzas de oro, y su alta concentración de mineral por tonelada.

Por la presencia del Gobernador de Carchi, al lugar se desplegaron policías y militares. Activistas pidieron que no se estigmatice a la gente que ha trabajado en la minería ilegal, pues lo ha hecho por necesidad. 

El problema es el estómago 

El centenar de habitantes que se congregaron en la estrecha y humilde casa estaban insatisfechos. Habían asistido decenas de presidentes de juntas parroquiales de provincia, líderes comunitarios e indígenas como los awá, el gobernador del Carchi, Edin Moreno, funcionarios de Planifica Ecuador, pero nadie de la minera Solgold. Esperaban -dijeron- llegar a unos mínimos acuerdos con la compañía para que la riqueza de esas tierras sirvan de algo para esa población tan abandonada. 

Un dirigente de la asociación agrícola de El Cielito, donde la concesión Blanca, resumió su pedido en una frase: “que nuestros hijos no terminen como macheteros sino como gerentes”. Es decir, que la minera contrate a la población y a los emprendimientos que ellos puedan crear, como compañías de transporte. Pero siempre y cuando -recalcó- se respeta la naturaleza. Para él, los anticipos que entregan las compañías al Estado como regalías deberían ir primero a las poblaciones de impacto del proyecto. El hombre de cabello canoso, pero con un discurso muy elocuente contó que hace ocho días empezó a estudiar sobre la ley minera y la Constitución para conocer sus derechos y los de los suyos. 

Carlos Pay, presidente de la junta parroquial de Tobar Donoso, dijo que ha sido ignorado por la empresa. Aseguró que son parte de la concesión. Y exigió la presencia de la empresa en una próxima reunión. “No estamos en contra, pero sí queremos un acuerdo directo con ellos”. Mientras que Luis Alberto Ayala, presidente del cabildo de Miravalle, un hombre de mediana edad que vestía botas, reclamó por la división en las comunidades y los conflictos entre familias. 

Ramiro Santacruz, presidente de Asoprovida, una organización de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, lanzó la frase: “no queremos ser esclavos de nuestra riqueza”. Él tuvo otra posición. Que las montañas altas que tienen el oro no sea solo para la empresa Solgold. Sino que se deje un territorio, en esa zona tan rica en recursos, para los pobladores. Su propuesta, dijo, es más que un puesto de salud o un aula de clases. “Porque el cemento no soluciona el hambre. Queremos que la gente tenga que comer. Cuando tiene qué comer puede educarse. De nada nos sirve hacer una obra de cemento. Cómo puede ir un niño a educarse sin comer. El problema es el estómago”. 

Líderes comunitarios asistieron con sus botas y ropa humilde de trabajador del campo. Dijeron ser ignorados por las autoridades por ser campesinos e indígenas. 

El micrófono también lo tomó un líder de una comunidad cercana a El Cielito. Era un agricultor kichwa, que reclamó por el olvido de su sector. Dijo en un precario español que el idioma ha sido un limitante para que las autoridades lo tomen en cuenta. Él solo quiere que se termine de lastrar la carretera. Era un adulto mayor que aún defendía los derechos de su comuna, con las botas puestas y su pantalón ligeramente roto. Era una evidente situación de discriminación contra la población campesina e indígena del norte del país, que ahora busca ser escuchada. 

Pero de todas estas poblaciones, El Cielito es la más preocupada porque, en su experiencia, tanto la minería legal como la ilegal no está ha ayudado a esa comunidad. Ahora reclama que los militares impidan el paso de sus habitantes a sus propiedades cercanas a la concesión Blanca. La empresa Solgold dará una respuesta esta semana. Pero en la reunión, el gobernador dijo que si quitan los militares y los policías esa zona se convertirá en un segundo Buenos Aires, lleno de prostitución y trata de personas. Expresiones que fueron rechazas por Pablo Iturralde, director de la Fundación Tierra para Todos, quien dijo que no se puede asumir que los mineros ilegales sean sinónimos de delincuentes. Pidió que se deje de estigmatizar a las poblaciones que viven en la frontera que han tenido que laborar en esas actividades por la escasez de trabajo y el abandono estatal. Son personas -aseguró- que sacan a vender la yuca y no les pagan. Está en campaña para defender a la gente que no tiene trabajo y que esa situación los ha obligado a participar de la minería ilegal.

   TESTIMONIO  

‘En El Cielito hay división’ 

Moisés Arcos, presidente de la comunidad El Cielito 

Soy dirigente de El Cielito, que queda dentro de la parroquia Jijón y Caamaño, colinda con la comunidad de El Baboso. Nuestra comunidad está viviendo una problemática desde el 2017. En ese año tuvimos minería ilegal de personas que venían desde el sur o eran extranjeros. Tuvimos conflictos. En Lita (parroquia de Imbabura cercana) apareció un muerto y nadie supo quién lo mató. Antes esto era una zona tranquila, pero con necesidades. Recuerdo que desde que tenía 8 años pedíamos que nos apoyen con una carretera. Somos agricultores y teníamos que cargar nuestros productos hasta seis horas a lomo de caballo. 

En el 2016, el Consejo Provincial nos dio la vía. (En la construcción) salió en una vuelta algo que brillaba. Pero como no conocíamos el oro, ni la minería, no sabíamos qué era eso. Pero luego el Consejo se llevó la máquina porque no había más recursos, aunque nosotros pusimos la logística y hasta el diésel. En el 2017 ya se vieron algunas personas allí (donde apareció el oro), incluso el mismo dueño de la finca. Él fue quien trajo las primeras personas del sur. La fiebre del oro estalló. No demoró un mes que llegamos a tener 1.500 personas en El Cielo. Esto fue antes de la mina de Buenos Aires. Pero nosotros pedimos ayuda a la Policía y el Ejército y no nos escucharon. Entonces la comunidad se vio obligada a tomarse el yacimiento, el 2 de septiembre de 2017. Sacamos a todos los mineros ilegales con la ayuda de siete comunidades. 

Pero ese sector ya ha estado concesionado (a la empresa Solgold). Vino una ingeniera bastante respetuosa y nos explicó qué era una minería legal e ilegal. Ella me ofreció un trabajo en esa empresa, pero desapareció. Luego asomaron otras personas más positivas, pero disfrazadas de ovejas. Después de que nos tomamos entregamos a Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero) el área limpia. Entonces entró la empresa. Nos ofreció trabajo y apoyo. Pero lo que ha hecho la empresa hasta el momento es dividirnos y humillarnos. Yo he tenido un allanamiento a mi finca donde se me llevaron desde un cortauñas hasta 1.000 dólares con los que iba a bautizar a mi hija. La Policía está encima de nuestras casas, buscando armas. Nos dicen que somos delincuentes. 

Yo había dicho no a la minería y no a la empresa porque empezó a engañarnos. Hasta ahora, ellos hacen reuniones con el GAD parroquial de Jacinto Jijón y Caamaño. Pero en las convocatorias, que las hemos conseguido, dice: ‘reuniones con las comunidades que pertenecen al GAD’. Pero si yo pertenezco a esta parroquia, nunca ha llegado una convocatoria por dicha empresa. El Cielito es el afectado. Pero cuando las otras comunidades preguntan (a la minera) qué pasó con El Cielito, dicen que yo no les doy oído. Una de las mejores herencias que me ha dejado mi padre es haberme puesto el nombre de Moisés. A mí no me gusta mentir. Yo tengo el mismo número de teléfono, vivo en el mismo lugar. Nunca me han convocado. ¿Ellos por qué mienten a las demás comunidades?

De El Cielito hay 10 personas que están trabajando (con la empresa), pero de una sola familia. Somos 80 familias. La división viene porque a un grupo los contrataron de planta, a otros les dieron un contrato eventual. A otros les dieron 12 días. A otros 6 días. Esa es la forma de dividir. Yo he buscado el diálogo con la empresa. Pero toda minera es una empresa destructora. Para entrar a mi propiedad debo pedir tres permisos: a la Policía, al Ejército y a la seguridad privada de la empresa. El Ejército tiene un perro, que ya me ha mordido dos veces. Son siete personas que han sido agredidas. No estamos viviendo libres. Esto tiene que ser regulado, no podemos permitir que eso siga así. Porque si ahora es esto, ¿qué será mañana? 

Hemos construido una vía que la necesitamos 60 comuneros, hemos sido multados y nos han obstruido hacer esta vía. Es un camino de tercer orden que nos costó el sudor de toda la población de El Cielito. Por ahí van las camionetas de la empresa y tenemos que pedirles permiso. En El Cielito no ha habido ley. 

En El Cielito ya está instalado un taladro. Desde el camino se ve una carpa como si fuera un circo. Se escucha una máquina y un generador.  Entre Carchi e Imbabura no ha habido minería como el sur. En nuestro sector tenemos la Chorrera 1 y 2 y quebradas. Más abajo de donde están haciendo la perforación, hay unas casitas. ¿De dónde beben ellos el agua? No es necesario que exista un río cercano (a la mina). La contaminación será un impacto. Ahora se pelean por el oro, después nos pelearemos porque no habrá agua ni qué comer. Este será un desierto. Ahora cultivamos naranjilla, tomate de árbol, madera. Tenemos también ganadería. 

Por eso nos hemos reunido algunas personas de El Cielito con la comunidad El Baboso y con la Junta Parroquial para tomar una decisión con el Gobernador. Hay que tener cuidado con la empresa, nos ha dividido, nos ha humillado. La minería es como el petróleo. De aquí a 40 o 50 años veremos solo desiertos. Pero hay que negociar para que se quede aquí en nuestro sector, que se quede por ley lo que nos pertenece.