Paul Barrett llega a la cita con un aire juvenil, que no sienta mal a este periodista. Carga su maleta y una raqueta de tenis para el viaje de retorno en tren, de Washington a New York. Estamos en Union Station, el monumental punto de partida y Barrett se muestra entusiasmado con el libro, ya impreso, que piensa lanzar en este septiembre Law of the jungle, o Ley de la selva. Es el periodista de investigación de Estados Unidos que más ha seguido, cubierto e investigado el litigio entre la multinacional Chevron y un grupo de pobladores amazónicos del Ecuador, los cuales ganaron un juicio histórico que obliga a la gigante petrolera a pagar USD 9500 millones por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana.

Es escritor senior y asistente editor de la agencia Bloomberg Newsweek, donde publica regularmente sobre temas de litigios de grandes transnacionales. Barrett es abogado de Harvard y periodista. En el 2012 publicó Glock, the rise of America's gun, un libro que se convirtió en best seller del New York Times. El libro fue el resultado de 15 años de investigación sobre la fascinante historia de la Glock, la pistola conocida como el arma de los Estados Unidos. Convertida casi en objeto de culto e inventada en 1982, la Glock es ahora usada por los dos tercios de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos. Barret contó la historia del arma y cómo ayudó a fortalecer la acentuada cultura de las armas en su país.

La tesis del nuevo libro de Barrett sobre el litigio en la Amazonía ecuatoriana es que por las llamadas malas prácticas de la defensa legal del equipo del abogado de la acusación, Steven Donziger, el caso contra Chevron, moral y judicialmente justo, terminó convirtiendo a la multinacional de acusada en víctima de una supuesta conspiración judicial.

“Lo que busca el libro es identificar quiénes son los verdaderos responsables de los derrames de la Amazonía ecuatoriana y los encargados de limpiar este desastre y promover atención médica a los pobladores. Los abogados estadounidenses que llegaron a Ecuador, diciendo que iban a atenerse al Estado de Derecho, lo que hicieron fue socavar este Estado de Derecho. Y el resultado, 20 años después de haber empezado esto, en Ecuador nada ha cambiado para los pobladores demandantes, producto de estas acciones petroleras. Es la historia de por qué una campaña tan importante para salvar la Amazonía no llegó a resultado alguno”.

Barrett sabe del tema: ha escrito sobre abogados y casos legales como estos durante tres décadas.  Este caso, en Estados Unidos, pudo hacer simbolizado la lucha de un grupo pequeño de pobladores contra una gran corporación, dice el periodista. “Quise empezar a investigar la realidad detrás del simbolismo y cómo se puede usar y socavar las reglas legales para estos casos. El abogado de los demandantes, Donziger, empezó representando la defensa de un grupo pequeño frente a un poder corporativo que subvierte la justicia independiente, pero con el tiempo fue aplicando las mismas prácticas que denunciaba como práctica de las corporaciones. La preocupación es que abogados americanos empezaran a verlo como un modelo para tratar este tipo de problemas.  Yo no sé qué hubiese pasado con este caso si hubiese estado en las manos de una persona con más principios.  Pero lo que pasó es que Chevron, en lugar de ser responsable por lo que hizo, aparece como víctima de una conspiración en su contra. Y permitió que en su momento el gobierno del Ecuador pudiera lavarse las manos y culpar exclusivamente a la transnacional por los daños en la Amazonía. Y las víctimas reales, los pobladores, siguen en igual situación que hace veinte años.

"Hay un gran cinismo, dice Barrett, en esto de estar peleando de forma política contra las corporaciones sin lograr resultados.  Correa es un presidente populista, dentro de la tradición de presidentes populistas latinoamericanos y ese tipo de políticos necesitan enemigos externos. Chevron es la idea perfecta de un enemigo externo, y Correa, con sus propias razones y Donziger con las suyas confluyeron en una combinación muy peligrosa”.

Es muy probable que aún antes de leer el libro, Barrett sea acusado en Ecuador de trabajar por los intereses de Chevron, tal como ya lo hizo Steven Donziger. Pero el editor de Bloomberg no se cree este cuento. La respuesta de Barrett está en el trabajo mismo: lleno de referencias documentales, con testimonios confirmados y un seguimiento exhaustivo y contextualizado del caso. En las páginas del libro, por ejemplo, aparecen memorandos internos de Texaco de 1972, donde dicen que hay que destruir todos los récords.

La cuestionada Ley RICO: ¿Donziger y sus defendidos son unos gánsteres?

Donziger apeló el veredicto de un juez, Lewis Kaplan, de la Corte Federal, que lo encontró culpable de uso de fraude y soborno para obtener un veredicto favorable en las cortes ecuatorianas.   Luego de 20 años de lucha judicial contra la gigante estadounidense, los pobladores obtuvieron una sentencia contra Chevron, a la cual un juez obligó a pagar USD 9500 millones de dólares por los daños en derrames de crudo durante su operación en la Amazonía norte ecuatoriana.

Chevron negó toda responsabilidad y demandó al abogado de los demandantes, Donziger, en una corte federal de EE.UU., alegando que usó el fraude y el soborno para ganar el veredicto en Ecuador.  Donziger  negó las acusaciones.

La petrolera argumentó una violación a la Ley RICO, en contra del defensor legal de los pobladores ecuatorianos. RICO es una ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, creada en 1970 por el Congreso de Estados Unidos. La iniciativa permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos criminales realizados por cualquier persona, entidad comercial, asociación, sindicato y grupo de individuos.

La ley fue impuesta, según el gobierno norteamericano, con el fin de desarticular "organizaciones" ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto y es aplicada a cualquier acto o amenaza que implica el homicidio, el secuestro, las apuestas, blanqueo de dinero, conspiración para traficar con narcóticos, obstrucción de la justicia, el incendio, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno o la negociación de una sustancia controlada o química.

La Ley RICO enumera 29 delitos federales y ocho estatales. Un miembro de una empresa criminal que haya cometido al menos dos de estos 37 delitos, dentro de un plazo de diez años, puede enfrentar cargos como el de extorsión criminal, el cual conlleva una pena que va desde una multa de 25 mil dólares hasta 20 años de prisión.

Toda persona convicta de este delito pierde el derecho a disponer de los fondos, y sus intereses, obtenidos como resultado de dicha actividad criminal.
Asimismo, bajo esta ley, una persona que ha sido afectada por extorsión criminal puede presentar una demanda por daños y perjuicios y ser acreedora a una indemnización de hasta tres veces las pérdidas reales sufridas. Además, las propiedades de la persona o personas que cometen el delito son embargadas por el gobierno de Estados Unidos

La pregunta que se hacen observadores del caso es si Donziger actuó como un gánster, como para hacer aplicable la Ley RICO, en la forma cómo llevó el juicio contra la Chevron en Ecuador.

En marzo, el juez de Distrito de EE.UU. Lewis Kaplan falló a favor de Chevron. Y prohibió a Donziger tratar de ejecutar el laudo Ecuador y cobrar un solo centavo de esta  multa. El escrito de apelación de Donziger afirmó que las acusaciones de Chevron "no tienen nada que ver con el juicio ecuatoriano que Chevron está atacando”.

El escrito dijo que se alcanzó la victoria judicial Ecuador de una manera plenamente coherente con el sistema de derecho civil de la nación y con las adecuadas protecciones a los derechos de Chevron. 

El juez dijo que –a la luz de la amplia evidencia de que Donziger había utilizado pruebas falsas, coacción e incluso el soborno para conseguir la sentencia ecuatoriana– al abogado estadounidense y sus clientes no se les debe permitir beneficiarse de esa victoria en los tribunales. Una pregunta abierta es si la Ley RICO proporciona a un juez de primera instancia el poder de dar la orden de tan largo alcance.

La apelación a la polémica decisión de Kaplan ha sentado las bases para una decisión judicial potencialmente importante en el alcance de la ley anti-extorsión federal como una herramienta corporativa para la lucha contra demandas de responsabilidad, dijeron observadores judiciales estadounidenses.

Los intereses empresariales consideran cada vez más las disposiciones civiles de la Ley RICO como un medio para luchar contra lo que consideran litigios falsos. Estos juicios, basados supuestamente en un fraude, de acuerdo con las empresas, deben ser disuadidos y castigados conforme a una Ley originalmente dirigida a los sindicatos del crimen organizado. Los abogados de los demandantes contra las transnacionales vieron la tendencia como un intento nefasto para distorsionar un estatuto federal, demonizar a los críticos corporativos, y evadir la responsabilidad de la mala conducta.

La actuación de Steven Donziger y su equipo sería sancionable con la Ley RICO, por supuestamente haber orquestado una vasta conspiración de extorsión en forma de una demanda.

La decisión del juez del Distrito de Manhattan pudiera hacer difícil o incluso imposible para Donziger y sus clientes, los habitantes de la Amazonía ecuatoriana, ejecutar la sentencia del 2011. La Corte Nacional del Ecuador ratificó la responsabilidad en contra de Chevron, pero redujo la multa de USD 18 000 millones a USD 9500 millones, al señalar que el argumento de un juez de Lago Agrio para imponer la multa más alta no estaba acorde con ninguna ley. El juez valoró los daños de Chevron en USD 9500 millones, pero dijo en su sentencia que el valor se duplicaba porque la petrolera no se había disculpado públicamente por los daños causados.

Para la apelación, Donziger contrató a Deepak Gupta, una estrella en ascenso en la barra de apelaciones de Washington (DC). Gupta desplegó un equipo legal extraído de su propia firma y del mundo académico. Burt Neuborne, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y un destacado defensor de los derechos humanos, ha presentado un escrito complementario en nombre de los ecuatorianos

El argumento de la apelación es que el juez Kaplan excedió su autoridad bajo la Ley RICO. Dice  la defensa de Donziger que la Ley RICO no se debe leer para tener en cuenta el tipo de orden judicial que Kaplan emitió a favor de Chevron.

La decisión de Kaplan puso en duda la sentencia favorable obtenida por los pobladores en contra de Chevron. No puede echarla abajo pero la decisión de Kaplan da argumentos a Chevron para no pagar la multa impuesta por la sentencia y dejaría a los demandantes contra la petrolera con las manos vacías. Los pone, además, como parte de los presuntos métodos extorsivos e ilegales de Donziger.

El libro de Paul Barrett es intenso por entrar en esa liza y explicarla. El periodista considera que las actuaciones de Donziger hicieron un flaco favor a la causa de los pobladores amazónicos. Hoy no se puede controlar los abusos y errores de las transnacionales petroleras, arreglar los problemas de contaminación y castigar a los culpables socavando el debido proceso y el estado de Derecho, dijo a Plan V.