Cuestionado por  los familiares, la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones que defienden la libertad de expresión, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, matizó sus declaraciones de la semana pasada en Washington, con relación al caso de los comunicadores de El Comercio asesinados.

El caso se ventiló en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus oficinas de Washington. El secuestro y asesinato del periodista judicial de El Comercio, Javier Ortega, su fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra tiene versiones diferentes para Ecuador y para Colombia. 

El procurador del Estado, Íñigo Salvador, encabezó la delegación del Gobierno del Ecuador. 

En una conferencia de prensa, la mañana de este 10 de diciembre, el procurador explicó que sus dichos se debieron a que las investigaciones que adelanta el fiscal Wilson Toainga sobre el triple crimen parecen evidenciar que los comunicadores cruzaron la frontera colombiana acompañados por milicianos a órdenes de Guacho, con el supuesto propósito de entrevistar al jefe guerrillero. 

Salvador dijo que las investigaciones de los fiscales colombianos, curiosamente, se basan en las indagaciones que realizan sus similares de Colombia. Para el procurador, una de las hipótesis que se investiga es que el equipo de El Comercio cruzó la frontera por su propia voluntad, en busca de una supuesta entrevista con Guacho, y una vez en el lado colombiano, se les informó que eran víctimas de un secuestro. Por ello, aseguró Salvador, explicó ante la CIDH que tanto el secuestro como el crimen ocurrieron en el territorio de Colombia y no en nuestro país. El matiz de si fueron por su propia voluntad o no es clave, pues la estrategia de defensa del procurador parece ser que el equipo de El Comercio no fue secuestrado en el territorio nacional, sino que, bajo su propio riesgo, se internó en el país vecino. 

Audiencia en Washington

El pasado seis de diciembre, en la capital de Estados Unidos, la CIDH se instaló bajo la presidencia de Esmeralda Arosemena de Troitiño, para escuchar a los representantes judiciales del Ecuador y de la vecina Colombia, así como a los familiares de los comunicadores, asesinados hace ocho meses en algún lugar del territorio colombiano, en las cercanías de la frontera con el Ecuador, por órdenes del narcoguerrillero Alias Guacho. 

Pero la sorpresa fue la postura del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, que fue duramente criticada por los familiares. En su calidad de abogado del Estado, Salvador hizo algunos pedidos que sorprendieron a los familiares presentes. En primer lugar, pidió a la CIDH que ya concluya con el trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) antes de este 31 de diciembre, y que el ESE se abstenga de realizar un peritaje a la seguridad de la frontera entre Ecuador y Colombia. El procurador le dijo también a la CIDH que levante y archive la medida cautelar que ha sido concedida en este caso. 

El tono en que se formuló el pedido sorprendió a los familiares, que se habían desplazado a la capital norteamericana para la audiencia. Lo interpretaron como una vuelta a las prácticas del correato, que cuestionó duramente las competencias, atribuciones y participaciones de la CIDH alegando, básicamente, criterios de soberanía nacional. 

El procurador Salvador agregó que desde el Gobierno lamentan los hechos sucedidos y aseguró que las "decisiones fueron las más adecuadas".  Ecuador ha tomado acciones concretas dentro de su jurisdicción como la emisión de acreditaciones a los periodistas, declaración de estado de excepción para permitir ingreso de recursos. Para Salvador, el Estado ha brindado todo el apoyo para esclarecer lo sucedido, al tiempo que insistió en que secuestro y asesinato ocurrieron en territorio colombiano. A los familiares, los invitó a  “confiar en la Justicia” nacional. 

Las dudas de los familiares

El hermano del fotógrafo Rivas, Ricardo, hizo varias puntualizaciones. Nuevamente, criticó la forma en la que el Gobierno de Lenin Moreno manejó la crisis, desde que el equipo fue secuestrado el 26 de marzo hasta que se produjo la confirmación del asesinato el 13 de abril "¿Quién tomaba las decisiones sobre la vida de nuestros familiares? Hoy se cumplen ocho meses del día en que supuestamente los captores negociaban la vida del equipo de prensa, la respuesta del Estado ecuatoriano no manifestó una intensión de ayudarlos", aseguró Rivas.  "Lo que tenemos es una estructura de silencio sobre lo que ocurrió en marzo y abril".

La discusión se ha convertido en una estrategia judicial. Así, Ecuador sostiene que los comunicadores no fueron secuestrados en el territorio nacional, sino que cruzaron por su propia voluntad al país vecino. Colombia, de su lado, sostiene que ya fueron retenidos en el Ecuador aunque admite que el triple crimen se produjo en su territorio, en las zonas del departamento de Nariño controladas por la narcoguerrilla. 

"El Estado se niega a aceptar que el secuestro se dio en territorio ecuatoriano, además se niega a aceptar las omisiones en el manejo de la crisis, el Estado muestra falta de una debida diligencia", dijo Ricardo Rivas. 

La periodista Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, insistió en que no se realizaran las pericias en el caso y no se ha investigado lo suficiente al Comité de Crisis, que estaba conformado por varios ministros y ex ministros del actual régimen.

"La única explicación es que de no ser por las familias de Paúl, Javier y Efraín este atroz crimen puede quedar en la impunidad". 

Los familiares reiteraron su dudas y demandas al Gobierno en un comunicado, que hicieron público en sus redes sociales. 

La versión de Colombia

Pero las declaraciones del procurador Salvador se explican, sobre todo, por la postura del país vecino. En representación de Colombia asistió a la audiencia la directora nacional contra el crimen organizado de la Fiscalía General, Claudia Carrasquilla, quien fue enfática: "nosotros concluimos que el homicidio no ocurre por su función como periodistas". La funcionaria, de rango inferior al del procurador ecuatoriano, aseguró que el secuestro como tal ocurrió en el Ecuador, si bien no tienen dudas sobre que fueron asesinados en Colombia.

El procurador Íñigo Salvador matizó sus declaraciones y citó algunos indicios de la investigación de la Fiscalía. Foto: Flickr CIDH

Carrasquilla  aseguró también que no fue Guacho quien directamente había tomado cautivos a los comunicadores, sino un grupo de militantes suyos, y que el jefe narcoguerrillero hizo saber al Ecuador que su condición para liberarlos era que se los canjeara por tres simpatizantes de su grupo que estaban presos en Ecuador por el atentado contra el cuartel policial de San Lorenzo. Como el Gobierno del Ecuador se negó -alegando el respeto al Estado de derecho y a que la prisión era un asunto judicial que no podía ser resuelto por el Ejecutuvo- Guacho dio la orden de matarlos, sin que eso, para la delegada colombiana, tenga relación con su trabajo o condición de periodistas. Además de los tres comunicadores, una pareja de jóvenes de Santo Domingo que había ido de paseo por la zona corrió la misma suerte. 

La Fiscalía de Colombia presentó un mapa que ubica los movimientos del grupo de comunicadores en Colombia durante su secuestro. 
 

Rechazo de las ONG´s

Pero las explicaciones de ambos gobiernos y sus abogados no convencieron. Según Fundamedios de Ecuador, la  Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y CPJ Américas, en un comunicado conjunto, "rechazan las declaraciones de los Estados de Ecuador y Colombia" porque "revictimizan a los familiares del equipo periodístico asesinado". "Ante la CIDH, los Estados de Colombia y Ecuador faltan a la verdad y revictimizan a los familiares de los periodistas ecuatorianos",  dijeron las tres organizaciones. En la audiencia estuvieron presentes César Ricaurte de Fundamedios y el ex vocal del Consejo de la Judicatura transitorio, Juan Pablo Albán. 

"En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias y a revictimizar a los familiares de los periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas", además opinaron que "la falta de voluntad de los dos Estados ha acarreado un serio retroceso y, ocho meses después de los hechos, todavía discuten sobre el lugar donde ocurrió el secuestro".

La postura de la Defensoría y el futuro del ESE

Por su parte, en un comunicado, la  Defensoría del Pueblo, que dirige Gina Benavides,  dijo que "si bien el Estado ecuatoriano fue quien, ante los lamentables sucesos ocurridos con el equipo periodístico solicitó la intervención de la CIDH y la creación del ESE", le "llama la atención las aseveraciones expresadas por el Procurador General en las que indicó que el Estado ecuatoriano no aceptaría que se realice un peritaje en la zona de frontera, pues no se ajustaría al mandato del ESE y no formaría parte del plan de trabajo original". Los otros pedidos polémicos del procurador también fueron rechazados por la Defensoría del Pueblo. Para la entidad, se debe permitir la realización de todas las actividades previstas por el ESE, se debe considerar la ampliación del tiempo previsto de operación y se debe revisar la decisión de solicitar el levantamiento y archivo de las medidas cautelares formulada por el procurador Íñigo Salvador. 

Pero la situación del ESE está en el limbo, debido a que su mandato concluye el 31 de diciembre y a que ni Ecuador ni Colombia se han manifestado a favor de que continúe operando en la investigación del caso. 

El abogado Edison Lanza, que integra el ESE, defendió la labor de ese Equipo y que las pericias se plantearon desde el primer momento, y pidió que la investigación agote todas líneas de investigación para alcanzar la verdad de lo ocurrido, considerando que las investigaciones de Colombia descartaron que el secuestro se haya registrado en ese país. Lanza, quien además es el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, pidió a Ecuador que las medidas cautelares por lo ocurrido con el equipo de prensa se mantengan.