El proceso de compra de los 51.870 chalecos antibalas para la Policía Nacional del Ecuador nació en medio de una larga espera, luego de que los chalecos adquiridos en el gobierno del ex presidente Correa cumplieron su tiempo de vida, acorde a las garantías del fabricante, y debían ser reemplazados.

Ante el incremento de la violencia, en los múltiples discursos del Presidente Lasso se ofertó hasta 1.200 millones de dólares para el equipamiento de la Policía Nacional durante su gestión. Uno de los rubros precisamente era el reemplazo y entrega de nuevos chalecos para todos los Policías, mientras se incrementaba el número de efectivos hasta 70.000, como fue la oferta presidencial, lo que hasta la presente no se ha concretado.

Por el contrario, se han incrementado los policías que realizan un curso flash de formación con la aspiración de que disparen 75 municiones en el mismo. Para luego de integrarse a las filas de la institución realizar los procesos de capacitación complementarios, y así puedan realizar el trabajo de seguridad en las calles convulsionadas del país.

Fue así que en medio de la creciente ola de asesinatos a policías se lanzó el proceso de COMPRA INTERNACIONAL DE BIENES Nro. CI-MDI-001-2023 "ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSITCA PARA LA POLICÍA NACIONAL divididos en 42.048 chalecos Nivel IIIA;  8.787 chalecos Nivel II  y 1.035 chalecos Nivel III, que fue lanzado en el portal de compras públicas oficialmente el 28 de abril del 2023.

Ha sido un proceso con muchos cuestionamientos por parte de los  propios oferentes, por la ambigüedad de ciertos términos y condiciones requeridos, así como del proceso de calificación de ofertas que igualmente ha sido cuestionado. Se puede mencionar entre estos cuestionamientos que no se exige la certificación por tallas y modelos de manera individualizada, como lo exige el estándar NIJ.STD.010106 (Certificación que requieren las fuerzas del orden de los Estados Unidos de América para la adquisición de equipos de protección, que establece parámetros que deben cumplir los oferentes y determina niveles de protección ante los diferentes tipos de municiones bajo regulaciones del “National Institute of Justice”, NIJ, por sus siglas, que debe ser conferida por laboratorios que realizan esta certificación). Se entiende que se requieren diferentes tipos de chalecos de acuerdo el riesgo en la misión de los servidores policiales, asignándole una mayor protección a las unidades de élite por su exposición a calibres de mayor penetración como son el GIR, GOE, GEMA, entre otras.

El 15 de noviembre de 202, el presidente  Lasso Mendoza, visitó la UPC de la Prosperina1, en Guayaquil, que fue blanco de ataques de las mafias viculadas al narcotráfico.

Ecuador no tiene una homologación propia o laboratorios balísticos para efectuar de manera técnica y científica las pruebas destructivas que fijen y exijan a los oferentes de chalecos antibalas para cualquier entidad de seguridad pública, condiciones mínimas para reducir el riesgo de penetración de proyectil de arma de fuego o el trauma impacto causado por el mismo, que a la postre resulta igualmente letal. 

Lo que nos lleva a entender que los términos de referencia debían poner mínimos necesarios que garanticen la calidad del material ofertado, su procedencia y condiciones de fabricación, pues su uso infiere el riesgo a la vida de los servidores policiales. En la práctica, esto no ocurrió en este proceso de compra, pues no se exige a los oferentes que presenten la fecha y procedencia de adquisición y fabricación de los materiales que componen el chaleco antibalas. Esto tiene una relevancia muy alta, pues es común que chalecos dados de baja en algún lugar del mundo por tiempo de servicio, sean remanufacturados y vendidos como nuevos, sin que exista un control para dicho efecto al ser placas selladas. Por tanto, esta exigencia es fundamental y no podía ser obviada, sin embargo, no se la realizó. Lo que resulta aún más llamativo es que no se requirieron muestras para pruebas destructivas que permitan evaluar las “muestras testigo”  para que sean pesadas, desmontadas y probadas con múltiples disparos que son medidos en su trauma impacto, lo que valida o descarta la muestra.

1700 policías se sumaron al trabajo de investigación y otros 8000 serán incorporados luego de terminar un curso rápido. Foto: Policía Ecuador

Este procedimiento se ha realizado en todos los procesos anteriores, menos en el que se ejecuta al momento. Por tanto, su recepción será un acto de fe, en que se cumplan las ofertas del fabricante. Esta compra no se trata de un vehículo que si se daña se repara; aquí, si un chaleco falla habrá un policía gravemente herido o muerto.

En varios portales noticiosos se dio cuenta que la primera presunta irregularidad en este extendido proceso de compra fue el momento de la presentación de ofertas que, según el cronograma publicado en el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado (SOCE),  se debían recibir hasta las 14:00 del 10 de mayo de 2023. Pero la empresa adjudicada, U.S. Armor Corporation, la presentó el 11 de mayo, a las 08:03, es decir después de conocer los precios de las demás ofertas, sin embargo, fue una de las ganadoras. (En el acta de calificación de ofertas se aclara que la propuesta fue enviada originalmente a las 13:41 del 10 de mayo. Pero, el correo no se envió, ya que se ingresó una dirección errónea).

Las justificaciones sobran y las explicaciones serán evaluadas por la Contraloría General del Estado en su momento. Más aún cuando, de los 22 oferentes, ninguno cumplió con los parámetros para vender todo el requerimiento policial, siendo descartadas sus ofertas por algún motivo de manera parcial o total. Cabe indicar, igualmente, que los miembros policiales que participaron inicialmente en este proceso fueron dados el pase de manera inesperada a diferentes lugares del país. Ya sabrán dar las explicaciones que consideren los responsables de dichas decisiones de la Dirección Nacional del Talento Humano de la Policía Nacional.

La variedad de las ofertas en materiales y precios evidencian que no existe un parámetro técnico debidamente establecido, pues el mismo material y calidad no puede tener menos del 50% del valor entre una oferta y otra, así como no todas las empresas son fabricantes o representantes directas del fabricante, pues algunas de ellas son la representación comercial en el Ecuador de la representante de otro lugar del mundo, lo que convierte a la venta una intermediación. Tomando en cuenta que la venta se concretó por algo más de USD 25.7 millones de dólares y el valor presupuesto referencial fue de USD 32 millones, se deja en claro que el estudio de mercado o los famosos términos de referencia eran por demás ambiguos para semejante diferencia de valores, y más aún cuando se trata de una compra hecha por el Estado ecuatoriano que está libre de aranceles y otros valores que son comunes a la venta civil.

Pero fue el propio Ministerio del Interior la entidad que publicó en su cuenta deTwitter que se ha conseguido un 19.67% de ahorro, pero se debería pensar que, en realidad, ese el porcentaje mínimo de perjuicio que se estaba causando al país.

Es menester indicar que el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional (GIR) es un usuario de chalecos antibalas, no un laboratorio de pruebas, y su personal no cuenta con ingenieros textiles, expertos en materiales compuestos como Kevlar (debiendo aclarar que este material tan popular por su resistencia, es en realidad una patente de la marca Dupont que tiene miles de aplicaciones adicionales a la protección balística) o Dynema u otra clase de polímeros que ni los propios laboratorios de las universidades del país evalúan técnicamente.

Afirmar que los usuarios son los propios técnicos es un absurdo. Equivale a pensar que la madre de familia que lleva a sus hijos al colegio es una experta en mecánica por conducir su auto. 

Este proceso estuvo cuestionado desde su génesis en forma y fondo, y más cuando el propio titular del Ministerio del Interior deja en claro que el presupuesto referencial era tan jugoso que le ofertaban 2 millones de dólares para una adjudicación segura. El problema recae en que el Ministro Juan Zapata es un funcionario público, que hasta la entrevista con el medio La Posta no había dado mayor importancia al tema, pese a la gravedad del evento y que se trató un flagrante acto de corrupción tipificado de múltiples formas, pues el delito depende de las circunstancias en las que se realizó esa oferta, partiendo de quién agendó la cita del oferente corrupto con el Ministro del Interior,  que es uno de los ministros con mayor seguridad del país.

El ministro del Interior, Juan Zapata. Foto: Ministerio del Interior

El COIP reza que quien tiene la obligación jurídica de impedir un hecho y no lo hace, (como es el caso de este admitido acto de corrupción) equivale a cometerlo, acorde al tenor literal del Art. 42.1.b) de la norma invocada.

Pero este no es el único proceso que tiene novedades en la adquisición de material logístico para la Policía Nacional. Será tarea de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General realizar una prolija investigación de las condiciones en las que se han realizado estas compras. Mientras eso sucede, los uniformados arriesgan su vida en las calles del país ante una galopante inseguridad. Ellos seguirán exponiendo sus vidas por las acciones administrativas negligentes y la falta de una verdadera planificación logística para abastecer a la institución más grande del país y la encargada de la seguridad de todos los ecuatorianos.

Estas acciones negligentes o dolosas son clara muestra del por qué la tasa de homicidios sigue creciendo día a día, cuando un gobierno se muestra indolente aún con las personas que más se arriesgan para devolvernos un poco de tranquilidad de esa recordada visión del Ecuador isla de paz, que es hoy de tierra de violencia indiscriminada y actos de corrupción silentes, pero siempre presentes.