Conversaciones sobre supuestas coimas, venta de armas, acuerdos con funcionarios judiciales y de la cárcel de Latacunga. Esos fueron los elementos con los que la Fiscalía acusó a cinco personas por el presunto delito de asociación ilícita en el que habría incurrido el grupo para que alias Rasquiña, exlíder de la banda de Los Choneros, obtenga su prelibertad en junio de 2020.

Casi un año después de ese hecho se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio. Arrancó a finales de abril y terminó el pasado 12 de mayo cuando el juez Alfonso Ordeñana, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dictó el sobreseimiento de los involucrados. Para entonces tres involucrados habían fallecido: Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña; su abogado, Harrison Salcedo; y el juez de Cotopaxi, Manuel Vinicio Santamaría. Los dos primeros en atentados tipo sicariato y el juez por Covid.

Por sus fallecimientos, las acciones penales en su contra fueron extinguidas. Entre las personas que fueron sobreseídas está la pareja del líder de Los Choneros, Samara R., y un socio del abogado Harrison Salcedo, Emilio B.B. “El juez resolvió que no había asociación para delinquir. Lo que había era simplemente un proceso jurídico que tomó relevancia mediática porque se trataba de la prelibertad de JL (así también se conoce a alias Rasquiña)”, dijo Héctor Gabriel Vanegas, abogado de otro de los procesados, Jefferson H. que también fue declarado inocente.

La Fiscalía apeló la decisión y reclamó en redes sociales por la reciente actuación de los jueces en Guayas que habían fallado en contra de las acusaciones de la Fiscalía en casos como el de Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño, y también en el de Rasquiña. Sobre este último dijo: “las investigaciones efectuadas, versiones, mensajes y llamadas demostrarían la presunta existencia de una estructura delictiva, para la comisión de delitos”.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc hace público su rechazo al resultado de audiencias sobre procesos de delincuencia organizada, desarrolladas en los últimos días en la provincia de #Guayas, en las que los juzgadores no han valorado con rigurosidad los elementos de convicción presentados. pic.twitter.com/5e93khGrhA

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 13, 2021

Los elementos que reunió la Fiscalía en este caso constan en más de 60 páginas, principalmente de conversaciones interceptadas entre los acusados. Aún falta otra pieza en este caso que es el juicio contra el exjuez José Tamayo Arana, quien bajó la pena de 20 a 8 años a Rasquiña. Eso le permitió al exlíder de Los Choneros acogerse a la prelibertad. La instalación de la audiencia de juicio está prevista para este 28 de mayo.

En este caso los seguimientos empezaron en noviembre de 2019, pues la Policía conoció sobre la planificación de envíos de droga a través del puerto con destino a Bélgica. Ese envío fue frustrado por la Policía con el decomiso de la droga en Babahoyo. Las investigaciones sobre el tráfico internacional de droga continuaron, pero en el camino detectaron la intención de lograr la prelibertad de alias Rasquiña.

“Por suerte lo hicimos bien”

En los informes del Subsistema de Interceptación de Comunicaciones y datos informáticos (SICOM), de la Policía, se lee lo siguiente:

*17 de febrero del 2020: “Samara se reuniría con autoridades judiciales de Guayaquil por pedido de su esposo el ciudadano conocido como “JL o Rasquiña” donde presentaría algún tipo de coimas a funcionarios judiciales”.

Al revisar registros anteriores, los policías identificaron que desde noviembre del 2019 la pareja de alias Rasquiña estaba en conversaciones con funcionarios: “Se observa que Samara en una conversación de noviembre del 2019 con una mujer identificada como “Verónica” hacen referencia de un “Jefferson” quien sería la persona que va a hacer un informe para beneficiar a miembros de esta organización en algún proceso judicial”. Las investigaciones determinaron que sería Jefferson H., del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Según la Fiscalía, Jefferson H. estaba relacionado con Verónica C., que tenía comunicación con el juez Santamaría.

El abogado Héctor Gabriel Vanegas manifestó a PlanV que su defendido Jefferson H. fue acusado injustamente solo por cumplir su trabajo. El funcionario procesado era la persona encargada de hacer informes jurídicos sobre todo los privados de libertad. “El realizó el informe, pero jamás emitió una recomendación para la prelibertad (de alias Rasquiña). Solo hace un resumen sobre la situación jurídica”, afirmó.

La Policía registró la siguiente conversación donde Verónica responde a Samara:

* 22 de noviembre del 2019: “Ahorita ya más bien tú que estás hablando con Jorge dile que esté todo tranquilo que baje con toda la tranquilidad del caso a mediana y la semana siguiente una vez que ya pediremos que le bajen a mínima para que le hagan ahí todas las valoraciones”.

La abogada Verónica C., quien ayudaba en diligencias a Samara, se refiere al cambio de Rasquiña del pabellón de máxima seguridad a los mediana y mínima seguridad. Estar en mínima seguridad es uno de los requisitos que deben cumplir los presos para poder acogerse al beneficio de prelibertad. Más adelante, la misma abogada reporta a la pareja de Rasquiña sobre los avances en el caso:

*5 de febrero del 2020:

Verónica: Ñaña bella
Samara: Qué fue ñañita, qué ha habido.
Verónica: Todo bien nos fue recontra bien en la audiencia, cuarenta y ocho horas para que den el informe favorable.
Samara: Oye, este ando cabreada, oye hijueputa te juro que yo ni reviso esos periódicos todo el mundo me llama, me llama, me llama, esa huevada y ahora que lo están relacionando con una huevada del cártel de Sinaloa
Verónica: Escríbeme mejor al Whatsapp
Samara: Ya te llamo por Whatsapp

La conversación ocurre días después de que el portal Código Vidrio publicara un audio donde se escucha a María Sol Larrea, excoordinadora del IESS, y a Zambrano. En el artículo se recuerda que Zambrano “es señalado por Inteligencia como el jefe de Los Choneros y encargado de dar seguridad a las operaciones del cártel de Sinaloa en Ecuador”.

Hacia abril del año pasado, trascendió en la prensa que el juez Santamaría estaría por decidir sobre la prelibertad del temido líder de Los Choneros. Pero el 24 de ese mes, la Fiscalía y Policía allanaron los domicilios de cuatro personas, entre ellas el de Jefferson H. y Samara R., a quien la Policía identificó con el alias “Señora”.

La “Señora” evitó la prisión preventiva en esa ocasión porque presentó un certificado médico sobre su contagio con Covid y por lo tanto necesitaba estar en aislamiento. Pero las investigaciones determinaron que era un documento falso.

En ese operativo, la Policía le decomisó un teléfono. Allí fueron hallados chats con el abogado Salcedo que decían lo siguiente:

Hulk Mena: Mañana estaré a primera hora en Latacunga. Revisando el contenido del escrito CR. Y coordinar la reinstalación de la audiencia. Para dar el fallo. Tengo cita a las 12, para que catorce jueces incluyendo los de la Corte Provincial firmen un documento de apoyo al Juez y el rechazo a la presión del Viceministro y de la ministra Romo.

Al parecer esa conversación es una reacción a la publicación de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, cuando en su cuenta de Twitter dijo: “¿Qué tienen en común JL líder de Los Choneros y Jorge Glas? Que mañana ambos pretenden salir libres usando (indebidamente) acciones constitucionales y que comparten abogado…”.  Salcedo había pedido habeas corpus para sus dos defendidos, pero después desistió de esos recursos.

¿Qué tienen en común “JL” líder de Los Choneros y Jorge Glas?

Que mañana ambos pretenden salir libres usando (indebidamente) acciones constitucionales y que comparten abogado... #CeroImpunidad pic.twitter.com/mWSLIkzfyy

— María Paula Romo (@mariapaularomo) May 29, 2020

En esos chats, según la Policía, aparece también este diálogo: “Para presentar mañana por instrucción del amigo. Pregunta Samara: cuál amigo? Y ella señala en interrogación: Santa? Y Hulk Mena responde: si. Samara señala: Perfecto. Ósea Santa lo va a hacer. Y responde Hulk: mañana tendrá claro el panorama mientras llevo eso, para tener cubierta todas las posibilidades (sic)”.

Ambos se refieren al juez de Cotopaxi, Manuel Vinicio Santamaría. En los chats entre Samara y Hulk Mena, como era conocido el abogado Harrison Salcedo, este último le menciona cómo se contactaba con el juez: “con él jamás hablamos por teléfono y siempre me voy en persona a verlo, cualquier cosa como siempre le he comentado a usted, pero entonces yo estoy tranquilo”.

Entre los mensajes de voz, la Policía encontró este de Samara enviado a Zambrano:

“Con el Abogado Hulk estamos haciendo una maniobra que depende solamente del juez y de que autorice la Judicatura en el momento de que, con ese escrito, basándose en lo que se sugirió en algún momento determinado para que las personas que están listas para salir no sean necesariamente presentadas a audiencia, sino que de un plumazo puedan salir dependiendo del juez, porque parece que Santamaría si va a estar a favor de esto, ya que habló con él”.

“Por suerte la hicimos bien”, dice en otro audio Salcedo al referirse a los escritos que había presentado al juez Santamaría de forma insistente. Según la conversación, eso serviría para mostrar una supuesta “bronca” entre el abogado y el juez para que no exista una vinculación entre ambos. “Entonces ahí también el man en la parte final me pone como para mostrar la bronca que no tiene nada con nosotros, que como se llama me va a mandar a sancionar si es que le sigo jodiendo con todos los escritos”.

Según la Fiscalía, ese escrito era un pedido para que se resuelva la prelibertad sin audiencia y de manera favorable para Zambrano. Esa solicitud fue ingresada por dos ocasiones. “Se corrobora con estos elementos lo que consta de la transcripción de los audios, en la que se hace referencia que estos escritos se estaban presentando para justificar la actuación que finalmente iba a realizar el juez Manuel Vinicio Santamaria Jiménez y con eso desvirtuar que no estaba de acuerdo con el peticionante y su abogado patrocinador”, concluye la Fiscalía.

El abogado Harrison Salcedo, de 39 años, fue asesinado el pasado 28 de abril, en el centro norte de Quito, mientras circulaba en su vehículo. Su camioneta recibió 10 impactos de bala. 

En los chats aparece otro personaje: Héctor Reina Vivar, exdirector de la cárcel de Guayaquil. En ese centro estuvo recluido alias Rasquiña antes de que fuera trasladado a Latacunga. En el celular de Samara aparecen imágenes con Reina, según el informe pericial. “Siendo evidente la relación existente entre estos dos ciudadanos y que son parte de la investigación como integrantes de esta asociación delictiva; igualmente se observan imágenes fotográficas de más miembros de esta organización”. Reina fue sentenciado el pasado 9 de marzo en otro caso por concusión.

En su versión, Samara dijo haber tenido conversaciones con Reina porque fue director de la cárcel Regional de Guayaquil cuando su esposo estuvo detenido. Agregó que quiso donar mascarillas para ese centro penitenciario, algo que no se concretó. Reina desmintió haber tenido contacto con la pareja del líder Chonero. “Nunca durante esta administración ha estado en mi oficina o me he visto personalmente con ella”.

La mayoría de implicados dijo que no se conocían entre sí. Samara aseguró que nunca tuvo contacto con el juez Santamaría, por ejemplo. Mientras que Salcedo, en su versión, alabó al juez: “No he conocido otro juez tan íntegro y ético como el Dr. Santamaría, llegando al punto -y lo he venido diciendo como anécdota desde que mancillaron su nombre con esta investigación espuria- de que una vez le ofrecí un poco de agua porque tosió y me respondió sonriendo: ‘ni agua al enemigo’”.

Un testigo protegido

Después del asesinato del abogado Salcedo, Emilio B. B. -quien trabajaba en el estudio jurídico con Salcedo- dijo que había recibido amenazas y que deseaba ser ingresado en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos. El juez exhortó a la Fiscalía a que proceda con ese pedido.

Emilio B.B. fue otro de los implicados. Él tenía desde hace más de un año una sociedad de hecho para el patrocinio de servicios jurídicos en causas en las que se hallen vulnerados derechos de las personas privadas de libertad, contó el abogado Salcedo en su versión. En los seguimientos que le hizo la Policía justamente consta la asistencia de Emilio B.B. a una audiencia para la prelibertad de Zambrano donde interviene como representante de un comité de derechos humanos y sindicales.

Emilio B.B. fue acusado por el asesinato del ciudadano norteamericano Max Chamberlin y declarado culpable en primera instancia, en 2011. Fue sentenciado a 20 años de cárcel, pero su condena fue rebajada en la Corte Nacional de Justicia a 12 años y en la Corte Constitucional a 5 años. Luego de eso se acogió a la prelibertad porque había cumplido el 70% de condena. Salió libre en 2015.

Su nombre volvió a aparecer en estas investigaciones. En las interceptaciones del 20 de enero de 2020, “Samara solicita a Emilio (que) le preste un juguete “arma de fuego” que sería para el ciudadano conocido como “JL o Rasquiña”, dice el reporte.

Samara, en su versión, quiso aclarar sobre una foto de ella en la que aparece con un arma: “Me pude percatar que dentro del expediente les llamó la atención una foto en la cual yo disparo un arma, pues yo practico tiro práctico que es catalogado un deporte con un instructor avalado por el Club de Tiro Rivera Lagos, junto con mis hijos porque ellos también practican junto conmigo por lo que adjunto fotos de lo manifestado”.