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26 de Abril del 2021
Historias
Lectura: 18 minutos
26 de Abril del 2021
Susana Morán
Las cifras de un nuevo derrame y las heridas de la justicia en El Coca
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Decenas de comuneros protestaron el pasado 7 de abril, día que se recordó el derrame que se produjo hace un año, que afectó el agua y la alimentación de las personas. Foto: Luis Argüello / PlanV

 

El pasado 14 de abril, 566 barriles de combustible se derramaron en el sector de Piedra Fina, en la provincia del Napo. Hubo alerta en la planta de agua de la ciudad y en las poblaciones del río Coca, que todavía viven los impactos del derrame de abril de 2020. Las comunidades presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, después de que le fuera negado en dos instancias una acción de protección. Estos son los argumentos que irán al máximo tribunal constitucional.



El pasado 14 de abril, el técnico Byron Aguilar de la planta de agua potable Los Álamos, en El Coca, esperaba que el nuevo derrame que se produjo ese día no sea un traspié para los planes de esa empresa: volver a tomar el agua del río que lleva el mismo nombre para la capital de la provincia de Orellana.

Ese día, 566 barriles de combustible se derramaron en el sector de Piedra Fina, en la provincia del Napo, según los datos oficiales que entregó Petroecuador a este medio. El carburante pertenecía al Poliducto Shushufindi-Quito que debió suspender sus operaciones por un daño en su tubería. Según la estatal, un movimiento de tierras por las malas condiciones climáticas ocasionó la ruptura.

Solo quince días antes, en una zona cercana a ese mismo sector, Petroecuador hacía trabajos para la interconexión de una quinta variante con la tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Su objetivo es alejar la tubería de los terrenos del borde del río que se están erosionando. El Coca, como PlanV contó en el primer reportaje de este tema, no solo sufre de una erosión regresiva que se está llevando los terrenos de los comuneros, sino también de contaminación. 

Pero el pasado 14 de abril, volvió la alarma a las comunidades asentadas al borde del río. PlanV se comunicó con algunos dirigentes comunitarios, pero no tenían la certeza de la magnitud ni habían recibido información. Por la tarde, Petroecuador confirmó el incidente sin dar las cifras sobre la dimensión del derrame. En un pedido de información, la estatal dijo que de los 566 barriles, 212 barriles fueron recuperados en tanques de armado rápido y en tanqueros ‘vacuums’. “Otro tanto se evaporó, debido a la volatilidad del combustible”, informó.

La erosión se está llevando lo bordes del río Coca y ha provocado mayores riesgos para la navegación porque no hay playas para desembarcar y los sedimentos golpean las canoas. Foto: Luis Argüello / PlanV

la estatal dijo que de los 566 barriles, 212 barriles fueron recuperados en tanques de armado rápido y en tanqueros ‘vacuums’. “Otro tanto se evaporó, debido a la volatilidad del combustible”, informó.

La empresa precisó que el producto derramado era gasolina base. Explicó además que en un área de 3713,7 m2 hizo trabajos de contingencia, limpieza y remediación “que incluyen 78,49 m2 en el derecho de vía, 2110,45 m2 de suelo con vegetación y 1524,76 m2 de espejo de agua, que corresponde a una quebrada cercana al sitio de rotura”. Según Petroecuador, no se encontraron rastros de combustible en el área afectada, ni que haya llegado el combustible al río Coca. “Sin embargo, de manera preventiva la empresa pública activó el punto de control y protección en la captación de agua para la ciudad de El Coca”, dijo en el comunicado.

Allí es donde estaba el técnico Aguilar, quien contó a un medio local que recibió la llamada de un ingeniero de Petroecuador que le informó del “evento” que había ocurrido en el Poliducto, a la altura de la estación El Salado. El ingeniero le consultó si la empresa de agua potable estaba utilizando agua del río Coca. Pero Aguilar relató que llevan un año sin usar ese afluente, después del derrame de 15.800 barriles de petróleo y combustible del 7 de abril de 2020. Dijo que ahora usan el río Payamino -otro río contaminado- para abastecer a la población con el líquido vital. Aguilar añadió que esperaban pronto tener los resultados de los exámenes de laboratorio para volver a usar el río Coca y aumentar la provisión de agua.

Ese, sin embargo, solo es uno de los problemas que existe a raíz del derrame petrolero de hace un año. En un recorrido que hizo PlanV a las comunidades del borde del río, entre el 7 y 8 de abril pasado, allí la falta de agua y el hambre fue una constante. El derrame y la erosión han dejado a estas poblaciones sin peces para su alimentación y sin agua para bañarse o incluso beber. Pero a eso se suma la falta de atención del Estado y de justicia a uno de los derrames petroleros más grandes de los últimos 15 años.


Las comunidades kichwas dependen del Coca para su subsistencia. Ahora lo consideran un peligro. Fotos: Luis Argüello / PlanV


Más de 100 comunidades han sido afectadas por el derrame petrolero, según organizaciones de DDHH.


"El agua vale más que el oro", es una de las frases más se repitió en la marcha del 7 de abril pasado.


Cientos de kichwas caminaron hasta la Fiscalía en protesta por la falta de justicia a sus demandas.

Una justicia lenta

Las comunidades asentadas a lo largo del río Coca y organizaciones de derechos humanos irán por su tercer intento para obtener una reparación y medidas cautelares para que las poblaciones tengan las garantías de que estos hechos no van a volver a ocurrir. Este 26 de abril presentaron una de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional luego de que en dos instancias les fuera negada una acción de protección. 

El último fallo se conoció el pasado 23 de marzo por la Corte de Justicia de Orellana. Los jueces Ernesto Morán, Ramón Cisneros y Édgar Rosero negaron la apelación de los demandantes a la sentencia del juez de primera instancia Jaime Oña. Durante la audiencia dirigida por Oña hubo varios incidentes y demoras. Su sentencia determinó que es un caso de daños ambientales y no tomó en cuenta los derechos afectados como salud, la alimentación, al agua, la Naturaleza, etc, dijo Vivian Idrovo, abogada de la Alianza de Organizaciones por los DDHH. Entonces estableció que los reclamos de los demandantes deben seguir las vías administrativa, civil o penal en lugar de la constitucional.

Mientras que el tribunal de la Corte decidió no convocar a una audiencia por pedido de los demandados y resolvió en función de la documentación que había en el proceso. Se tomó cinco meses para enviar su resolución. Las abogadas de la comunidades denunciaron que la sentencia de ese tribunal fue “una copia” de la de primera instancia y con un detalle grave. “En una sentencia de 181 páginas, solo un párrafo se refiere a las alegaciones de derechos vulnerados y las descalifica como meras ‘insatisfacciones’”.

Este caso llega al máximo tribunal constitucional del país, después de más de un año de litigios y argumentos encontrados entre los afectados, las petroleras y los ministerios señalados. Para Idrovo este caso demostró, como en otros relacionados con el extractivismo, que hay una alianza entre las entidades de control como el Ministerio de Ambiente y las empresas demandadas. “Prácticamente todos argumentan la misma tesis (...) Hasta la Procuraduría defendió a OCP (que es una empresa privada), es aberrante”, cuestionó la jurista. Estos son algunos de los puntos más polémicos:

Evento fortuito vs. evento prevenible. Las defensas de Petroecuador y OCP han sostenido que el derrame del 7 de abril de 2020 fue un hecho fortuito y de fuerza mayor de la naturaleza. Por esa razón, “se puede evidenciar que en el presente caso nunca existió una acción u omisión de una autoridad de la República o de un particular”, dijo el abogado de Petroecuador, Geovanny Pontón Silva, en la audiencia de primera instancia. “Tanto el Código Orgánico Administrativo como el Código Orgánico del Ambiente establecen que el daño ambiental que fuere causado por un evento de fuerza mayor o caso fortuito será eximente de responsabilidad”. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables también se unió a este criterio y su abogado, Héctor Darío Borja, dijo: “entonces pedir un justificativo que es imposible de cumplir, si hubiera sido predecible, pero era imposible prevenir”. Rafael Oyarte, abogado de OCP Ecuador, dijo que esa petrolera suspendió el bombeo horas antes de que se rompiera la tubería.

“Tanto el Código Orgánico Administrativo como el Código Orgánico del Ambiente establecen que el daño ambiental que fuere causado por un evento de fuerza mayor o caso fortuito será eximente de responsabilidad”, dijo Petroecuador.


En octubre pasado, la contaminación en el río Coca aún se observaba. Fotos: Fotos: Iván Castaneira @Tegantai

“Esta es la primera tesis que insulta la inteligencia de todas las personas”, dijo Idovo en una entrevista con PlanV. “¿Cómo puede decirse eso cuando la erosión regresiva es un fenómeno que avanza evidentemente . Una persona que no sea técnica se para en el río y puede ver cómo este río se come las laderas”, refutó. Idrovo agregó que esa afirmación fue recogida por los jueces, sin ninguna crítica. 

Incluso el Ministerio de Salud, a través del abogado Luis Marcelo Ocaña, cuestionó en la audiencia los argumentos de las comunidades y se burló de las aseveraciones de un experto, que acudió como testigo de lo demandados: “Pero llegó a afirmar que el caso fortuito, que los desastres naturales se pueden y se deben evitar, sin tener la evidencia científica haga esos tipos de afirmaciones, ojalá esa sabiduría la tengan los japoneses para evitar los terremotos y tsunamis”.

Ana Cristina Vera, una de las abogadas de los afectados, dijo en la audiencia que desde febrero de 2020 los demandados conocían sobre el fenómeno de la erosión regresiva que estaba ocurriendo en el río Coca. “Los guardaparques informaron y advirtieron que había un riesgo sobre el oleoducto, que no se trató de manera integral y adecuada, y no se precautelaron los derechos humanos de la población que ahí vive. Este derrame era totalmente previsible y evitable”, manifestó la jurista.
 
La naturaleza sin derechos. “Por ejemplo si tenemos un bosque y se tala la mitad de árboles, estos vuelven a crecer, no se está afectando el ciclo vital del bosque; en el presente caso existe una afectación por fuerza mayor o caso fortuito, que después de la remediación, que la está realizando Petroecuador con distintas empresas como lo explicó nuestro primer testigo, los lugares van a volver al estado anterior”, sostuvo Pontón. Con ese argumento también rechazó la posibilidad de que los afectados puedan tener una reparación económica: “El derecho a la naturaleza refiere entonces no a una reparación pecuniaria a favor de las personas perjudicadas, sino al restitutio in integrum, es decir la plena restitución de la naturaleza, mediante reparación de los daños producidos en el medio físico hasta regresar en lo posible al ecosistema original”.

Según el Ministerio de Ambiente, las operadoras comunicaron dentro de las 24 horas el hecho, por lo cual -según esa cartera- no hubo un acto de omisión de las petroleras. “Lo que existe es el cumplimiento estricto de la norma, porque se notificó dentro de las 24 horas del derrame”, dijo Darío Fernando Cueva, abogado del Ministerio. “Además de las medidas de contingencia, mitigación y corrección se adoptarán medidas de remediación y restauración, compensación e indemnización, seguimiento y evaluación, y aquí no ha habido ningún incumplimiento ante esta catástrofe”, sostuvo. “Como bien se ha dicho, las operadoras cumplieron con lo establecido en la ley”, recalcó Nathalie Estefanía Bedón, abogada también del Ministerio del Ambiente.

Respeto a los daños, los demandados coincidieron en que han cumplido con el Plan de Contingencia. “Es un plan de una simpleza para tratar los daños que puede haber en la vida de las personas, en la Naturaleza”, afirmó Idrovo. En su criterio, “este caso no trata sobre si las empresas han presentado los documentos -que hicieron entre ellos y sin contar con la voz de las comunidades afectadas-”, sino del bienestar de las comunidades que han perdido a su río en tiempos de Covid. “Como no recuperaron un solo barril de petróleo, y eso está documentado en el proceso, ese crudo quedó enterrado por la arena que lleva la época lluviosa, sale y sigue contaminando el agua y la tierra”, aclaró.

Derecho al agua y a la alimentación. Sobre este punto, Petroecuador dijo: “Previniendo que pueda suceder estos casos, costeando los gastos, ya realizó una conexión alterna entre el río Payamino y Coca, con lo se garantizaría el derecho al agua en esta ciudad”. Pero el abogado Pontón no mencionó sobre los problemas de agua de las comunidades rurales que también dejaron de usar ese afluente para sus necesidades diarias. Sobre la comida, en esa audiencia, el jurista dijo que por 10 meses “hasta que el río vuelva a la normalidad” entregarían “alimentos suficientes”. Pero esto no sucedió.

En la visita que hiciera PlanV a las comunas de Sardinas, Toyuca y San José del Coca, algunos habitantes confirmaron que recibieron las provisiones, pero que fueron insuficientes donde en sus casas viven hasta 20 personas. Otras dijeron que no les llegó ninguna ayuda. Petroecuador y OCP informaron en septiembre pasado que entregaron 1,7 millones de litros de agua durante tres meses y 25.888 kits de alimentos. Es decir, cada persona recibió menos de un litro diario.

Nathalie Estefanía Bedón, abogada también del Ministerio del Ambiente, además usó el testimonio de uno de los comuneros para decir que las poblaciones no tenían necesidad de agua y alimentación: “incluso uno de las testigos de la comunidad se olvidó cuando realizó una reunión con las empresas operadoras, donde lo único que le solicitó fue que contraten mano de obra local, se olvidó decirle que necesitaban tal vez un poco de agua, más alimentación, cuándo de las actas presentadas como prueba nuestra consta que tuvo reuniones con la OCP y jamás refirió que necesitaba más agua, y más alimento, lo único que quería algún tipo de compensación económica, como la contratación de gente de su comunidad y lo cual Petroecuador dijo que ya lo hizo”.

En la visita que hiciera PlanV a las comunas de Sardinas, Toyuca y San José del Coca, algunos habitantes confirmaron que recibieron las provisiones, pero que fueron insuficientes donde en sus casas viven hasta 20 personas.

Para el abogado Marco Antonio Proaño, de la Procuraduría General del Estado, “la inconformidad con la entrega de agua, kits alimenticios y prestación o atención médica no constituye una omisión de las entidades accionadas”. “Este particular solo nos lleva a la conclusión que las entidades ejecutaron las acciones necesarias ante la emergencia producida por el derrame, queremos que es particular sea observado al momento de resolver que los accionantes emitieron su disconformidad, jamás hablaron de que no se les entregó, simplemente dijeron no fue suficiente”.

Vera refutó esos argumentos y contó que las provisiones de agua y kits de alimentos que fueron entregados a las comunidades eran “paupérrimos”.  Dijo que en salud, habían recibido 33 controles y eso no está cerca de ningún estándar internacional en materia de derechos humanos para garantizar la vida digna. “Hay vidas que importan y otras que no. Claramente la vida de las personas kichwas y de las comunidades que viven en la ribera no son vidas que le importa el Estado”.

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