“Es alarmante”. Así describe Vianca Gavilanes, miembro del colectivo Luna Roja, la situación sobre violencia sexual en la Universidad Central. La organización ha vuelto a poner en debate las cifras de tres estudios realizados entre 2010 y 2013: Situación de acoso, abuso y otros delitos sexuales en el ámbito de la educación superior. Caso Universidad Central del Ecuador, Machismo académico en aulas universitarias y La otra evaluación. Esta última fue una encuesta a 4.000 estudiantes de varias facultades de los casi 40.000 alumnos que existen en esa institución, la segunda más grande del país.

Los casos de Cristina Álvarez en la Facultad de Artes y otras estudiantes que se han conocido en los últimos meses recuerdan esas cifras. Una de ellas asegura que el 64% de las víctimas guarda silencio en casos de violencia sexual, de este grupo solo el 25% ha protestado en el momento en que se produjo una situación de este tipo. Pero más grave aún es el resultado de que solo un 2% ha llevado su caso ante las autoridades universitarias.

Para Gavilanes, esta radiografía permitió entender además que uno de los motivos para la deserción de los estudios y las faltas a las clases era la violencia sexual: un 5% de las universitarias encuestadas lo afirmaron. De hecho, solo un 7% de las mujeres que entran a la universidad terminan sus estudios. Pero hay también otros indicadores preocupantes: el 75% de estudiantes percibe que sus profesores utilizan bromas sexistas y el 77% de los entrevistados dijo que las mujeres dan motivo para el acoso o abuso dentro del espacio universitario.

Vianca Gavilanes explica que en esta encuesta también se develaron otras situaciones de la mujer universitaria. Entre los motivos de la deserción es el trabajo doméstico, el embarazo y la situación económica. “Aunque la Universidad Central es pública, su gratuidad es parcial. Necesitas materiales y dinero para la manutención en la capital de un gran número de mujeres que son de provincia, que no pueden acudir a una residencia universitaria, que no hay en la Central. El acoso, la violencia, la discriminación y el abuso de poder es un secreto a voces en la universidad. Nos pasa a muchísimas estudiantes”.

Los predios de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Allí se conocen tres denuncias por acoso sexual. 

Luna Roja es una organización que lucha por los derechos de la mujer; trabaja con mujeres universitarias, del barrio y demás sectores populares. Implementó una campaña a la que llamó “Violencia oculta” con las cifras y los testimonios de las víctimas de violencia en la universidad, además de las frases sexistas que hallaron en el estudio tanto de profesores como de profesoras. Pero su trabajo se remonta al 2016, cuando denunciaron un caso en la Facultad de Trabajo Social que permitió abrir el debate sobre qué estaba haciendo la universidad por sus estudiantes en situaciones de acoso.

El caso que disparó la preocupación

“Si me das un beso pasas el semestre, tú decides”. La frase corresponde a un exprofesor de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Central. En el 2016, Willam A. fue denunciado por acoso sexual. Fueron tres estudiantes las que pusieron formalmente la queja en su contra, pero en total 16 alumnas contaron haber sido víctimas de episodios similares.

“El me dijo que si quería podía tener las mejores calificaciones, que le encantaría tener relaciones sexuales conmigo”, fue uno de los testimonios de las jóvenes. Otra estudiante afirmó: “Desde el momento que nos indicó que nos iba a dar cátedra nos impuso que debíamos ir con falda y que debíamos ir a un paseo, a unas termas, para un punto a la nota final”. “Di un examen con él, me dijo que le dé un beso y me sube dos puntos en la nota”, es otra afirmación de una joven en ese entonces.

El análisis del caso lo hizo Luna Roja. En la bitácora que hicieron recuerdan que pese a las denuncias, el docente continuó como profesor de las víctimas en la universidad. Narran que las estudiantes que dieron su versión fueron estigmatizadas y amenazadas por el docente señalado. Eso creó “una posición de doble victimización y de alto riesgo en contra de su seguridad e integridad física y psicológica”.

Cuestionaron en ese entonces que las autoridades relacionadas con el bienestar de los estudiantes no conocieran de esos hechos, así como las organizaciones estudiantiles como la FEUE y la Asociación Femenina Universitaria. Pero además afirmaron que las denunciantes no recibieron ni asistencia legal ni psicológica, aunque en el estatuto de la Universidad, sobre la Dirección de Bienestar Universitario dice, en el numeral 6, que es deber de esa entidad “proponer y ejecutar políticas, subprogramas y acciones para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales y abusos de poder”. Eso lo establece también la Ley Orgánica de Educación Superior.

Pero aunque esa ley fue aprobada en el 2010, hasta el 2016 no había ese protocolo. De ahí que la principal revelación tras el caso en Trabajo Social fue la inexistencia de un documento para la atención urgente de casos de violencia sexual. Vianca Gavilanes, de Luna Roja, explicó que en este caso, al no existir el protocolo, los mismos profesores de Trabajo Social impulsaron la denuncia. “Hubo muchos desaciertos procesales, como recibir los testimonios con el docente denunciado en el mismo lugar. En la Comisión de Disciplina no se trató con premura el caso y el profesor siguió dando clases. Estaban a punto de iniciar exámenes finales”.

Hubo protestas para presionar por una resolución en el caso y fueron a los medios de comunicación. “Ninguna agresión sin respuesta, ningún agresor sin castigo”, escribieron en sus carteles. Un día después de la movilización del 4 de febrero de ese año, el rector Fernando Sempértegui solicitó el informe y dos días después se reunió el Honorable Consejo Universitario, que decidió la destitución del maestro. “Fue gracias a la fuerza de la organización estudiantil, casi había transcurrido todo un semestre sin una definición”, recuerda

El 11 de febrero de 2016, estudiantes y autoridades universitarias llegaron a un acuerdo para establecer el protocolo.  Es así que este documento fue publicado en diciembre de 2017 con la participación de activistas, organizaciones, estudiantes, decanos, el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad (INIGED) y Bienestar Social.

En el marco teórico del documento se afirma que “el acoso sexual enfrenta un filtro cultural que lo naturaliza (...) que en consecuencia dificulta su identificación como una forma de violencia sexual basada en el género”. Por ello, dice el texto, es difícil tener estadísticas sobre su magnitud y “menos aún en el ámbito universitario”. Ante la falta de cifras, el INIGED tiene previsto aplicar una encuesta este año a los estudiantes (ver entrevista ampliada más adelante).

Entre los principios que allí se establecen están la igualdad (balance entre víctima y victimario), la celeridad y evitar formalismos, efectividad para dar protección integral de las víctimas, la no revictimización. Sobre este último punto se establece que: “la víctima no puede ser obligada a escuchar nuevamente, o peor aún narrar los hechos de violencia, o hacer una especie de careo entre agresor y víctima, poniendo en entredicho la versión de la víctima. La víctima debe sentirse escuchada, acogida, respetada, aceptada, segura, no revictimizada por los actores que intervienen en el proceso”. 

Sin embargo, el caso de Cristina Álvarez, estudiante de la Facultad de Artes, demostró aún falencias en su implementación. En 2016, ella denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor de grabado. Puso la denuncia en Bienestar Universitario, pero su caso fue tratado recién un año y medio después. Su caso reveló las demoras que aún existen para tramitar estas situaciones.

Pero hubo algo más. Durante la recepción de los testimonios de más estudiantes que corroboraron la denuncia de Cristina, el profesor pudo entrar y salir a la sala mientras ellas rendían su versión. Según testigos, el maestro las saludó y de hecho reclamó a una de las profesoras que también dio su testimonio. La investigación concluyó el 6 de junio pasado y el 8 de junio fue destituido por el Honorable Consejo Universitario.

El decano de la Facultad de Artes, Xavier León, en entrevista con Plan V mencionó que hay tres denuncias, la primera data desde el 2016. Recién conformaron una comisión para estos casos para evitar que ocurran de nuevo. “Hoy existe una voluntad política por parte de las autoridades para enfrentar este problema. Existen vacíos para los cuales, como universidad, no estábamos preparados”, agregó y uno de estos vacíos está en cómo dar protección a los estudiantes. Él mencionó que a Cristina, por su iniciativa, le dio un documento de protección para que en caso de que ella se sienta amedrentada se comunique y tenga el apoyo de las autoridades. También le pusieron un profesor tutor para que la respalde en el proceso. Ella en Plan V relató el largo camino que debe pasar una víctima de acoso para que su denuncia sea atendida.

Xavier León está al frente de la Facultad de Artes desde hace cuatro años. 

De su parte, Christian Viteri, director de carrera de Artes, también coincidió que al ser nuevo el protocolo ayuda a la atención de esos casos. “El protocolo es beneficioso para todos porque nosotros como autoridades no estamos capacitados para resolver un problema de estas características. Es mejor tener un respaldo de un departamento que nos pueda asesorar”, dijo en referencia a Bienestar Social que es la entidad directriz en esas situaciones. El decano Xavier León contó que cuando se construyó el protocolo hubo un consenso de que los problemas no se traten en las facultades porque son espacios permeados y puede haber conflicto de intereses. Por eso era mejor que sean llevados a un espacio neutro como Bienestar. A finales de julio, en la Facultad de Artes iniciará una campaña de prevención.

   Punto de vista   

“Los casos de Artes son un síntoma de la mala salud de género”

Paulina Palacios, investigadora del INIGED de la Universidad Central

La Universidad Central guarda una complejidad enorme y tiene una dimensión que otras universidades no tienen. Pudimos conocer de dos casos de Artes y del caso de Trabajo Social por la lucha estudiantil. Eso motiva que vayan saliendo las denuncias de acoso y abuso sexual. Sería incorrecto decir que es algo constante. Pero los casos de Artes nos parecieron muy sintomáticos, de una mala salud de género, de la igualdad.

Aún no hay cifras en la Central, pero sí tenemos una sociedad machista y el esquema de conocimiento universitario todavía te plantea el modelo bancario como decía Paulo Freire. Hay una posición demasiado vertical hacia los estudiantes. Entonces no se ve al estudiante como alguien que disiente, alguien que discute. Sino que básicamente es un repositorio de conocimiento. Lo que es un caldo de cultivo de probables abusos.

Tenemos facultades muy grandes y hay posiciones tradicionales. En esas posiciones el tema del acoso no es algo realmente importante como lo puede ser la falta de ingreso de 170.000 estudiantes. Por otro lado, los debates para generar algún cambio en la universidad son bastantes largos. Cambiar patrones culturales como este acentuado patriarcado y crear un procedimiento para actuar en temas de acoso es algo que costó mucho tiempo. Hemos estado en ello alrededor de dos años. Este es un tema muy soslayado, que pasa simplemente por pensar que la mujer es muy bonita. Está muy naturalizado.

El protocolo permitió aterrizar el derecho que está en la Constitución, y lo que está establecido en el Código Penal Integral. Trae cosas muy innovadoras como la centralidad en la víctima, es decir que es la persona procesal que más apoyo debe tener. También consideramos que se debe extraer de la facultad los casos para que se los conozca afuera por la máxima autoridad, que es el rector.

La falta de personal calificado es un problema nacional. Es complejo porque la persona encargada de cuidarte te agrede. Hay una carencia general de este tipo de personal en la universidad y en el país. Todavía no logramos superarlo. Por otro lado, hay una red de varios investigadores sociales y de varias universidades que han sacado un primer libro que es un instrumento para la medición del acoso. Este grupo continúa y aplicará una encuesta entre octubre y el próximo año. Este sería el primer estudio incluso a nivel de la región andina.