A partir de enero de 2022, el Gobierno empezará un proceso de diálogo con la sociedad civil para pulir lo que ha llamado los lineamientos de su política anticorrupción, que fueron presentados en un acto en la Universidad Andina la semana anterior.

El consejero de Gobernanza del Palacio, Luis Verdesoto, encabeza la iniciativa, que deberá concluir en abril del próximo año. En el evento, al que asistieron activistas e invitados de la sociedad civil seleccionados por el Gobierno, se plantearon algunas inquietudes sobre el mecanismo que el régimen propone para combatir la corrupción: una Comisión Nacional Anticorrupción, que se llama igual que la instancia creada por los movimientos sociales, pero que es básicamente una mesa interinstitucional integrada por los poderes públicos, en donde el Gobierno espera contar con la sociedad civil, los medios de comunicación y las universidades.

Aunque la iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y su Oficina contra el Delito, el Gobierno abandonó el intento de la administración anterior, que propuso una comisión de abogados extranjeros para que realizaran tareas anticorrupción.

El Ecuador llegó a entregar un millón de dólares a la Oficina contra el Delito de la ONU para la implementación de la iniciativa, que según una fuente del Palacio se gastó parcialmente en la propuesta de Lenin Moreno, que no logró ser implementada por el ex secretario anticorrupción, Iván Granda. Inclusive, en diálogo con este portal, varios de los abogados extranjeros invitados cuestionaron en duros términos el anuncio de Moreno, que no pasó de una mera declaración política.

En la campaña, el presidente Lasso recogió parte de la iniciativa, llegando a mencionar una comisión internacional contra la corrupción. Pero según la fuente del Gobierno, se abandonó el modelo porque la experiencia de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala evidenció que la presencia de extranjeros afectando el rol de las instituciones judiciales nacionales resulta contraproducente.

De ahí que en la Comisión que se propone, si bien se contará con el apoyo de la ONU, no se tratará de una misión extranjera, sino de una coordinación de las instituciones nacionales.

La reacción de la sociedad civil

Para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales, Germán Rodas, hay algunos reparos al respecto de la propuesta del régimen, que le fue remitida por whatsapp desde el Palacio. En primer lugar, el nombre, que sería el mismo que su agrupación tiene desde hace varios años y que les ha permitido hacer una lucha eficaz contra la corrupción.

Rodas precisó también que, conceptualmente, la propuesta tiene una debilidad, y que el Estado se estaría controlando a sí mismo. Desde el Gobierno se dice que no es así, pues la instancia que realiza la investigación seguirá siendo la Fiscalía. El coordinador de la Comisión sostuvo también que la definición de sociedad civil no puede limitarse solo a algunas organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento internacional. 

Para Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, uno de los asistentes a la presentación de los lineamientos, el Gobierno cayó en cuenta sobre la marcha en que una política pública debe ser socializada, de ahí que se habla de lineamientos.

Espinel cree que el proceso de consulta anunciado por el Gobierno debe ser un verdadero espacio de participación, para que actores de fuera del Ejecutivo puedan dar aportes y que no sea simplemente una socialización.

Sostiene que Lasso ofreció en campaña una Comisión Internacional con el apoyo de la ONU y la OEA, pero ahora se plantea una Comisión Nacional y el presidente no ha sido claro sobre si instancias internacional podrán o no intervenir.

Para Espinel, no queda claro cuál es la diferencia entre la Comisión interinstitucional que propone el Gobierno y las que en su momento han propuesto el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y el Gobierno de Moreno.

El presidente Guillermo Lasso anunció el inicio de diálogos con la sociedad civil y las instituciones. 

Efectivamente, en enero de 2019, el Consejo de la Judicatura planteó la Mesa de Lucha Contra la Corrupción Judicial para investigar y detectar presuntas irregularidades cometidas por los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares en los procesos judiciales. El entonces presidente del Consejo, Marcelo Merlo y el ex coordinador de la CNA, Jorge Rodríguez, firmaron un “mandato simbólico” al respecto. El entonces coordinador residente de Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral fue testigo de honor.

En 2021, el Gobierno de Moreno presentó una nueva mesa interinstitucional contra la corrupción, con la participación de la Unidad de Análisis Económico y Financiero, el Ministerio de Gobierno, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública. La Fiscalía se mantuvo al margen de la iniciativa, que no presentó resultados hasta el momento.

Estos son algunos de los ejes clave para entender la propuesta del Gobierno:

Prevención y control

La Comisión Nacional Anticorrupción busca fortalecer un mecanismo de alerta temprana. Para eso se aumentará la disponibilidad de información gubernamental y simplificará los trámites y herramientas de gobierno electrónico. Se hará un seguimiento del plan Creación de oportunidades 2021-2025. En cuanto al manejo de información. La Política impulsará los sistemas de big data y publicitará las obligaciones institucionales.

La Política Anticorrupción busca profundizar en procesos de contratación pública relacionados con procedimientos, manipulación, formulación y selección del proyecto, licitación, proveedores, fiscalización, evaluación y renegociación. Con un énfasis en mantener los niveles de competencia que garanticen paridad en los costos a todos los inversores.

Plantean como sectores de riesgo de corrupción al petróleo, electricidad, telecomunicaciones, minería, salud, educación y obra pública. Se creará un mapa de riesgos a partir de datos del SERCOP, sistemas de alerta temprana y alertas rojas, y contratación abierta con estándares de Open Contracting y Open Data Charter. Limitar contrataciones que escapen al régimen común y proponer sistemas de contratación a largo plazo son otras de las propuestas.

Lo preventivo también lo relacionan con generar códigos y generar cursos permanentes de ética, y estimular mediante certificados la generación de instrumentos de ética pública. Se proponen las siguientes leyes nuevas: Ley de Conflicto de Interés o Puertas Giratorias, Ley de Cabildeo, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Reglamento a la Ley de Protección de Datos personales.

Los gremios, organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación serán consultados.

Investigación y seguimiento

A través de un mapeo de casos se quiere hacer un sistema de seguimiento de la corrupción. La Comisión apunta al fortalecimiento de varias instituciones. Se reconoce en el plan la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría de la Contraloría General, alentar el sistema de denuncias en la Fiscalía General y fortalecer la Procuraduría. También apuntan a incrementar las capacidades de organismos electorales de detectar delitos de financiamiento político, vigilar montos del gasto público y mejorar los sistemas de detección de lavado de activos.

“En el corto plazo los beneficios de la lucha anticorrupción pueden ser menores a los costos. El proceso deberá ser participativo” argumentan en los lineamientos. Se define como una de las columnas que conforman la vértebra institucional del gobierno. Mediante consulta pública se deberá conformar una Política de Estado Anticorrupción. Dentro de los lineamientos, se hace un diagnóstico para reponer el Estado y la sociedad.

Se apunta a actos manchados de corrupción de disfrazar “necesidades” de algunos actores económicos para lograr “competitividad” o de ser un instrumento de movilidad social. Los lineamientos destacan a la “década perdida” como una época de abundancia donde se usó a la corrupción como una forma de apropiación y obtención de patrimonios.

Los mecanismos sancionatorios

Cabildeo, soborno, tráfico de influencias; son algunas de las manifestaciones de conflictos de intereses impregnadas en la interacción público-privada. Un fenómeno transnacional y una barrera contra el desarrollo y la modernización. La Política traza dos lineamientos en relación a la empresa privada:  regulaciones anti-soborno y transparencia mercantil, y una estricta observación bajo la Ley. Se destacan las convenciones a las que el país adscribió tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos.

Con una corrupción generalizada en las altas esferas de la vida pública, se diagnostica una legislación que abre espacios para la apropiación ilegítima con una capacidad punitiva desmedida. Pese a que la normativa no define explícitamente a la corrupción si se precisan delitos contra la administración pública y la sociedad.

Se señala “a los fracasados ciclos de acciones anticorrupción de gobiernos pasados que, por diversas circunstancias, se abstuvieron de formular una política pública o lo hicieron en la dirección equivocada”.

La Comisión se traza como objetivo revisar la normativa ecuatoriana, sistematizar sanciones en casos de corrupción y apoyar sanciones en casos de conflictos de interés. Se coordinará con el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación un seguimiento del gasto público acorde a los presupuestos. Además, se alentará la cooperación internacional para intercambio de información y la suscripción de convenios multilaterales para la recuperación de activos.

La Comisión

La conformación de La Comisión Nacional Anticorrupción estará compuesta por las principales autoridades de las cinco funciones del Estado, los organismos representativos de los gobiernos subnacionales (AME y CONGOPE) y los organismos constitucionalmente encargados de procuración, control, regulación y sanción. La Comisión será integrada mediante decreto ejecutivo.

En un primer paso se hará una “amplia” consulta nacional que convoque a diversos actores sociales. Tres principales objetivos trazan el plan de la Comisión: prevención, investigación de posibles casos y sanción a responsables. La lucha contra la corrupción “ocupa un lugar central entre las políticas públicas del Gobierno” según dice el documento.

Con una visión de que la corrupción es contraria a la vigencia de la democracia y que la Carta Magna dispuso la creación de una Comisión de Participación y Control Social, así como de una función del Estado que agrega a los principales organismos de control. Tres principales sistemas serán monitoreados por la Comisión, en la Policía Nacional Anticorrupción, en casos emblemáticos que la misma Comisión detecte y en cooperación internacional.

Funciones y miembros

Tres principales funciones se le atribuye a la Comisión; supervisar y coordinar la estrategia anticorrupción, coordinar las políticas públicas anticorrupción y conocer las políticas en esa materia que formule la Función Ejecutiva. Además, se propone conocer y sugerir lineamientos al Plan de Lucha contra la Corrupción de la Función de Transparencia. Se plantea que la Presidencia de la República cuente con una Unidad Administrativa Anticorrupción que presente al Presidente las políticas, ejecute consultas a la ciudadanía sobre las acciones de la iniciativa, monte el sistema de seguimiento y alerta temprana, desarrolle indicadores, entregue información y analice la actuación de la propia Comisión.

El diagnóstico que hacen del Ecuador es el de un país que no ha tenido una violencia generalizada en su historia. Sin embargo, la globalización de los actos delictivos podría acabar con las relaciones pacíficas, “una consecuencia de la corrupción es la violencia y la inseguridad”. Se mencionan los controles territoriales de comercios y el lavado de activos que argumentan como delitos que relacionan corrupción con el narcotráfico.

El documento del Gobierno señala a un país de cultura rentista, que depende de la renta de un producto extraído (petróleo) más no producido para generar bienestar. Una sociedad que se vuelve dependiente del presupuesto del Estado. Y un Estado que entrega facultades especiales en asignación presupuestaria al presidente. Según los lineamientos la corrupción ha incidido en el país en el derrumbe de un crecimiento económico temporal que no pudo sostenerse por la falta de resultados en las inversiones públicas. El examinar la calidad del gasto público se medirá a través de su eficiencia y eficacia.