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29 de Abril del 2019
Historias
Lectura: 13 minutos
29 de Abril del 2019
Redacción Plan V
Las cinco razones por las que el informe de la Mesa por la Verdad “rebotó” en el Consejo de la Judicatura
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Foto: Flickr Consejo de la Judicatura

La Mesa por la Verdad pasó de atender en el edificio de la Judicatura a entregar su informe en una ventanilla. 

A pesar de la expectativa generada, el informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia terminó siendo entregado en la ventanilla de recepción de documentos de la Judicatura, que le dio una gélida recepción.

Varios meses tomó la redacción del informe final. El objetivo era poder determinar los casos y los nombres de los jueces y fiscales que, presuntamente, se prestaron para convertir al Poder Judicial en el aparato de represión política preferido de Rafael Correa.

La Mesa por la Verdad y la Justicia fue conformada por el Consejo de la Judicatura Transitorio para indagar qué había ocurrido con el aluvión de sentencias, al parecer ilegítimas, que el sistema judicial dictó durante el correato, muchas de ellas, según dicen los involucrados, de manera irregular y abusiva. 

Lo que parecía una simple percepción se convirtió en no menos de 1435 denuncias, en especial, de periodistas, activistas indígenas, ex policías y otras personas que se enfrentaron en su momento al Gobierno de Rafael Correa y que como consecuencia recibieron condenas judiciales por supuestamente haber cometido delitos.

Paúl Jácome sostuvo que el Estado debe reparar el daño causado por las sentencias cuestionadas. 

La Mesa estuvo integrada por Paúl Jácome como presidente; Alejandra Cevallos, vicepresidenta y por Vladimir Andocilla, Rolando Tapia y Manuel Castillo. La ex vocal del CNJ Angélica Porras también brindó su respaldo a la iniciativa. Inclusive, la Mesa llegó a tener una oficina en el edificio del CNJ, ubicado al norte de Quito. 

Para sus integrantes, el trabajo de la Mesa permitió determinar la aplicación  del mismo modus operandi de los fiscales, legitimado por los jueces e instrumentado por la Policía: arrestos sin condiciones legales, allanamientos de madrugada con fusiles de asalto, condenas salomónicas ratificadas, como por arte de magia, en todas las instancias, indemnizaciones millonarias pagadas a favor del presidente o sus funcionarios, acusaciones de terrorismo por simples protestas callejeras.

Gran parte de la represión del correato fue oleada y sacramentada por jueces de tribunales y cortes de apelación en toda la República, que no dudaron en darle la razón a las acusaciones del Gobierno, por más disparatadas o infundadas que fueran.

Gran parte de la represión del correato fue oleada y sacramentada por jueces de tribunales y cortes de apelación en toda la República, que no dudaron en darle la razón a las acusaciones del Gobierno, por más disparatadas o infundadas que fueran.

Para Paúl Jácome,  ex presidente de la Mesa, es importante que el Estado ecuatoriano responda por los daños ocasionados. Si bien no se plantea la revisión de las sentencias -en muchos casos imposible, pues todos los jueces las ratificaron de manera sistemática- se pide que haya reparaciones morales, pues las operaciones de persecución política del Gobierno de Rafael Correa causaron daños a familias enteras. En las sabatinas, destaca Jácome, se formulaban los cargos y se sentenciaba a los acusados. El lunes siguiente el aparato judicial le da la razón al ex presidente sin demora. La separación de poderes, modelo de una República democrática había dejado de existir. Trabajaron en cuatro ámbitos: derechos humanos y defensa de la naturaleza, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas y 30S.

La ex vocal Angélica Porras no descarta que el Poder Judicial se esté blindando contra reclamos. 

El informe fue presentado finalmente el 10 de diciembre de 2018 y su principal conclusión fue que hubo un patrón general de persecución sistemático y continuo en el tiempo, desde el Estado, para impedir cualquier disidencia y crítica a las políticas a través de la judicialización de las diferencias políticas. Se aplicó el derecho penal de más rigor con una política comunicacional se construía la idea de "enemigo del pueblo", no solo del gobierno. Se usó la figura del indulto  y el pedido de disculpas públicas para otorgar "perdón" y archivar procesos, quienes no accedieron a ellas siguieron siendo perseguidos.

De los 1435 casos que recibió la Mesa, cerca de 300 de ellos cumplieron los requisitos establecidos para su calificación y luego de un proceso de depuración, quedaron 247 para el análisis definitivo. De estos, 24 casos fueron considerados emblemáticos y hubo audiencias públicas con las víctimas. La Mesa consideró que el Consejo de la Judicatura (CJ) debe investigar en el ámbito disciplinario, preliminarmente, a 492 jueces y fiscales por su supuesta actuación irregular dentro de los casos de hostigamiento por medio del sistema judicial.

Pero cuando el Consejo de la Judicatura definitivo se posesionó, el informe de la Mesa perdió la relevancia que había tenido para el Consejo Transitorio. Tan fue así, que el Consejo de la Judicatura nunca realizó un acto público para recibir el documento. Los integrantes de la Mesa lo dejaron en la ventanilla de recepción de documentos cual un papel más. ¿Qué fue lo que ocurrió?

El Consejo de la Judicatura nunca realizó un acto público para recibir el documento. Los integrantes de la Mesa lo dejaron en la ventanilla de recepción de documentos cual un papel más. ¿Qué fue lo que ocurrió?

1.- La fuerza de las "cosas juzgadas"

En la jerga judicial, se habla de "cosa juzgada" cuando un asunto ha sido ya tramitado en todas las instancias del aparato judicial y ya no puede ser revisado. Una de las limitaciones del informe, que había sido advertida en su momento por Paúl Jácome y otros voceros de la Mesa, era que en los casos en donde las sentencias ya habían sido dictadas era técnicamente imposible revisarlas, a pesar de que la Mesa presentara elementos para ello. Al respecto, la ex vocal de la Judicatura, Angélica Porras, destaca que la Mesa ha buscado que en los casos individuales de cada persona el informe pueda ser usado para alegar a su favor. "En muchos casos el informe es una instrumento para seguir la batalla judicial, ese ha sido su mayor impacto". Porras admite que hay varios casos en donde todas las instancias ya se han agotado y entonces solo ha quedado recurrir a instancias internacionales. Mientras tanto, hay otros casos con acciones extraordinarias de protección ante la Corte Constitucional, pero la mayoría de ellas no han sido tramitadas. 

2.- El actual CNJ "congeló" la investigación del informe

Una de las recomendaciones que formuló la Mesa en su informe final establece que "al Consejo de la Judicatura le corresponde iniciar las investigaciones contra jueces y fiscales señalados como involucrados en los casos indicados". La Mesa señaló una denuncia presentada contra 14 jueces y un fiscal, en la que constan nueve jueces de la Corte Nacional, en especial, en la Sala de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo. Especialmente, la Mesa pidió investigar las acciones de la jueza Carmen Baño y de los fiscales Tania Moreno y Gustavo Benítez. ¿Qué pasó con esto? Angélica Porras afirma que el actual Consejo no ha continuado con la investigación, además de tomar públicamente "distancia" del informe. Porras destaca que ya se habían iniciado las investigaciones, pero asegura que han quedado "truncas", lo que atribuye a que el actual Consejo no quiere dar continuidad al tema ni ha demostrado ningún interés. 

3.- El Poder Judicial ha cerrado filas para proteger a jueces y fiscales

"Era de esperarse desde el principio", admite Porras, que en el aparato judicial se tendiera a proteger a los miembros de ese sector en lugar de investigarlos o sancionarlos. Una de las recomendaciones del informe de la Mesa apuntaba directamente a las falencias profesionales de los jueces. "Es de vital importancia que los jueces fortalezcan la motivación y la argumentación en sus sentencias". En muchas de las sentencias analizadas se notaban las falencias profesionales de los jueces: "no aportan información suficiente para la resolución del conflicto, no implican una argumentación profunda que suponga un ejercicio correcto de ponderación, no permiten el establecimiento de precedentes que garanticen la protección de derechos (...) lo único que se logra es obtener sentencias carentes de argumentación pero con buena apariencia". Porras recuerda que hubo una serie de amenazas de jueces y fiscales que decían haber sido "calumniados" por el informe de la Mesa y advertían con pedir cárcel. No solo hay resistencia de los jueces, dice Porras, sino del propio Consejo. "Hubo una conducta del Estado que se pudo llevar a instancias internacionales con pruebas de que se usó la justicia contra algunas personas, pero eso no se ha hecho. El informe ha servido solo para casos individuales". "A mi me parece una falta de responsabilidad con la necesidad del país de tener un sistema de justicia imparcial. Ahora se está decidiendo por si alguien es correísta o no, pero a la hora de perseguir los abusos legales del correísmo nadie asume a la responsabilidad", destaca Porras. 

4.- Las acciones en la Corte Constitucional están en el limbo

La conformación de una nueva Corte Constitucional y su decisión de analizar las causas en orden cronológico complican que se cumpla una de las recomendaciones del informe: "es necesario acelerar la revisión de los casos que se llevaron hasta la Corte Constitucional a través de acciones extraordinarias de protección, sobre todo de aquellos casos en los que existe todavía personas privadas de la libertad. Casos relacionados con el 30S y Pases policiales tienen a personas detenidas y sentenciadas hasta a 13 años de prisión". Pero este recurso, que sirve para que ante la Corte Constitucional se analice la constitucionalidad de la aplicación de la ley en cada caso, puede tomar años, pues, de momento, la Corte ha ofrecido analizar los casos según la fecha en la que fueron ingresadas. Y no tiene ninguna intención de "acelerar" esos casos, como recomendó la Mesa. 

5.- Indultos y amnistías no están en la agenda del Gobierno y la Asamblea 

Dos recomendaciones formuló la Mesa a la Asamblea Nacional y al Gobierno. En el caso de la Legislatura, se propuso una reforma  la Ley de Víctimas, para que incluya los casos hasta el 2018 y que una comisión de la Asamblea analice los casos que constan en el informe. Pero ni a ex correístas, derechistas o morenistas el tema les ha parecido importante en la agenda legislativa. Otra potestad de la Asamblea es conceder amnistías, pero, nuevamente, a los legisladores no les ha interesado impulsarlas. Con la Asamblea ocupada en la elección de autoridades y en la conformación de comisiones legislativas, es poco probable que el tema se ponga sobre el tapete. Entre tanto, en el Gobierno, se han concedido indultos puntuales, pero tampoco hay la intención, al menos pública, de cuestionar lo que la Mesa llamó "sentencias obtenidas fraudulentamente".  Otra recomendación de la Mesa que debe pasar por la Asamblea es una reforma al Código Orgánico Integral Penal, para que la causal de revisión conste para las sentencias emitidas sin fundamento legal. La "cooperación eficaz" que para algunos fiscales sirve para obtener "pruebas reinas" deberían excluir los tipos penales que se puedan usar para criminalizar la protesta social y "el derecho a defender derechos". Ninguna de estas sugerencias ha sido acogida por las fuerzas políticas del Parlamento. 

 

 

 

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