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24 de Mayo del 2015
Historias
Lectura: 11 minutos
24 de Mayo del 2015
Redacción Plan V
Las claves para entender la toma de las cesantías privadas

Foto: Presidencia de la República

En agosto de 2014, el director del Fondo de Cesantía del Magisterio y ex diputado del MPD, Juan José Castelló, asistió a una reunión con el presidente Correa en el Palacio de Gobierno. 

 

Para analistas consultados por PLAN V, todo el trasfondo de la toma de las cesantías de los maestros y de otros funcionarios públicos es usar el dinero para comprar bonos del Estado, de manera que el Gobierno disponga de más recursos para sus gastos. Una operación que podría conducir a los fondos a la iliquidez.

El control del Fondo de Censantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) por parte del Banco del IESS tuvo varios incidentes la semana pasada.

Con la detención del consejero del Consejo de Participación y Control Social, David Rosero, en un incidente con la Policía en las oficinas del FCME en Ibarra, así como de tres personas más de la Unión Nacional de Educadores (UNE) quedó claro que el Gobierno piensa tomar el control de los fondos de cesantía de ciertos funcionarios públicos, con el argumento de que, en algún momento se invirtió dinero del Estado en ellos. 

Pero, ¿cuáles son las claves de esta maniobra político-ecónomica del correísmo? Con la colaboración del economista Vicente Albornoz y del ex funcionario del FCME, Marcelo Andocilla, PLAN V reconstruye los entretelones de la toma estatal de las cesantías privadas.

¿Qué es un fondo de cesantía?

Además de la jubilación que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados, los funcionarios de algunas entidades del Estado, como los profesores fiscales o los empleados de algunos ministerios, constituyeron fondos de cesantía, cuyo propósito es lograr tener una caja de ahorro para cuando terminen su vida laboral o se retiren de la institución.

85 000 

afiliados activos tenía el FCME en todo el país.

En general, estos fondos descontaban de los roles de los funcionarios una cantidad acordada entre el empleado y el fondo, que iba a las cuentas de los fondos para crear una cuenta personal de ahorro. Al terminar su labor en la entidad, sea por renuncia, destitución o jubilación, los empleados podían concurrir ante el fondo de cesantía para pedir que les devuelva lo ahorrado. Pero como se trataba de grandes cantidades de dinero, los administradores de estos fondos procedían a realizar inversiones con ese dinero, de manera que el ahorro de los funcionarios tuviera una cierta rentabilidad. 

Este modelo se aplica, destaca Vicente Albornoz, en Chile, en donde administradoras de fondos de pensiones privadas reciben mes a mes un aporte de sus afiliados, y al final de un plazo determinado, que generalmente coincide con su jubilación, tienen dos opciones: o el fondo les paga una pensión mensual, o les devuelve lo ahorrado con intereses y con el resultado de las inversiones que estos fondos realizan. 

En el caso del FCME, este no pagaba una pensión, sino que devolvía el dinero que los docentes entregaban cada mes más los resultados de sus inversiones. Cada seis meses se colocaban en las cuentas de los socios, recuerda Marcelo Andocilla, los resultados de las inversiones. Cada profesor llegaba a aportar un mínimo de USD 10 al mes, es decir, hasta USD 120 al año, pero el monto de ahorro era determinado libremente por cada docente. 

En la actualidad, hay productos financieros en el mercado que brindan servicios de cesantía. Funcionan de manera similar a como lo hacía el FCME, y entregan al final del periodo acordado el total del dinero ahorrado. 

¿Qué se puede hacer con el dinero de estos fondos?

Como se trata de grandes cantidades de dinero -en el caso del FCME los activos alcanzarían los USD 420 millones- los administradores de este tipo de fondos invierten el dinero en operaciones financieras que puedan dar rentabilidad.

Como se trata de grandes cantidades de dinero los administradores de este tipo de fondos invierten el dinero en operaciones financieras que puedan dar rentabilidad.

Por ejemplo, pueden colocarlo en pólizas a plazo fijo en los bancos, o pueden hacer inversiones inclusive en fondos del exterior. Vicente Albonoz precisa que, en su opinión, un administrador de este tipo de fondos debe preferir que la inversión sea segura, aunque no produzca mucha rentabilidad, pues no se puede correr el riesgo de que se pierda el dinero de los afiliados.

En el caso del FCME, este invertía sus recursos en el sistema financiero nacional, y en proyectos inmobiliarios, así como en un sistema de créditos a los propios profesores. De los intereses obtenidos en el sistema financiero, de las ganancias en las ventas de las propiedades inmobiliarias y de los intereses de los créditos, se obtenía la rentabilidad del dinero de los docentes, que se acreditaba en partes proporcionales en las cuentas de los profesores que ahorran ahí.

Según Andocilla, el FCME no llegó a invertir en el exterior, pero Albornoz cree que fondos en el extranjero también serían una opción viable para este tipo de entidades, pues aunque no pagan mucho interés, se trata de bancos cuyo riesgo de quebrar es mínimo.

¿Qué podría hacer el Gobierno con estos fondos?

Según Andocilla, el grueso de los dineros que el BIESS ha pasado ha administrar en los fondos de cesantía son los más de USD 400 millones del dinero de los profesores fiscales, pues los seis o siete fondos que también han sido controlados por el Gobierno no alcanzarían a superar los USD tres millones. ¿Pero, qué se puede hacer con este dinero? Albornoz cree que, lo más probable, es que se usen para comprar bonos del Estado.

Los bonos del Estado son papeles o pagarés que el Estado entrega a cambio de dinero en efectivo, y sobre los cuales el Gobierno paga un interés superior al 8 %. Aunque la rentabilidad, en un principio, parece buena, las dudas principales son si el Estado pagará o no puntualmente los intereses de esos papeles.

Estos son papeles o pagarés que el Estado entrega a cambio de dinero en efectivo, y sobre los cuales el Gobierno paga un interés superior al 8%. Aunque la rentabilidad, en un principio, parece buena, las dudas principales son si el Estado pagará o no puntualmente los intereses de esos papeles. Andocilla explica que el FCME llegó a manejar, en su momento, algunos papeles del Estado, al comprar a los docentes que recibieron su jubilación pagada con esos documentos y no con dinero en efectivo.

El FCME recibía los papeles con descuento y pagaba al maestro la diferencia. Pero teme que, si el objetivo del Gobierno es usar el dinero del FCME para comprar estos papeles, sea posible que no se paguen puntualmente los intereses en efectivo, sino con más papeles, lo que terminaría por significar que los maestros que se jubilen o retiren del magisterio ya no reciban dinero en efectivo, sino este tipo de pagarés, cuya negociación en el mercado financiero por dinero en efectivo se hace con un costo para quien los negocia.

Para Albornoz, es posible que el objetivo del Gobierno sea simplemente tomar el dinero de las cesantías de los empleados públicos y usarlo para financiar el gasto del Estado, en especial, en momentos en que la baja del precio del petróleo afecta las finanzas públicas. En dónde y cómo se hacían esas inversiones requería, durante la administración privada, del visto bueno de la Superintendencia de Bancos, pero los entrevistados no están seguros si durante la administración estatal se pida ese criterio. 

¿Cuántos empleados tenía el FCME?

Por lo menos 270 personas trabajaban en el FCME del magisterio en todo el país. La entidad tenía oficinas en las 24 provincias de la República. Había empezado sus labores hace 23 años, en una pequeña oficina en Quito, y había crecido hasta lograr tener sedes propias.

270 

Trabajadores tenía el FCME al momento de su intervención por parte del BIESS. Se ha despedido a por lo menos 50. 

Aunque el FCME no era un aporte obligatorio para los docentes, tenía por lo menos 120 mil socios, de los que 85 mil eran considerados socios activos. Actualmente, el FCME, bajo la administración de los funcionarios del BIESS, ha despedido a no menos de 50 personas y se teme el despido de por lo menos 70 más. Se calcula que despedir a la totalidad de empleados del FCME costaría casi USD tres millones en indemnizaciones, que deberán ser pagadas por los propios recursos del fondo. 

Según afirman en el BIESS, al pasar a manejar la cesantía adicional de los docentes, el FCME recibió por lo menos USD 11 millones de dinero público, lo cual es el principal argumento para la intervención en la entidad.

¿Había dinero del Estado en el FCME o hubo desvíos hacia el MPD?

Según afirman en el BIESS, al pasar a manejar la cesantía adicional de los docentes, el FCME recibió por lo menos USD 11 millones de dinero público, lo cual es el principal argumento para la intervención en la entidad.

Andocilla precisa que esos 11 millones fueron entregados por el IESS, y que se debe investigar qué pasó con esa cantidad en el IESS, así como de dónde tomaron el dinero para entregar los recursos de la cesantía adicional de los docentes. El ex dirigente gremial -fue despedido al otro día de la intervención estatal- asegura que el Gobierno no ha podido probar que haya habido desvíos del dinero del FCME hacia el MPD o personas vinculadas al MPD.

El argumento oficial es que algunos de los proveedores del FCME eran personas cercanas al desaparecido partido maoísta, pero el ex dirigente asegura que ninguno de los proveedores vendío nada al FCME con sobreprecio, de manera que no se puede alegar que haya habido un verdadero desvío de los fondos del FCME en beneficio de esa tienda política. En todo caso, el ex dirigente de la UNE y ex diputado del MPD, Juan José Castelló, era el principal ejecutivo del FCME hasta antes de la intervención. 

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