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4 de Diciembre del 2017
Historias
Lectura: 68 minutos
4 de Diciembre del 2017
Las clínicas de deshomosexualización: impunidad que tortura

Las clínicas de deshomosexualización han sido denunciadas, pero la impunidad campea. Incluso las Naciones Unidas ha llamado la atención al Ecuador sobre estos hechos.

 

A 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, no existen sentencias ejemplificadoras sobre las llamadas “clínicas de deshomosexualización”. Por el contrario, los casos denunciados que se pudieron conocer han sido archivados, sobreseídos o han tenido sentencias irrisorias.

Torturas físicas y psicológicas como insultos, humillaciones, mala alimentación, golpes, descargas eléctricas, e incluso “violaciones correctivas”, han formado parte de las denominadas “terapias de deshomosexualización” que en Ecuador existen “desde hace mucho tiempo, a pesar de que el primer caso documentado data del año 2000”, según se señala en el Informe Alternativo que presentaron a finales de 2016 ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas seis organizaciones sociales: Réseau International des Droits Humains, Matrimonio Civil Igualitario, Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías, Todo Mejora Ecuador, Acoso Escolar y la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas.

De manera clandestina e ilegal, algunos centros privados de terapias contra las adicciones e inclusive algunos otros vinculados a iglesias evangélicas, han ofrecido estos “tratamientos” de acuerdo con denuncias de víctimas y activistas de derechos humanos. Las organizaciones firmantes del citado informe señalaron que el objetivo es la profilaxis social: "se ve a la homosexualidad como una plaga que puede contaminar el entorno de una sociedad”.

Los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (GLBTI) no han visto sus problemas resueltos desde que la homosexualidad dejó de ser un delito castigado con prisión el 25 de noviembre de 1997. Antes eran moneda corriente los abusos, capturas y vejaciones sexuales como consta en los testimonios recogidos por Carolina Páez, en una tesis presentada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador. Sin embargo, el Estado todavía tiene una deuda pendiente con la comunidad GLBTI. “La homosexualidad se despenalizó, pero no se despatologizó”, afirma Efraín Soria, integrante de la Fundación Equidad. Para el activista, a pesar de los esfuerzos estatales que se han hecho, en la práctica hay sectores de la sociedad que consideran como una enfermedad la preferencia no heterosexual.

En aproximadamente una década, la Fundación Causana, por ejemplo, ha documentado cincuenta casos de homosexuales internados contra su voluntad. Esta organización, como otras en Ecuador, considera que no hay suficiente información sobre la judicialización de los casos presentados, situación que ha atraído la vigilancia de instancias de las Naciones Unidas sobre el desempeño del Estado ecuatoriano cuyas leyes penales castigan la tortura y los delitos de odio con prisión de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal.

Si bien, como señala el Informe Alternativo anteriormente citado, la primera denuncia documentada data del año 2000, a través del Consejo de la Judicatura se pudo conocer que solamente existen seis casos judicializados de las llamadas clínicas de deshomosexualización. Solo los responsables de una de ellas tienen sentencia por rapto y su castigo consistió en diez días de prisión correccional y el pago de una multa de seis dólares. Esta es solo una de las razones por las que organizaciones GLBTI acusan insistentemente de que no hay una respuesta efectiva desde la justicia y que tampoco existe información concluyente de las autoridades ante el pedido de información sobre condenas.

Esa falta de justicia que demandan las organizaciones se refleja en la historia de Jonathan Vásconez, un transexual masculino que vivió una reclusión de un año y medio, que se interrumpió dos veces porque se fugó del Centro La Estancia, en Patate (Tungurahua). El hecho ocurrió cuando tenía 23 años de edad, ya tenía una hija y todavía usaba el nombre de mujer que le habían puesto sus padres cuando nació: María de los Ángeles. Ese 15 de mayo de 2010 había salido a las nueve y treinta de la noche de la casa de su mamá en Ambato a buscar un taxi para buscar a su pareja de entonces. En la calle vio un automóvil negro marca Suzuki con un chofer, además, de hombres en cada esquina de la calle. Repentinamente, esos desconocidos lo interceptaron, lo golpearon y esposaron mientras le decían que eran de la policía. La orden para internarlo contra su voluntad la dio su familia, bajo falsas acusaciones de que era drogadicto, afirma.

Esa misma noche lo llevaron, en medio de golpes e insultos y con la cabeza cubierta, al centro de tratamiento de adicciones. Poco después oyó que alguien hizo una pregunta en voz alta: “¿Lo destapamos?”. “Sí”, fue la respuesta de la persona que daba las instrucciones. Fue entonces cuando vio el letrero: “Solo por la gracia de Dios”. Y en nombre de esa gracia le dijeron que ser lesbiana, como se asumía en ese entonces, era una abominación. Contó que el terapista vivencial que le asignaron —un rehabilitado de las adicciones— le hablaba sobre temas sexuales mientras se tocaba el pene. Todo para convencerle de que así le curaría del lesbianismo, para siempre. No lo soportó más y se fugó. Al hacerlo, Jonathan alcanzó a formular una denuncia en el CONSEP, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas que en ese entonces se encargaba de regular a los centros de adicciones. La denuncia no tuvo éxito y al poco tiempo fue “capturado” por segunda ocasión, por orden de la hermana, quien le gritaba marimacha, drogadicta, narcotraficante, lesbiana, cuando se lo llevaban.

Cinco años después, la justicia nunca llegó para Jonathan Vásconez. Hoy decide salir a la luz y contar su paso por el Centro La Estancia, en Patate (Tungurahua).

De vuelta en el centro, sabía lo que le esperaba. Afirma que había visto que a los internos que escapaban y eran capturados les golpeaban con guantes de boxeo y les bañaban con jabón azul, todo para evitar que el cuerpo quede morado. Aún con las manos esposadas hacia atrás le aplicaron una tortura que no olvida. “Pidieron a tres compañeros que se levantaran y trajeran un tanque café, que me llegaba a la cintura, lleno de agua. Entre los tres me metieron al tanque, de cabeza, unas ocho veces. Puedo decir que ahí vi la muerte. El director de la clínica me grababa con un celular y me pedía que dijera que había ido a robar a mi hija, cosa que no era cierta. Cuando vieron que me moría, me dejaron. Me tiraron un saquillo de basura encima y me mandaron a dormir en el cuarto de los varones, porque era una clínica mixta. Fue en el ático. Estuve un mes y una semana, esposado a la cama, y me hacían comer en el piso”.

Pasó el tiempo y logró escapar, pero fue nuevamente capturado el 30 de junio del 2011 en un mercado. Ese internamiento fue el más largo: duró un año. Al cumplirlo, a la clínica llegaron funcionarios del Ministerio de Salud, de la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) y se llevaron al director del centro a la Fiscalía. “A nosotros nos preguntaron cómo nos trataban. Para ese tiempo, créame, el maltrato, el encierro, y todo se me hizo tan normal que yo ni dije que nos maltrataban”. Con el paso del tiempo y las terapias sicológicas, Jonathan recobró la consciencia y la dimensión de lo sufrido.

El centro de recuperación de adicciones fue clausurado en abril del 2012, luego de la visita que recuerda Vásconez. Una nota publicada en la página web del Ministerio de Salud Pública señala que el organismo tomó la medida por “incumplimiento de normas y requisitos”. Ni una palabra sobre hechos como los que Vásconez afirma que vivió. El único acusado judicialmente por el caso, el director de la institución, fue sobreseído. De acuerdo con la sentencia del tribunal que conoció la causa, la Fiscalía intentó en principio una acusación por tortura y luego desistió de ella para mantener solo el delito de plagio. El juzgado lo descartó, entre otras razones, porque el internamiento lo solicitó la familia, en ese sentido, el director fue “un agente secundario” —afirmó la defensa del implicado—, ya que “no ideó, no procuró y sobre todo no obtuvo provecho alguno de la infracción”.

En este trabajo periodístico nos preguntamos qué ha sucedido con estas “clínicas” como en la que estuvo Vásconez y hasta qué punto la justicia avanzó ante las denuncias presentadas. Primero, presentaremos los datos que muestra el Estado ante los organismos internacionales, así como la respuesta de la justicia que, según las organizaciones sociales, revelan la poca efectividad para sentar precedentes sobre el tema. Segundo, conoceremos los argumentos de seis centros de adicciones que niegan la aplicación de terapias de este tipo, pese a que aparecen en reportes entregados a instancias internacionales. Tercero, repasaremos cómo el Estado ha respondido con normas para evitar que los centros de adicciones ofrezcan estos servicios ilegales, aunque activistas y organizaciones reportan nuevos casos. Finalmente, veremos que desde la perspectiva de la “ayuda espiritual” existen centros dirigidos por iglesias o grupos evangélicos, de acuerdo a los testimonios que pudimos conocer.

Este abordaje llega cuando a nivel regional se despiertan alertas por medidas que atentan contra los derechos humanos de la comunidad GLBTI. Hace poco, una ola de indignación invadió Brasil y el mundo cuando un juez aceptó el recurso que puso una psicóloga vinculada a grupos evangélicos para aceptar como legal las “terapias de reversión sexual”. Es decir, abrió las puertas para que los psicólogos puedan atender a quienes voluntariamente busquen orientación sobre su sexualidad, una medida que va contra la prohibición que estableció el Consejo Federal de Psicología, en 1999, y como también lo hizo la Organización Mundial de la Salud, hace 27 años, cuando retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades.

Mientras, en Ecuador siguen ausentes las sanciones judiciales que sienten precedentes sobre un problema aún vigente.

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Los reclamos de justicia

Organismos internacionales y activistas ecuatorianos señalan la falta de información del Estado sobre los esfuerzos para castigar penalmente a los responsables de las "clínicas de deshomosexualización"

Ecuador pasó, en mayo pasado, el III Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sobre castigos a responsables por aplicar "terapias" de reorientación sexual el Estado no dio información, una situación que también se repitió en el II EPU, del 2012 y en el I EPU, del 2008. El silencio del Estado no impidió que países como Argentina e Israel, en este 2017, exhorten al Ecuador para que tome medidas y asegure la rendición de cuenta de los responsables, como señaló Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), en una rueda de prensa. Incluso, organizaciones como Taller de Comunicación Mujer, en este último EPU, afirmaron en un documento que las sanciones contra estos centros han sido “en su mayoría de carácter administrativo y que no existían datos sobre algún caso que hubiera llegado a judicializarse”.

Sin embargo, el Estado sí ha ofrecido información en otras ocasiones como ocurrió ante el Comité de Derechos Humanos, en agosto del 2016, instancia donde se señaló que Ecuador ha judicializado cuatro casos, pero que se “lamenta no haber recibido información detallada acerca de las acciones de carácter penal desplegadas contra los responsables de esos ‘tratamientos’ y sus resultados”. En enero del presente año, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dijo que “está preocupado por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en centros privados en los que se practican las llamadas ‘terapias de reorientación sexual o deshomosexualización’. Pese al cierre de 24 centros de este tipo, el Comité observa con preocupación que hasta la fecha los procesos iniciados por la Fiscalía no han concluido en ninguna condena”.

Hasta el momento de la publicación de este reportaje, por ejemplo, no se pudo conocer cuáles fueron los 24 centros cerrados, los motivos por los que se procedió, quiénes fueron los responsables o si estos continúan ofreciendo servicios bajo otro nombre. Todas estas inquietudes se nos vinieron a la cabeza con más insistencia cuando conocimos la historia de Luisa* quien no olvida los días cuando estuvo internada en el Hogar Renacer, un centro de adicciones de Cuenca, en la provincia de Azuay. Llegó ahí por decisión de sus padres, ya que nunca aceptaron la idea de que sea lesbiana, y menos que se haya enamorado de su prima con quien vive en la actualidad. Ella recuerda bien la “terapia” que recibía: bañarse muy temprano y en exactamente cinco minutos, rezos, la aplicación del tratamiento de los doce pasos para drogadictos, mala alimentación y frases que le repetían día con día mientras le ponían la mano sobre la cabeza: vos, no eres lesbiana, acá te vamos a curar; estás muy confundida con tu vida, vas a ver que te van a gustar los hombres…

Esa experiencia traumática la vivió a sus 24 años, en el 2012, y permaneció cuatro meses compartiendo el espacio con otras lesbianas, unas dependientes de las drogas y otras, como ella, que no lo eran. Cuando salió fue a su casa, con el ánimo totalmente alterado. A dos semanas de su salida, su padre volvió a reaccionar con violencia y tuvo miedo de ser internada otra vez. Por eso decidió marcharse. Del Hogar Renacer no quiso saber más. "Nunca formulé una denuncia. No me quise meter en problemas. Las personas que trabajaban ahí eran medio peligrosas". Dos años después, la institución fue mencionada en un informe que presentó el Ministerio de Justicia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en el que se indicaba el inicio de un proceso para sancionar a ese centro y a otros seis por aplicar terapias de reorientación sexual a mujeres entre 2013 y 2014, y que el Ministerio de Salud Pública puso las denuncias contra los responsables ante la Fiscalía General para que se inicien las investigaciones pertinentes, sin conocerse hasta hoy los resultados de los mismos.

La Fiscalía, por su parte, no proporciona detalles sobre los casos resueltos o las sentencias condenatorias de los que se conocen, inclusive, como “casos emblemáticos” por el nivel de incidencia que tuvieron en la opinión pública. Al menos así pudimos deducir cuando nos entrevistamos con Fabián Salazar, fiscal de Indagaciones Previas de la Fiscalía General, quien participó en varios de los operativos que se realizaron entre el 2013 y el 2015 a estos centros de adicciones. En la entrevista que nos ofreció leyó una hoja simple en la que se encontraban los casos de Guayaquil, Tungurahua, Manabí, Napo y Pichincha.

El caso de Tungurahua, por la similitud de los nombres cuando era mujer, nos hace suponer que se trata de Jonathan Vásconez, aunque Salazar no pudo precisar más detalles. Insistimos preguntándole si hubo o no avances sobre los casos que nos mostraba, pero dijo reiteradamente que todo detalle lo saben las fiscalías provinciales. Hicimos gestiones con dos de estas, en la Fiscalía Provincial de Azuay (Cuenca) e intentos en la Fiscalía Provincial del Guayas (Guayaquil), pero nos derivaban a la Dirección Nacional de Comunicaciones de la Fiscalía, en Quito. Luego de argumentar el pedido, la Dirección terminó respondiendo lo siguiente: “Los detalles que usted nos está solicitando son de carácter reservado y lo que es de libre acceso se lo hemos hecho ya llegar e incluso se le ha concedido una entrevista con el fiscal especializado”.

Los datos que nos reveló el fiscal corresponden a los que el Estado presentó en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer, CEDAW (2014), en el Anexo 18 a dicho informe. En ese documento se señala que hubo 22 operativos a clínicas clandestinas, en diferentes provincias del país y que “el número de procesados es de más de 30 personas por delitos de violación a derechos humanos tales como odio, plagio, trata de personas y tortura”. El Informe a la CEDAW no menciona los nombres de las clínicas, y hasta el momento de la difusión de este reportaje, tampoco se conoce qué pasó con esos procesados.

Salazar se cuidó mucho de precisar los casos con los nombres de las víctimas, para no revictimizarlos, nos dijo. Él participó, en el 2012, en la Comisión Interinstitucional Nacional (CTIN), presidida por el Ministerio de Salud Pública junto a otras instituciones como Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General y el CONSEP. Cuando se realizaban los operativos, pudo identificar un patrón común: las clínicas presentaban a las víctimas como personas adictas a las drogas o el alcohol.

“Lo que decían es que entraban por adicciones, pero en el fondo cuando ya teníamos contacto con la víctima, lo que nos manifestaban era que tenían que curarle su orientación sexual”. Salazar asegura, pese a todo, que la incidencia del fenómeno se ha reducido, aunque la percepción de colectivos y organizaciones sociales es diferente. La Fundación Causana afirma que solo entre 2016 y lo que va de 2017, ha trabajado con ocho casos de prevención de encierro. Para ellos es motivo suficiente para que no se dé por cerrado el tema.

El Fiscal Fabián Salazar participó en diferentes operativos realizados por el CTIN. Hoy no puede dar más detalles sobre los casos denunciados, ya que es una información que deben ofrecer las fiscalías provinciales, afirma.

En junio pasado, el Consejo de la Judicatura, por información que obtuvo de la Dirección de Gestión Procesal de la Fiscalía, nos reportó una lista de seis casos ocurridos en Pichincha, Napo, Guayas, El Oro y Manabí. Los casos llevan las iniciales de los agraviados y se aprecia que la mitad de los procesos terminaron archivados, no se identificaban las clínicas señaladas y solo se aclaraban los motivos de las averiguaciones en tres de los casos: dos correspondían a tormentos corporales y uno a rapto (Napo). Este último llama poderosamente la atención ya que la sentencia se fijó en 10 días de prisión correccional y el pago de una multa de 6 dólares, por dicho delito. En la lista, por ejemplo, no figuraba el caso de Jonathan Vásconez, quién nos relató que sufrió graves maltratos físicos y sicológicos en una institución donde intentaron cambiar su orientación cuando aún era lesbiana.

Aunque no se pudo confirmar oficialmente, el único caso que tuvo condena coincide con la mayoría de las iniciales del nombre de una estudiante universitaria que en 2013 adquirió notoriedad por denunciar públicamente que había sido internada en el Centro La Esperanza, de Tena (Napo). Es lesbiana y había confesado a su familia la relación que llevaba con una amiga. Con el tiempo, bajo engaños y esposada, los padres decidieron internarla, lo que sucedió justamente un 17 de mayo, fecha cuando se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Como parte de la “terapia” recibida ella dijo que le hablaban de la biblia, le insistían en que era una “hijaeputa” que causaba el sufrimiento de su familia y que trataban de obligarla a reconocerse como drogadicta y alcohólica, aunque no lo era. “Ellos me decían que es el alcohol el que me lleva a esas cosas, que la adicción nos lleva a eso, que allí me van a ayudar, que me van a cambiar mi mente, que las adicciones llevan a hacer todas esas asquerosidades, que Dios crea al hombre y a la mujer”. Así se lee en documentos a los que accedimos.

Los propietarios del terreno donde funcionaba el Centro La Esperanza, que actuaba clandestinamente, eran de una pareja de funcionarios públicos. Ella trabajaba como Comisaria de Salud, encargada de vigilar, entre otras cosas, que no existieran centros que ofrecieran terapias como esas. Él, por su parte, presidía la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Ambos, además de otros tres involucrados, fueron procesados por el delito de odio que formuló en su momento Fabián Salazar. Los esposos, sin embargo, fueron absueltos. “Los mismos no han tenido ningún tipo de contacto con la presunta víctima”, razonó el juez. Los documentos a los que accedimos no indican qué sucedió con los otros involucrados. Cuando estuvimos en El Tena, ubicamos al ex presidente de la Junta Cantonal en las oficinas del Consejo de la Judicatura, donde labora como Mediador Coordinador Técnico Provincial. Conversamos con él, aunque no quiso ser grabado. Nos dijo que toda la responsabilidad del caso era del director del centro y que con él se limitó a tener un acuerdo de compra-venta del terreno. “A la joven la conocí solamente el día del juicio”. Añadió que pensaría si daba una entrevista, pero pese a las varias insistencias, no respondió el teléfono.

Los escasos datos oficiales sobre procesos judiciales generan inquietud más allá de los órganos internacionales. “La Fiscalía no nos ha dado ninguna información, para nosotros como sociedad civil es muy difícil acceder a conocer estos movimientos”, dijo Ane Barragán, de la Fundación Causana. Solo tienen noticia de un caso en el que hubo sanción, pero no por tortura sino por delincuencia: una clínica localizada en Pisulí. Jorge Medranda, de la misma organización, señala que hay limitaciones para presentar denuncias. “No lo podemos hacer. Eso lo tienen que hacer las víctimas o la Fiscalía debe actuar de oficio […] pero es algo que tampoco hace. Entonces quedan en total impunidad”. Su preocupación es relevante porque muchas víctimas optan por no denunciar como una vía para olvidar lo sufrido. Taller de Comunicación Mujer exige sanciones ejemplificadoras. “Eso sería que no vuelva a abrirse una clínica que incurra en violaciones a derechos humanos [..] Las leyes y normas, sus vacíos y contradicciones son marcos que permiten que estos casos sigan latentes y en la impunidad” enfatiza Cayetana Salao de la organización.

Barragán, recuerda que el primer operativo que realizaron fue con la clínica Puente a la Vida, en Quito. Dicha clínica ha tenido varias denuncias, afirma, “no sólo en los temas de terapias correctivas a hombres gays y chicas lesbianas sino cuando llegamos allá nos enteramos que había muchas denuncias de maltrato a todo tipo de pacientes internos”. En dicho centro una joven lesbiana estuvo dos años sometida a una serie de vejámenes, incluyendo ultrajes sexuales. El diario El Telégrafo resumió las declaraciones de la víctima, indicando que Puente a Vida cerró porque se administraban medicamentos caducados a los pacientes, y no por violación a los derechos humanos.

Salao nos contó que a la víctima “le pasaron una serie de cosas después de que visibilizó su caso. Por un lado, amenazas de las personas involucradas a las clínicas y, por otro lado, toda una serie de desprestigios familiares, de su entorno laboral: fue despedida, su familia no se sintió muy bien que se haya visibilizado que [ellos] le metieron en las clínicas, entonces, ella colapsó, emocionalmente, psicológicamente”. La activista recuerda que la joven no quiso poner la denuncia para dejar de ser señalada y evitar que se le cierren las puertas. Barragán recuerda, por otra parte, que el dueño de ese centro ha tenido denuncias, pero ninguna tuvo éxito en la Fiscalía. “El dueño es conocido, hicimos denuncia personal, con nombres y apellidos, y él estaba entrando y saliendo del país sin ningún problema hasta ahora”.

En muchos casos, como confirmó Salazar, son los parientes directos de las víctimas los que apoyan las reclusiones. Generalmente, los agraviados no quieren someter a sus propios familiares a procesos legales y por ello desisten de denunciarlos y optan por alejarse de ellos. Él cree que debe existir una reforma legal porque en esas situaciones la institución apenas puede trabajar los casos como episodios de violencia intrafamiliar. Christian Paula, de la Fundación Paqta, no concuerda y piensa que la tortura representa un delito de acción pública que no necesita denuncia y que los familiares que la promueven deben ser castigados: “Quien financia la tortura son los padres, porque pagan una manutención para que los chicos estén ahí. Quien ejerce la tortura dentro del centro de tortura también tiene que ser castigado […] y quien permite eso también”.

*Nombre ficticio por petición de la víctima

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Normas bajo prueba

La existencia de regulaciones para los centros de tratamientos de adicciones desestimula la oferta de “terapias” de reorientación sexual, afirman algunos funcionarios, pero las denuncias de activistas y grupos sociales no han desaparecido

Alrededor de 290 operativos de control a los centros de adicciones se realizaron desde el 2013 hasta el 2015 de acuerdo con un Informe Técnico del Ministerio de Salud Pública de 2016. El Taller de Comunicación Mujer solicitó, en varias oportunidades, detalles de los operativos realizados, un pedido que también realizamos para este reportaje. Tanto la petición del Taller, como la nuestra, nunca tuvo respuesta.

Lo que sí respondió el ministerio fue el número de clínicas con licencia de funcionamiento: de 212 que existían hace cinco años pasaron a ser 100 centros privados que tratan adicciones, en la actualidad. Sin embargo, en abril y mayo de este año, Taller de Comunicación Mujer y Sexual Rights Initiative presentaron un informe conjunto al Examen Periódico Universal del Ecuador en el que identifican 13 centros que contravienen una serie de prohibiciones para salvaguardar los derechos de las personas internadas en dichas instituciones. Los datos, basados en información oficial, no aclaran en cuáles de esos centros se aplicaron “tratamientos de deshomosexualización”.

LISTA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESTAD)

Se contabilizan los centros ambulatorios para el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (CATAD), los centros especializados para el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (CETAD) y los hospitales especializados en salud mental que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (HESM).

Hace una década no existían normas para los centros de tratamientos de adicciones que prohibieran expresamente la aplicación de terapias forzadas de cambio de identidad sexual. La recurrencia de las denuncias en esa época activó las alertas oficiales de acuerdo con Efraín Soria, de Fundación Equidad. “Poco a poco el Estado y el gobierno […] fueron poniendo cartas en el asunto y fueron haciendo algunos pasos, entre esos, crear un reglamento para las clínicas, que no existía”. Los centros de adicciones pasaron de ser supervisados por el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, CONSEP, a la tutela del Ministerio de Salud Pública, que en el 2010 emitió el Reglamento 339 que pretendió hacer frente a las denuncias. Sin embargo, según algunos activistas, la norma era ambigua ya que el noveno artículo señalaba que se fomentaría la creación de centros especializados para una serie de pacientes entre los que incluían las “personas con trastornos en su identidad u orientación sexual primarios a su adicción…”

El mencionado reglamento fue derogado dos años después cuando Carina Vance, una activista lesbiana, asumió como ministra de salud. Bajo su gestión fue aprobado el Acuerdo Ministerial 0767 que eliminó cualquier rastro de ambigüedad y, además, estableció una serie de mecanismos para el seguimiento de las clínicas con articulación de distintos órganos estatales y la participación de colectivos y organizaciones sociales. Por ejemplo, se constituyó la Comisión Técnica Interinstitucional Nacional (CTIN) presidida por el Ministerio de Salud Pública junto a otras instituciones como Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General y el CONSEP. Igualmente, el reglamento establecía la obligación de que se constituyeran instancias equivalentes de carácter local (CTIL) y señalaba que las clínicas que aplicaran terapias de cambio de identidad de género serían clausuradas de manera permanente.

Durante la gestión de Vance la realización de operativos a estos centros fue intensa: 290 de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud. Ese nivel de despliegue actualmente no sucede. Al menos eso fue lo que nos indicó Patricio Aguirre, quien era Director Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión del Ministerio de Salud Pública, cuando le realizamos la entrevista. Aguirre aseguró que la existencia de una normativa ha contribuido a regularizar la situación de las clínicas y ha hecho que se reduzca la necesidad de ese tipo inspecciones sorpresa. “Ya hay otro contexto, antes no había regulación, no había claras competencias en el territorio y existía mucha demanda de la sociedad civil”. Hoy se ha normado la entrega de licencias de funcionamiento, entre otras medidas.

Una declaración semejante proviene de la Defensoría del Pueblo, la cual cuenta desde el 2011 con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura cuyo esquema permite la visita de los lugares donde hay encierro temporal o permanente de personas. Aunque el mecanismo no es un órgano de denuncia, sí toma medidas preventivas. Patricio Benalcázar, Defensor Adjunto de los Derechos Humanos y la Naturaleza, explicó que, para este año no están programadas visitas a los centros de adicciones. “Hay otro órgano que hace eso […] qué hacemos verificando un centro que ya está verificado por el Ministerio de Salud Pública”. Por otra parte, afirma que de los 24 centros que fueron cerrados según el informe que presentó a Ecuador al Comité contra la Tortura de la ONU, en agosto del año pasado, se levantaron informes propios en seis casos. En todos se confirmaron internamientos forzados por orientación sexual y clausuras de los centros, aunque se desconoce si los casos fueron judicializados o si los responsables recibieron sentencia condenatoria.

Para Patricio Aguirre, la existencia de una normativa ha contribuido a regularizar la situación de las clínicas y ha hecho que se reduzca la necesidad de ese tipo inspecciones sorpresa

Otra medida de alcance nacional, sobre la que hoy pesa la incertidumbre, fue adoptada en mayo de 2017. El Consejo de la Judicatura y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social encabezaron una iniciativa desde la Mesa Interinstitucional para el seguimiento de las Políticas GLBTI que concluyó con la elaboración de un documento con guías de actuación para los funcionarios públicos sobre las llamadas clínicas de deshomosexualización, de la cual solamente pudimos conocer el borrador. Sin embargo, todos los ministerios coordinadores fueron eliminados por el nuevo gobierno de Lenín Moreno y entre los sectores sociales hay dudas sobre si se aplicará el instructivo que fue titulado Ruta de Denuncia y Atención de Casos de Personas LGBTI Recluidas contra su Voluntad en Establecimientos de Salud, que prestan Servicios de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (ESTAD).

Esta Ruta se diseñó ante la escasa respuesta de judicialización de los casos y para buscar mejores acciones desde el Estado para la reparación a las víctimas, generando un registro único. “Al momento en que se encuentra un centro clandestino o centro que esté haciendo este mal llamado servicio, lo que se hace es poner en un registro en el cual a esa persona no se le vuelva a dar un permiso nuevamente de apertura de un nuevo centro, y por otra parte es la judicialización”, señala Paola Mera, activista GLBTI y ex funcionaria del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. El documento enfatiza que la Fiscalía realice de oficio las investigaciones, aunque siempre será valioso la denuncia de la víctima.

Paola Mera fue partícipe, desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en la elaboración de la llamada Ruta de Atención. Hoy, la aplicación del documento es incierta, ya que los ministerios coordinadores fueron suprimidos por el actual gobierno

En el plano local, en Cuenca, se aprobó la Ordenanza Municipal para la Inclusión y Respeto de la Diversidad Sexual que prohíbe el funcionamiento de centros que ofrezcan supuestas curas contra la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, o el transgenerismo. Si esto sucede, “las autoridades municipales de control de uso de ocupación del suelo procederán con su clausura definitiva. Una vez dado el proceso sancionador, por parte de la autoridad municipal competente, será remitido a la autoridad penal correspondiente”, se precisa en el artículo 8 de la normativa.

Pese a las normas, los casos no han desaparecido. Los avances reglamentarios en Cuenca, por ejemplo, dejaron a muchos activistas con la sorpresa por la poca reacción municipal para adoptarlos. Esto porque la norma entró en vigencia en febrero del 2016, tiempo en el cual se produjo un caso de dos mujeres lesbianas que movilizó a activistas y autoridades locales en su búsqueda. Cayetana Salao, del Taller de Comunicación Mujer, señala, que "nosotros hemos tenido conocimiento de cuatro últimos [casos], más dos que fueron reiteradas para la misma persona". Dichos casos se hicieron públicos en un texto que se presentó en octubre pasado, con el título, “Retratos del Encierro, Sobrevivientes a las Clínicas de Deshomosexualización”.

El año pasado también se supo de Elías, cuyo caso fue conocido por Luis Garcés, vicepresidente del Observatorio de Derechos Humanos y director de Todo Mejora Ecuador. El primo de la víctima lo contactó por Facebook. El muchacho había manifestado abiertamente su homosexualidad y su madre, de fuertes creencias religiosas, hizo gestiones para recluirlo primero en un colegio adventista en Santo Domingo de los Tsáchilas y luego en una clínica clandestina de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, según nos relataron Garcés y Robert Mendieta, el primo del adolescente.

De acuerdo con el primo, a Elías lo encerraban y le obligaban a golpear a sus compañeros “porque así se hacía hombre” en ese colegio. Al fugarse se quedó un tiempo en su casa, pero Elías se reconcilió con su mamá, y regresó con ella. Un día desapareció y fue entonces cuando su primo denunció el caso, que incluso fue presentado ante el Consejo de Protección de Derechos de Guayaquil.

Se confirmó luego que estaba en un centro que no figura en la lista de clínicas autorizadas por el Ministerio de Salud Pública. “Lo interesante que él nos contaba es que le envolvían los brazos para que le pudieran pegar y no le quedaran marcas. Que lo tenían encadenado con grilletes a la cama para que no se pudiera mover, y cosas así”, dice Garcés. Después de su internamiento, la madre y el muchacho se reunieron y recibieron atención sicológica. Elías, según su primo, recuperó una vida normal. Ambos parientes viven juntos de lunes a viernes y los fines de semana el chico visita a su mamá. No hubo ninguna judicialización, ya que la mamá, al menos en teoría, recapacitó, añade Garcés. “Obviamente estos centros de tortura nunca te van a decir lo internamos por ser gay, porque es penado por la ley”.

En ese aspecto coincide Vanesa Morocho, del Colectivo Las Raras en Cuenca, quien afirma que los centros que aplican tratamientos forzados se excusan en las adicciones de sus víctimas. “Como tú sabes en ningún caso es que se les encierre por ese motivo [lesbianas], se les encierra porque tienen problemas con drogas, con alcohol y cosas así; cosas que muchas veces sí conlleva el hecho de ser lesbiana porque sí existen muchos casos”. Pasa que muchas, por ejemplo, al no ser aceptadas en su entorno, recurren a estas formas de consumo, agrega.

No hay que olvidar que la primera agresión que sufren ocurre en la casa, dice Jorge Betancourt de Verde Equilibrante, en Cuenca. “Muchas veces, en los grupos focales nos han comentado, [que] llegan a consumir el alcohol u otras sustancias porque es un medio que les ahonda sus penas, o la angustia de que en la casa los están martirizando, burlándose o muchas veces, hasta pegándoles. Luego las familias los internan por el uso de alcohol y drogas”.

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"No deshomosexualizamos"

Organizaciones GLBTI denuncian que centros de adicciones, señalados por ofrecer servicios de reorientación sexual, siguen funcionando sin ninguna sanción. Los directores de esas instituciones niegan que hayan ofrecido tales “terapias” y se defienden de las acusaciones

Los representantes de un grupo de seis centros privados de tratamientos de adicciones de tres provincias de Ecuador fueron consultados para el presente trabajo. Los nombres de esas clínicas son mencionados en reportes oficiales del gobierno ecuatoriano y en los informes alternativos presentados por organizaciones y colectivos GLBTI ante instancias de derechos humanos de Naciones Unidas. Se trata de lugares que han sido señalados por aplicar “terapias para curar la homosexualidad” y que, pese a ello, siguen funcionando, afirman diversos activistas GLBTI. La lista elaborada incluyó a los centros 12 Pasos, Mujer de Valor, Exitus, CREIAD de Azuay; Fundación Salva tu Vida de Guayas; y Volver a Nacer en Manabí.

Un Informe del Ministerio de Justicia del 2014 menciona que la clínica 12 Pasos fue clausurada por practicar terapias de “reorientación sexual” a mujeres, entre el 2013 y el 2014. Consultado al respecto, Gustavo Valencia, director y propietario de la clínica, afirma que ignora el reporte e incluso advierte que intentará una demanda por injuria y calumnias si le atribuyeran hechos falsos. La institución, que atiende a 108 pacientes, no ha realizado este tipo de tratamientos, afirma enfáticamente, pero admite que el centro sí ha sido cerrado temporalmente, aunque por otros motivos.

Uno de los cierres ocurrió en el 2013 por internar a un menor de edad, pero el director del centro explica que no tuvo otra alternativa que recluirlo porque así fue ordenando por un juez. “Demandamos al Estado y al ministerio y, de hecho, eso está todavía en las salas de justicia”. El otro cierre ocurrió en el 2014 y estuvo relacionado con la atención a mujeres internadas. Valencia asegura que le atribuyeron haber incumplido normas de higiene y que no se le dio derecho a la defensa con respecto al caso. “Inicialmente cuando se llevaron a las chicas […] se habló de maltrato, se habló de vulneración de derechos, para lo cual nosotros vimos a un abogado […] El expediente jamás procedió. ¿Por qué no procedió? Porque no hubo las pruebas suficientes”. En este caso también puso una demanda judicial: “Ahora el caso está en segunda instancia en Quito”.

Un caso reciente sucedió el año pasado e involucró a otros dos centros de adicciones en Cuenca. Según los activistas locales, dos mujeres lesbianas desaparecieron en febrero del año pasado, por lo que una amiga de ambas contactó por Facebook a Jorge Betancourt, de Verde Equilibrante. Eso encendió una alarma y el caso se presentó ante la Defensoría del Pueblo y la Dirección Provincial de Salud en Cuenca. Se hizo un operativo oficial de búsqueda, aunque sin la participación de los denunciantes. Una de las mujeres fue encontrada y sacada de Mujer de Valor, a la otra no la encontraron en Exitus. Según refieren activistas como Betancourt; Pedro Gutiérrez de la Red GLBTI y Vanesa Morocho, del Colectivo Lésbico Las Raras, alguna de las mujeres lesbianas fue drogada y una pasó por 12 Pasos -un hecho que Valencia niega-, terminando en Exitus.

Cuando conversamos con Marcelo Campuzano, director y propietario de Mujer de Valor, admitió que efectivamente en la institución estuvo una de las jóvenes lesbianas del caso denunciado, pero afirma que el internamiento fue por problemas de alcohol. “Nosotros no deshomosexualizamos a las personas, porque esa no es nuestra labor”. Incluso, Paola Gordillo, directora de administración del centro, afirmó que la usuaria había firmado el consentimiento para su ingreso. Campuzano afirmó, además, que en la actualidad el centro tiene entre sus pacientes a una mujer americana lesbiana, pero por asunto de adicciones. Gordillo, complementó: “El año pasado tratamos una joven hermafrodita, quien tenía todo lo que físicamente parecía varón, pero era una mujer. Nosotros tenemos que tratar con mucho cuidado y aceptar la inclinación de esa persona, pero sí tratamos netamente la adicción de esa persona”.

En Exitus, Lina Campoverde, directora y propietaria del centro, negó que la institución tuviera algo que ver con el caso y afirmó que recibe pacientes estrictamente por problemas de adicción. “Acá vienen los señores del Verbo, que generosamente vienen a apoyar, los viernes; y los adventistas que vienen el sábado en la mañana, una hora a la semana”. Ella afirma que esto no supone ninguna forma de condicionamiento para la terapia que reciben las internas. “Háganse al Dios de ustedes, al que ustedes conciban”, les dice. Campoverde nos dice, además, que desde que se ha abierto la clínica, hace dos años y medio, han tenido internas lesbianas. De hecho, en el momento de hacer la entrevista, indicó que tiene una y a dos bisexuales. Y sobre el caso de las dos jóvenes que relatamos, si bien señala que los del Ministerio de Salud han venido alguna vez por alguien, sobre este caso en particular, niega que haya sucedido.

Sobre el caso de las jóvenes lesbianas, Jorge Valdivieso, de la Defensoría el Pueblo de Cuenca, confirmó que ellos participaron en la “vigilancia del debido proceso”, pero no quiso dar una entrevista y aunque se comprometió a darnos el documento que reflejó su actuación, eso nunca sucedió.

El único documento que pudimos revisar sobre el caso fue la copia simple de la resolución de la Dirección Provincial de Salud de Cuenca, en el que se detalla que una de las jóvenes efectivamente tenía problemas de alcohol y que había sido llevada por su familia a la clínica, aunque nunca firmó el consentimiento informado -que es contrario a lo afirmado por Gordillo, de Mujer de Valor-. A pesar de ello, dicha Dirección Provincial les liberó de responsabilidad y solo les conminó a cumplir con los requisitos que pide la norma.

Las referencias sobre el Creiad, la cuarta institución activa, la aportó Galo Verdugo Crespo, director provincial de Salud de Azuay desde diciembre del año anterior. Mientras afirmaba que se hacían inspecciones regulares a dichos centros, recordó un caso ocurrido en ese centro donde un interno había sido degradado por su condición de homosexual y fue sometido a un maltrato físico y sicológico. La víctima fue liberada y no presentó denuncias, según Verdugo. Pero, le hicimos notar que esa clínica pese a ese antecedente sigue funcionando. “No, pero tiene nueva estructura y nueva administración. Y nosotros siempre estamos haciendo visitas periódicas” nos dijo. Al comunicarnos con el centro aludido, el director nos atendió la llamada y le pusimos el tema de las terapias de deshomosexualización. Se rio y dijo que eso no se cura, y cerró la llamada. No nos dio tiempo para preguntarle sobre el caso señalado por Verdugo.

Esta vuelta de hoja provoca justamente preocupación en las organizaciones GLBTI de Ecuador. “Es un hecho conocido […] que la mayoría de los centros de rehabilitación que en algún momento fueron clausurados debido a denuncias de todo tipo, luego vuelven a abrir sus puertas con otro nombre”, señalaron en un informe alternativo al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas seis organizaciones sociales, entre noviembre y diciembre del 2016.

Annie Wilkinson, autora del libro “Sin Sanidad, no hay Santidad” dedicado a las terapias forzadas de cambio de identidad sexual en Ecuador, identifica, además, un patrón con respecto a quienes manejan las instituciones: “El director de un centro salió desde otro centro. Luego una persona sale de ese segundo centro y abre otro, y de allí sigue igual, creando una cadena o red informal de centros. Algunos están vinculados a personas en el gobierno y muchos tienen relaciones con iglesias cercanas que les ayudan en su trabajo”.

De acuerdo con Ministerio de Salud, en Azuay existen 19 centros dedicados al tratamiento de adicciones; mientras que, en Guayas, la cifra llega a 39. Según el referido informe sombra en dos instituciones de la provincia costera se presentaron casos: Faith y Fundación Salva tu Vida.

“¿Eso existe? […] Yo qué tengo que ver con ese tema” dijo Ithel Idrovo después de varios intentos para una entrevista. El llamado caso Karen se presentó en la Clínica Faith, de su propiedad, le recordamos. De acuerdo a la información de El Telégrafo, se trató de una joven que estuvo encerrada tres semanas y que, según la versión de algunas personas que la vieron, se encontraba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas ya que no coordinaba bien sus reacciones y forma de hablar. “Ah, sí, pero eso es mentira; esas son circunstancias de cosas que suelen ocurrir cuando uno trabaja con el tema de adicciones. En el caso de ella, Karen, estaba en una clínica de desintoxicación, que es lo que yo manejo, pero yo no manejo de deshomosexualización”.

Pese a la brevedad de la conversación, hubo tiempo para preguntarle sobre por qué Fundación Salva tu Vida, también manejada por Idrovo, no aparece en el registro de centros autorizados del Ministerio de Salud. Dijo que la fundación maneja únicamente campañas masivas de prevención de drogas, y que para fines de rehabilitación cuenta con el Centro Humanos -que sí aparece en la lista del Ministerio, como verificamos-. Semanas después de la entrevista, algunos medios de comunicación informaron que Idrovo murió de un infarto fulminante, sin dar mayores detalles de las causas.

Marco Pacheco, abogado de la Coordinación Zonal 8 de la Defensoría de Guayaquil, afirma que hubo cuatro casos de este tipo de centros, en concreto: tres en la periferia y una en zona residencial. Recuerda que en el caso Faith hubo un procedimiento judicial e incluso el dueño de dicha clínica amenazó a una funcionaria de salud y le puso demandas. No recuerda bien los otros casos, dijo, y aunque quedó en enviar una información más precisa sobre Salva tu Vida, la información nunca llegó. Posteriormente, tocamos la puerta del área de Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Salud en Guayaquil, dirigido por David Jarrín. Él nos indicó que su área no maneja estos casos, sino que corresponde a la Comisaría de Salud, bajo la dirección de Eva Cevallos. Y aunque se ofreció a contactarnos con la funcionaria, eso no sucedió.

Finalmente, Manabí es otra provincia costera y cuenta con nueve centros autorizados para tratar adicciones. Una de ellas concitó interés público porque involucró a la hermana de un ex asambleísta alterno de Alianza País. Ocurrió en el centro Volver a Nacer. El fiscal Salazar, al ser preguntado sobre este caso, de manera escueta dijo: “Fue grave”. Sin embargo, el hermano de la víctima, en su momento, negó todo y afirmó que la reclusión se debió a un problema de adicciones.

El mismo argumento señala Mery Loor, dueña del centro. “Con ella yo demostré que estuvo ahí por adicción a las drogas y tengo registro, y tengo todo en regla” y agregó, incluso, que la usuaria firmó la autorización de su internamiento. Para Loor, el tema fue tratado de manera injusta y no quiso dar más información porque es un asunto confidencial revelar las historias clínicas, nos dijo. “La niña pintaba cosas lindas y me dejó hecho un mural, yo tengo recuerdos, tengo fotos, tengo tantas cosas y no solo de ella sino de todas las niñas que van pasando a través de la historia de esta institución”.

Debido a los casos presentados, algunas organizaciones consideran prioritario conocer a los representantes legales y el cuerpo médico que integran estos centros. Esto, bajo la perspectiva de que pueden identificarse pequeñas redes que estén operando, como señalaba Wilkinson. Luego de tocar diversas puertas y hacer las peticiones requeridas al Ministerio de Salud sobre este asunto, esta entidad indicó que: “Cabe señalar que la información de los profesionales de la salud que laboran en estos centros es verificada al momento de realizar el respectivo control, sin embargo, no se cuenta con una base de datos de los mismos”.

Ni las organizaciones sociales, ni mucho menos el ente responsable de estos centros, tiene una base de datos sobre quiénes regentan estos centros privados autorizados.

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"Eres una abominación"

Hay iglesias cristianas y evangélicas que ofrecen “terapias” a favor de la heterosexualidad mientras que defensores de derechos humanos reclaman que les impongan límites.

Jorge Luis Andrade no quiere saber si la Fundación Camino de Salida todavía funciona. Cuando habla de ella, solo dice una cosa: “Ojalá la hayan cerrado”. Por cinco años le hicieron asistir a las sesiones que impartía la organización para despojarle de su homosexualidad. Cualquier internauta que hoy busque referencias de la fundación podrá confirmar que aún tiene las puertas abiertas. Apenas al entrar en su página web se escuchará un audio elocuente sobre su propósito: “¿Tienes problemas emocionales? ¿Estás confundido en tu identidad sexual? ¿No puedes relacionarte sanamente con personas de tu propio género? Estamos para ayudarte. Somos una voz amiga de consuelo y orientación”. Más abajo aparece un video titulado Testimonio ex Gay. Quien habla es enfático: “Somos miles de hombres y mujeres alrededor del mundo que hemos abandonado la homosexualidad”.

La organización, cuyos domicilios precisos en Quito, Guayaquil y Huaquillas no son detallados en la página, ofrece la asistencia por parte de grupos de consejeros y mentores cristianos evangélicos y asegura que está orientada solo para “aquellos que desean vivir bajo la identidad diseñada por Dios”. Andrade, hoy un estudiante de psicología, afirma que su madre luego de escuchar el aviso en la radio, le llevó a Camino de Salida cuando era solo un niño de 11 años que había manifestado su gusto por las personas del mismo sexo. Nunca le aplicaron violencia física: “Lo único que sí hubo, bastante yo diría, es maltrato psicológico por el hecho de que a un niño de once años […] le quieras hacer una hipnosis, trates de hacerlo sentir culpable de su orientación sexual”. Él también asistía a la Iglesia Galilea, donde le aconsejaban ir a liberaciones, que se conoce como exorcismos. “Yo fui a una liberación personal, a liberaciones colectivas, para que te saquen el demonio de la homosexualidad”, recuerda.

Las reuniones se realizaban en un edificio viejo y grande en Guayaquil. Las terapias recibidas consistían en leer versículos bíblicos y libros para auto-analizarse, rutina que cumplían dos veces por semana y de dos a tres horas por sesión. Incluso, el grupo de apoyo, constituido por homosexuales y bisexuales evangélicos, solía programar salidas para ver en la calle “a la gente normal”. Con el tiempo desistió de seguir acudiendo porque no veía ni sentía ningún cambio sobre su homosexualidad. En una ocasión su hermano se le acercó con palabras que recibió como sabias: “Me parece bien que ya no estés yendo a este tipo de terapias porque yo me imagino a mí, que me gustan las mujeres, en una situación que en la que me fuercen a que me gusten los hombres. Para mí eso no tiene sentido”. Eso le dejó pensando.

Con el tiempo dejó Camino de Salida y asumió, poco a poco, su homosexualidad. Nunca formuló una denuncia, por los afectos que sintió con las personas de esos espacios. La fundación está afiliada a Exodus Latinoamérica y a Exodus Internacional, una coalición de iglesias evangélicas que afirman promover un mensaje de “salvación e integridad sexual”. El día que nos entrevistamos Jorge nos contó que se alistaba para celebrar el Día del Orgullo Gay, en Guayaquil.


Desde los once años y durante un quinquenio, Camino de Salida, intentó “curar” su homosexualidad. No lo lograron. Jorge Andrade desistió y, con el tiempo y al buscar información, asumió su orientación sexual

Intentamos comunicarnos a los teléfonos que aparecen en la página web, y pese a que nos dieron el número de la directora cuya oficina se encontraba en Guayaquil, nunca se concretó la comunicación.

El problema de una zona gris entre expresión de fe, terapia sicológica y cambio forzado de identidad sexual produce reacciones diversas. Patricio Aguirre, entrevistado cuando era responsable del Área de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública, asegura que las iglesias no deben ofrecer tratamientos de ese tipo porque se considera una vulneración de derechos, pero Patricio Benalcázar, desde de la Defensoría del Pueblo, explora los límites desde otra perspectiva. “Si las personas libremente consienten en ir a un culto y a un tipo de apoyo espiritual con el ejercicio de su autonomía qué puede hacer usted, qué puedo hacer yo […] otra cosa es si es que hay manipulación, si es que hay abuso y hay algún atentado a tu integridad psíquica, física o moral, donde por supuesto el eje de los derechos humanos tiene que participar”. Consultados sobre si conocían casos de iglesias involucradas en prácticas al margen de la ley, respondieron que no.

Sin embargo, Efraín Soria, de la Fundación Equidad, advierte que sí existen iglesias que ofrecen tratamientos. “Lógicamente ellos no hablan de curar la homosexualidad, sino que hablan de que, a través de procesos de sanación, de acercamiento a sus creencias muy particulares, también hacen ese tipo de situaciones”. Por otra parte, la relación de las iglesias con estos “tratamientos” para superar la homosexualidad, no es nuevo. Ya en el 2008, en los tiempos de la Asamblea Constituyente, el pastor evangélico pentecostal Balerio Estacio llegó a ser Asambleísta por Guayas. Una de las tesis que defendió se refirió a que el Estado, vía decreto, financie a los “centros manejados por iglesias [para tratar el problema de la homosexualidad]. Son demonios que entran al cuerpo. El ser natural no lo comprende, así sea psicólogo. No se puede hacer nada si no es desde el espíritu de Dios”, señala una cita que recoge Wilkinson en su texto “Sin sanidad, no hay castidad”.

El planteamiento relatado no prosperó, pero el problema continúa siendo una preocupación para activistas de derechos humanos. Christian Paula, de la Fundación Pakta, considera que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tiene una misión a cumplir: “Debería supervisar eso y no hay ningún tipo de información que venga de ese ministerio que permita evidenciar que están haciendo un trabajo de prevención”. Paula enfatiza que ninguna entidad religiosa, bajo el argumento de la libertad de culto, puede promover discriminación cualquiera que esta sea. “Es delito, delito penal”.

Walter Arroyo, quien se reconoce como homosexual, afirma haber vivido esa “experiencia” de modo extremo, en otra iglesia. Él, quien ya tenía un hijo, decidió vivir una relación con otro hombre luego de que su matrimonio fracasara. Su mamá, una mujer muy creyente, nunca vio con buenos ojos eso y las discusiones se hacían reiteradas. Un día Walter se puso enfermo y su mamá le dijo que iría a verlo. Al abrir la puerta vio que su mamá estaba con dos policías y le dijo a Walter que estaban ahí por el asunto de la pensión de alimentos para su hijo que en ocasiones se retrasaba en pagar. Él se quedó extrañado, pero se dejó llevar por los uniformados. Sin embargo, él nunca llegó al Centro de Detención Provisional, sino a la Iglesia Cordero de Dios.

En la Iglesia, un hombre le dijo que, por su culpa, su mamá sufría. “Tú estás porque eres gay, porque eres una abominación”. Estuvo un mes encerrado y sin ver a su familia. La pareja con quien estaba, al no saber de él, denunció su desaparición. Cuando pudo salir, Arroyo accedió a ir a una audiencia para decir que él estuvo en esa iglesia por cuenta propia y de ese modo liberar a su madre de responsabilidades penales. Horas después, y con engaños, su hermano llegó con los guardias de su trabajo y nuevamente le llevaron a la iglesia y lo dejaron encerrado. En ese lugar recibió golpes, le raparon el cabello, le castigaban con cables de luz a manera de latigazos. A todos les daban poca comida y les hacían arrodillarse en baldosas a las cuatro de la mañana. Hablaban intensamente sobre la biblia. Conoció a algunos internos que tenían inclinaciones por el mismo sexo, pero no lo podían manifestar ahí porque “retrocedían en su proceso”, es decir, en su “curación”.

Walter recuerda que había manipulación constantemente. “Te salía una espinilla y te decían que su cuerpo ya está rechazando el pecado”. Planeó nuevamente fugarse, un asunto que logró en agosto del 2013 luego de ganarse la confianza de sus captores. Para diciembre del mismo año, fue a la Defensoría del Pueblo donde le tomaron una versión y quedaron en ver el asunto con abogados. Pero ni la Defensoría le volvió a llamar, ni él se preocupó por dar seguimiento al tema.


Walter Arroyo afirma que, luego de esa “terapia”, le aconsejaron ir a la Defensoría del Pueblo, ahí le tomaron una versión. Ellos quedaron en ver el asunto con abogados. Pero ni la Defensoría le volvió a llamar, ni él se preocupó por dar seguimiento al tema

La iglesia, al sur de Quito, ya no existe. Él nos dijo que en ese lugar se construyó una parada de la ECOVIA, el sistema de transporte público de la ciudad. Al escuchar estas dos historias, quisimos conocer la posición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y averiguar cuántas organizaciones religiosas existen en el país y qué tipo de servicios pueden ofrecer. Extendimos una petición de Ley de Acceso a la Información, donde nos respondieron que indiquemos para qué fines se requiere la información. Al atender el requerimiento, e ingresar la documentación al Ministerio nuevamente, nunca se tuvo respuesta sobre el tema.

Wilkinson considera que “muchos [centros] tienen relaciones con iglesias cercanas que les ayudan en su trabajo”. Aimée Dubois, ex funcionaria del Ministerio de Salud Pública y quien participó en diversos operativos a estos centros reflexiona sobre estos “tratamientos” y afirma, “Una sociedad encierra todo lo que incomoda […] Que se busque este tipo de tratamiento en este tipo de centros [de adicciones] y además estos centros se presten, y se van a prestar porque curan de todo, curan infidelidad, curan homosexualidad, curan los rockeros, curan la adolescencia como si fuera una patología”.

Gabriela Alvear, quien también participó en algunos operativos y fue funcionaria de la Defensoría del Pueblo, concluyó: “Vamos a cumplir 20 años de la despenalización de la homosexualidad, pero se requiere despenalizar la homosexualidad de la mente y del corazón de la gente y la sociedad y, adicionalmente, de que el Estado de manera progresiva deje de mirar a la comunidad GLBTI como una minoría y como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase”.

A dos décadas de la despenalización, no existen sentencias ejemplificadoras para quienes torturaron y cometieron delito contra las personas GLBTI en los centros de adicciones que ofrecían “curar la homosexualidad” en Ecuador.

Publicado originalmente en connectas.ogr

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Las clínicas de deshomosexualización: impunidad que tortura
 


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