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18 de Mayo del 2020
Historias
Lectura: 12 minutos
18 de Mayo del 2020
Redacción Plan V
CNA: La fiscal persigue a los peces chicos, el asalto en Manabí es de USD 3500 millones
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Terremoto de Manabí, abril del 2016. Un grupo de personas pasa por la llamada zona cero en el centro de Portoviejo. Los manabitas reclaman sanciones para quienes manejaron los fondos de solidaridad, que sumaron USD 3.500 millones.

 

Para la Comisión Nacional Anticorrupción el tema no solo es el hospital de Pedernales sino el fondo de reconstrucción del terremoto de Manabí, USD 3 500 millones de dólares que se usaron, según el organismo de manera dolosa. Como prueba, muestran por primera vez el acta de la última reunión del Comité de Reconstrucción, presidida por Jorge Glas, el 22 de mayo del 2017. Dos días antes de entregar el poder, ese Comité dispuso o legalizó la realización de casi 600 obras, por más de USD 2 900 millones.

Informe de la Contraloría sobre las obras realizadas por la estatal Ecuador Estratégico, con los fondos de la reconstrucción. Ver el PDF

Los allanamientos y capturas que realizó al Fiscalía en Manabí, donde incautó más 1,6 millones de dólares en efectivo, parte de este dinero en la casa de un asesor del asambleísta del oficialismo, Daniel Mendoza, no emociona a la Comisión Nacional Anticorrupción, nucleo de Manabí. Su presidente, Julio Villacreses, dice que "la fiscal está persiguiendo los peces pequeños. Lo trascendente para los manabitas es la plata de la reconstrucción, sigue en la impunidad la corrupción de las ballenas, de los tiburones. Han cogido un pez de ocho millones, y el asalto es de 3 500 millones de dólares de la reconstrucción y reactivación económica para Manabí y Esmeraldas. Es como una maldición con el hospital de Pedernales. Por segunda ocasión se ha dado la corrupción en esa obra. El primer caso fue que dejaron desierta la adjudicación porque las garantías eran falsas. Pero luego insistieron con este otro proceso con una empresa que no ofrece ninguna garantía. Nosotros insistimos en que no solamente debe sancionarse al contratista, Juan Carlos Vélez Saltos, sino aquellos que lo permitieron: al SECOB y al fiscalizador, que no funcionó. Es una banda criminal organizada lo que se está dando en Manabí. En todas las obras siempre hay corrupción. Creemos que esta es una pequeña acción, pero la Contraloría y la Fiscalía están en deuda con Manabí". 

Carlos Bernal y Jorge Glas fueron responsables directos del Comité de Reconsrucción, durante el correato.

"Sobre el 3% que la Contraloría auditó a los fondos de la reconstrucción económica, incluido el hospital de Pedernales y otras obras en Pedernales, la entidad de control encontró indicios de responsabilidad penal para el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica. La auditoría la firmó el propio contralor Pablo Celi, mandó a la Fiscalía los informes, luego firmó su destitución, pero no la notificó. Luego, el 13 de septiembre, otorga un recurso de revisión, otorgando la impunidad a todos los autores del atraco mayor en Manabí, encabezados por Glas, Bernal y todos los que permitieron, en una sesión del 22 de mayo del 2017, a 48 horas del cambio de gobierno, el Comité de Reconstrucción, presidido por Glas sesionó en Manta y recién aprueban todas las obras que habían comenzado, cerca de 600 contratos, por más de USD 2 900 millones o más. De eso, al gobierno de Lenín Moreno le tocaron las sobras. Más del 90% de los recursos de la reconstrucción se lo gastaron en la época de Correa. Esa acta, ante el pedido dela CNA, fue negada por dos ocasiones por parte del secretario Técnico del Comité de Reconsrucción, José Herrera (director de Alianza País, en Manabí). La tercera petición se la hizo al exdirector provincial de la Contraloría, Patricio García, hasta que hubo orden de destitución si no se la entregaba. Y en esa acta se ve cómo ya todo estaba bendecido y sacramentado en ese asalto por parte del Comité de Reconstrucción presidido por Glas y Bernal.

USD 2 940 MILLONES FUERON REPARTIDOS EN MÁS DE 600 OBRAS DURANTE LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN EN EL GOBIERNO DE CORREA, DOS DÍAS ANTES DE ENTREGAR EL PODER, EL 22 DE MAYO DEL 2017. GLAS PRESIDIÓ ESA REUNIÓN.

Acta de la última reunón del Comité de contratación. Aquí el lector encontrará el listado completo de las obras que se adjudicaron a dedo y las entidades responsables de su ejecución. Ver el PDF

"Lo que indigna es que luego la misma Contraloría los perdona, dándoles ese recurso de revisión. En noviembre del 2019, el pacto sociacristiano-correísmo fueron beneficiados de este indulto que les dio Pablo Celi. En el recurso lo que aducen ellos es que el audio del acta no se escucho bien, y por tanto se otorga el recurso. Ese recurso lo hemos pedido y no nos lo quieren dar. El contralor Celi ha dicho que va a dejarlo insubsistente porque ha sido inducido al engaño, pero eso dice desde hace cuatro meses, porque hubo fuertes presiones. El contralor Celi se prestó para dar el recurso de revisión a esa banda de corruptos. 

"Así que todo lo demás que haga la fiscal son pequeñeses. Acá se jugó con el dolor humano, con la muerte, con los damnificados; reactivación económica no ha habido, hay damnificados en Bahía que duermen en carpas. Se desperdición más de 100 millones de dólares para una obra que nada tenía que ver con el terremoto, como fue una obra en la autopista Manta-Colisa. Una obra que estaba planificada desde el 2014, que estaba paralizada antes del terremoto y que nunca fue afectada. ¿Por qué? Por intereses del correísmo. Y estas dos autoridades también están en deuda con los ecuatorianos, que pagaron impuestos y contribuciones adicionales por 1700  millones, a esa cifra se suma 800 millones de solidaridad internacional y otros 1 000 millones de un crédito chino, y eso suma 3 500 millones". 

Villacreses se refiere a un tramo de esa obra, la vía Manta-Colisa, que no era prioritaria, según dicen ahora las propias autoridades, pero se usaron fondos de la reconstrucción para hacerla. En el acta mencionada aparece con un monto de inversión de 108 millones de dólares, pero tanto en información oficial como en diversas notas de prensa, se habla de una inversión de 83 millones de dólares, 25 millones de dólares menos de lo que decidieron en ese último Comité de Reconstrucción en el gobierno de Rafael Correa.

USD 108 millones de los fondos de reconstrucción fueron adjudicados a la construcción de la vía manta-colisa, que no era prioritara. en todos los informes públicos se señala que la obra costaba USD 83 millones, es decir, usd 25 millones menos.

Los comunidados públicos de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí, en los cuales reclama a la Fiscal General y otras autoridades que se inicien procesos por lo que sus miembros llaman "el atraco de los fondos para el terremoto".

"En el acta se aprueba toda la obra pública y ahí se ve todo el listado de obras. Hay obras del Ministerio de Defensa, de las cuales la prensa no quiere decir nada, pero eso se usó para la compra de hélices, repuestos, repotenciación de aviones, helicópteros. El acta es la prueba del delito. Sobre el uso de los fondos de reconstrucción hay cuatro indagaciones fiscales que la fiscal Diana Salazar no las mueve. La primera se la dejó en sus manos el doctor Julio César Trujillo. El Consejo de Participación Ciudadana entregó una investigación, y ellos vinieron a investigar en Manabí, con María Arboleda, que acaba de fallecer. Fue un equipo técnico que trabajó en la provincia por 15 días. Ella descubrió todo el asunto de Ramiro Galarza, inclucrado y sentenciado en el caso Arroz Verde, que era el acaparador de las obras del Comité de Reconstrucción, con 25 empresas suyas.

"María Arboleda entregó eso al doctor Trujillo y su último acto público como presidente del Consejo fue entregar ese informe aprobado por el pleno del CPCCS-Transitorio. La segunda indagación es por el informe de la propia Contraloría. El contralor Pablo Celi envía a la fiscal el informe con los indicios de responsabilidad penal. La Fiscalía inició la indagación y llamó a delarar a los auditores que hicieron ese informe. Hasta ahí llegó.

"Y la tercera indagación es una que presentó hace poco, los primeros días de febrero el consejero manabita del Consejo de Participación, Francisco Bravo, en la cual presenta una denuncia sobre el contenido del acta del 22 de mayo donde se dispusieron obras en la sesión del Comité del 22 de mayo del 2017.  La fiscal envió una carta al Consejo diciendo que ya iba a comenzar la indagación, y ya estamos finalizando mayo y no se mueve nada".

El CPCCS presentó una denuncia, por presunto delito de delincuencia organizada, en contra de los integrantes del Comité de Reconstrucción que participaron en la reunión del 22 de mayo de 2017, donde se aprobó el destino de 2.946 millones de dólares para más de 600 obras.

La información oficial del Consejo de Participación señala esto:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, presentó una denuncia, por presunto delito de delincuencia organizada, en contra de los integrantes del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016, que participaron en la reunión del 22 de mayo de 2017, donde se aprobó el destino de 2.946 millones de dólares. El consejero Francisco Bravo y el Procurador Judicial del CPCCS, Byron Pacheco, acudieron el 10 de febrero a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia. Al respecto, el consejero Bravo destacó que es necesario investigar elementos como la aprobación, a puertas del cambio de gobierno, del destino de $2.946 millones para más de 500 proyectos y obras que no responderían a una planificación técnica que priorice las necesidades de los damnificados".


El consejero Francisco Bravo muestra la denuncia presentada ante la Fiscalía General. Aún no existe respuesta del organismo. CPCCS presentó la denuncia por delincuencia organizada en contra del Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. Foto: CPCCS 

El hospital de Pedernales, continúa Villacreses, involucra los fondos de reconstrucción. "Todo se va a llegar a saber si la fiscal actúa. A eso agréguele la red de corrupción de los hospitales del IESS. Nosotros presentamos una denuncia al mismo Paúl Granda y las trasladó al Comité de Ética a un abogado Pauta y él nos dio la razón y pidio a Granda que actuara de inmediato con las redes que estábamos denunciando. Porque la directora del Seguro en manabí nos negaba información, según ella porque la Comisión Anticorrupción no tenía representanción legal. Nosotros presentamos las evidencias,  y el Comité de Ética le llamó la atención por habernos negado al información. Es más, no se la quería dar ni al Comité de Ética. No pasó nada, luego renunció Paúl Granda. Nosotros denunciamos permanentemente el reparto de los hospitales en manos de los asambleístas de Manabí. Nosotros hicimos la denuncia, salió en la prensa, pero eso ha quedado ahí, todos lo saben, pero eso no avanza". 

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