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27 de Noviembre del 2014
Historias
Lectura: 24 minutos
27 de Noviembre del 2014
Milagros Aguirre
Coartadas de un crimen silencioso

Foto: Karla Gachet

El ingreso de maquinaria al bosque del Yasuní es registrado por el lente de Karla Gachet. Grupos ecologistas como Yasunidos han reclamado la magnitud de ancho de los llamados "senderos ecológicos".

 

Las instalaciones petroleras que de manera abrupta ha empezado a ser parte del paisaje cotidiano en el bosque más diverso del mundo.

 

¿Se hizo justicia para con los tagaeri-taromenane? Un año después de que un helicóptero "rescatara" a una niña taromenane de manos de sus captores waorani, y de que se tomaran presos a seis de estos, ahora se los libera porque no hay los cuerpos como evidencia de crimen del cual se los acusó. Una historia perversa de cómo la justicia y el gobierno manejaron el problema.

Hace más de un año, el 26 de noviembre de 2013, un helicóptero aterrizó en la comunidad waorani de Yarentaro (bloque 16, vía Maxus), para “rescatar” a una niña tagaeri-taromenane que había sido raptada, ocho meses antes (en marzo del 2013), en una de las historias de guerra más oscuras y tristes de la selva del Yasuní. Ese mismo día se detuvieron a seis (de 17) personas que habrían participado en el asalto que se denunció como el aniquilamiento de unos 30 miembros de los tagaeri-taromenane. Con esas dos acciones empezaría el calvario jurídico con el que se ha tratado este nuevo caso de violencia en la  selva ecuatoriana.

El 20 de noviembre del 2014, en audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, como relata el diario oficial El Telégrafo, el juez Segundo de Garantías Penales, Álvaro Guerrero, decidió el sobreseimiento provisional de 17 procesados por ese hecho. El juez argumentó que   “no hay materialidad de la infracción. Por tanto no hay justificación del homicidio”. Para el juez no existe la prueba material del delito, es decir no hay los cuerpos de las víctimas del ataque.
En este tema, desde el inicio, las autoridades han dado continuos traspiés, como se ha relatado en el libro Una tragedia ocultada, publicado en septiembre del 2013 .

Este parece ser el final de la historia: los involucrados sobreseídos en un juicio que difícilmente pudieron comprender desde el inicio por el simple hecho de no conocer las leyes ecuatorianas; el silencio y la indiferencia de una sociedad a la cual parece no importar la vida de los indígenas selváticos desde los mismísimos tiempos del caucho; un lavatorio de manos de las autoridades que han estado durante casi dos años pasándose la papa caliente unas a otras; cero diálogo intercultural y ninguna lección para evitar más conflictos.


Una vivienda tagaeri-taromenane, captada desde un helicóptero en la zona intangible.

Todo confluye en la construcción de la coartada de un crimen silencioso en el que, además de gastar inútilmente recursos del Estado (en peritajes, consultorías, sobrevuelos, reuniones, talleres, alojamiento y viáticos de funcionarios, papelería, gestiones, mapas, abogados, comisiones, etc…), se llega a una conclusión: si no hay cuerpos, no hay delito…  Ese argumento ha sido utilizado por la defensa de los procesados y por la defensoría pública y ahora avalado por el juez. La segunda muerte de estos pueblos a quienes no solo que se niega en vida sino que, ahora, se niega hasta su muerte. Los defensores argumentan que, en estricto cumplimiento del derecho, era la única salida a una cárcel que, ni era justa, ni era la solución al conflicto.

Valga la horrenda comparación pero… ¿habrán pensado así mismo quienes dijeron haber hecho una pira de 12 horas con los cuerpos de 43 estudiantes mexicanos? ¿No dejar rastro anula el caso incluso si los autores de la infracción han relatado los acontecimientos públicamente y hasta en canales de televisión?

Hace pocos días, el Papa Francisco llamaba hipócritas a quienes se preocupan de la ley y se despreocupan de la justicia. Decía que el camino de la justicia muchas veces es el opuesto al de los “doctores de la ley”. Este caso bien puede ser ejemplo de ello. Jueces y abogados habrán cumplido con  requisitos legales en lo que han convertido en un engorroso caso judicial… pero, ¿podrán dormir tranquilos? ¿Podrán explicar, algún día, a las niñas tagaeri/taromenane, sobrevivientes del ataque de marzo del 2013,  lo actuado?

Casi dos años de zozobra en la vida waorani

Donde hubo un conflicto entre tagaeri/taromenani y waorani de Dikaro y Yarentaro (los primeros, familias sin contacto con el mundo occidental, los segundos, familias de reciente contacto -1976-) se han creado nuevos y variados frentes. Una situación que no beneficia a la construcción de la paz ni a la resolución de un conflicto interclánico, ni  favorece a las medidas  cautelares dictadas en el 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al contrario, los conflictos de hoy favorecen al silenciamiento. No representan obstáculo alguno para la voraz actividad petrolera y los mega proyectos, y ni siquiera involucran mínimamente al Estado en cuanto a su impericia en el manejo del conflicto en la selva del Yasuní.

Luego de un año y ocho meses, no solo que no se han llegado a las causas profundas del problema ni se han establecido responsabilidades, salvo, el castigo, que parecía implacable, contra miembros de un grupo indígena en contacto inicial, marginado históricamente de la sociedad nacional, al que se ha mantenido en un limbo jurídico incomprensible.

Sí. incomprensible y absurdo pues se “rescató” en operativo digno de película de Hollywood a una de las  niñas  luego de ocho meses de los sucesos, pero se dejó a la otra donde estaba; se detuvo a siete personas y las demás permanecieron libres en su comunidad; luego de ocho meses de estar en prisión, dos huyeron y fueron de vuelta a su casa y cinco quedaron presos. A los diez meses, y luego de consultas a una Corte Constitucional -que tardó seis meses en dar una respuesta-, fueron liberados los cinco. Los implicados debieron presentarse cada 15 días ante un juez en Orellana y lo hicieron durante un mes. Se cambió el cargo de genocidio a homicidio y se reiniciaron las investigaciones. Luego de un año de estas idas y vueltas,  el juez acaba de decidir el sobreseimiento a los procesados por falta de evidencias aunque tienen las declaraciones de cada uno de los integrantes de la partida. Para dilatar el enredo jurídico se anuncia que la Fiscalía apelaría la decisión. ¿Podrán entender los waorani tamañas contradicciones de la llamada “justicia cowode”?

Eso sí, en todo el proceso lo que se mantiene es el silencio de las autoridades acerca de la problemática general y de las causas de tanta violencia: una selva cada vez más estrecha, unos habitantes cercados por el apetito voraz de sus recursos naturales, sobrevuelos misteriosos, alimentos o insumos hallados en las chacras y casas donde habitan los grupos aislados, la cercanía de éstos con la frontera colona… hasta ahora, ni resultados concretos de las investigaciones,  ni una propuesta de reparación integral, ni un camino claro por recorrer en la protección de los más débiles, obligación de un Estado que se dice respetuoso de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho a la vida.

El debate jurídico que no se hizo

Carta de Miguel Ángel Cabodevilla al Fiscal General de la Nación.

Los que participaron en el asalto a la casa tageri/taromenani, a duras penas saben leer o escribir,  tienen menos de cuarenta años de contacto con la sociedad nacional, desconocen la ley ecuatoriana y sus alcances. Actuaron de acuerdo a sus antiguas tradiciones guerreras e hicieron lo que creían que debían hacer, lo que creían justo: venganza y castigo contra quienes mataron a los suyos dentro de su territorio.

Estuvieron acusados de genocidio, algo que no pueden entender, como tampoco pueden entender el homicidio. Para ellos, el asunto es más simple: les mataron a los abuelos y ellos fueron a vengar esas muertes, es decir, hicieron justicia a su manera. Difícilmente pueden entender qué es una instrucción fiscal, una Corte Constitucional, una audiencia para obtener medidas sustitutivas, un habeas corpus ni ningún otro término que tenga que ver con la justicia ordinaria. Los waorani estuvieron en estos meses enfrentados a un sistema penal que les resulta extraño, fundado en valores que no necesariamente son compartidos por su cultura y cosmovisión y que además está  basado en una compleja  información técnico-jurídica que ni siquiera se encuentra disponible en su  idioma.

Texto del Amicus Curie presentado ante la Corte Constitucional por dos maestros del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Las familias de los detenidos sufrieron lo indecible. Sin salir casi  un año por miedo a ser detenidos. Enfrentados con otras familias  waorani (con los que tienen a la niña en Cononaco-Bameno quienes, a su vez, se han sentido amenazados y poco protegidos) y con quienes participaron junto a las autoridades en ese operativo. La tensión y la incertidumbre en el llamado “Bloque 16”, operado por Repsol y donde están ubicadas sus comunidades, lleva ya un año y ocho meses.

El relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, James Anaya, se había pronunciado claramente sobre el tema de la impunidad en  este caso apenas conoció los hechos. 
¿Había alternativas a la prisión? Además de la propuesta hecha por el misionero capuchino Miguel Angel Cabodevilla, en su carta pública al Presidente de la Corte Constitucional y que fuera publicada en diario Hoy (ya cerrado) en diciembre del 2013 y de aquella dirigida al Fiscal General de la Nación, en mayo del 2013 (apenas dos meses después de los sucesos), y que aparece en los anexos del libro Una tragedia ocultada, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica planteó la suya, con todos los argumentos jurídicos y técnicos que da el Derecho,  en el Amicus Curie presentado a la Corte Constitucional. 

La “falta de pruebas”

El abogado de los acusados llevó adelante su tarea con un argumento central: como no hay cuerpos, no hay delito. Lo mismo hizo la Defensoría Pública. Encontraron en esa figura una manera de hacer justicia con los waorani –que iban a ser juzgados de un crimen de lesa humanidad, cosa que por supuesto, tampoco era justa-  frente a la imposibilidad de buscar una salida que implique diálogo intercultural, una lección aprehendida, un mínimo compromiso para que no se repita.

En esa salida jurídica para los waorani, los afectados, es decir, los tagaeri/taromenani, no tienen ni palabra… ni posibilidad de defensa, no tienen voz, ni como reclamar sus derechos, ni forma alguna de relatar los hechos… para la sociedad nacional siguen sin existir. Así se entiende que, cuando se sienten muy acorralados, no tienen otra salida que clavar sus lanzas a los que consideren sus enemigos.

Hay relatos y especulaciones. Y lo que llaman los leguleyos, “relatos autoincriminatorios”, pero no hay evidencias, según dicen los abogados y, ahora, el juez. Ya pasó en el 2003 cuando el aparato judicial reclamaba la ausencia de cédulas de identidad de los indígenas muertos. Y vuelve a pasar ahora. De la misma manera, el caso de la familia de Los Reyes o de la muerte de Ompure y Buganey;  porque no hay a quien culpar ya que los asaltantes no tienen cédula ni domicilio, ni se sabe dónde están, ni hay manera de llamarlos a declarar. Argumentos jurídicos para un juicio penal de la llamada justicia ordinaria, en un tema que es  extraordinario y difícil y en el que la justicia indígena debía de actuar si somos, en efecto, país multicultural.

Carta al presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño Freire.

En esta historia no sirvieron argumentos antropológicos para deshacer el entuerto ni los meses de deliberaciones de los jueces de la Corte Constitucional que, además de recomendar que se trate el tema desde lo “intercultural” nunca dijeron cómo se hace eso. Es decir, cero intento por construir un referente de justicia intercultural que resulte, además, un precedente, que invite a la reflexión y al diálogo, que integre a las culturas y con el que se haga alguna pedagogía.

¿Aprendieron los involucrados en estos hechos que ya no hay que matar o al menos que las leyes ecuatorianas no lo permiten? Seguramente que no, pues no han tenido hasta ahora ninguna formación mínima en lo que tiene que ver con ciudadanía. No solo eso… miembros de otra comunidad también mataron con lanzas a dos humildes trabajadores de Ecuador Estratégico (abril 2014) y tampoco ha pasado nada.  Tal vez lo que aprendieron es que, la próxima vez (a cruzar los dedos que no haya otra), no irán por ahí contando el triunfo de su batalla, las bajas de su guerra intestina, los frutos de su venganza ni mostrarán sus trofeos de guerra.

Volvamos al “no hay pruebas”. Las mismas autoridades se encargaron de no llegar al lugar de los hechos. Se lo impidieron unas a otras a pretexto de las “competencias” institucionales y de sus filias o fobias personales.

A los dos días de los acontecimientos hubo prohibición de ingreso o acercamiento al lugar de los hechos sea por aire, sea por tierra, entre las distintas instancias, según consta en los folios de la investigación.

El ingreso se hizo luego de ocho meses de lo sucedido. Mucho tiempo, mucha lluvia y mucho sol, mucha carne para gallinazos en  ocho meses en el corazón de la selva. En esos meses no se tomó declaraciones a ninguno de los involucrados (…y si se tomó la versión de alguno se le agradeció por la comparecencia). A los que sí se llamó a declarar y se  tomaron declaraciones y  versiones fue a los varios periodistas que difundieron alguna noticia sobre el tema –por más insignificante que haya sido-  en distintos medios de comunicación;  a antropólogos o investigadores independientes que osaron meterse donde no les llamaron o a cualquiera que tuviera alguna  información de lo sucedido.¿ O porque en en realidad no tenían información alguna o los funcionarios querían alertar a quien metiera la nariz en el  engorroso asunto? Al menos en los primeros ocho meses de la tragedia, en el caso no consta ningún testimonio de los involucrados. 

Si no han encontrado pruebas ha de ser porque no se ha querido encontrarlas. Hay dos niñas que ahora están integradas a los waorani y la mayor ha contado algo de lo que recuerda de ese terrible momento. Que se sepa, no ha ido ningún experto en fosas comunes a la selva ecuatoriana -tampoco a la peruana o a la brasilera donde las últimas informaciones hablan también de sistemáticas matanzas-, como si estos grupos estuvieran condenados a ser borrados de los mapas, ignorados a cuenta del “no contacto” y a morir así, de forma cruenta y silenciosa, sin nadie que reclame ni por sus cuerpos.

Multiplicación de conflictos

Los clanes de Dikaro y Yarentaro no ven con buenos ojos a algunos de sus vecinos. No solo a los vecinos tagaeri-taromenane, protagonistas del conflicto, sino a vecinos de otras comunidades, entre ellas, la que ahora acoge a una de las niñas. Sienten que tuvieron, en todo este tiempo, delatores y traidores. Gente que les hizo mal. Que no comprendió su hazaña. Que les engañó con falsos ofrecimientos de “archivar el caso” o que les denunció, a pesar de que los cuestionamientos públicos no han ido contra ellos sino frente a la ineficiencia e impericia del Estado en el manejo del conflicto.

Ellos creen que fueron presos por la publicación de un libro o por una marcha por la paz en la que participaron gentes antes cercanas a ellos, en la que se pedía investigación, justicia y garantía para quienes viven en las profundidades de la selva. Así les han dicho y les han contado gentes de las instituciones encargadas de gestionar el tema, intentando matar al mensajero y echando aún más leña al fuego e incluso poniendo en riesgo la seguridad de terceros. Ahora no se fían de nadie. Hasta se dice por ahí que una abuela  estuvo a punto de morir pues los familiares de los presos le han hecho el mal por medio de algún chamán, creyendo que ella ha participado de  denuncias contra ellos. Donde hubo un conflicto, ahora hay dos, tres, cuatro, cinco fuentes de conflicto. Un polvorín que puede estallar en cualquier momento. 

Campanazos de la CIDH

El último informe de la CIDH (diciembre 2013) titulado Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y  contacto inicial en las Américas, ya recoge algunos puntos de preocupación sobre la vulneración de derechos en Ecuador y sobre los sucesos de marzo del año pasado. El Estado ecuatoriano responde a la CIDH mostrando su avanzado marco jurídico, aunque, en el terreno, las leyes no se aplican ni se cumplen, quedando estos grupos en total indefensión.

En el año 2003 un grupo waorani incursionó en una casa taromenani. Murieron alrededor de 30 personas, sobre todo mujeres y niños. Los waorani llevaron como trofeo la cabeza de un individuo. El relato aparece en el libro El Exterminio de los Pueblos Ocultos, de Miguel Ángel Cabodevilla, editado por Cicame, en el 2005.

A pesar de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH en el 2006, como consecuencia de esos hechos, la situación de vulnerabilidad se mantiene y los hechos de violencia y lanzas han seguido durante la década (trabajadores del madereo muertos en el 2005, 2006, 2008; una madre y sus dos hijos muertos en el 2009; indicios de alguna incursión violenta no verificada en el 2011.

La situación de violencia generada en el 2013, primero con la muerte de una pareja de ancianos waorani (Ompure y Buganey) con lanzas de miembros de un grupo aislado y luego con la expedición de venganza y la captura de las niñas, evidencia la ausencia de políticas públicas. La negación de las presiones existentes (territorio demediado, apertura de vías petroleras, campos petroleros en los límites de la zona intangible, ruidos, sobrevuelos constantes, avance de la frontera agrícola, penetración de madereros y comerciantes de armas por la frontera sur, actividades ilícitas) demuestra la prevalencia de los intereses económicos por sobre las medidas de protección.

En los últimos meses, al menos dos comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema se han hecho públicas. La primera, una “Solicitud de Medidas Provisionales a la Honorable  Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con  dos niñas del pueblo indígena Taromenane en aislamiento voluntario” en la que se pide explicación al Estado ecuatoriano sobre la situación del conflicto y sobre las niñas tagaeri/taromenane. La segunda, fechada el 4 de febrero del 2014, en la cual se pide a los peticionarios que respondan a cuatro preguntas para evaluar si esas medidas cautelares son todavía necesarias, o no: 1) las medidas de seguridad adoptadas actualmente a favor de los beneficiarios (tagaeri-taromenane) para proteger su vida e integridad personal. 2) Si se habrían implementado medidas adicionales de protección a favor de los beneficiarios, en el marco del presunto conflicto entre los beneficiarios y los waorani. 3) Si se habrían implementado algún tipo de medidas de apaciguamiento y diálogo con el pueblo waorani. 4) Si se estaría adoptando algún tipo de medidas, en el marco de presuntos nuevos ingresos del pueblo waorani o de terceros al territorio de los beneficiarios; y, cualquier información que se considere pertinente.

En el terreno, no se sabe cuáles son las medidas de seguridad adoptadas a favor de los beneficiarios. Son pocas las medidas adicionales de protección. Tampoco se han adoptado más medidas de las usuales, que sean públicas o conocidas por la colectividad, para impedir ingresos de terceros al territorio de los tagaeri/taromenane. Es más, aún no se sabe cuál es ese territorio. Lo que es indiscutible es que los trabajos para las actividades hidrocarburíferas así como el madereo y otras presiones, no se detienen, estrechando cada vez más el territorio por el que los tagaeri/taromenani caminan, siembran y van de cacería. Y que los distintos ministerios y autoridades locales toman decisiones contrarias entre sí, sin que haya una política clara y coherente entre todas las instancias que debieran ser parte de ella.

Una Comisión, ¿para qué?

Un dicho popular reza que si quieres que algo no se arregle, forma una comisión. El Ejecutivo creó una comisión especial para resolver este tema. Primero por seis meses, con posibilidad de ampliación. Por supuesto, el plazo de la comisión se amplió. Y su plazo ya terminó. Y van casi cinco meses esperando cita.

La comisión, integrada por los ministerios de Justicia y de Gestión de la Política además de una persona de la sociedad civil, José Tonello, debía esclarecer los hechos y dar recomendaciones. La comisión ha tenido más que buena voluntad, ha tenido que hacer un papel mediador y ha apagado algún incendio, además de haber tenido que confrontar con algunas instancias gubernamentales y judiciales para poder hacer su trabajo. Ha hecho recomendaciones al interior de los distintos ministerios y frente a temas puntales. Pero aún no ha sido recibida en la Presidencia para analizar y evaluar los resultados de su trabajo. Los resultados de la investigación de la Comisión y las recomendaciones no han sido públicos. No se sabe cuáles son las conclusiones a las que llegaron ni las  pautas que pudieran dar y que pudieran ayudar a dar pasos para garantizar sus vidas y para una convivencia pacífica, si es eso lo que se quiere, si es verdad que Ecuador ama la vida…

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