Cuando Gabriel García Márquez publicó Cien años de soledad, la guerra ya llevaba años. En 1965, cuando empezaba a escribir su novela en México, el gobierno colombiano expidió un decreto que permitía a los militares entregar armas a civiles para constituir grupos de autodefensa coordinados por el ejército. En 1967 se fundaba el Ejército Popular de Liberación, mientras el Ejército de Liberación Nacional eliminaba a una columna de las FARC en un enfrentamiento. Ese año, la obra de Gabo se publicaba en Buenos Aires. Cien años de soledad nacía en el exilio de un migrante durante una guerra.

Hoy, a casi cincuenta años de los cien años, no han cesado ni la migración ni la guerra. “El coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. Lo que en otro tiempo fue una actividad real, una pasión irresistible de su juventud, se convirtió para él en una referencia remota: un vacío”. El cansancio, pero sobre todo la muerte, la eternidad que encierra una cotidianidad que, por cotidiana, deja de percibir su propia atrocidad. El coronel Márquez sabe que la guerra ha perdido sentido, que ha olvidado sus causas o las ha visto desaparecer. El coronel Aureliano Buendía, siempre apoyado por el coronel Márquez, también tiene una revelación durante un periodo de enfermedad: “Su orgullo le había impedido hacer contactos con los grupos armados del interior del país, mientras los dirigentes del partido no rectificaran en público su declaración de que era un bandolero. Sabía, sin embargo, que tan pronto como pusiera de lado esos escrúpulos rompería el círculo vicioso de la guerra”. 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se dirige al país luego de confirmarse el resultado contrario a su propuesta del acuerdo de paz. A su lado están varios miembros de su gabinete y a su lado izquierdo, en la foto, el jefe negociador por el Estado colombiano, Humberto Lacalle.
 

El coronel Aureliano Buendía había perdido a sus 17 hijos en las batallas, había dirigido más de treinta levantamientos y se sentía cada vez más viejo. La incapacidad de imaginar el fin de la guerra sostiene la guerra, aunque ésta encuentre a sus combatientes cada vez más viejos, con más hijos muertos. Algunos de esos combatientes no pueden imaginar que termine, aunque no todos estén en las batallas, ni en el campo, ni en los cultivos, ni huyendo de ella a pie. Algunos combatientes mandan sobre la guerra a la distancia, desde la ciudad, o la ven en pantallas.

En Colombia, imaginar un horizonte que no sea sólo punitivo para solucionar el conflicto ha tachado a opción por el SÍ de ingenua o de demasiado concesiva. En realidad, la falta de imaginación propia no es ingenuidad del otro. Es la incapacidad de mirar, como el coronel Márquez, el vacío de la guerra, o como el coronel Aureliano Buendía, el círculo vicioso. Hoy, en Colombia, la guerra es una gran industria, y eso obstruye la imaginación, porque no es conveniente para el poder económico y político que se pueda imaginar con determinación una salida imposible, como parecía el SÍ hace pocos años. Hoy, ese imposible alcanzó el 49%.

La guerra en Colombia habita también en Ecuador, no cesa en el puente Rumichaca, justo antes de Ipiales, a donde vamos de compras sin imaginar la historia de un conflicto desigual cuyos orígenes se ubican hace más de medio siglo. Es irónico que tengamos tan presentes las ciudades de Ipiales o Pasto sin saber mirarlas más allá de sus vitrinas. Quizás entre quienes vitorearon el NO en Ecuador se hallan quienes van allá de compras, como es su legítimo derecho y, en muchos casos, su necesidad. Y quizás entre ellos están también quienes piensan que votar por el SÍ suponía apoyar en Colombia la entrada de revoluciones similares a la ecuatoriana y a la venezolana. Justamente, el pueblo de Venezuela también ha recurrido hace tiempo a Colombia ante la incapacidad de su gobierno de garantizar las necesidades básicas de la población.

En julio de este año, ciento treinta mil venezolanos atravesaron en un solo fin de semana el puente fronterizo Simón Bolívar, que une Colombia y Venezuela. Iban en busca de alimentos y medicamentos. Quienes pensaron que apoyar el SÍ era plegar a las fallidas revoluciones ciudadana y chavista se equivocan, pues un acuerdo con cambio de modelo económico incluido no iba a venir avalado por un presidente como Juan Manuel Santos. El acuerdo de paz no es un cambio de modelo, es un acuerdo de paz que ha costado años y cuyo valor es imposible desconocer. En ese contexto, o mejor dicho en esa confusión, aparece el discurso de Álvaro Uribe tras la victoria del NO, donde defiende “la necesidad de estimular los valores de la familia, sin ponerla en riesgo, defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales”.

El expresidente Álvaro Uribe vota durante el referendo. Fue quien encabezó la campaña por el NO para rechazar los términos del acuerdo de paz con las FARC.

Esto queda fuera de lugar: un diálogo con diferentes actores no puede ser demonizado con estas invocaciones, porque no hay caída moral en donde hay pluralidad de posiciones. El temor conservador a la aparición de nuevos actores políticos y un posible cambio de orden se revela en estas declaraciones que nada tienen que ver con las propuestas del acuerdo. Poco ayudan los valores y pastores en un proceso que involucra a toda América Latina y que debería discutirse en otros términos.

Las zonas fronterizas no son sólo comerciales. La migración entre Venezuela, Colombia y Ecuador es histórica, hoy permanente y masiva, y las regiones fronterizas entre Colombia y los otros dos países comparten culturas y lenguas comunes. Olvidamos también que “Raúl Reyes”, líder de las FARC, murió en Ecuador durante una incursión, y que su nombre estuvo ligado al de Rafael Correa: la guerra y sus sombras llegaron hasta acá muchas veces. Los desplazados colombianos, los expulsados de Venezuela en nombre de la “refundación de las fronteras”, la realidad de los refugiados colombianos en Ecuador y la xenofobia que los golpea, todo esto nos obliga a considerar las implicaciones del NO para Ecuador.

¿Queremos la guerra para seguir discriminando a la población colombiana que se ve obligada a desplazarse por amenazas de muerte, asesinatos a su familia y secuestro de sus tierras? Ecuador acoge a 57.000 refugiados de Colombia. El carnet de refugio en este país, que recibe hasta mil personas al mes, no garantiza ni siquiera acceso a la seguridad social, mucho menos otros derechos. Y aun así pensamos que la guerra en Colombia no nos toca. Esta contradicción es muy curiosa: podemos pensar que no nos compete la guerra, pero muchos ecuatorianos han celebrado el triunfo del NO.

Otro argumento ha sido el de la impunidad. “Demasiada impunidad para las FARC”, decía, por ejemplo, la periodista Janeth Hinostroza en su cuenta de Twitter. “Tienen que pagar”, dicen en las redes. Es curioso que al tenor de esta sed de castigo no se haya dicho nada en Ecuador respecto de las bandas criminales emergentes que se ven como sucesoras del paramilitarismo, creado en colaboración con agentes del Estado desde los años 70. La responsabilidad del Estado, los paramilitares, las bandas criminales y la guerrilla hace del lugar común de “demasiada impunidad para las FARC” algo limitado, insuficiente cuando hay muchos otros actores que también deben responder; la desmovilización es mucho más compleja de lo que alcanzan a reflejar esas cinco palabras.

El artículo 46 del acuerdo paz dice claramente que la renuncia a la persecución penal se da sólo tras un procedimiento que debe iniciarse en una instancia especial para esto. Ese artículo también dice que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad deberán someterse a la justicia, y se enumeran “el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”, entre otros.

Los otros desmovilizados son menores y jóvenes que fueron cooptados por la guerrilla y que no han tenido otra forma de vida; hombres y mujeres que han buscado desmovilizarse pero que saben que esto, hecho individualmente, es igual a la muerte; decenas de miles de guerrilleros que hoy querían entregar su fusil y no tuvieron a quién.  Esto, lejos de ser una romantización de la guerrilla, es una condición de la guerra: no poder salir.

Los líderes de las FARC fuman cigarros Cohiba, mientras desde la Habana miran en directo la trasmisión del referendo en Colombia. En primer plano, a la derecha de la foto, Rodrigo Londoño, Timochenko.

También están las madres de jóvenes que se fueron, a quienes esperan ver con vida de nuevo: la guerrilla manda en las familias más precarias, por eso ha afectado más a la población más pobre. Otros desmovilizados menos vulnerables buscan poder político, lo cual ha sido también motivo de rechazo. El acceso automático a curules para las FARC como cuota de entrada a la política puede ser problemático, pero también es cierto que las negociaciones de poder en los senados e instituciones políticas de nuestros países no son más castas.

En nombre de la impunidad no se puede dar la espalda a quienes vivieron la guerra, porque anteponer el castigo de los responsables a la reparación y a la recuperación de la vida tiene poco que ver con la paz. El 26 de septiembre, día de la firma, el discurso del líder de las FARC, Rodrigo Londoño fue más bien de campaña, y su única frase referente al perdón fue confusa. “Ofrecemos perdón a las víctimas por el dolor que hayamos podido causar”, dijo. ¿Ofrecer una disculpa o pedir perdón? Esa torpeza pareció incapacidad de hacer del perdón algo genuino, enfático y digno de los cientos de miles de víctimas de las FARC. 

Quienes cometieron crímenes de lesa humanidad tendrán que ser juzgados y el perdón aún hay que ganárselo, como lo demuestran regiones seriamente afectadas por la guerra en donde ganó el NO, que no por haberla sufrido se volcaron al acuerdo. Santos tendrá que llamar a más actores a la mesa de negociación y Uribe tendrá que responder por la desmovilización de los paramilitares, a la que no se han referido quienes piden castigo para las FARC, a pesar de que los paramilitares, con Uribe, tuvieron impunidad. Lagunas de la memoria.

A pesar de todo esto, el acuerdo era un inicio y la posibilidad para los campesinos de recuperar tierras, de ir sustituyendo cultivos de coca por otros, de volver a cultivar lo que cultivaban antes de que la guerrilla les usurpara sus terrenos. El acuerdo podía devolverle paulatinamente la vida a las regiones históricamente más abandonadas de Colombia, en donde la guerra había sido su día a día. Gana la guerra, no sólo la cotidiana, sino la gran industria, la que genera ganancias incalculables para sus amos.

En Ecuador, desde donde no podemos votar, también decidimos poner en suspenso nuestro propio escepticismo, no sólo porque es una guerra que también vive aquí, con campamentos, incursiones y desplazados, sino porque esa guerra es en Colombia, al lado, en cuyas zonas fronterizas nuestra gente convive con su gente y algunos no saben ni qué himno cantar cuando les toca, como cuentan allá.

También hay argumentos que obligan a pensar y seguir construyendo el proceso, como lo analiza Julián Facundo Rinaudo, involucrado en los procesos de paz: “Hay muy poca confianza en las instituciones estatales, en especial las encargadas de la justicia; hay comunidades que prefieren la justicia de las FARC (que tiene un alto componente reparativo) y temen que entre la Policía Nacional; la idea de que el acuerdo permita la entrada de industrias extractivas y capitales internacionales a donde antes no llegaban no es bien vista por muchas comunidades; comunidades que dependen de la hoja de coca para sobrevivir temen que la sustitución no se realice con la suficiente inversión estatal y apoyo real al campesinado; hay comunidades que se sienten históricamente utilizadas por los gobernantes de turno, las instituciones y las ONG; hay personas que no están de acuerdo con la justicia restaurativa, es una cuestión de valores y cultura sobre la concepción de la justicia, y en ese sentido es tan válida como la de los que creemos que restaurar es más importante que castigar; muchas personas temen sentir esperanza y que esta sea defraudada. Esto se relaciona con los altísimos costos de implementación y la ausencia de un plan real de financiamiento”.

Partidarios del "No", celebran en las calles de Bogotá, luego de conocerse los resultados.

Estos argumentos reconocen posiciones reales del NO pero vienen de defensores del SÍ, es decir, se sitúan dentro de un proceso que debe irse elaborando sobre la base de un debate también real. En este contexto, la lección nos la deja Bojayá, en el Chocó, aunque nosotros mismos podamos sentirnos incapaces de un perdón de esa magnitud.

En el 2002, las FARC soltaron un cilindro bomba que cayó en el altar de una iglesia a donde muchos habían corrido a refugiarse. Murieron 117 personas, muchas otras quedaron mutiladas. Allí la gente “se cansó de perdonar”, “se marchitó de tanto pedir ayuda”, dicen las mujeres. El 26 de septiembre, las alabadoras de Bojayá cantaron en la ceremonia de la firma. Y en sus alabados otorgaban su perdón. En Bojayá, hubo 92% para el SÍ: eso no es sólo perdón, es un pedido enérgico por salir de la guerra. En el porcentaje nacional, en donde el NO gana apenas por un punto, esos SÍ totales, de los que depende la vida, se pierden.

Son esos SÍ los que hay que escuchar desde hoy, los de las alabadoras:

Queremos justicia y paz
que venga de corazón
pa' que llegue a nuestros campos
salud, paz y educación.

Con esta nos despedimos
no dejamos de pensar
las lágrimas de Colombia
no las podemos olvidar.

Las alabadoras de Bojayá se hacen presentes con sus cantos en la ceremonia de la firma de paz el 26 de septiembre.