Más de una semana después del levantamiento popular en Colombia, que empezó el 28 de abril, como protesta por un paquete impositivo que el gobierno del presidente Iván Duque envió al Congreso (que gravaba desde productos de primera necesidad y servicios básicos hasta servicios funerarios), el balance en pérdidas humanas y materiales es catastrófico, en medio de la pandemia: del lado de organismos de derechos humanos se han denunciado más de 34 muertos atribuidos a la violencia de estos días; 89 personas desaparecidas, más de 1700 casos documentados de violencia policial, diez víctimas de violencia sexual, más de 850 detenciones arbitrarias. Del otro lado, se muestran las imágenes dantescas de incendios y destrucción de servicios públicos, como buses, transmilenios, los CAI (Comando de Acción Inmediata) policiales, saqueos, vandalismo espontaneo u organizado y el sitio de las ciudades y carreteras por medio de bloqueos de las vías de acceso. La noche del 4 de mayo, unos 15 CAI fueron incendiados, en Colombia, uno de ellos con diez policías dentro que, afortunadamente, sobrevivieron. Aunque Duque retiró el proyecto impositivo, las protestas continuaron, pero también se abrió una ventana al diálogo, que se dará desde este 10 de mayo. En medio de esto, no ha faltado el discurso de que este levantamiento y la subsecuente violencia son el resultado de acciones externas provocadas por la injerencia del gobierno venezolano. Con 0.53 en el ïndice de Gini, Colombia es el país más desigual de América Latina, luego de Haití. Más de 18 millones viven en la pobreza, y de estos 5,6 millones son nuevos pobres, fruto de la pandemia y de las medidas restrictivas a la actividad económica decretadas por las autoridades. En Colombia, 7,2 millones de personas están en la pobreza extrema, lo que equivale a poco menos de la mitad de toda la población del Ecuador. En el debate central, nadie está negando la gravedad de la crisis económica, social y hasta humanitaria, sino quiénes y cómo pagarán esa cuenta.
Este es un informe de Razón Pública, que pone el acento de la continuidad de la protesta en Colombia, desde que el Paro Nacional convulsionó al hermano país a fines del 2019.
I. Un paro que se había apagado
Después de haber entrado en un largo letargo, el Paro Nacional revivió el pasado 28 de abril, con un alcance que debió sorprender al gobierno nacional y a quienes no creían que una gran movilización social pudiera emerger en medio de uno de los momentos más álgidos de la pandemia.
Justamente la pandemia había acabado de asfixiar un paro que, después de irrumpir con fuerza entre noviembre y diciembre del 2019, poco a poco entró en declive desde el final de enero del 2020, hasta ahogarse al comenzar la cuarentena en marzo de ese año.
El mismo día que se decretó el llamado “Aislamiento Preventivo Obligatorio”, el Comité Nacional del Paro cambió la convocatoria a las marchas por un cacerolazo nacional, que fue más bien lánguido y tuvo poca resonancia mediática y escasa audiencia. Así, la pandemia acabó de apagar un paro histórico que de todos modos ya venía perdiendo fuerza, sobre todo en virtud de una multiplicidad de demandas y peticiones que no eran muy inteligibles para buena parte de la opinión pública.
Durante el año pasado y en medio de la pandemia, hubo algunos intentos de revivir el Paro Nacional. El más notorio fue la “caravana por la vida” convocada para el 21 de septiembre, poco después de que detonaran las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez por parte de unos agentes de la Policía Nacional. La intención era aprovechar la indignación que desató ese abuso policial para revivir la movilización en las calles.
Pero, además de la brutalidad policial, el Comité Nacional del Paro denunció otros hechos:
- La expedición del Decreto 1174 de 2020, considerado por los convocantes a la caravana como una medida regresiva en materia laboral;
- El paquete de ayuda otorgado a Avianca por el gobierno Duque, y
- El modelo de alternancia diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.
Pero este intento de retoma de las calles no tuvo mucho eco. Y algo similar ocurrió con la convocatoria para celebrar el aniversario del paro de 2019.
¿Por qué revivió el paro?
Entonces, ¿por qué el Paro Nacional está reviviendo en este momento? Sin duda, pesan mucho el deterioro de las condiciones de vida, la asfixia económica y el aumento significativo de la pobreza que han traído las medidas para enfrentar la pandemia.
Pero todas esas insatisfacciones no habrían podido traducirse en una gran movilización si no se hubiera presentado la reforma tributaria, calificada por las centrales obreras como “el segundo paquetazo de Duque”. Esa reforma, mal acordada previamente y mal comunicada, sirvió de punto de convergencia para múltiples descontentos.
La fuerza pública se involucró en nuevos atropellos, como indican las denuncias de muertes provocadas por sus agentes e incluso un caso de presunto abuso sexual por parte de un miembro del ESMAD. Foto: Twitter: Heidy Sánchez Barreto
Después de haber entrado en un largo letargo, el Paro Nacional revivió el pasado 28 de abril, con un alcance que debió sorprender al gobierno nacional y a quienes no creían que una gran movilización social pudiera emerger en medio de uno de los momentos más álgidos de la pandemia.
La reforma contribuyó entonces a articular los motivos de la protesta, sin que las organizaciones que hacen parte del Comité Nacional del Paro tuvieran que plantear nuevamente un enorme pliego de peticiones, que podría haber sido difícil de entender para muchos ciudadanos y podría haberse convertido en blanco fácil de críticas.
Así, el Paro Nacional se reactivó, pese a la decisión de una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó su aplazamiento mediante un auto judicial. Y aunque, por ahora, las marchas tengan una menor envergadura que las de 2019, es claro que salió más gente a la calle de la que se esperaba.
Además, los cacerolazos llevados a cabo la noche del 28 de abril en varias ciudades indican que hubo seguramente más gente sintonizada con la movilización, aunque no hayan salido a marchar por prudencia o miedo al virus.
Sin embargo, este paro no es idéntico al de 2019:
- Ha sido mucho más descentralizado, pues se ha extendido a ciudades intermedias y pequeñas, y no se ha desarrollado esencialmente en grandes ciudades;
- Parece tener un carácter más popular, como lo indica, por ejemplo, el hecho de que taxistas y camioneros se estén sumando;
- Esta vez, la paz no es una de las banderas importantes de la movilización.
Estos tres puntos no son insignificantes, pues pueden transformar sustancialmente la naturaleza de las movilizaciones.
La violencia y la difícil salida
Hay un último punto sobre el cual importa reflexionar: parece que la violencia se está enquistando cada vez más en las movilizaciones.
A los ojos de muchos, el libreto “de siempre” volvió a repetirse: se convocó a una jornada pacífica de protestas que terminó en algunos actos de vandalismo y de enfrentamiento entre la fuerza pública y los manifestantes. Pero, en esta ocasión, la violencia da indicios de haber escalado un poco más.
Por un lado, la fuerza pública se involucró en nuevos atropellos, como indican las denuncias de muertesprovocadas por sus agentes e incluso un caso de presunto abuso sexual por parte de un miembro del ESMAD. Estos son hechos preocupantes que aumentan el miedo, la desconfianza y la rabia de la ciudadanía frente a la fuerza pública.
Además, llama la atención que estos hechos hayan sido justificados por algunos líderes políticos, como ocurrió con el tweet del expresidente Uribe, que fue luego eliminado por la plataforma por “glorificar la violencia”.
Por otro lado, el vandalismo ha adquirido nuevas proporciones, especialmente en ciudades como Cali. Este es también un hecho preocupante, porque deslegitima las protestas y opaca muchas insatisfacciones que no se expresan en demandas claras, sino en simple violencia. Además, otra vez el gobierno aprovecha para descalificar las marchas, mientras que varios medios de comunicación ponen el foco en la noticia de la violencia, sin mirarlos lo sucesos con profundidad.
Tal vez sea preciso insistir, una vez más, en que el fenómeno del vandalismo es opaco y complejo, sobre todo porque no puede reducirse a una sola causa ni tampoco es producto de un solo actor. Detrás de la etiqueta generalizante de “vándalos” hay de todo: desde grupos anarquistas politizados y quizás milicias urbanas, hasta sectores sociales que no cesan de acumular una rabia y frustración colectiva, pasando por verdaderos pirómanos oportunistas –con o sin tintes políticos– que aprovechan la ocasión para pescar en río revuelto.
el vandalismo ha adquirido nuevas proporciones, especialmente en ciudades como Cali. Este es también un hecho preocupante, porque deslegitima las protestas y opaca muchas insatisfacciones que no se expresan en demandas claras, sino en simple violencia.
En todo caso, bien valdría la pena comenzar a diferenciar los móviles y los actores que se encuentran detrás de hechos como las quemas de buses en Cali, el lanzamiento de bombas incendiarias a policías, la destrucción de sedes bancarias, los ataques a instalaciones de medios de comunicación y los actos de saqueo. Toda esta mezcla de violencia –un tanto explosiva, otro tanto premeditada– no es movida por un único hilo.
Al final, el gran problema es que la violencia creciente parece salirse cada vez más de las manos del gobierno y de algunos mandatarios locales, como también de los organizadores del paro. Y curiosamente, aunque sabemos que es una violencia que se repite, pocos quieren mirarla en serio y con profundidad.
Hay pocos periodistas que hayan investigado a fondo estos hechos, y la policía y los órganos de seguridad del Estado tampoco parecen investigar seriamente el fenómeno. Cuando los medios de comunicación entrevistan a comandantes de la fuerza pública y les preguntan quiénes son los capturados, no parecen saber mucho sobre ellos y sobre su heterogeneidad.
En principio, tal vez parezca que la reforma tributaria fue el detonante de esta nueva versión del paro. Por eso, el 2 de mayo, el presidente Duque ordenó retirar la reforma. Pero quizás eso no sea suficiente: la reforma, con todos sus tecnicismos, a lo mejor ni siquiera era realmente entendida y conocida por muchos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente, ni por aquellos que participaron en los actos de vandalismo.
Lo más probable es que la reforma sea apenas un foco de descontento que revela malestares y problemas más profundos, como la cólera social, la desconfianza en el Estado, la sensación de que la gente común y corriente no existe para los gobernantes, e incluso el agotamiento frente a la disrupción de la vida social y la pérdida de espacios de socialización como resultado de la pandemia.
Para salir de esta situación cada vez más crítica serán necesarios líderes en todas las orillas que vean y entiendan la gravedad del problema y que tengan la habilidad para construir consensos y mover las líneas de discusión en el debate público, mediante un diálogo amplio y una buena dosis de sagacidad política.
Texto de Juan Carlos Guerrero
*Director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC), Ph.D en Sociología y M.A. en Estudios Políticos con énfasis en Relaciones Internacionales, profesor asociado e investigador de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Twitter: @Juan_K_Guerrero.
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La reforma tributaria: ¿solidaridad con la gente o solidaridad con el ministro de Hacienda?
No basta con que el proyecto de reforma que presentó el gobierno se llame “solidario” para que sea realmente solidario. Estos serían los cambios que necesita el proyecto.
Maribel Castillo*
ESCRITO POR MARIBEL CASTILLO
Solidaridad y pandemia
El proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno pretendía solucionar las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia. Pero si quiere cumplir con su propósito, el gobierno debe aceptar enfoques nuevos y honrar el espíritu participativo de la Constitución.
Para solucionar los problemas, hay que mirar con cuidado las consecuencias sobre la ejecución del gasto público y el contrato social que es la base de la relación entre el Estado y los ciudadanos. Está bien un enfoque de solidaridad, ¿pero debe ser la solidaridad el único enfoque? Desde la economía la respuesta es clara: no.
¿Es la solidaridad inherente a los seres humanos? Esta cuestión se ha discutido desde siempre, pero es un hecho que las sociedades contemporáneas aspiran a que en tiempos de crisis la solidaridad emerja con mucha fuerza. Y sin duda, las reformas a las políticas económicas deben convocar la sensibilidad que subyace a nuestra humanidad para despertar el espíritu solidario.
Al comienzo de la pandemia se oyeron voces que coreaban la empatía ante la situación desconcertante, e inclusive se dieron ejemplos abundantes de solidaridad alrededor del mundo.
Y quizá en ese momento Paolo Giordano acertaba al afirmar que “como suele ocurrir, una vez superado el miedo desaparecerá la posibilidad de tomar conciencia”.
Con el paso del tiempo aquella discusión de si existe un dilema o un “trade-off” entre salud y economía se agravó, y las consecuencias para los ciudadanos son cada vez mayores.
Un asunto complejo
Es inevitable que el gobierno busque más ingresos para sobrellevar la crisis lo mejor posible. Igualmente es necesario mantener un nivel de calificación de riesgo para evitar la fuga de capitales.
Pero el asunto debe abordarse desde múltiples enfoques, por ejemplo, una perspectiva de género, o una de protección a la vejez. A partir de ahí se puede establecer la necesidad de acumular más recursos para estabilizar la situación fiscal del país.
Es momento de pensar cómo hacemos una reforma tributaria más solidaria y justa. Foto: Banco de la República
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Luces y sombras del proyecto
El gobierno necesita recaudar alrededor de 23,4 billones de pesos. Es encomiable que por primera vez se incluya en una propuesta de reforma una renta mínima de 168.000 pesos mensuales para una familia de cuatro personas en condición de pobreza moderada, y de 244.000 pesos para una familia de cuatro personas en pobreza extrema.
Así mismo, es encomiable ayudar al 40 % de la población más pobre con casi 80.000 pesos mensuales por miembro menor del hogar, condicionando el subsidio a que el menor prosiga sus estudios, y otros 80.000 pesos para mayores de 65 años de manera no condicionada. Esto duplica la meta actual del 20 %.
En materia de empleo la reforma es tímida y confusa; el enfoque de género simplemente no existe. No importó que muchos analistas demostraran el costo social de la pandemia sobre las mujeres en términos de cuidado no remunerado y de pérdida del empleo.
El tema de los impuestos verdes es también encomiable, pero todavía queda un camino largo en esta dirección. Primero, porque los productos que contaminan no son los únicos que deben ser gravados, y segundo, porque las empresas deberían aceptar su responsabilidad y ser solidarias.
El proyecto de reforma tampoco incluye impuestos sobre los alimentos que afectan negativamente la salud, no modifica los programas sociales existentes y no hace claridad sobre el tema de protección a los mayores.
En materia de empleo la reforma es tímida y confusa; el enfoque de género simplemente no existe. No importó que muchos analistas demostraran el costo social de la pandemia sobre las mujeres en términos de cuidado no remunerado y de pérdida del empleo.
Un artículo de uso femenino pasó de la categoría de bienes exentos del IVA a excluidos del IVA, y la propuesta de empleo para las mujeres de más de 40 años a partir de 2023 como una forma de apoyo a las empresas que las contraten no tiene más de dos renglones nebulosos y sin dientes.
El IVA del 19 % a los servicios públicos a partir del estrato 4 es un desatino; la “clase media” es la más endeudada y no recibe subsidios.
Por otro lado, las pensiones que superen los 7 millones de pesos pasarían a pagar renta sin haber determinado los efectos reales. Esto parece inapropiado. Es posible que se use para sostener el sistema de pensiones, pero no es claro si cobija al sistema público-privado existente o se refiere exclusivamente a Colpensiones.
Por otra parte, el tema del recaudo solidario para ayudar a la población antes mencionada es más complicado, ya que la progresividad que contiene no es suficiente.
En el Ministerio de Hacienda temen aumentar el impuesto al capital; se considera que esto es negativo porque no fomenta la inversión ni crea empleos, pero es un tema suficientemente rebatido por los conocedores del tema.
En cuanto a los dividendos y al patrimonio, la reforma también se queda corta y la carga del tributo se concentra en ampliar la base gravable a personas naturales, bajando el rango a aproximadamente 29 millones de renta líquida gravable en 2022 y casi 17 millones de renta líquida en 2023.
Para solucionar los problemas, hay que mirar con cuidado las consecuencias sobre la ejecución del gasto público y el contrato social que es la base de la relación entre el Estado y los ciudadanos.
En el caso de las empresas, se pasan muchos productos de exentos a excluidos sin tener en cuenta que el impuesto se traslada a los precios de los productos de primera necesidad. El precio incluye el IVA de 19 % por la compra de las materias primas para elaborar esos productos, y eso no se lo informan al consumidor. Pero la plata saldrá de su bolsillo.
El documento del gobierno anuncia nuevos renglones de gasto, como la creación de Fonclima y otras entidades, que implicarán más burocracia. Esto va en contravía del sentido de sostenibilidad y solidaridad que se anuncia. También van en contravía las nuevas facultades al presidente de la República, o los impuestos temporales, que crearán nuevas discusiones en pocos años.
Finalmente, el tema de la evasión y la elusión no aparece en la reforma; parece que ni el mismo gobierno sabe cómo atacarlas.
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Cambios necesarios
El enfoque de solidaridad que el proyecto del gobierno menciona en su comienzo es necesario y es importante. Y este enfoque además se refleja en la adopción de la renta minina y en el hacerla progresiva.
Pero los enfoques de apoyo a los mayores y de género deslumbran por su ausencia; son propuestas menores o simplemente inexistentes en el texto que deben ser reconsideradas para mejorar el proyecto actual.
La propuesta en cuestión es un documento de reforma fiscal que incluye impuestos y cambios en la regla fiscal. Muchos analistas pidieron que la regla fiscal se adapte o se suprima y la reforma va en esa dirección.
Pero el contrato social implica que las personas vean el enfoque solidario como parte de la contraprestación que reciben por pagar impuestos. En este punto es mucho lo que al gobierno le falta por recorrer.
Para las personas, la reforma no es necesaria, aún cuando es importante y esto se debe a la manera forma y al momento de presentar el proyecto. Nunca será un buen momento, pero este sin duda alguna es el menos apropiado.
La propuesta del gobierno debe organizarse, so pena de quedar muy corta, cubriendo apenas el hueco debajo del peñasco. Este primer intento de reforma puede modificarse para llegar a una versión que elimine las exenciones de la reforma anterior, haciéndola más progresiva al gravar los capitales, desapareciendo las zonas francas y motivando a las personas a creer en el contrato social.
El enfoque de género es fundamental; las mujeres son parte importante del contribuyente, pero son las que menos se ven atendidas en la contraprestación del Estado. Una reforma seria debe poner fin al sistema de cuotas modestas para las mujeres en los cargos públicos.
Si el gobierno quiere tener un enfoque solidario, debe abrir la propuesta al concurso de nuevos enfoques y honrar el espíritu participativo de la democracia que resplandece en la Constitución.
La comunicación es importante y las redes sociales sirven para explicar de forma simple las implicaciones de la propuesta. Los invito a leer @EconomiaPipol en Twitter, donde un grupo de académicos y periodistas explicamos de forma sencilla la propuesta.
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