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3 de Agosto del 2020
Historias
Lectura: 25 minutos
3 de Agosto del 2020
Milagros Aguirre
Comité Ecuménico de Proyectos: las siete plagas que el coronavirus destapa en Ecuador
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El impacto de la ineficacia, populismo y corrupción de las autoridades ha impactado sobre la vida de los habitantes de Guayaquil (foto) y del resto del país. Foto: José Sánchez/AFP

 

El Comité Ecuménico de Proyectos, CEP, analiza la epidemia y sus impactos en su informe de coyuntura. Para el CEP, Ecuador vive la metáfora de las siete plagas de Egipto, maldición bíblica que asoló la tierra de los faraones por impedir la liberación del pueblo judío.

Los informes de coyuntura cuentan con el auspicio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Berlín, Alemania.

El virus no se va desde marzo del 2020. Estamos en agosto y en Ecuador no solo que no se aplana la curva sino al contrario: los casos siguen y siguen multiplicándose y el sistema sanitario ya no da más abasto. Para cuando escribimos este análisis, Ecuador ya va por los 85 000 casos confirmados, con 5 700 víctimas mortales, aunque las cifras no están claras ni hay quien se fíe de ellas.

Pero no es el covid 19 la enfermedad más grave que azota al Ecuador. Acá anotamos las siete plagas que ha destapado la emergencia sanitaria.  Las plagas de la corrupción, el clientelismo, el extractivismo, el racismo (en el país intercultural), la indisciplina, la indiferencia y la violencia de género además de la desconfianza en el sistema de salud, dejan ver un país cuya brecha social se hace cada vez más grande y cuya falta de empatía hará difícil salir de una crisis que no solo es económica sino que también es una crisis ética y ciudadana.

 1  La corrupción, madre de todos los males

Sobreprecios en mascarillas. Sobreprecios en pruebas rápidas y pruebas PCR. Sobreprecios hasta en fundas para guardar cadáveres. La corrupción es como una maldición, un pulpo que alcanza con sus tentáculos a quienes alcanzan poder pero no solo a ellos: a los ciudadanos de a pie. Cada semana, un escándalo nuevo de corrupción empaña incluso las tareas que debieran ser puramente humanitarias. La pandemia ha destapado varios casos  de corrupción que tienen que ver, también, con un sistema que lo permite, lleno de mecanismos que propician la trampa. Declaratorias de emergencia que facilitan las compras sin licitación, pero también prácticas usadas para vulnerar un sistema de compras públicas que se supone seguro pero que está lleno de vericuetos y que requiere de intermediarios que prestan facturas (con un 25% del valor del contrato) o facilitan información de subastas que tienen ganadores de antemano. Un sistema que, en resumen, ha normalizado  prácticas corruptas.


Siete allanamientos en Guayas fueron ejecutados la primera semana de mayo, para recabar indicios para la investigación de la compra de fundas de cadáveres con posible sobreprecio para el hospital del IESS de Los Ceibos. Foto: Fiscalía

Para el 14 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado ya contaba con 13 investigaciones por corrupción durante la pandemia. La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció la existencia de 23 casos de corrupción en hospitales durante el periodo de mayo de 2019 a marzo 2020, por una suma de 32 millones y medio de dólares.

Entre los casos escandalosos, está el del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. Este caso involucra a un ex Presidente (Abdalá Bucarám) y a sus hijos, además de a un grupo de gente de la farándula que, de la noche a la mañana, se convirtieron en principales proveedores de medicamentos e insumos médicos para el Estado.


En este hospital arrancó la serie de denuncias sobre comprar irregulares en insumos médicos durante la pandemia.

un día, sobreprecio en kits de alimentos por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Otro, irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de guantes quirúrgicos, mascarillas y pruebas rápidas por parte de la Prefectura de Guayas. Otro, compra de pruebas caducadas por parte del Municipio de Quito.

Un día, sobreprecio en kits de alimentos por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Otro, irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de guantes quirúrgicos, mascarillas y pruebas rápidas por parte de la Prefectura de Guayas. Otro, compra de pruebas caducadas por parte del Municipio de Quito.

Para terminar: uso indiscriminado e inmoral de carnés de discapacidad por parte de asambleístas y otros funcionarios públicos (703 funcionarios judiciales incluidos conjueces, agentes fiscales, notarios, defensores públicos, administrativos judiciales y de la Fiscalía), con el único fin de aprovecharse de descuentos y facilidades en la importación de vehículos que da la ley.


El nombre de Daniel Salcedo, como presunto miembro de una red delincuencial para expoliar los hospitales públicos fue el símbolo que se instaló en la percepción de un país asqueado por la corrupción. Foto: El Universo

Uno de los involucrados en estos escándalos es un joven que, intentando huir del país se accidentó en una avioneta. El joven se vuelve el rostro de esa corrupción normalizada, de un falso modelo de “éxito” que  muchos  quieren imitar sin importar si ese éxito tiene que ver con dineros mal habidos: 30 años de edad y con contratos con el Estado desde los 22, novia modelo, carros de lujo obtenidos con carnés de discapacidad falsos, apartamento en  Miami, varias casas en el país, jugosas cuentas que no puede justificar. La corrupción, en niveles de ciencia ficción.

 2   El extractivismo

El voraz extractivismo es uno de los males del país. La pandemia no ha podido detener la sed de  petróleo, el hambre de madera y la ambición minera y sus consecuencias. Los llamados sectores estratégicos no han parado durante la emergencia sanitaria y, al contrario, han traído consecuencias muy graves dentro de las comunidades.

En días en los que el precio del petróleo había caído a niveles ínfimos, se produjo la rotura de los tres principales oleoductos por donde pasa el petróleo del país: el SOTE, el OCP y el Poliducto. Esta ruptura dio lugar a un derrame de grandes proporciones. Petróleo y gasolina se derramaron a la altura de la cascada de San Rafael, en la frontera de las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos y siguieron el curso de los ríos Coca y Napo dejando afectadas a las comunidades indígenas de sus riberas: 120 mil personas afectadas directa e indirectamente. Las comunidades se quedaron sin agua en plena pandemia, sin poder bañarse y sin alimento, pues dependen del río y de sus recursos para subsistir. Una red de organizaciones no gubernamentales cuyo eje de trabajo son los derechos humanos, emprendió una demanda legal  solicitando protección y reparación para estas comunidades. La justicia no ha actuado en el tema: se suspendió la audiencia y las comunidades siguen en la desprotección.

Las actividades formales de petróleo han seguido pese a la pandemia y pese a la preocupación de las comunidades de guardarse del virus y no  permitir acceso a afuereños. Pero no solo que esas actividades no se han detenido sino que se ha aprovechado la pandemia para abrir una nueva vía dentro del parque Nacional Yasuní poniendo en riesgo al menos a dos grupos humanos que aún no tienen contacto con la sociedad envolvente (los tagaeri y taromenane).

La minería tampoco se ha detenido: es la apuesta del Ecuador para mejorar su economía. El gobierno es el mayor promotor de este nuevo modelo. Dos de los cinco proyectos estratégicos se encuentran en funcionamiento. En los últimos cinco años se exportaron casi $1.500 millones del bien aurífero, con miras a que en los próximos años el peso relativo de la minería aporte el 4% del total del PIB nacional.

La pandemia no ha acabado con la sed de los recursos naturales. Hasta se podría decir que, para algunos depredadores, ha sido más fácil acceder a ellos pues no hay quien vigile ni controle.

Oro, plata y cobre. El gobierno insiste en que la actividad minera es el futuro para el país, por su capacidad de generar divisas, trabajos y encadenamientos productivos. Las comunidades han rechazado la minería e incluso se han dado escenarios de gran conflictividad social, ausencia de procesos de Consulta y Consentimiento previo, libre e informado, además de persecución de dirigentes y líderes ambientalistas.

Pero no solo las actividades legales, como el petróleo y la minería, no se han detenido en tiempos de confinamiento. Algunas se han desarrollado con protocolos mínimos de seguridad (otras los han ignorado por completo, poniendo en riesgo a sus trabajadores y a las comunidades) y no solo eso: han cubierto necesidades de las comunidades que no ha cubierto el Estado. El caso de la empresa española Repsol en Ecuador es ejemplificador: la empresa tiene un convenio con la nacionalidad waorani. En mutuo acuerdo, han tenido que destinar esos recursos a enfrentar el covid19, trasladar pacientes, equipar dispensarios médicos y hasta comprar oxígeno. Es decir, en buena  ley,  el propio pueblo waorani que recibe recursos de la empresa como compensación pues ésta opera en su territorio, ha tenido que dejar de lado sus proyectos para apoyar al Ministerio de Salud Pública, equipar sus dispensarios y garantizar ser atendidos.

La actividad maderera se ha incrementado en la Amazonía y también en regiones como Esmeraldas y Santo Domingo. Campamentos clandestinos de buscadores de balsa —y de maderas finas— se han instalado en la selva, a vista y paciencia de las autoridades de control que, hoy por hoy, se ocupan más de sancionar el uso indiscriminado de salvoconductos o el uso de mascarillas por parte de los ciudadanos, que controlar aquellas actividades prohibidas en parques nacionales, cuyos actores por lo general están armados. Por si eso no bastara, se ha detectado cerca de  Galápagos,  una  flota  de barcos chinos cercanos a los límites de las aguas internacionales, pero también, a embarcaciones ecuatorianas que, aunque no pesquen, suministran pertrechos y combustible a los barcos chinos.

La pandemia no ha acabado con la sed de los recursos naturales. Hasta se podría decir que, para algunos depredadores, ha sido más fácil acceder a ellos pues no hay quien vigile ni controle. Si a eso se le suma el desempleo que empieza a pasar factura, el escenario es propicio para las actividades ilegales de pesca, minería o tala  indiscriminada.

 3   El clientelismo (con miras a la campaña electoral)

Los políticos con miras en las elecciones de 2021 han encontrado en la emergencia sanitaria un escenario propicio para hacer campaña. El primero, el propio gobierno, que puso a su Vicepresidente (el tercero en cuatro años) Otto Sonnenholzner, en la primera línea para enfrentar el covid19. Como presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, el entonces vicepresidente (renunció el  7 de julio,  para poder ser candidato a Presidente) recorrió el país entregando mascarillas, visitando hospitales, dando ruedas de prensa, atendiendo moribundos, entregando respiradores y dando sus condolencias a familias afectadas para aplacar en algo los reclamos por el desastre  de  la gestión funeraria en Guayaquil, durante el primer mes de la emergencia. Por supuesto, lo hizo con equipo de fotógrafos junto a él, con equipos de prensa que llenaban las redes sociales de fotografías de su heroica gestión. En los primeros días de la crisis, él aparecía como la cara visible de las acciones gubernamentales, dando cifras e indicaciones e incluso reprimendas a quienes incumplían la orden de quedarse en casa. Subido en camioneta o viajando en helicóptero y en ambulancias, se iba configurando el perfil presidencialista de Otto Sonnenholzner: joven, intrépido, mesurado en sus comentarios y capaz de dar directrices para enfrentar la crisis.


La saturación de imágenes de dignatarios nacionales y locales, funcionarios públicos altertó sobre un aprovechamiento de la pandemia para realzar su imagen personal. Foto: Vicepresidencia de la República

Esta peste clientelar y populista que afecta a la política ecuatoriana se ha visto mermada por la falta de recursos: se acabó la bonanza y ninguna institución tiene los suficientes recursos para repartir.

Por supuesto, ni el vicepresidente ni algunos precandidatos que han aparecido abonando la arena política y ganando simpatías y adeptos a punta de entregas de raciones alimenticias y de canastas  solidarias,  han  aceptado  tal condición de precandidatos, sino de personas solidarias (con recursos públicos) y con gran sensibilidad.

Esta peste clientelar y populista que afecta a la política ecuatoriana se ha visto mermada por la falta de recursos: se acabó la bonanza y ninguna institución tiene los suficientes recursos para repartir. Sin embargo, quienes tienen en la mira las elecciones, han aprovechado las carencias de la gente para sumar simpatías aunque sea a costa de los pocos fondos públicos que quedan y de las necesidades que, ahora, son  inmensas.

 4   Racismo y discriminación

Durante la pandemia no han faltado alimentos en las ciudades. Eso no quiere decir que los campesinos agricultores, los mayores proveedores de alimentos del país, no se hayan enfermado. Al contrario… las cifras muestran que la población indígena y campesina en el país ha sido muy afectada por la pandemia. Comunidades enteras infestadas con el covid19, que han tenido que enfrentar  prácticamente  solas,  los estragos de la enfermedad. En muchas comunidades indígenas y campesinas de la sierra, agricultores y comerciantes, en efecto, se han contaminado. Unas se contaminaron llevando sus productos a la costa en los inicios de la pandemia y volvieron a sus casas, contagiadas. No dijeron nada, para no ser estigmatizadas incluso, dentro de sus propias comunidades. Combatieron la enfermedad con medicinas naturales. Y, una vez recuperadas, volvieron a trabajar.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el racismo y la discriminación dejaron ver sus costuras. Hay testimonios de trabajadores de las petroleras, por ejemplo, que nunca pensaron en que ellos fueran portadores del virus y que lo llevarían a las comunidades indígenas. Al contrario, temían ir por temor a contagiarse de los indígenas. También testimonios de que, ante las dificultades de entendimiento sobre todo con la nacionalidad waorani, en los hospitales estaban dando de alta a pacientes indígenas antes de que se termine su tratamiento. Ahora hay más de 2000 indígenas de las distintas nacionalidades contagiados en la Amazonía y en la sierra ni siquiera hay registros pues las organizaciones no han sistematizado la información de sus comunidades.

Los dirigentes waorani Nemonte Nenquimo y Gilberto Nenquimo, junto con otros líderes waorani, durante la rueda de prensa virtual que se llegó a cabo el 21 de mayo de 2020 para informar sobre la emergencia de la COVID-19 en sus territorios. Foto: Mitch Anderson / Amazon Frontlinesoux

Para muchas familias ecuatorianas quedarse en casa no es una opción. No sin ayuda. Y, salvo entregas de alimentos, al principio de la pandemia, el Estado no ha garantizado que puedan quedarse en casa.

A fines de julio, es decir, cuatro meses después del inicio de la emergencia sanitaria, se integró a la representación de las nacionalidades indígenas en el COE provincia amazónica de Pastaza. En el resto del país, los representantes de las nacionalidades no tienen  vocería.

 5   Falta de empatía e indisciplina

La orden de quedarse en casa era inviable para todos los ecuatorianos. Quienes tenían que salir a trabajar para llevar el pan a sus familias, argumentaban que “o  nos  mata el covid o nos mata el  hambre”,  (lugar común en la realidad de América Latina) mientras que sectores más privilegiados los trataban de irresponsables, ignorantes, inconscientes. Para muchas familias ecuatorianas quedarse en casa no es una opción. No sin ayuda. Y, salvo entregas de alimentos, al principio de la pandemia, el Estado no ha garantizado que puedan quedarse en casa. Más bien han sido las organizaciones no gubernamentales las que han llegado a lugares remotos con asistencia humanitaria, alimentos e incluso pruebas y medicamentos.

La falta de empatía limita las acciones solidarias, discrimina y profundiza las diferencias.

El Estado y sus instituciones controlan y reprimen. Pero no fortalecen el tejido social ni educan para el civismo, la solidaridad y la vida en comunidad. Tampoco informan de manera clara y sencilla sobre la enfermedad y los cuidados. Al contrario, el sistema privilegia el interés individual sobre el interés colectivo.


La Policía realiza operativos para verificar cumplimiento del toque de queda en Quito. Foto: Municipio de Quito

Aglomeraciones, mal uso de las mascarillas, fiestas clandestinas con más de 20 personas en espacios cerrados, alto consumo de alcohol en las calles, son la cara visible de la irresponsabilidad ciudadana frente a la pandemia. Las autoridades tanto a nivel de gobiernos locales como a nivel de gobierno central, han trasladado la responsabilidad del cuidado y prevención, a los ciudadanos que, por su indisciplina, han multiplicado exponencialmente la movilidad del virus.

Esa indisciplina, sin embargo, es muestra del malestar social. Una sociedad que desconfía de sus autoridades, que no cree en las cifras, que se siente abandonada frente a la enfermedad y frente a las medidas propuestas por el gobierno, una sociedad que mata las penas con alcohol —Ecuador está en el top ten de países con mayor cantidad de consumidores de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud: 7,2 litros de alcohol per cápita cada año (promedio por habitante)—, unos jóvenes que se sienten reprimidos y que reaccionan con rebeldía, son parte de esa falta de empatía y de esa desconexión entre los ciudadanos y las  autoridades.

 6   Violencia machista y de género

El confinamiento no ha sido fácil para las familias ecuatorianas. Más aún, no ha sido fácil para muchas mujeres y niñas: ellas han sido víctimas de violencia en sus hogares y han tenido que permanecer bajo el mismo techo que su agresor durante esta emergencia.

Los casos de violencia de género en esta particular circunstancia, comenzaron a hacerse públicos a las dos semanas de iniciada la emergencia sanitaria y la cuarentena. En abril, al mes del confinamiento, llegaban tantas llamadas y alertas que los organismos como Fiscalía y Defensoría del Pueblo habilitaron sus páginas web para denuncias en línea y solicitudes de auxilio. Desde ese día, hasta los primeros días de junio 3.073 personas ingresaron formularios por estos casos.

De acuerdo al portal Ecuador Chequea2 el ECU-911 ha recibido 38.012 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar y violencia psicológica, sexual y física contra la mujer o miembros del núcleo familiar desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 22 de julio. 155 llamadas diarias. 50 mujeres asesinadas en cinco meses de acuerdo a lo que reportan las organizaciones sociales.

con bala, quemadas, cortadas con cuchillo o machete, apuñaladas o ahorcadas: al menos 50 mujeres, incluidas dos niñas menores de cinco años, habrían muerto de forma violenta durante los cinco meses de confinamiento en el Ecuador.

Uno de los gobiernos locales (prefectura de Pichincha a través de Warmi Pichincha, Centro Integral de Protección de Derechos)  lanzó  una  campaña para activar ayudas inmediatas a mujeres en situación de vulnerabilidad “¡Necesito una canasta roja!”, es la frase que debe decir al teléfono, una mujer que requiere ser socorrida, porque está siendo víctima de violencia.

El programa PreviMujer de la Cooperación Alemana, GIZ, sostiene que la violencia doméstica en el país se incrementó un 30% durante los días de cuarentena. El programa preparó un documento, hizo recomendaciones al gobierno para que se adopten medidas de prevención durante y después de la cuarentena. Por supuesto, estas cifras son, también, parte de un subregistro: las mujeres no denuncian, no se atreven a llamar al ECU-911 a pedir auxilio ni se atreven a denunciar en fiscalía los atropellos de las que son víctimas.

Con bala, quemadas, cortadas con cuchillo o machete, apuñaladas o ahorcadas: al menos cincuenta mujeres, incluidas dos niñas menores de 5 años, habrían muerto de forma violenta durante los cinco meses de confinamiento en el Ecuador, y sus victimarios habrían sido sus parejas o amigos de sus parejas.

 7   Desconfianza en el sistema de salud

“No quiero ir a un hospital porque saldré de ahí con los pies por delante”. Esa frase repetida por el común de los ecuatorianos, ilustra la desconfianza de la sociedad ecuatoriana frente al sistema de salud público. Quien tiene recursos prefiere acceder a la salud privada, antes que ingresar a un hospital público. Eso, en casos de coronavirus, puede costar entre 70 y 100 mil dólares. Quien no los tiene, prefiere tratarse en casa antes que ingresar a un hospital.


El manejo de los hospitales de la salud pública en Guayaquil generó una desconfianza nacional en la capacidad del sistema para gestionar la emergencia y salvar la vida de los pacientes. Foto: Reuters

Todo tipo de medicina natural, desde eucalipto hasta infusiones de limón y jengibre, han sido utilizadas para combatir el covid. También soluciones milagrosas (dióxido de cloro) antes que acudir a los hospitales porque nadie se fía de ellos. El sistema de salud del país pone énfasis en la enfermedad pero no es preventivo. Ha habido gran inversión en infraestructura pero no en insumos ni en personal. Se ha abandonado el primer nivel de atención sanitaria.

La falta de inversión en salud, la falta de insumos y medicinas en los hospitales (paradójicamente, la corrupción anotada anteriormente que ha hecho dinero a costa de medicinas), la ausencia de capacidad logística para el traslado de pacientes a hospitales, hace parte de esa desconfianza en el sistema de salud. Esa falta de confianza en el sistema de salud influye en las cifras que manejan las autoridades pues muchos enfermos de covid no son parte de la estadística, no han sido sujetos de pruebas. Lo mismo sucede con la mortalidad registrada, que, seguramente, será mucho más alta que lo que dicen las cifras oficiales. Se reportan cerca de 20 mil muertes más dentro de los parámetros de la mortalidad normal, es decir, las cifras oficiales multiplicadas por cuatro.

Ante la desconfianza en el sistema sanitario no queda sino el efecto placebo de algunos compuestos no probados científicamente que se venden de manera camuflada además de la sabiduría popular y la fe: “Dios  dirá”.

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1. Una comunidad shuar puso una demanda al Estado y logró la exhumación de un cadáver para enterrarlo en la comunidad, un mes y medio después de su muerte. En la sentencia, las autoridades debieron pedir disculpas públicas a la comunidad.

2. http://www.ecuadorchequea.com/el-femicidio-pudo-esconderse-entre-las-vic...

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