Nada es suficiente. La lucha antiminera en el Ecuador toca cada vez más fuerza desde las movilizaciones amazónicas o desde el rechazo de las comunidades del Noroccidente de Pichincha a grandes concesiones mineras en una zona de protección ambiental.

Marzo fue el mes de las movilizaciones. La marcha de las mujeres amazónicas ya fue anunciada por parte del colectivo Caminantes, que juntó al activismo antiminero y ambiental, con las comunidades indígenas y su dirigencia política. Una mezcla poderosa para dar cuenta de varios puntos que son una bomba de tiempo para el gobierno de Lenin Moreno, comprometido como está con empresas y gobiernos con intereses en las grandes reservas de oro y cobre del Ecuador. Moreno firmó, como muestra, un acuerdo con Codelco de Chile, la estatal minera del país austral, con intereses mineros en Imbabura, y que ha sido denunciada constantemente por las comunidades de Intag, sobre todo. 

La primera fase del creciente conflicto minero fue la pelea por la anulación gubernamental de más de 2000 concesiones mineras. La orden del presidente fue clara en ese sentido, pero el cuestionado ministro de Minas, Javier Córdova, herencia del correísmo —y más precisamente del círculo íntimo de José Serrano— al parecer no obedeció al  presidente. Y este le pidió la renuncia. 

Esa fue una de las exigencias del presidente de Ecuarunari, el 11 de diciembre del 2017, cuando la dirigencia indígena fue recibida en el Palacio de Carondelet: el archivo de concesiones en trámite. Pero no fue suficiente. porque las demandas incluyeron la anulación de concesiones ya inscritas y por proyectos mineros avanzados. Demandas que en distintas ocasiones habían sido presentadas al Ejecutivo y a otras instancias de control.

Al 2 de enero del 2018, las concesiones inscritas y otorgadas acumulaban ya 1’789.406 hectáreas, lo cual amenaza el 7,2% del territorio nacional. Y en marzo de 2018, mientras se anunciaba la anulación de 2000 concesiones mineras, unas 95.000 nuevas hectáreas del territorio nacional fueron otorgadas e inscritas: ahora hay más de 2 millones de hectáreas concesionadas. Como referencia, el área agrícola del Ecuador son 7 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas son pastizales y 9.5 millones son áreas boscosas, la mayor parte de estas en la Amazonia.

Por segunda ocasión las mujeres amazónicas marcharon hasta Quito para reclamar por un territorio libre de contaminación y de explotación petrolera y minera

Las mujeres amazónicas debieron esperar dos semanas en la Plaza Grande para que el presidente Moreno las atendiera.

Las concesiones mineras inscritas son acaparadas por pocas empresas mineras transnacionales, denunció el colectivo Caminantes. Se menciona a la australiana SolGold PLC que, a través de cinco empresas subsidiarias en Ecuador (Valle Rico, Green Rock Resources, Exploraciones Novomining ENSA, Cruz del Sol y Carnegie Ridge Resources), acumulaba 77 concesiones en todo el país, equivalentes a 324.800 hectáreas.

Las aproximadamente 170.000 hectáreas inscritas entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, favorecen a empresas australianas, canadienses, chilenas y chinas, entre ellas Valle Rico que ahora tiene concesiones en el noroccidente de Pichincha amenazando al proceso de reconocimiento de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha, en análisis por parte de UNESCO.

Blanca Chancoso, dirigente de la Conaie, explica las razones de la protesta contra la actividad minera.

Los bosques y páramos dentro de las concesiones otorgadas y/o inscritas que no han sido anuladas, actualmente protegen miles de sub-cuencas y microcuencas de los Andes, de las cuales millones de ecuatorianas y ecuatorianos, en el campo y la ciudad, obtienen su agua para consumo humano. Estas aguas riegan los campos que produce los alimentos para todo el país, y dan vida al turismo de naturaleza y otras actividades productivas sustentables.

Estas concesiones inscritas siguen amenazando bosques protectores de todo el país —dijo Caminantes— entre ellos, Cerro Golondrinas, Los Cedros, Cebu, Mindo Nambillo, Maquipucuna, Toachi Pilatón, Molleturo Mollepungo, Kutuku y Shaimi, entre varios otros.

El anuncio del archivo de concesiones ante las organizaciones Conaie y Confeniae realizado en la Amazonia tampoco afectó a las concesiones en trámite dentro del territorio de la nacionalidad indígena Awá (provincias de Esmeraldas y Carchi); ni a la empresa Ecuasolidus S.A. (43 concesiones: 209.264 hectáreas) en los territorios ancestrales Shuar de la cordillera del Kutukú. Tampoco a los territorios indígenas Shuar y de otras comunidades de la Cordillera del Cóndor a consecuencia de los proyectos Mirador, Panantza San Carlos y Fruta del Norte.

El resto de proyectos mineros más avanzados Llurimagua, Río Blanco, Loma Larga y Cascabel siguen sin ser auditados por el ejecutivo y las violaciones a derechos humanos y de la naturaleza ya provocadas siguen si reparación. La Cordillera del Toisán y el páramo del Cajas corren el riesgo de ser destruidos para siempre, mencionó el colectivo.

Tampoco concesiones mineras inscritas que afectan a Áreas Protegidas, entre ellas las que afectan al área Kimsakocha, han sido anuladas en cumplimiento del mandato popular.

También los pobladores del noroccidente de Pichincha se sumaron a la lucha antiminera, luego de entrarse que el gobienro había concesionado 14 mil hectáreas de la zona a una empresa. Luego el gobierno suspendió la concesión.
 

El presidente, preocupado pero nada más

Dos semanas tuvieron que esperar las delegadas de las comunidades amazónicas para que las recibiera el presidente de la República. Tras cuatro días de llegar a Quito e instalarse con sus hijos en la Plaza Grande, fueron recibidas por el secretario particular del presidente, Juan Sebastián Roldán, quien les ofreció disculpas por hacerlas esperar. Luego se agendó la cita con el presidente Moreno, tras lo cual ellas entregaron un Mandato a la Presidencia. 

En el documento se presentaron 22 puntos para exigir el fin de la explotación minera y petrolera en territorios indígenas, especialmente shuar, achuar, waorani, sapara shiwiar, andoas...

Finalmente el presidente las recibió durante una hora con treinta minutos el 22 de marzo. Ellas entregaron su mandato y presentaron al primer mandatario denuncias sobre desalojos mineros y atentados a los derechos humanos. Al presidente le preocupó sobre manera las denuncias de los abusos sexuales en áreas petroleras, pero fue claro que no podía aceptar el pedido de suspensión de la actividad minera y petrolera. 

Las 40 mujeres retornaron a sus territorios y resolvieron instalarse en asamblea permanente, misma que se realiza en Puyo, todos los domingos, para dar seguimiento al mandato entregado al Presidente.