La Contraloría quedó golpeada en su imagen pública a raíz de las denuncias que involucraron a sus dos últimos contralores titulares: Carlos Pólit y Pablo Celi, el primero acusado por la justicia de Estados Unidos de lavado de activos y el segundo con prisión domiciliaria por su involucramiento en el caso Las Torres.  El actual contralor subrogante, Carlos Riofrío, llegó al cargo, además, luego de ser designado por Celi, desde prisión, como contralor subrogante, el 27 de junio del 2021 y ha sorteado un juicio político además del proceso de reconstrucción del edificio central, desvalijado e incendiado en el paro de octubre del 2019.

Varias encuestas encargadas por la institución revelaron que cuando Riofrío asumió el cargo, la confianza ciudadana en la institución era del 14% y luego de un año, dice el contralor, ha subido al 67%. Esta caída de imagen se reflejó en el trato que sufrieron algunos de los auditores de la entidad que laboran de planta en instituciones del Estado.

El personal de auditoría fue atacado en las instituciones públicas, de manera verbal, cuando se acercaban a pedir información y funcionarios auditados les respondían que mejor auditen en la propia Contraloría. Esa tendencia fue revertida según el titular de la Contraloría, "con un trabajo muy arduo, transparentando el proceso de auditoría, fortaleciendo el debido proceso y la oportunidad debida al auditado para sus descargos. También se han hecho públicos los resultados de las auditorías y se socializa todos los resultados, no solo las auditorías sino las responsabilidades". 

El contralor ha optado también por visitar todas las regionales, y se hace un seguimiento de los procesos de control y se verifican los resultados, cómo están las etapas de ejecución de los exámenes y se da direccionamiento de acuerdo a la normativa y a la técnica. 

Nadie le gusta que le controlen, dice el contralor. Y en ese sentido siempre se ha tenido esa idea de que hay que temer a la Contraloría. Ese criterio está cambiando, señala, porque ahora el auditor se sebe convertir en una persona que asesora antes de que los procesos culminen, y también en el proceso de cumplimiento de los informes. Sin necesidad de involucrarse, manteniendo la independencia, se pide desde el despacho del contralor, al equipo auditor, que tenga una mayor comunicación con el auditado, porque lo que ha pasado, reconoce el funcionario, es que se inicia el proceso de auditoría, se sacan los resultados "y el auditado jamás supo lo que pasó".

Fachada de la sede central de la Contraloría, en el norte de Quito, a donde fue trasladada la institución luego del incendio de su sede en octubre del 2019.

La destrucción nuevamente llegó a la sede central de la Contraloría en junio del 2020, durante los 18 días del paro nacional. Fotos: Cortesía de la Contraloría General del Estado

Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría ejercido por la CGE se examinan, verifican y evalúan las gestiones y actuaciones de los servidores de 3.375 instituciones estatales, en las áreas: administrativa, financiera, operativa y medio ambiental. El trabajo de la CGE se ejecuta a través de dos subcontralorías: la de Determinación de Responsabilidades, que ejerce como Juez de Cuentas del Estado, y la de Auditoría, que ejerce como Auditor del Estado. Operativamente, las acciones de control se realizan dentro de un sistema desconcentrado No había coordinación en los dos procesos, dice el contralor. Y se buscó coordinar los procesos "a fin de que los resultados sean los más sustentados dentro de la norma, lo más legales y que el resultado, la calidad del producto que emite la Contraloría sea lo más efectivo".

La Contraloría emite un producto, que se llama informe final de auditoría, el cual entra a un proceso de predeterminación de responsabilidades. Desde esta sección no había comunicación con la de auditoría, a fin de aclarar cualquier situación que los abogados, en etapa de juzgamiento, tenían dudas o alguna situación que aclarar. Cada unidad de la Contraloría mantiene el sigilo de su información. Esta se revela solo bajo autorización superior. Esto ha derivado en que la Contraloría haya tenido que rectificar en algunos casos en el otorgamiento de responsabilidades, porque el informe es inamovible, dice el contralor. 

Dentro del proceso de auditoría hay varios tamices de control de calidad. Se debe dejar plasmado que el comentario del auditor tenga los cuatro atributos: condición, criterio, causa y efecto. Y cada uno de estos tiene que estar respaldado con la base legal de incumplimiento y el efecto que causó ese incumplimiento. Esos son parámetros que no pueden ser pasados por alto, dice el contralor. Y en ese control de calidad se busca eso. Así se garantiza que el comentario y el debido proceso se cumplan. Se debe garantizar que se haya tomado en cuenta toda la documentación e información para justificar sus actos por parte del auditado, y el comentario debe reflejar eso: que con el debido proceso no se pudo justificar lo actuado, que no hubo base legal para lo actuado, que el auditado incumplió y que el hallazgo se mantiene.  Ese informe pasa a la etapa de juzgamiento, se vuelve a verificar si hay algo que aclarar; luego se da la comunicación con los auditados, se aclara, se documenta si hay necesidad y a través de un informe técnico, se emiten los informes confirmando las resoluciones administrativas y civiles de manera total o parcial.

Contraloría tiene 8 unidades nacionales de auditoría, 2 direcciones territoriales, 23 direcciones provinciales, y 116 unidades de auditoría interna.

En el año de gestión del contralor subrogante se han aprobado 1.415 informes, de los cuales 245 tienen indicios de responsabilidad penal, IRP; también otros 305 informes con IRP han sido remitidos a la Fiscalía. Se han dado 4.995 resoluciones de sanciones administrativas confirmadas por USD 8,2 millones y se han evacuado 1.679 solicitudes de pertinencia para contrataciones públicas por más de USD 6.000 millones.

Carlos Riofrío, funcionario de la Contraloría desde el 2014, es el contralor subrogante.

De los más de 1.400 informes de auditoría aprobados, el sector de desarrollo seccional, del cual forman parte los gobiernos autónomos descentralizados tiene una mayor incidencia en el establecimiento de IRP, con 117 informes cuyo destino será la Fiscalía. En este caso, las principales irregularidades detectadas se relacionan con aspectos administrativos, procesos de contratación, obra pública, control ambiental, convenios de pago, talento humano y el incumplimiento de recomendaciones de los informes de auditoría.

La Contraloría, entre agosto del 2021 hasta la fecha, ha establecido glosas de auditorías anteriores al periodo de Riofrío, por más de USD 2.400 millones y administrativas por USD 84 millones. Entre los proyectos emblemáticos con sanciones civiles examinados por la CGE están, por ejemplo, la Refinería del Pacífico, cuya glosa por USD 1.223 millones se confirmó en agosto de 2021. Pero hay otros proyectos con glosas confirmadas como:

• Toachi Pilatón por USD 93 millones
• Manta Colisa por USD 37.8 millones
• Unidades Educativas del Milenio por USD 24.6 millones
• Seguros Sucre por USD 18 millones
• Petroecuador por USD 8.9 millones
• Empresa Eléctrica Regional Centro Sur por 15.4 millones
• Ruta Viva en Quito por USD 7.9 millones
• Está pendiente presentan las sanciones civiles y administrativas de cinco informes aprobados durante
este año a Yachay. 

Simulador de conflictos de interés

Un tema que destaca la Contraloría es que la entidad de control ha desarrollado el llamado Simulador de Conflicto de Intereses, que permitirá conocer posibles escenarios en los que la imparcialidad de los funcionarios estatales pueda verse comprometida. Esto con el apoyo técnico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc),

Esta herramienta, dice la entidad, permitirá la identificación de conflictos de intereses, potenciales y reales, para los servidores públicos, sus cónyuges o familiares y, en general, quien desee ejercer un cargo público. Además, alertará sobre las prohibiciones, señaladas en la legislación vigente, para asumir cargos estatales.

En el último trimestre, la CGE realizó varios talleres para representantes de las funciones del Estado y de organizaciones de la sociedad civil para revisar la funcionalidad del Simulador.

En estas actividades, el contralor Riofrío, precisó que el Simulador aportará “a la construcción de un entendimiento común sobre el tipo de comportamiento que se espera de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones diarias, particularmente ante dilemas éticos o situaciones de conflicto de interés”.

Quito, 11 de julio del 2022. César Córdova Valverde, Defensor del Pueblo (e), recibió al equipo de capacitadores de la Contraloría  que impartieron el Taller Into-Saint, como parte de la ejecución del proyecto “Autoevaluación de Integridad en las entidades que conforman la Función de Transparencia. Foto: Twitter Defensoría del Pueblo

Se recaudaron USD 7,2 millones

Por otra parte, en cuanto a las recaudaciones alcanzadas por la CGE en favor del Estado, que suman en este periodo USD 7.2 millones, lo que representa un incremento del 225% con relación al mismo periodo de un año anterior, esto obedece a importantes acciones institucionales como:
1. El diseño de un modelo integral de cobranza con estrategias y campañas, de acuerdo a la calificación de la cartera.
2. El Fomento de una cultura de pronto pago a la CGE, a fin de reducir la morosidad.
3. La celebración de convenios de pago.
4. La implementación del aplicativo cgeCoactivas como fuente de información
inmediata, consolidada y confiable de funcionarios.
5. La construcción y manejo inteligente de bases de datos, con sistema de alarmas y
seguimiento, a través del aplicativo.
6. La gestión de la recaudación en cada uno de los procesos coactivos mediante
llamadas telefónicas, notificaciones electrónicas masivas, mensajes de texto, WhatsApp y notificaciones físicas.

El contralor subrogante dice que se ha actualizado toda la información de la Unidad de Recuperación de Coactivas, para saber a escala nacional cuáles son los valores pendientes por cobrar, por responsabilidades administrativas o civiles. "Hay una comunicación directa con el servidor que tiene saldos pendientes con la Contraloría, y se le está dando la oportunidad de que, con convenios de pago, puedan realizar los pagos pendientes". En los pagos pendientes más altos, el auditado puede solicitar un recurso de revisión, cuando se confirma la responsabilidad. Y cuando se confirma la glosa aún luego de la revisión, el servidor puede además demandar en el Tribunal Contencioso Administrativo. El monto de en disputa en el Contencioso supera los USD 5.000 millones y el tiempo para recuperar a través de sentencia puede ser entre cinco a diez años. Mientras eso no suceda, o no se confirme o se desvanezca en el Contencioso Administrativo, no se puede cobrar.

Son juicios en los que interviene Patrocinio de la Contraloría, incluido el personal que hizo la auditoría, el cual tiene que defender los hallazgos y hasta presentar la documentación que permita confirmar la glosa. El contralor dice que se gana apenas la mitad de los juicios, pero advierte que lo que más causa problemas es el periodo de caducidad de los informes, porque hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que dispuso que los días para la aprobación de un informe son 180. Eso fue en octubre del 2021. Con ese criterio, antes de que los informes pasen al Contencioso Administrativo, la propia Contraloría declaró la caducidad de los mismos. Son informes de muchos atrás.