En la lucha contra las drogas, como en muchos otros temas, el Gobierno de Rafael Correa ha hecho gala de una postura supuestamente crítica frente a las imposiciones de Estados Unidos.

Para algunos académicos, el Gobierno correísta, conservador en moral y estatista en economía, es una expresión válida de la izquierda latinoamericana. Por ello, sus intentos de plantear una política "soberana" frente al problema de las drogas parece ser que no cuajaron. 

En la sabatina del 12 de septiembre, el presidente Rafael Correa anticipó que su intención de convertirse en el nuevo zar antidrogas del país va en ruta. Planteó convertir el Consejo de Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes (Consep) en una dependencia de la Presidencia de la República, que tendrá el control total de la lucha contra el narcotráfico en el país. El presidente dijo que el Consep debe pasar directamente al Ejecutivo, y cuestionó el esquema legal que la otorga a la Procuraduría del Estado el manejo de la lucha antidrogas. 

El Gobierno presentó también una nueva tabla de tenencia de drogas, que redujo de manera considerable las cantidades que una persona puede portar alegando su consumo. Así, el control estatal sobre sustancias como cocaína, mariguana, heroína, éxtasis y otras se endureció. El presidente había sostenido que se debía criminalizar la venta de heroína con penas de hasta cuatro años de cárcel, pues, aunque defendió su postura inicial de no criminalizar el consumo de drogas, reclamó a la Asamblea una reforma al Código Penal para que todo delito de drogas tenga por lo menos un año de prisión, de forma de aplicar en contra de los infractores la prisión preventiva.

"Para delitos menores de un año de prisión no hay prisión preventiva, a ese microtraficante que se lo agarra con un gramo de heroína no se lo puede llevar preso y se lo debe llamar a audiencia que nunca va y el juicio prescribe en seis meses y todo queda en impunidad. No estamos metiendo presos a los microtraficantes por el humanismo, porque somos democráticos, porque no hay que criminalizar la pobreza, pero se está envenenando a la población", había dicho el mandatario. 

El presidente había cuestionado también las normas penales vigentes en el recién aprobado Código Orgánico Integral Penal, cuyo artículo 220 establece que "la persona que directa o indirectamente sin autorización, oferte, almacene, distribuya, intermedie, envíe, transporte, comercialice, compre, venda, importe, exporte, tenga, posea, o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o sicotrópicas en las cantidades señaladas en escalas previstas será sancionada: mínima escala de 2 a 6 meses, mediana escala de 1 a 3 años; escala alta de 5 a 7 años; y, gran escala de 10 a 13 años". Estas escalas han sido fijadas por el Consep. 

Como suele ocurrir en la actual administración, el Consep, reaccionó inmediatamente a las instrucciones presidenciales dictadas en las sabatinas, y publicitó la nueva tabla de consumo y tenencia de drogas. 

Lea: la resolución completa del Consep

Esta tabla saca a la heroína de la drogas tolerables, de acuerdo con las instrucciones presidenciales. 

Una reacción anunciada

Pero algunos analistas ya había detectado el golpe de timón del Gobierno en su política antidrogas. En efecto, en un reciente ensayo publicado por Daniel Pontón y Carolina Duque, se hace el inventario de qué hizo y qué dejó de hacer el Gobierno en relación con su política "soberana" con relación a las drogas.

En primer lugar, los investigadores mencionan la decisión, promovida por el Gobierno, de declarar un indulto a las personas encarceladas por temas de drogas. Esta medida, sostienen los autores, significó la liberación de por lo menos 2300 personas, cuya reincidencia en el delito ha sido muy baja. Pontón y Duque se suman así a los cuestionamientos a la Ley 108, la ley antidrogas que, para algunos juristas y analistas del tema, fue aprobada por presiones de Estados Unidos sin tomar en cuenta la proporcionalidad de las penas y la política penal del Ecuador.

"Con la aprobación en 1991 de la Ley 108 se impusieron duras penas a la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales en el territorio. Esta ley se caracterizó por su exceso punitivo, resultando en sentencias desproporcionadas en las prácticas judiciales y policiales, hecho que contradice las garantías del debido proceso y viola los derechos constitucionales del acusado", sostienen los autores. 

Para los autores, "un asunto señalado como un logro fundamental por el gobierno actual ha sido el cambio de enfoque en la política contra el consumo de drogas", que se ha verificado en una nueva valoración de la tenencia de drogas en pequeñas cantidades, que fue reglamentada por el Consep con cantidades como "diez gramos de mariguana, dos gramos de pasta base, un gramo de cocaína, 0.1 gramos de heroína, 0.015 gramos de éxtasis y 0.04 gramos de anfetaminas". 

Sobre el funcionamiento del Consep, Pontón y Duque estiman que "Las críticas a esta institución se han sustentado en sus escasos resultados en materia de prevención, producto de la excesiva burocratización de los procesos, planificación irreal, ausencia de espacios de comunicación y coordinación operativos entre los distintos actores involucrados, así como de la carencia de metodologías y enfoques propios y la desarticulación entre las posiciones directivas y ejecutoras", lo que jusificaría un replanteo del funcionamiento de esa entidad.

Para los dos expertos, "La primacía del control de la oferta, la militarización, el crecimiento de la población carcelaria, la dependencia respecto de las agencias de seguridad internacional, la poca atención al problema de la demanda y la criminalización del consumo, son señales claras de que la política pública en materia de drogas en Ecuador en estos siete años se encuentra lejos de ser una realidad alternativa a la política hegemónica internacional existente". Más bien ha ocurrido todo lo contrario, pues "Si bien en los siete años de gobierno ha habido muestras fehacientes de querer dar una respuestasoberana en materia de control de oferta que esté libre de la influencia hegemónica estadounidense, la militarización, criminalización y dependencia de ese país (principales dispositivos de esta política dominante) siguen vigentes".

Para Pontón y Duque, "los pocos avances que se evidencian en materia de reducción del consumo, desde una perspectiva de salud pública, se explican naturalmente por una recurrente inercia institucional basada en exceso de burocratización, fallas de coordinación interinstitucional y lógicas corporativas. Pero también puede explicarse por una falta de interés político del gobierno que no dista mucho de lo que ha ocurrido durante estas dos décadas y lo que ocurre también en otros países".

Los expertos finalizan afirmando que "no obstante, el desafío radica en establecer una coherencia programática frente al tema, de otra forma, si bien puede haber una conciencia clara del problema, una cosa será lo que se dice y otra lo que se hace".