I. El festín de los insumos médicos

La investigación se llama Precios excepcionales de suministros médicos y otros durante la pandemia COVID-19 en Ecuador y fue realizada por Esteban Ortiz-Prado, Raul Fernandez-Naranjo, Yeferson Torres-Berrú, Rachel Lowe e Irene Torres (*). Fue publicada en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, la revista oficial de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene.

Los investigadores encontraron lo siguiente:

"La escasez de suministros esenciales utilizados para prevenir, diagnosticar y tratar COVID-19 ha sido una preocupación mundial, y la especulación de precios y los aumentos pueden haber influido negativamente en el acceso a los mismos. Este estudio identifica la variabilidad en los precios de los productos adquiridos a través de contratos públicos en Ecuador durante la respuesta a la pandemia en sus inicios, cuando las tasas de mortalidad más altas se registraron en un solo día. Los datos se obtuvieron de la base de datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020.

"Se realizó un análisis descriptivo estadístico para extraer medidas relevantes para productos comúnmente adquiridos como dispositivos médicos, fármacos y otros. Entre los productos comprados con más frecuencia, las mayores cantidades se gastaron en mascarillas faciales (USD 4,5 millones), acetaminofén (USD 2,2 millones) y kits de pruebas PCR (USD 1,8 millones). Los precios variaron mucho, dependiendo de cada contrato individual y del número de unidades compradas; algunos eran excepcionalmente más altos que su valor de mercado. En comparación con 2019, el precio medio de los guantes médicos aumentó hasta un 1.307%, las pastillas de acetaminofén de 500 mg, hasta un 796%, y los frascos de oxígeno, un 30,8%.

"En un contexto de restricciones presupuestarias que en realidad requerían un uso eficaz de los fondos disponibles, los aumentos especulativos de precios pueden limitar el acceso de los pacientes a atención médica y la protección de la población en general y de los trabajadores de la salud. Poner límites a los precios, y otras formas de regulación, así como un mayor escrutinio y transparencia de las compras públicas, y la inversión en la producción local, están justificados en Ecuador para mejorar la prevención de enfermedades infecciosas.

"Las instituciones que más gastaron durante el pico de la pandemia en 2020 fueron el Gobierno Municipal de Guayaquil (USD 19 millones) y el Gobierno Provincial de Guayas (USD 5 millones), seguidos por el Ministerio de Salud Pública (USD 18 millones). Los hospitales que gastaron las mayores sumas están también en Guayaquil —Sagrado Corazón de Jesús y Abel Gilbert Pontón—, que gastaron aproximadamente 5 millones de dólares cada uno.

"Los precios variaron por contrato y dependían del número de unidades compradas. Durante el período de estudio, los precios se analizaron por artículo, institución y mes, desde productos tan baratos como acetaminofén (USD 0,03, pastillas de 500 mg) hasta ventiladores mecánicos (USD 140.000). Se gastó un total de USD 4,5 millones en todo tipo de mascarillas (incluyendo respiradores N95, mascarillas quirúrgicas y mascarillas mascarillas), con precios desde 0,50 dólares a 90 dólares por unidad. Las instituciones públicas gastaron al menos USD 2,2 millones en acetaminofén, con precios desde USD 0,04 por pastilla de 500 mg hasta USD 2,65 por frasco de suspensión oral (diferentes tamaños).

"En términos de suministros para diagnóstico, se gastaron al menos USD 1,8 millones en RT-qPCR kits de prueba. El precio más bajo para un primer individual fue USD 18 (por reacción) y el más alto fue de USD 85 por reacción al incluir el kit de extracción.

"El precio de una bolsa de restos humanos alcanzó valores excepcionales por unidad. Por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) compró 4.000 unidades a USD 148,5 por bolsa de restos humanos, un valor 493% superior al precio de mercado de USD 25.13".

El Estado pagó un precio hasta 493% más alto del precio de mercado en bolsas para cadáveres.

Los datos se obtuvieron de la base de datos del SERCOP. Los datos que fueron revisados en ese periodo fueron los procesos de compra impulsados por el gobierno entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020. Al usar coincidencias aproximadas y expresiones regulares, se identificaron los productos más frecuentes en las licitaciones y contratos

II. Hablan los investigadores

Plan V habló con los investigadores (excepto Rachel Lowe). Por decir lo menos, hay una variabilidad en los precios de ciertos productos que se adquirieron durante la pandemia, dice Esteban Ortiz, quien dirigió la investigación. Ortiz realizó una investigación reciente sobre el mercado de fármacos en el Ecuador, y adquirió experiencia sobre la forma de actuar del SERCOP, "en legalizar la corrupción. Te lanzan unos términos de referencia teledirigidos a alguien y con tal de que cumplas lo que dices, la gente oferta y el único que cumple, los TDR (Términos De Referencia). Por ejemplo, necesito contratar un médico que tenga un programa de televisión en la noche y que tenga entre 40 y 42 años, capaz que soy el único en el país. No es corrución pero está dirigido a mi. Más o menos en esa lógica funciona el SERCOP", dice.

Estos hallazgos de la investigación evidencia, primero, que hay una demanda exagerada que tiene que tener alguna relación con el incremento de precios. Inclusive en el mismo periodo de la investigación se ven variaciones de producto que no debieran variar a ese nivel. No se explica que una funda para cadávere valga 140 dólares y otra, de iguales condiciones, que vale 10 dólares. 

Yeferson Torres-Berrú dice que gran parte del problema es que se imponen términos de referencia orientados a ciertos proveedores. Además de la variabilidad, es clave comparar con los precios del 2019. Es como que en pocos meses los precios subieron exageradamente. ¿Por qué un proveedor  vende al hospital X un producto a 10 y al del IESS el mismo producto se lo vende a 50?  La investigación también permitió identificar qué instituciones son las que más compraron y esas compras en qué se han reflejado. 

A los investigadores les llamó la atención que el Municipio de Guayaquil haya sido la entidad que compró más que el propio Ministerio de Salud Pública, en ese periodo.  El municipio de Guayaquil tiene ciertas competencias en promoción de la salud, pero no tiene competencia en compras de la salud, dice Irene Torres. Es probables, agrega, que "las compras no se correspondan con la verdadera demanda". Las instituciones de salud sí tienen autonomía para comprar y había en ese momento una presión global por los mismos insumos, pero si huno una variabilidad tan alta es porque estaban pagando los precios más altos posibles, dice Torres y eso le llama la atención ¿por qué estaban pagando los precios más altos del mercado?, se pregunta. Había en el mercado bolsas para cadáveres mucho más baratas que las que se compraron, dice.

"Además está la desidia de las entidades del Estado de no hacer compras conjuntas. Porque se podía bajar el precio, hay una inoperancia del Estado para coordinar acciones para garantizar un precio más bajo", señala. El Ecuador tenía entonces y tiene una crisis fiscal muy grande como para permitirse pagar el precio más alto del mercado.  Sin dinero ¿por qué estaban gastando esa cantidad de dinero? ¿Por qué no coordinaron para lograr preciones más Bajos?, se preguntan los investigadores.

Seguramente la demanda global haya tenido que ver con la subida de precios, pero si alguien se fija en los proveedores, 3M, que es proveedor del Estado, no subió el precio de las mascarillas, dice Esteban Ortiz y asegura que habló con esta empresa y se pregunta ¿cuál es el problema de este sistema inoperante? Y el investigadore refiera que voceros de las farmacéuticas le habían manifestado que "ferreterías, abogados, mecánicos le están vendiendo fármacos al Estado. La inoperancia es que un producto pasa por cinco manos. El productor vende al dristribuidor, este vende al más pequeño y este vente al "emprendedor" y este concreta una venta porque es pana del político que hace a compra. Entonces en el Municipio o en Hospital compran al "amigo" que resulta ser la quinta mano por la que pasa el mismo producto. El Estado es al menos inoperante porque no puede regular ni esto, ni tiene los criterios mínimos necesarios. En fármacos, dice Ortiz,  ni siquiera cumplían lo que dice la ley; ni siquiera tenían registro sanitario algunos productos y ya se compraba sin cumplir la ley. ¿Qué rol están cumpliento el SERCOP?, se pregunta, porque su trabajo en teoría es democratizar las compras públicas, y todos los que hemos tenido acceso a eso sabemos que las compras "se legalizan" por el SERCOP pero eso no frena la colusión, dice. "Es una enorme inoperancia, se ve que el Estado compra al menudeo. Un hospital tipo A, desesperado porque ya no tiene cómo atender a los pacientes, y su director se desespera y se gasta cien dólares en fundas de cadáveres, porque es lo que hay y al mismo tiempo, en Quito, otro director las compra en diez dólares.  Estas compras, además no tienen una lógica empidemiológica, y aunque esta pandemia nadie se la esperaba, esta ha sido una lógica de toda la vida". 

Compran amonio cuaternario, compran hidroxicloroquina y se advirtió, desde muy tempranamente, que no se debía usar, que era contraindicado, dice Irene Torres. Hasta ahora se sigue recetando en el Ecuador Ivermectina, pero todo esto ya deja de ser una inoperancia y se convierte en algo intencionado. Es decir, intencionadamente compran los productos sabiendo que no sirven, que médicos y cientificos lo advirtieron y lo sabían ¿por qué entonces lo compraron?

Yeferson Torres-Berrú agrega que en otra investigación que él participa se analizaron algo más de 200 mil procesos de compras públicas y en teoría, la oferta económica debiera ser lo que, en parte, ayuda a decidir al ganador de un contrato. O que el parámetro de oferta económica sea el que defina la compra, un 50% del promedio final con el cual voy a asignar al proveedor, "pero hay casi 90 mil procesos de compras públicas que en los cuales la oferta económica equivale a entre el 6% y el 8% de la calificación final. Otros parámetros, como la experiencia, las características del producto (explícitas) son las que definen al proveedor. Es decir, dice Torres-Berrú, "no es la oferta más económica la que gana. Es un tema recurrente del SERCOP: la oferta económica es lo que menos importa en muchos casos para calificar a mi proveedor".

Una muestra de esto, dice Irene Torres, es que ponen un tope altísimo al precio de la prueba PCR para privados, que puede  talvez explicarse porque al inicio de la pandemia había escasez de esto y una alta demanda, pero ese precio solo bajó un año después, por orden del gobierno, de 80 a 45 dólares para los ciudadanos comunes. Lo cual demuestra que durante muchos meses se permitió que la prueba PCR fuera inaccesible para la mayoría de personas y además, el gobierno se vio obligado a pagar un precio del doble del actual. El mismo gobierno permitió que los privados especulen y que le facturen al Estado un precio tan alto y no den acceso a la población que, si no tenía la prueba gratuita del ministerio, tenía que pagarla de su bolsillo. Eso también pasó con el oxígeno, recuerda Torrea. Cuando se empieza a especular no solo con el precio del oxígeno sino con las reservas de oxígeno para cobrar más caro, la gente se va a morir. Si ven que el Estado está pagando el precio más alto por el oxígeno, ¿porqué le van a vender a los privados a menor precio? Vemos que el Ecuador, hoy no hay los insumos que necesitan. 

¿Cómo impactó todo esto —los precios tan altos y la especulación— en el agravamiento de la pandemia en el Ecuador? Los investigadores no hacen relaciones de causalidad, pero si desde el inicio se puso un precio tan alto a las pruebas, obviamente la gente no va a tener acceso a la prueba. Más si se trata de familias completas. Esto impactó en la capacidad de diagnóstico, solo llegar a saber si se tiene Covid ya es un precio inaccesible. 

Esteba Ortiz agrega que las dudas se extienden a los equipos de protección para el personal sanitario. Cree que en ese rubro podría darse una relación entre las  demoradas compras del Estado de mascarillas y los casos de Covid y más muertes entre el personal de salud y sanitario. Es una hipótesis que debe ser demostrada, pero el equipo de investigación tiene los datos para hacerlo.  En insumos y alimentos, "el gobierno se puso la trampa a sí mismo", porque se compró a tan alto precio que menos personas tuvieron acceso a ello a pesar de las necesidades, dice Irene Torres.

* Los investigadores pertenecen a las siguientes instituciones:  Grupo de Investigación Una Salud, Facultad de Medicina, Universidad de las Américas, Quito, Ecuador; Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Universidad de Barcelona, ​​Barcelona, ​​España; Universidad de Salamanca, Salamanca, España; Instituto Superior Tecnológico Sudamericano, Loja, Ecuador; Centro de Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Londres, Reino Unido; Centro de Cambio Climático y Salud Planetaria, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Londres, Reino Unido; Fundación Octaedro, Quito, Ecuador