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14 de Agosto del 2017
Historias
Lectura: 12 minutos
14 de Agosto del 2017
Redacción Plan V
Las crudas cifras del costo del embarazo adolescente en Ecuador

En 2015, se atendieron 25.400 embarazos no intencionados en jóvenes entre 15 y 19 años.

 

Un estudio inédito revela el alto precio que paga el Estado ecuatoriano por la falta de prevención del embarazo adolescente. El informe evidencia el fracaso del extinto Plan Familia implementado en el Régimen anterior y plantea la necesidad de que el Estado ejecute políticas enfocadas a la reducción de los estigmas en salud sexual y de la criminalización en relación al aborto.

El dicho ‘más vale prevenir que lamentar’ podría describir lo que en la actualidad sucede en materia de salud sexual y reproductiva en Ecuador gracias a un estudio. Por primera vez se conocen las cifras de los costos sociales y médicos que se generan por la falta de prevención del embarazo adolescente, mortalidad materna, aborto inseguro y complicaciones obstétricas. La factura es alta: USD 472,9 millones pagó el país en 2015. Esta cifra supera en 17 veces el costo de prevención de esos mismos factores: USD 27,6 millones.

Los cálculos se encuentra en el informe “Costos de omisión en salud sexual y reproductiva en Ecuador”, lanzado el pasado 27 de julio pasado. La investigación no solo es inédita en Ecuador sino en la región. En ella trabajaron de forma conjunta tanto el Ministerio de Salud y la Senplades con la organización Sendas de Cuenca. Según Mary Cabrera, directora de Sendas, este estudio se realizó con ‘micro data’ a diferencia de otros estudios existentes realizados con ‘macro data’. El Ministerio permitió a los investigadores acceder totalmente a los datos sobre los servicios de salud estatales, de ahí su valor documental y de detalle.

Los investigadores sostienen que la maternidad temprana perpetúa los ciclos de pobreza: dejan de estudiar, lo que limita sus oportunidades de un empleo digno.

Es así cómo con datos de 2015 hallaron que los costos de la no prevención del embarazo adolescente fueron de USD 331 millones. De esta cifra, USD 316,73 millones (95.6%) correspondieron a la pérdida de ingresos futuros por deserción escolar. En 2015 se estimó que 6.487 adolescentes, de entre 15 y 19 años, abandonaron sus estudios; más de la mitad  de ellas cursaban la educación básica al momento del embarazo. “El total de mujeres que abandonó de forma permanente los estudios dado un embarazo, equivalió a una pérdida estimada en 36,871 años de escolaridad, con una media de 5.8 años por mujer”, agrega el informe. Según sus estimaciones, los ingresos que habrían percibido de no haber abandonado los estudios antes del nivel superior ascienden a USD 728.5 millones.  Los investigadores sostienen que la maternidad temprana perpetúa los ciclos de pobreza: dejan de estudiar, lo que limita sus oportunidades de un empleo digno.

Cabrera explica que Ecuador gasta cada año USD 67,8 millones en atender embarazos no intencionados. Asimismo, 2 de cada 3 embarazos ocurridos en el país no son deseados. En 2015, solo en adolescentes de 15-19 años, se atendieron 25.400 embarazos no intencionados. Otro hallazgo: el costo promedio de evitar un embarazo no intencionado es de USD 114, mientras que atenderlo se estimó en USD 612. Eso es 5.4 veces más.

Cabrera agrega que el estudio demuestra que si el Estado atendiera la demanda insatisfecha en planificación familiar, morbi-mortalidad materna y se universalizara la cobertura de planificación familiar al 2017, en el escenario más alto, costaría USD 73.7 millones anuales. “Por tanto, sigue siendo menos costosas las acciones de prevención que la atención de embarazos no intencionados”.

El fracaso del Plan Familia

Fue necesario que los datos salieran del mismo Estado para confirmar lo que organizaciones defensoras de derechos de las mujeres alertaban: el Plan Familia era un retroceso en políticas de salud sexual y reproductiva. El 26 de noviembre de 2014, a través del decreto 491, Rafael Correa transfirió a la Presidencia la rectoría de la Estrategia intersectorial de prevención de embarazo adolescente y Planificación Familiar (ENIPLA), que lo ejecutaban los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social.

Esta decisión causó polémica porque el proyecto, que pasó de llamarse de ENIPLA a Plan Familia, estuvo a cargo de Mónica Hernández, cercana a grupos Opus Dei y tuvo un giro hacia la imposición de valores conservadores. “(Hubo una) infiltración de toda una agenda abortista, una agenda gay”, dijo el entonces mandatario en un enlace sabatino para justificar el cambio. Mientras que Hernández invitó a los adolescentes a “retrasar” lo que más puedan las relaciones sexuales.

La evidencia ratifica que las políticas públicas de salud sexual y reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos son más eficaces y necesitan mantenerse en el tiempo para generar resultados. Las políticas basadas en la promoción de valores familiares son menos eficaces independientemente del nombre de un plan en específico”, dijo Cabrera a Plan V.

El costo promedio de evitar un embarazo no intencionado es de USD 114, mientras que atenderlo se estimó en USD 612. Eso es 5.4 veces más.

El estudio evidencia que durante el periodo de vigencia de ENIPLA algunos indicadores de salud sexual y salud reproductiva empezaron a mejorar, según Cabrera. Entre 2009 y 2015, entre las tasas que mostraron indicadores positivos está justamente el de fecundidad en adolescentes. Este disminuyó, así como la brecha asociada con la pobreza la cual pasó de 33.8 % a 7.61%. Otros indicadores, sin embargo, denotaron que aún existen retos como en la mortalidad materna cuya brecha se incrementó de 39.3 puntos a 46.7 puntos.

Pero también el análisis de las bases de datos de atenciones ambulatorias dio cuenta de una reducción de 30.6% en el número de usuarias iniciales por métodos anticonceptivos. “Este hecho, importante por sí mismo, lo es más si se toma en consideración que el grupo más afectado es el de mujeres de 19 años o menos, con un decremento de 46.5%”, concluye el informe.

Es decir, la investigación encontró que el sistema de salud redujo su capacidad para atraer a las adolescentes a los servicios de planificación familiar. “Esto podría estar relacionado con el número de embarazos en adolescentes registrados en el país” señala el informe, que refiere a cifras del INEC de 2012 cuando se registraron 122.301 adolescentes madres y que en ese año el 3.4% de las mujeres entre 12 y 19 años tenía al menos un hijo. “Este escenario de oferta-demanda representa un contexto propicio para la ocurrencia de embarazos no deseados, relacionados con la falta de acceso a servicios de planificación familiar”.

Unas cifras que difieren totalmente de las mostradas por el Plan Familia. En el último reporte que está registrado en su página web, a marzo de 2017, señala que uno de sus principales logros fue haber capacitado a 434.064 familias en afectividad y sexualidad con enfoque de familia. El Plan Familia fue uno de los temas más criticados durante la campaña presidencial. El entonces candidato Lenín Moreno dijo a Plan V que no continuaría con esta iniciativa y que definirá una “nueva política integral para la garantía de los derechos de las mujeres de todas las edades con participación de las organizaciones de mujeres”. Tras ganar la presidencia, uno de sus primeros derechos fue eliminar el Plan Familia y devolver a los ministerios de Educación, Inclusión y Salud la prevención del embarazo adolescente. Plan V solicitó una entrevista con la ministra de Salud, Verónica Espinosa, pedido que aún está en trámite.

En 2015, el costo de la no prevención del embarazo adolescente fue de USD 331 millones. De esta cifra, USD 316,73 millones correspondió a la pérdida de ingresos futuros por deserción escolar.

Los investigadores recomiendan al Estado ecuatoriano en invertir en prevención y satisfacer la demanda de planificación familiar. Así como impulsar políticas de salud sexual y reproductiva enfocadas a la reducción del estigma, a eliminar la criminalización y a asegurar el acceso a la atención oportuna y de calidad en embarazo de adolescentes y complicaciones obstétricas, principalmente aquellas relacionadas con el aborto. La evidencia muestra, según sus hallazgos, una relación inversa entre políticas basadas en la criminalización y la reducción de la frecuencia de aborto y sus complicaciones.

Otra recomendación que hacen es capacitar a los proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva en la aplicación de guías y protocolos para mejorar la atención de las usuarias. También creen que es necesario mejorar el registro de abortos y la tipificación de los mismos en el sistema de información de salud para determinar un número real de casos de aborto legales e inseguros.

Otros costos de la omisión en salud sexual y reproductiva:

● El costo de proveer atención hospitalaria por las principales causas de morbilidad y mortalidad materna consideradas prevenibles ascendió a USD 0.72 millones. Pero su costo social fue de USD 63,6 millones.

● El Estado destina USD 13,8 millones la atención de las complicaciones obstétricas como las infecciones de vías urinarias y las cesáreas de emergencia, siendo este último el más costoso.

● En 2015, el Estado atendió 9.674 casos de complicaciones post aborto, 93.4% de los cuales correspondieron a abortos incompletos y el grupo de edad entre los 15 y 29 años fue el más afectado. Esto le costó USD 2.3 millones.

  PUNTO DE VISTA  

“La niña embarazada es una candidata
ciento por ciento a la pobreza”

Virginia Gómez de la Torre, Fundación Decide

“El Estado debe sentarse y leer el estudio y asumir las recomendaciones. El Estado al invertir en prevención le cuesta mucho menos que enfrentar las complicaciones del embarazo adolescente, la morbilidad y la vulneración de derechos.

El movimiento feminista promueve que las políticas de salud sexual y reproductiva deben responder a una estrategia de protección integral, según lo establece la Constitución.. No podemos invisibilizar las vulnerabilidades de las niñas embarazadas, las niñas están más excluidas de las políticas públicas, están en el limbo. Hasta ahora no se ha hecho nada en relación al embarazo infantil, que tiene otras connotaciones que tienen que ver con la discriminación que sufren la mujeres, y la doble y triple discriminación que sufren las niñas por su edad y sexo.

La niña embarazada es una candidata ciento por ciento a la pobreza, son adolescentes que muy probablemente se van a volver a embarazar. Dejar que una niña o una adolescente se embaracen es permitir la pobreza en las mujeres y eso es una afectación brutal al desarrollo del país, a la vulneración de los derechos, al derecho a la igualdad y equidad que debe cumplirse según la Constitución”.

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