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9 de Septiembre del 2020
Historias
Lectura: 27 minutos
9 de Septiembre del 2020
Redacción Plan V
Cuando el derecho al embarazo, a la lactancia y al cuidado materno se convierten en caso judicial... y ganan
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Una veintena de mujeres trabajadoras del sector público vieron afectados sus derechos constitucionales, cuando por estar embarazadas, en condición de lactancia materna o al cuidado de niños pequeños, perdieron sus puestos o sus trabajos. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional que ratificó sus derechos, dispuso a todas las instituciones públicas que los amplíen y cumplan e impuso normas y plazos a todo el sector público para ese cumplimiento.


Todas son mujeres trabajadoras del sector público, en condición de embarazo o en etapa de lactancia al cuidado de niños pequeños. Todas fueron cesadas o despedidas o separadas de sus cargos por sus jefaturas. Todas presentaron acciones de protección. En algunos casos ganaron, en otros perdieron. Pero todas sus acciones de protección terminaron en la Corte Constitucional.

En una sentencia inédita en favor de los derechos sexuales, reproductivos y a la lactancia, la Corte Constitucional dictó la Sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados. El juez ponente fue Ramiro Ávila Santamaría. Esta sentencia se dio a partir de 18 denuncias que, desde distintos lugares del país y en distintas condiciones, denunciaron la violación de derechos laborales en instituciones del sector público por razones vinculadas a su maternidad. 

Entre diciembre del 2018 y marzo del 2019, la Corte conoció las 18 acciones de protección interpuestas, algunas por varias mujeres. El 31 de enero del 2020 el juez ponente convocó a una audiencia pública, y el 27 de febrero de 2020, la Tercera Sala de Revisión, conformada por las juezas constitucionales Karla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y Ramiro Ávila Santamaría, aprobó el proyecto de sentencia presentado por el juez sustanciador.

La Sentencia fue aprobada en la sesión ordinaria del 5 de agosto del 2020 por el Pleno de la Corte Constitucional con siete votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; y, dos votos salvados de los Jueces Constitucionales Carmen Corral Ponce y Enrique Herrería Bonnet.

En una sentencia inédita en favor de los derechos sexuales, reproductivos y a la lactancia, la Corte Constitucional dictó la Sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados. El juez ponente fue Ramiro Avila Santamaría.

En primer lugar, el contexto laboral de las mujeres ecuatorianas para comprender que los casos seleccionados son ejemplificativos de una situación generalizada.

En segundo lugar, la Corte identificó los derechos de las mujeres embarazadas y a la lactancia, que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En tercer lugar, la Corte reconoció el derecho al cuidado, como un derecho que comprende y se desprende de los demás derechos y permite encontrar una justificación adecuada para abordar la problemática en los casos seleccionados.

En cuarto lugar, la Corte estableció algunas de las formas en las que se pueden violar los derechos de las mujeres embarazadas, lactancia y cuidado. En quinto lugar, la Corte estableció algunas especificidades del derecho a la tutela judicial efectiva en relación a los derechos analizados en los casos.

Finalmente, la Corte desarrolló la reparación integral en relación a la violación de los derechos analizados.

Estas fueron las causas analizadas por la Corte Constitucional:

Karina Mercedes Cabrera Viteri, de 32 años, mantuvo nombramiento provisional con la Gobernación del Azuay. El 2 de agosto de 2018 solicitó licencia por maternidad. El 27 de agosto de 2018, la Gobernación llamó a concurso de méritos y oposición para que se ocupe su puesto. El 28 de septiembre de 2018 fue notificada la terminación de su relación laboral. Presentó acción de protección. El juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca dispuso la reintegración a su puesto de trabajo en las mismas condiciones hasta que culmine su periodo de lactancia, para que luego la Gobernación convoque a concurso. La Corte Provincial de Justicia del Azuay revocó la sentencia, dejando sin efecto las medidas de reparación de primera instancia (Caso No. 3-19-JP).

Geoconda Mireya Chicango Villareal, de 27 años, mantuvo nombramiento provisional con la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. El 26 de junio de 2018 dio aviso de su embarazo y solicitó el cambio de área, señalando que la emisión de gases tóxicos afectaba su salud. El 26 de septiembre de 2018 fue notificada la terminación de su relación laboral. Presentó acción de protección. El juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Tulcán dispuso i) que se utilice una partida distinta para la reintegración a su puesto de trabajo hasta que concluya el período de lactancia, ya que el ganador del concurso ocupó el cargo, ii) el pago de haberes dejados de percibir, iii) que se dicte una capacitación en derechos humanos al personal de la Agencia, y iv) que se proceda con el trámite administrativo para determinar la responsabilidad de los servidores de la Institución. La Corte Provincial del Carchi rechazó la apelación y confirmó la sentencia subida en
grado (Caso No. 5-19-JP).

Yaneisis Cleger Torres, de 36 años, mantuvo contrato de servicios ocasionales con la Universidad Técnica de Cotopaxi. El 10 de junio de 2018 dio aviso de su embarazo. El 28 de septiembre de 2018 fue notificada la terminación de su relación laboral. Presentó acción de protección. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón La Maná dispuso i) la reincorporación al cargo, ii) la reparación económica. La Corte Provincial de Cotopaxi rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 9-19-JP).

María Viviana Leguizamón Rodas, de 40 años, con cargo de libre remoción en el Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político Electoral del Consejo Nacional Electoral, obtuvo licencia sin remuneración para el cuidado de su hijo recién nacido (del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017). El 11 de diciembre de 2017 fue removida de su cargo. Presentó acción de protección. La jueza de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y Familia de Cuenca dispuso i) la reincorporación al cargo bajo las mismas condiciones, ii) el ingreso al Sistema de Seguridad Social, iii) el pago de valores dejados de percibir, y iv) la capacitación al departamento de Recursos
Humanos, respecto a las garantías de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, con base en los pronunciamientos de la Corte Constitucional. La Corte Provincial del Azuay rechazó la apelación y confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 15-19-JP).

María Salomé Córdova Viteri, de 40 años, con cargo de libre remoción en la Universidad Nacional de Educación (“UNAE”). El 1 de julio de 2018 solicitó licencia por maternidad. El 29 de agosto de 2018 fue notificada la terminación de su cargo, y la propuesta de que asuma el cargo de directora administrativa. Presentó acción de protección. El juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Azogues dispuso i) dejar sin efecto los memorandos que confirman su remoción, ii) la reincorporación del cargo que ocupaba u otro de igual o mejor nivel
hasta que concluya su período de lactancia, iii) que se garanticen sus condiciones de afiliación, iv) disculpas públicas, v) la publicación de la sentencia en la página web institucional, y vi) el pago de los haberes dejados de percibir. La Corte Provincial de Cañar confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 21-19-JP).

María Cristina Espinoza Salguero, de 38 años, con cargo de libre remoción en el GAD de Baba. El 4 de mayo de 2018 dio aviso de su embarazo. El 14 de mayo de 2018 fue removida de su cargo. Presentó acción de protección. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Baba dispuso i) la reincorporación al cargo mientras dure el período de embarazo y lactancia, ii) el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, y iii) disculpas públicas. La Corte Provincial de Justicia de Los Ríos revocó la sentencia y declaró sin lugar la acción de protección (Caso No. 23-19-JP).

María Gabriela Román Suárez, de 35 años, con cargo de libre remoción en la Dirección de Información, Seguimiento, y Evaluación de la Coordinación General de Gestión Estratégica perteneciente a la Coordinación General de Gestión Estratégica del Ministerio de Agricultura. El 16 de agosto de 2017 dio aviso de su embarazo. El 21 de agosto de 2018 se nombró a un nuevo ministro de Agricultura. El 22 de agosto de 2018 fue notificada la aceptación de su renuncia sin que la haya presentado. Presentó acción de protección. La jueza de la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito rechazó la acción interpuesta. La Corte Provincial de Pichincha dispuso i) la reintegración inmediata a su puesto de trabajo, ii) el pago de haberes dejados de percibir, a determinarse en vía contenciosa administrativa, iii) disculpas públicas, y iv) que se justifique el cumplimiento de las medidas ante este Tribunal (Caso No. 65-19-JP).

Carla Gabriela de la Torre Vinueza, de 32 años, mantuvo un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (“MIDUVI”). El 31 de mayo de 2018 fue notificada la terminación de la relación laboral. El 1 de junio dio a conocer su embarazo. Denunció estos hechos al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo dispuso al MIDUVI que tome acciones correctivas, disposición que el MIDUVI no acogió. Ante lo cual presentó acción de protección. El l7 de septiembre de 2018, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Ibarra dispuso i) dejar sin efecto la notificación de terminación del trabajo, ii) el pago de haberes dejados de percibir, que se determinará en la vía contenciosa administrativa. La Corte Provincial de Imbabura confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 138-19-JP).

Carla Michelle Díaz Romero, de 23 años, con nombramiento provisional en la Agencia Metropolitana de Tránsito (“AMT”). El 13 de julio de 2018 solicitó licencia por maternidad. El 31 de octubre de 2018 fue notificada con la terminación de su nombramiento. Presentó acción de protección. El 8 de enero de 2019, el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito dispuso i) la restitución al mismo
cargo o a uno de mejor nivel, ii) que se garanticen las condiciones de afiliación y pago remunerativo desde que fue notificada con la terminación laboral y iii) disculpas públicas (Caso No. 145-19-JP).

María Magdalena Cobo Suárez, de 33 años, con cargo de libre remoción en la Procuraduría General del Estado (“PGE”). Mientras se encontraba en período de lactancia fue cesada de sus funciones. El 4 de septiembre de 2018, la jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito dispuso i) el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, desde su remoción hasta la terminación de su período de lactancia, ii) disculpas públicas en los principales medios de comunicación nacionales e institucionales, y iii) la difusión de la sentencia dentro de
la institución. La Corte Provincial de Pichincha confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 215-19-JP).

Katherine del Rocío Ortíz Navarro, de 32 años, con cargo de libre remoción en el Ministerio de Educación. El 6 de junio de 2018 solicitó licencia para el cuidado de su hija recién nacida. El 1 de agosto de 2018 fue cesada de sus funciones. Presentó acción de protección. El 31 de octubre de 2018, la jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Milagro de Guayas dispuso el pago de las remuneraciones dejadas de percibir hasta la terminación del período de lactancia. La Corte Provincial de Justicia del Guayas confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 229-19-JP).

Michelle Gabriela Yugsi Meza, de 25 años, mantuvo nombramiento provisional con la Agencia Municipal de Tránsito, AMT. El 28 de septiembre de 2017 dio aviso de su embarazo. El 31 de enero de 2018, fue notificada la terminación de su nombramiento. Presentó acción de protección. El juez de primera instancia dispuso i) que la AMT garantice su estabilidad laboral mientras dure el período de lactancia, y ii) que se pague la remuneración conforme la hubiere percibido de forma regular. La Corte Provincial de Pichincha confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 294-19-JP).

Ana Gabriela Acosta García, de 25 años, mantuvo un nombramiento provisional con la AMT. El 31 de enero de 2018 fue notificada la terminación de su nombramiento. El 3 de abril de 2018 dio aviso de su embarazo. Presentó acción de protección. El juez de primera instancia dispuso que la AMT garantice su estabilidad laboral hasta que culmine su período de lactancia. La Corte Provincial de Pichincha confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 294-19-JP). En la misma causa se presentó la situación de Karen Yomaira Padilla Bernardo, de 25 años, quien mantuvo un nombramiento provisional en la AMT. El 1 de diciembre de 2016 fue diagnosticada con rinofaringitis crónica. El 29 de septiembre de 2017 fue notificada la terminación de su nombramiento. Presentó acción de protección la cual fue negada en primera y segunda instancia (Caso No. 294-19-JP).

Vicky Magaly Aguilera Atiencie, de 35 años, mantuvo un contrato de servicios ocasionales con el Colegio Primero de Mayo. El 14 de diciembre de 2018, mientras se encontraba embarazada, fue notificada la terminación de la relación laboral. Presentó acción de protección. El 17 de enero de 2019, el juez de la Unidad Multicompetente Civil Yantzaza dispuso i) dejar sin efecto el memorando que terminaba la relación laboral, ii) la restitución como docente con la misma remuneración que percibía, iii) el pago de remuneraciones dejadas de percibir, iv) disculpas públicas, y v) que se planifiquen charlas sobre los derechos de las mujeres embarazadas. La Corte Provincial con sede en el cantón Zamora confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 304-19-JP).

Erika Alexandra Cabezas González, de 38 años, tenía un cargo de libre remoción en el GADMC Penipe. El 10 de noviembre de 2018 solicitó vacaciones por riesgo de aborto. El 23 de noviembre de 2018, la Alcaldesa de Penipe dispuso su cambio de puesto. Presentó acción de protección. El 10 de diciembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Riobamba negó la acción interpuesta. Según consta en el expediente, no se presentó apelación (Caso No. 307-19-JP).

Tanya Maribel Iglesias Miranda, de 41 años, mantuvo nombramiento provisional con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El 15 de septiembre de 2018 solicitó licencia por maternidad. El 26 de octubre de 2018 fue notificada la terminación de su nombramiento. Presentó acción de protección. El 2 de enero de 2019, la jueza de la Unidad Judicial de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito dispuso i) dejar sin efecto la acción de personal en la que se dio por terminado el nombramiento, ii) que se reintegre al puesto que ocupaba, iii) el pago de los haberes dejados de percibir hasta que termine el periodo de lactancia. La Corte Provincial de Pichincha confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 322-19-JP).

Mónica Paulina Coba Cisneros, de 39 años, con contrato de servicios ocasionales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (“IESS”). El 3 de septiembre de 2018 dio aviso de su embarazo. El 12 de octubre de 2018 fue notificada la terminación de su relación laboral. Presentó acción de protección contra el IESS. El juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Calderón dispuso i) que se deje sin efecto el memorando que resuelve dar por terminado el contrato, ii) que se reintegre a su puesto de trabajo o a otro de igual nivel, iii) el pago de los haberes dejados de percibir a partir del momento que se produjo la vulneración de derechos constitucionales, iv) disculpas públicas publicadas en un diario de circulación nacional, y v) la publicación de la sentencia en su portal web. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 372-19-JP).

Cristina Alexandra Flores Calvopiña, de 36 años, con cargo de libre remoción en el Consejo Nacional Electoral (“CNE”). El 18 de junio de 2018 solicitó permiso para el cuidado de su hijo recién nacido. El 5 de septiembre de 2018 fueron cesados los consejeros del CNE. El 1 de octubre de 2017 fue cambiada de cargo. Presentó acción de protección. La jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal del Distrito Metropolitano de Quito dispuso i) que se ubique en el puesto que desempeñaba la trabajadora, hasta que concluya el período de lactancia, ii) el pago de los haberes dejados de percibir, y iii) que el CNE publique esta sentencia en su portal por el término de 20 días. La Corte Provincial de Pichincha confirmó la sentencia subida en grado (Caso No. 390-19-JP).

En su sentencia, la Corte dijo:

"Las mujeres que optan por la lactancia no deberían adaptarse a las circunstancias laborales, sino que los espacios de trabajo deben crear ambientes propicios para la compatibilización de la lactancia y el cuidado con el trabajo. Entre las medidas adecuadas para que esto suceda, como se desarrolla más adelante en el derecho al cuidado, están los permisos, las licencias incluida la de paternidad, los lactarios, las guarderías.

"Toda mujer que desee tener una hija o hijo y decida amamantarlo debe poder hacerlo sin tener miedo de perder su trabajo, sus ingresos o su carrera. La protección especial a la mujer prima frente a las necesidades del mercado.

"De la revisión integral de los casos seleccionados se identifica que ninguna de las instituciones en las que trabajaban las mujeres en periodo de lactancia, al momento de los hechos, contaba con espacios dignos y adecuados para que puedan amamantar, extraer y almacenar su leche".

La Corte emitió una sentencia de 11 puntos, y varias decisiones alcance de los derechos de las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia en el contexto laboral público (régimen LOSEP), desarrolló el derecho al cuidado y los indicadores de política pública para garantizar el derecho al cuidado.

1. Disponer que la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos con iniciativa legislativa, presente en un plazo de seis meses a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de ley, para incorporar el derecho al cuidado en el ámbito laboral y para que se adecúe el sistema jurídico a los parámetros de esta sentencia y de los estándares internacionales que regulan la materia.

2. La Asamblea Nacional deberá legislar, en el plazo de un año contados a partir de la entrega del proyecto de ley, sobre el derecho al cuidado, la terminación del derecho al cuidado hasta que concluya el periodo de lactancia; ampliar el periodo de lactancia y período de cuidado; ampliar y regular el permiso de los hombres para el cuidado; regular el derecho al cuidado de madres adoptivas, y ampliar el periodo de cuidado de licencia, sin perjuicio de que, transcurrido este plazo, la Corte Constitucional aplique lo dispuesto en la ley para el control constitucional de las omisiones normativas157, y declare la inconstitucionalidad por omisión.

3. Disponer que el ministerio encargado de la salud, a través de su dirección de promoción, y de todas las entidades que tienen relación con salud, apoyo y promoción de la lactancia materna, junto con el ministerio encargado de las relaciones laborales, el de la inclusión social y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, garanticen progresivamente el derecho al cuidado, ambientes laborales de cuidado, acceso y disponibilidad a espacios, seguros y adecuados a las trabajadoras que se encuentren dando de lactar. Para el efecto, en el plazo de un año, deberán hacer un diagnóstico situacional y contar con todos los indicadores para medir el cumplimiento progresivo del derecho al cuidado, y en el plazo de dos años deberá implementar la política de protección laboral para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. En el plazo de 6 meses se informará a esta Corte el plan para la ejecución de esta medida.

4. Disponer que el Consejo de la Judicatura en el plazo de seis meses elabore, proporcione e informe a la Corte sobre los indicadores correspondientes al acceso a la justicia.

5. Disponer que todas las instituciones públicas, donde trabajen mujeres en edad fértil, implementen lactarios y, donde existan más de veinte (20) personas que ejercen el cuidado, hombres o mujeres, implementen centros de cuidado infantil, guarderías o garanticen la disponibilidad del servicio de cuidado infantil cercano al lugar de trabajo, en el plazo de un año a partir de la emisión de esta sentencia. Para lo cual, contarán con la orientación del ministerio encargado de la salud, el de inclusión, de relaciones laborales y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. En el plazo de 6 meses se informará a esta Corte el plan para la ejecución de esta medida.

6. Disponer que el ministerio encargado de la salud y de las relaciones laborales en coordinación con el de inclusión y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género trabajen de forma interinstitucional para el seguimiento y monitoreo de los lactarios y centros de cuidado diario infantil implementados en las instituciones públicas, ambas instituciones deberán reportar anualmente a la Corte y publicar en su página web el Informe de lactarios y cuidado en el trabajo.

la corte dispuso que todas las instituciones públicas, donde trabajen mujeres en edad fértil, implementen lactarios y, donde existan más de veinte (20) personas que ejercen el cuidado, hombres o mujeres, implementen centros de cuidado infantil, guarderías o garanticen la disponibilidad del servicio de cuidado infantil cercano al lugar de trabajo.

8. Los entes rectores de las políticas de trabajo, salud e inclusión emprenderán una campaña permanente de sensibilización, protección y promoción de la lactancia materna en los espacios públicos, incentivando con certificaciones a locales que apoyen la lactancia materna, en un plazo de un año a partir de la emisión de esta sentencia. En el plazo de 6 meses se informará a esta Corte el plan para la ejecución de esta medida.

9. Establecer que durante los seis meses siguientes a la notificación de esta sentencia, el Ministerio de Salud Pública como cartera de Estado encargada de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio del Trabajo como principal ente rector encargado de generar políticas públicas de trabajo, empleo y del talento humano del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las obligaciones laborales y el Consejo de la Judicatura, como órgano encargado de velar por la eficiencia de la Función Judicial, deberán difundir el contenido de esta sentencia en la página principal de sus páginas web institucionales y en otros medios de difusión pertinentes para el conocimiento de los servidores públicos de sus instituciones y de la ciudadanía en general. El cumplimiento de esta medida se informará a esta Corte en el plazo de 6 meses.

10. Con relación a las políticas públicas, esta Corte podrá convocar a audiencias de seguimiento y solicitar informes de ejecución de la sentencia, para adecuar y adaptar dichas políticas en base a información actualizada.

11. Disponer que los criterios establecidos en esta sentencia tengan efectos para los casos que se presenten después de su expedición. Se confirman las sentencias revisadas, salvo aquellas que estén en conocimiento de esta Corte por otras acciones constitucionales.

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