La noche del 4 y la madrugada del 5 de septiembre, el niño ‘K’ —de seis años de edad— pasó por tres hospitales. Primero, el menor llegó al Hospital Básico de Naranjal. De ahí fue trasladado al hospital del IESS de Milagro, pero su condición era tan grave que fue enviado al Hospital Francisco Icaza Bustamante. ‘K’ tenía quemaduras casi en todo su cuerpo, laceraciones, huellas de maltrato y de abuso sexual. Hasta el momento ha pasado por siete cirugías. Es el primer caso que presenta este nivel de violencia y de tortura contra un menor, al menos, en la provincia del Guayas. Su hermana, de ocho años, también debió ser atendida en el hospital por sus quemaduras y golpes. Sin embargo, esas casas de salud no denunciaron inmediatamente la situación de los menores.

La actuación de esas casas de salud en este caso está bajo la lupa. Yanina Villagómez, fiscal provincial del Guayas, cuestionó al Ministerio de Salud ante la Comisión de Justicia de la Asamblea, el pasado 4 de octubre. La Fiscalía abrió una investigación contra los tres hospitales. Villagómez recordó que los profesionales de la salud están obligados a denunciar cuando las personas llegan con signos de haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos y a su integridad sexual. Según el artículo 276 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta omisión es sancionada con una pena privativa de libertad de dos a seis meses.

“En este caso no hubo ninguna información, ningún oficio remitido a la Fiscalía por parte del Ministerio de Salud que dé a conocer la situación de los niños”, dijo la Fiscal.

“Nos ha alarmado hasta ahora que a pesar de que existen normas claras que obligan a los hospitales a denunciar presuntos delitos aún no hay esa cultura para que los médicos lo hagan de forma inmediata”, dijo Mirelli Icaza en una entrevista con PlanV el pasado 28 de septiembre, cuando aún era delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas.

A los hospitales suelen llegar niñas embarazadas y víctimas de violencia sexual, casos que no son denunciados por el personal de las casas de salud, sostiene Icaza. La Defensoría ha detectado que existen vacíos en los lineamientos del Ministerio de Salud y de otras instituciones y, según Icaza, se realizarán mesas técnicas para esclarecer protocolos.

Pero la fiscal expuso más datos que Salud no reportó. Explicó que 15 días antes del ingreso del niño al hospital Francisco Icaza Bustamante, el menor había tenido una atención previa en esa misma casa de salud. Según la historia clínica, la madrastra llevó al niño el 23 de agosto porque, según dijo, el niño se quemó después de tomar una olla con alimentos. El informe médico de ese incidente no llegó a la Fiscalía, dijo Villagómez.

La hermana de ‘K’ no presentó signos de maltrato después de la valoración médica, pero sí quemaduras pasadas, expuso la fiscal. La niña fue entregada a su abuela como familia ampliada.

El MIES también es señalado

Pero Salud no fue la única institución que omitió la denuncia, según la Fiscalía. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), encargado también de la protección de los más vulnerables, se habría demorado en reportar de forma inmediata el caso a la Fiscalía cantonal o provincial, pese a conocerlo en esos días. 

Según la cronología que presentó la fiscal en la Asamblea, el 6 de septiembre el MIES comunicó a la Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (UNIPEN) y esta a su vez informó en un parte a la Fiscalía sobre la situación del menor y de su hermana. “El niño de seis años presenta huellas de maltrato y laceraciones de ocho días previos, por presunta violencia física y sexual, así como dolor abdominal. Fue trasladado del hospital de Milagro al Francisco Icaza”, dice el parte.

Villagómez afirmó que, el 4 septiembre, el MIES ya tenía documentación sobre este caso. Pero recién el 13 de septiembre, el director Distrital 5 del MIES entregó la historia clínica del menor a la Fiscalía. Además, señaló al MIES como la fuente de las fotos de los menores que circularon en medios de comunicación y cuestionó que estos hayan revelado hasta los nombres completos de los niños.

El MIES ha sostenido que es denunciante de este caso y que envió una brigada para que los menores ingresen de inmediato a casas de acogida y que acompañó a los dos menores hospitalizados. El pasado 29 de septiembre, el ministro de esta cartera de Estado, Esteban Bernal, destituyó al director distrital de Milagro del MIES por incumplir con algunos procedimientos. “Algunas acciones que han sido tomadas de manera absurda por parte de algunos funcionarios”, dijo Bernal a la revista Vistazo. Según él, el MIES supo del caso el 6 de septiembre y no el 4, como afirma la Fiscalía.

La fiscal Villagómez dijo que para avanzar en una investigación es necesaria la colaboración de otras instituciones. Por ejemplo, solicitó la versión de la hermana del niño, que tiene 16 años, y quien además se encuentra bajo el cuidado del MIES. Tampoco ha comparecido la madre biológica de los menores, pese a haber sido notificada. Los vecinos tampoco han colaborado, aunque se les ha informado sobre el sistema de protección de víctimas y testigos para que ayuden en el caso.

La Defensoría también ha solicitado información al MIES. “Algo que detectamos es que los informes del MIES no fueron puestos en conocimiento de manera oportuna”, dijo Icaza. Agregó que ese misterio se demoró varios días en levantar el informe de ese caso. El MIES, entre sus obligaciones, debe analizar el entorno, levantar una ficha y determinar si debería haber acogimiento familiar o institucional de menores en situación de vulnerabilidad.

Desde la Defensoría hay una preocupación de cómo está funcionando el sistema de protección para niños y adolescentes. “Se está haciendo un análisis de lupa de los procesos. Las instituciones deben saber las sanciones en caso de no actuar inmediatamente”.

La Defensoría convocó a todas las juntas de protección de niños y adolescentes de la provincia para analizar cómo estas instituciones otorgan medidas de protección a los menores. “Quedó claro en que la obligación de las juntas es emitir las medidas de forma inmediata y luego denunciar el caso a la Fiscalía, en caso de que no se haya hecho”. La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Naranjal fue criticada por inhibirse del caso. Su justificación fue que cuando supieron del caso, la UNIPEN le informó que la denuncia estaba en la Fiscalía y ya no podían emitir una medida porque ya no tenía competencia, según Icaza. Esta institución no quiso atender una entrevista con PlanV.

Respecto a las investigaciones al MIES y al Ministerio de Salud por sus omisiones, la Fiscal aclaró que eso no quiere decir que “dar por concluida una culpabilidad a priori”.

Las actuaciones judiciales, cuestionadas

El 7 de septiembre, la UNIPEN hizo un alcance del parte policial con información sobre el tiempo en que se habrían producido las vulneraciones al niño. La Policía de niños dijo que no era un caso de flagrancia, es decir un delito que se descubre inmediatamente después de su supuesta comisión. En flagrancia, los sospechosos son detenidos y llevados ante un juez.

Este caso siguió el procedimiento ordinario. Es decir, fue sorteado y recayó en una Fiscalía especializada en género, que solicitó medidas de protección. Esto ocurrió el 7 de septiembre. Un agente investigador ordenó el reconocimiento del lugar de los hechos, la valoración psicológica y de entorno social y la detención con fines investigativos a Maico V., padre del niño, y a Elizabeth Q., madrastra de los menores. Además de los dos hermanos, en la familia había cinco niños más: cuatro hijos biológicos de la pareja, una de ellos es una adolescente de 16 años madre de un niño, ambos también vivían en ese hogar.

La UNIPEN localizó a Maico V. en una camaronera, donde trabaja. En su versión, negó conocer sobre cómo se produjeron las quemaduras del niño, pero sí mencionó que pegaba al niño por ser malcriado, dijo la fiscal. El investigador quiso corroborar esa declaración, pero para entonces el menor ya estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. El 8 de septiembre se dispuso que un perito médico legista realice una valoración proctológica -que consiste en la inspección del canal anorrectal- al niño en el hospital Francisco Icaza.

El 9 de septiembre, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos contra la madrastra del niño por violencia física contra sus hijastros, proceso que se encuentra en la etapa de instrucción fiscal. El juez Wilmer Tapia dictó medidas cautelares a la mujer como la prohibición de la salida del país y la comparecencia a la Fiscalía todos los lunes.

Pero esas actuaciones recibieron el rechazo de la sociedad civil porque la Fiscalía no acusó por violencia sexual y por tortura, ni incluyó al padre. “Es un acto de negligencia, dolo y error inexcusable”, publicó la organización CEPAM-Guayaquil, cuya clínica jurídica llevó en los primeros días este caso.

La fiscal Villagómez explicó que la mujer procesada estaba en lactancia y por eso se pidió las medidas sustitutivas. Además, informó que existe una investigación previa por una presunta violación y que no ha avanzado en esas indagaciones por la condición delicada de salud del niño. Mencionó que existe una segunda investigación previa para determinar las circunstancias del embarazo de la joven de 16 años. El padre también será vinculado al proceso, anunció. Ambos tienen vigilancia del equipo investigador para evitar su fuga, según la fiscal.

El 21 de septiembre, el caso pasó de Naranjal a Guayaquil. El expediente fue reasignado a Yoli Pinillo, fiscal de Guayaquil. Pinillo aclaró que las investigaciones solo son para los niños de 6 y 8 años. Un médico legista de la Fiscalía aseguró que los otros cinco niños (los cuatro hijos de la pareja y el nieto) no tenían evidencias de maltrato físico o psicológico ni sexual. El MIES y la unidad Judicial de Niñez y Adolescencia de Naranjal determinaron que, si bien no hay un delito, están en riesgo por la extrema pobreza. El MIES solicitó medidas de protección y acogimiento institucional para los cinco menores. Los adolescentes fueron a una casa de acogida y los más pequeños a otro hogar. Los dos primeros fiscales que tramitaron el caso serán también evaluados.

La Defensoría prepara un informe sobre las actuaciones judiciales y el debido proceso. En caso de encontrar irregularidades, este será remitido al Consejo de la Judicatura. Hasta el momento, el Consejo solicitó la declaratoria jurisdiccional previa -que es un pronunciamiento sobre la existencia de la infracción- contra el juez Wilmer Tapia y los fiscales Kennet Amaya y Erika Véliz.

La Comisión de Justicia también convocó a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Pero la funcionaria se excusó al decir que no era competencia del Consejo y pidió que los requerimientos de información sean más específicos. Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión, y otros asambleístas calificaron como irrespetuosa la excusa de Maldonado. “Tenemos que pedir a la señora presidenta que respete a esta comisión y a la Asamblea Nacional”, dijo Jaramillo. En un pronunciamiento del 6 de octubre, Maldonado dijo que el Conejo “actúa con la celeridad debida”. Pero aclaró que el Consejo no puede actuar de oficio en casos de presunta negligencia, sino que se necesita una denuncia.

   Punto de vista   

"La vida de los niños se ha devaluado"

¿Cómo podemos pensarnos como un país democrático si quienes merecen protección terminan siendo invisibles? La indolencia no solo está en la sociedad sino en las decisiones y omisiones del Gobierno, al punto de que la vida de los niños se ha devaluado. El sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia, concebido en la Constitución, no funciona. Si lo hacen, lo hacen mal, terminan creyendo en el agresor, preguntan al agresor qué ha sucedido.

Nos falta conocimiento. ¿Cómo entender que un médico que vea a un niño en una situación así no sienta el deseo de pedir ayuda y lo devuelve a su hogar? Yo creo que debe ser la ignorancia que hace cometer errores de este estilo, porque de otra forma sería un acto de maldad. No quiero creer que somos una sociedad así de perversa con nuestros niños. Todo el que conoce un caso de vulneración contra un niño tiene la obligación de denunciar. ¿No aprendimos lo que sucedió en Aampetra? Como sociedad nos olvidamos de todo y los niños son la última rueda del coche. El sistema siempre funciona para la atención, no para la prevención.

No nos gusta hablar de temas que deben ponerse en la mesa del debate. Por ejemplo, ¿es la familia un ente de protección, un entorno sano para los niños? Como no nos gusta estos temas, entonces el incesto pulula, también el maltrato. La relación entre adultos y niños es una relación del ‘pegue patrón’, marcada por la violencia. Hay que preguntar también cómo están los niños en las casas de acogida, que ahora están desbordadas, porque también son ‘cárceles chiquitas’. ¿Se mueren de hambre? Yo fui a dejar computadoras en casas de acogida y los niños tenían hambre. Esa es la precariedad en la que viven.