La nueva secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como concejal de Cuenca, tuvo que enfrentar su primera crisis en el despacho esta semana, cuando se produjo una nueva masacre en la cárcel de Santo Domingo, en donde hasta el momento han muerto más de 40 hombres, acuchillados en una gresca entre bandas rivales dentro del penal, que fue controlada por la Policía luego de varias horas.

La politica cuencana, quien proviene de un movimiento local encabezado por el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y que había llegado al Concejo en alianza con CREO, se trasladó a la capital provincial en donde supervisó algunas tareas de la Secretaría, como las contenciones emocionales a familiares y deudos y el levantamiento de por lo menos 90 fichas de información para la identificación de los cadáveres.

Algunas de las tareas que la Secretaría ha asumido en estos casos tienen que ver con trámites mortuorios, como coordinar con el Registro Civil las partidas de defunción o facilitar los ataúdes para las personas que no puedan costearlos. 

Esa tarea fúnebre ha sido cumplida desde la administración anterior, a cargo de Bernarda Ordóñez, también azuaya, quien se separó del Gobierno destacando que la visión del régimen sobre la materia había cambiado diametralmente en los últimos años y no coincidía con la suya, además de no crear un clima favorable para mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, a quien ella consideraba el eje central de su gestión. 

En una dura carta de renuncia, Ordóñez sostuvo que "la nueva visión planteada por el Gobierno nacional la cual dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrarnos por los derechos” y la reprochó al Gobierno de Lasso  “el silencio ante los repudiables hechos de violencia, especialmente de (contra) niñas, niños y mujeres”.

Aún no hay nuevo equipo

El bautizo trágico de la nueva secretaria le ha impedido oficializar a su equipo de trabajo. Con Ordóñez se fue el secretario de Derechos Humanos, Felipe Ochoa, y también Emilia Cisneros, quien estaba en el cargo ubsecretaria de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

La secretaría tiene dos subsecretarías más, la de Nacionalidades, Pueblos y Movimientos Sociales, en donde todavía está en funciones Samia Mármol Conejo, y la de Diversidades en donde no se ha reemplazado a Alexander Guano, quien estaba a cargo de la dependencia.

En la entidad se destaca que la nueva secretaria ha tenido poco tiempo para ponerse al corriente del despacho y hacer las nuevas designaciones. Con un presupuesto en 2021 de cerca de ocho millones de dólares de los que aproximadamente cinco millones se gastan en sueldos, la Secretaría creó una subsecretaría de Diversidades que no existía en su organigrama aunque esto no significó un aumento del presupuesto. 

La secretaría y los desafíos

La nueva secretaria es abogada, con un diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política. Su experiencia en el sector público se remonta al 2014, pero sobretodo en el ámbito de su ciudad natal. Así, en ese año fue presidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Cuenca, y en ese mismo año integró una Mesa para la erradicación de la violencia contra las mujeres en el Consejo de la Judicatura local. 

En 2018 accedió a la vicepresidencia de la Red de Municipios para la Igualdad de Género, una instancia de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Entre 2019 y 2022, militando en el movimiento Igualdad, lista 81, ha sido concejala de Cuenca y en 2020 accedió a la presidencia de la Red de Municipios.

En su hoja de vida se destacan cuatro participaciones como ponente y conferencista, en temas como las ciudades intermedias, la creación de una red de ciudades iberoamericanas contra la trata con fines de explotación sexual, una agenda territorial para los objetivos de desarrollo sostenible, y combatir la violencia de género como responsabilidad de los estados.

La ex concejala de Cuenca salta al ámbito nacional en una situación compleja: la violencia en las cárceles no se detiene y la inseguridad tampoco. Y la postura del Gobierno en derechos humanos habría cambiado radicalmente, según dijo en su renuncia Bernarda Ordóñez. Estos son algunos de los desafíos de la nueva funcionaria.

1. Muerte y violencia en las cárceles: la política de rehabilitación social

Aunque el papel de la Secretaría de Derechos Humanos en el control de la violencia carcelaria se ha limitado a una mezcla de servicios funerarios con atención sicológica, durante la gestión de Bernarda Ordóñez se planteó un proceso que deja listo: la política pública de rehabilitación social, que se anunció que cuenta con un presupuesto mensual de 27 millones de dólares y que debe empezar por el  eje de salud.

Varios ministerios se encuentran involucrados en el cumplimiento de la nueva política, pero han tenido que asignar presupuesto de sus propios recursos para 2022. La fase de implementación inmediata se realizaría en este año, para 2023 se piensa iniciar una fase de mediano plazo y en 2025 una de largo plazo, explicó Ordóñez antes de dejar el cargo. 

La política es uno de los logros que Ordóñez reivindicó en su renuncia y que deberá ser continuada por la nueva secretaria. Desde octubre de 2021, la Secretaría preside el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (DOT), encargado de replantear la política que había aprobado el Gobierno de Lenin Moreno.

En el DOT están el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Defensoría del Pueblo. Varios temas fueron analizados en el seno de este Directorio, como la necesidad de más jueces penitenciarios, el censo penintenciario, entre otros temas. 

Una nueva masacre, con más de 40 hombres muertos, se registró en Santo Domingo. Foto: EFE.

Tras varios meses de reuniones interinstitucionales, la Política Pública de Rehabilitación Social 2022-2025 fue aprobada por unanimidad el 21 de febrero de 2021  y fue presentada por el presidente Guillermo Lasso. Tiene doce ejes: salud, trabajo, educación,  social y arraigo, rehabilitación, deporte, cultura,  información, infraestructura, recursos humanos, alianzas, convenios y cooperación y adolescentes en conflicto con la ley penal. Se le asignó un presupuesto anual de $27 millones. 

Pero más allá de los tecnicismos, la reforma del sistema penintenciario continúa siendo una asignatura pendiente y dado la escalada de violencia de los últimos días, muy probablemente seguirá siendo un desafío para la Secretaría en la nueva administración. Pocos días antes de la masacre en Santo Domingo, durante la posesión de la nueva funcionaria en el Salón Amarillo de Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso había destacado que “es urgente que los 36 centros de detención del país sean espacios de verdadera rehabilitación”. 

2. La diversidad sexual

En junio de 2021 se creó una Subsecretaría de Diversidades en el seno de la Secretaría. La nueva oficina fue encargada a un joven gay, Felipe Ochoa, que dedicó a la tarea de enfocarse en los derechos de la comunidad LGBT. 

En la segunda vuelta electoral, el actual presidente Guillermo Lasso tuvo un giro en su discurso. Se comprometió a apoyar a la comunidad LGBT e, inclusive, en un acto de campaña, dio un paternal abrazo a un activista del interior del país. 

Según la Secretaría, la dependencia, que estuvo en los últimos meses bajo la dirección de Alexander Guano, conformó una Mesa Interinstitucional permanente para la construcción de la Política a favor de la Población LGBTI+ con la participación de 21 instituciones públicas.

Una política pública sobre diversidad sexual aún está pendiente en el país. Foto: Archivo PlanV

Entre los objetivos de la Mesa estuvieron la sistematización de la información disponible en el país sobre la población LGBTI+ y una propuesta de ejes de la política pública, con  aspectos como la prevención y promoción de derechos, protección integral, inclusión socioeconómica y acceso a la justicia y no discriminación. Además, la creación de espacios de diálogo con actores clave y representantes de la población LGBTI+ a nivel nacional en donde, se dijo, se tomó en cuenta también a personas del interior del país. 

Pero hasta el momento, la Subsecretaría no ha presentado ningún documento específico de política pública. Un ejercicio similar se realizó durante la gestión de Rafael Correa, pero al terminar su gobierno no se aprobó dicho documento. En el de Lenin Moreno el proceso se congeló y, según explica el abogado y activista Cristian Paula, en el actual proceso se empezó de nuevo. Paula asegura que en las reuniones con las organizaciones ha habido inconformidad sobre la metodología adoptada y que el interés y participación de los colectivos fue decreciendo de manera paulatina. 

La Subsecretaría reivindicó también dos gestiones en la problemática: la una fue la conformación de una Mesa Técnica con el Registro Civil para la institucionalización del proceso de inscripción de hijos/as de parejas homoparentales. Según se informó, se logró el cambio del procedimiento para la inscripción de hijos/as de madres que incluye como un requisito la presentación de un certificado médico del área de la salud respectiva. Destací también el cumplimiento de la sentencia en el caso “Raphaella”, que según Cristian Paula fue consecuencia de una acción judicial presentada por activistas más que resultado de las acciones de la Subsecretaría entre el Registro Civil. 

Además, destacaron la inclusión de la variable de orientación sexual y/o diversidad sexo genérica en algunas encuestas del INEC, como la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo del Ecuador, en el Censo poblacional piloto en Limón – Indanza y en el Censo penitenciario piloto,  pero se admitió que "los resultados no permitieron la inferencia estadística por lo que es necesario fortalecer el instrumento, la pregunta y la cartilla técnica".

Para Cristian Paula, los desafíos en este tema pasan por lograr que la Subsecretaría logre la implementación de recomendaciones internacionales de derechos humanos, así como aplicar una política pública con presupuesto, institucionalidad y alcance frente a otros ámbitos del Estado para lograr el pleno acceso a bienes y servicios públicos. Destaca que la Subsecretaría debe tener una incidencia más importante en las acciones del Registro Civil. La nueva secretaria de Derechos Humanos, sostien Paula, podría preparar proyectos de ley que el Ejecutivo mande a la Asamblea para legislar sobre como temas como identidad de género, familias en su diversidad, entre otros temas.

3. La violencia contra la mujer y el Registro Único de Violencia

Aunque en la posesión de la nueva secretaria Paola Flores, el presidente Guillermo Lasso mencionó que se ha destinado un presupuesto de $24 millones para combatir la violencia contra la mujer, el actual Gobierno solo adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes 2020-2030  que había sido elaborado en julio de 2020 por el Gobierno de Lenin Moreno. El 4 de marzo de 2021, se lo aprobó con un resolución de la Secretaría. El plan fue preparado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado, y sustituyó a un plan anterior vigente hasta 2017. Este proceso fue financiado por el PNUD.

En este tema, la anterior secretaría dispuso la contratación de una consultora llamada Centro de Planificación y Estudios Sociales para la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional, cuyo objetivo es lograr un monitoreo a las acciones que se realizan por parte de las instituciones, comparando los resultados de la gestión en relación con las metas establecidas para el periodo. También se busca una acción coordinada  entre las 22 instituciones que integran el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia.

El monitoreo del Plan para Erradicar la Violencia contra la mujer es uno de los desafíos de la Secretaría. Foto: El Universo

Además de eso, la Secretaría ha estado avanzando en la implementación del Registro Único de Violencia, creado por ley en 2018 y que aún no se implementa. El Registro es definido como "un registro georreferenciado de violencia contra las mujeres que consignará los datos de sexo, edad, auto identificación étnica, condición sexo genérica, nivel de instrucción, condición migratoria, estado civil de la víctima y persona agresora, el tipo de violencia, la existencia de denuncias anteriores, sentencia y otros datos adicionales que respondan a los estándares internacionales de derechos humanos". Pero como muchas otras iniciativas del morenismo, el Registro fue abandonado y aún no se implementa.

Recién en septiembre de 2021 se reactivó el proceso, y en diciembre de 2021 se firmó un contrato con la empresa AVP Sistemas por $148 mil para la implementación de la plataforma. Esta implementación aún no termina y el proceso tiene un seguimiento conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Gobierno y deberá continuar durante la gestión de la nueva secretaria. 

4. Las sentencias internacionales contra el Ecuador

Una de las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos tiene relación con el cumplimiento de las condenas que emite el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Ecuador. Según información de la Secretaría, entre 1998 y 2021, el Estado del Ecuador ha sido condenado a pagar indemnizaciones en 19 ocasiones, en sentencias que suman casi ocho millones de dólares. La Secretaría coordina la ejecución de estas decisiones internacionales como el pago y otro tipo de reparaciones no monetarias. 

Las indemnizaciones más grandes han sido la de Sarayaku, en 2012, con $1.4 millones, seguida del caso Benavidez con un millón de dólares y el de Chaparro y Lapo con $980 mil. 

Sarayaku le ganó en el Sistema Interamericano al Estado del Ecuador. Foto: Proyecto Kawsak Sacha

Solo en 2021 se resolvieron cinco casos contra el Ecuador, en una lluvia de sanciones, obligando al Estado al pago de indemizaciones contra víctimas de policías, militares o funcionarios del sistema judicial. Se trató de los casos Guachalá, Grijalva, Garzón, Villaroel y Palacio. La mayor indeminización concedida en este año fue en el caso Grijalva, con $425 mil, mientras que también se falló a favor del columnista Emilio Palacio, quien recibió $400 mil. 

A pesar de que se han realizado los pagos, las sentencias contienen otros aspectos y reparaciones de tipo moral que aún no se han cumplido en por lo menos 14 sentencias desde 2014.

Según la Secretaría, hay varios "nudos críticos" en este ámbito que deberían mejorar a lo largo de este año 2022 y durante la gestión de Paola Flores.

Entre estos se menciona un archivo incompleto de los casos, pues en varios expedientes no se encuentran las sentencias, informes de fondo, acuerdos de solución amistosa, y medidas cautelares dentro del sistema interamericano, así como tampoco los dictámenes o resoluciones dentro del sistema universal "lo que imposibilita conocer con certeza todo lo actuado y ejecutado". Se ha podido establecer que  "no existió un traspaso correcto de gestión documental del ex Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos", institución a la sucede la Secretaría.

A esto hay que sumar que "no existe documentación física correspondiente a los años 2019 y 2020. El archivo está desactualizado desde las medidas para  enfrentar la pandemia, por lo que todos los expedientes carecen de documentación de los años mencionados".

Tampoco está claro qué procedimiento deben seguir a la hora de cumplir con las obligaciones internacionales: "no existe normativa que establezca el procedimiento interno para coordinar el cumplimiento de las obligaciones internacionales, ni la articulación con las otras instituciones responsables del cumplimiento", se señala.

Pero además de los problemas con los documentos, la Secretaría de Derechos Humanos "no cuenta con presupuesto para el pago de las reparaciones materiales e inmateriales que derivan de las
obligaciones internacionales que mantiene el Estado", pues los pedidos de presupuesto y de alza de techo presupuestario para la entidad no han sido aprobadas por el ministerio de Finanzas.

La nueva secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, aún está armando su equipo de trabajo, pero en su discurso de posesión sostuvo que su gestión se enfocará en políticas públicas y en cambiar patrones culturales discriminatorios. Señaló que aspira a que "un pleno ejercicio de los derechos humanos no sea una utopía”.