Los investigadores de la Dinased, en Guayaquil, prefieren no salir en cámaras. A veces permiten que su voz sea grabada, pero cuando la información se torna delicada también solicitarán que la grabadora se detenga. Hablar de las muertes violentas y sus presuntos responsables es una conversación que amerita precauciones.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) se creó en 2013 como una unidad de la Policía para responder a dos fenómenos crecientes en el país: los homicidios y las desapariciones.  Pero por el incremento acelerado de asesinatos al estilo sicariato en la provincia de Guayas y las masacres carcelarias, la Dirección de la Zona 8 - que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón- aumentó su personal en un 50% en este 2021.

Guayas se ha convertido en una de las zonas más violentas de América Latina. En octubre pasado, llegó a 21 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuatro puntos más que el promedio de la región. Eso significó que igualó o superó las tasas que tienen ciudades mexicanas como Sinaloa (21.4), Jalisco (22.9) o Tabasco (19.6), como lo contó PlanV en un reportaje anterior. Todo esto agravado por la violencia en las cárceles, donde las investigaciones de las cuatro masacres que se han dado en este 2021 van a cuenta gotas.

Las cárceles, un agujero negro

Las cuatro masacres carcelarias que han sucedido en el país dejan hasta el momento 291 víctimas. Y estos hechos aún se encuentran en investigación previa, según información enviada por la Fiscalía a PlanV. Esta es la fase inicial de las pesquisas previa a un proceso penal y a la acusación formal de la Fiscalía contra los presuntos autores.

Pero eso no ocurre ni siquiera en la primera masacre que sucedió el 23 de febrero de 2021, donde hubo 78 víctimas en cuatro prisiones del país: en la Regional de Guayaquil, en la Penitenciaría del Litoral, en Turi y Latacunga. Por este hecho se investiga cuatro denuncias por asesinato (una por cada cárcel), que están en indagación previa, y una por delincuencia organizada. Esta última es la que más ha avanzado pues ha pasado a la fase de llamamiento a juicio.

El coronel Dorian Balladares, jefe de la Dinased de la Zona 8, afirmó en una entrevista con este medio que sí hay avances en la masacre de febrero. Pero reconoce que existen limitaciones dentro de las cárceles para una investigación más rápida. Por ejemplo, no hay cámaras de vigilancia que permitan dar con los autores de un crimen y asegura que estos sistemas están dañados.

Tras la masacre de febrero, un informe de Inteligencia detalló este problema. Solo en la cárcel Regional de Guayaquil, a esa fecha, había 77 cámaras de video vigilancia dañadas en el pabellón de mediana seguridad. En la Penitenciaría no había cámaras en el primer filtro y lo mismo ocurría en otras cárceles del país.

Esa falta de seguridades y los daños dirigidos a ellas se hizo evidente en la segunda masacre del 21 de julio pasado. Hubo 26 muertos en motines simultáneos en la cárcel de Latacunga y en la Penitenciaría del Litoral. Los internos destrozaron vallas, mallas y filtros de seguridad que dejó vulnerable al centro y se reportó la fuga de decenas de presos. Fueron recapturados 78 el mismo día con la ayuda de moradores de los barrios aledaños de la cárcel. Pero la Policía no determinó cuántos presos se fugaron en total. Pese a la fuga masiva, solo tres reos fueron procesados por el delito de evasión (o fuga).

Ese fue uno de los seis delitos que se investigó en esta cárcel y en la Penitenciaría del Litoral tras la masacre de julio. También se abrieron dos investigaciones por el asesinato de 25 personas y una por el homicidio de un reo; asimismo se indagó por daño a bien ajeno (1) y por robo (1).

Además, hubo tres denuncias de violación en esos hechos, pero de acuerdo al reporte de la Fiscalía esto habría sido contra dos víctimas. El día de la violencia solo se conoció sobre la violación de una mujer policía. El agresor -que ese día se fugó- habría sido el líder del pabellón de máxima seguridad. Fue recapturado, pero al día siguiente fue hallado ahorcado en su celda. La investigación sobre este caso se “extinguió” por la muerte del procesado.

El 22 de junio pasado, la Policía recapturó al agresor sexual de una policía durante los motines del día anterior en la cárcel de Latacunga. Pero al siguiente día apareció ahorcado. Foto: Policía Nacional

En total fueron 11 denuncias, de las cuales seis están en investigación previa, como las del asesinato y homicidio, tres tienen sentencia condenatoria y una fue archivada.

En las dos últimas masacres los avances son mínimos. En los episodios del 28 y 29 de septiembre, que dejó 122 muertes, hay una investigación previa por asesinato. En la del 12 y 13 de noviembre, también existe una indagación previa por el asesinato de 65 personas.

¿Qué tan difícil es investigar una muerte violenta en la cárcel? Un agente de la Dinased, de Guayaquil, hace una expresión de pesimismo y mueve la cabeza de un lado a otro. Aunque hay testigos, nadie quiere acusar a nadie porque de ello depende su sobrevivencia en estos centros. Pero lo mismo sucede en las calles.

La violencia en las calles, con poca ayuda de testigos

En la Zona 8, la Policía ha identificado cinco sectores como los más violentos. En primer lugar, está el Distrito Sur, donde están los sectores del Guasmo, Floresta, 7 Lagos, Centenario, Unión de Bananeros y Puna. Entre enero y octubre de este año, se habían registrado 121 crímenes, lo que implica un aumento de 100% respecto al 2020. En promedio, cada dos días y medio una persona es asesinada en este sector.

Después está Nueva Prosperina que registra 74 muertes violentas en el mismo periodo. Esa cifra representa un aumento del 200% respecto al 2021. Allí, cada cuatro días una persona es víctima de un homicidio. En el tercer, cuarto y quinto lugar están Durán, Esteros y Portete. Con excepción de Nueva Prosperina, los cuatro lugares más violentos están cerca al Puerto Marítimo de Guayaquil o en su zona de influencia.

Para esos delitos, la Dinased de la Zona 8 tiene 120 investigadores y es la unidad más grande del país. Tiene seis equipos, cada uno con 20 investigadores, que no solo indagan sobre las muertes violentas, sino también sobre las tentativas de asesinato. Laboran 11 días -en turnos de 24 horas- y descansan tres.

En la escena del crimen actúan tres equipos. Uno se encarga de la víctima, otra se enfoca en la escena del delito y de levantar todos los indicios con el fin de establecer posibles móviles del crimen y un tercer equipo está en el área externa e investigan el entorno.  Los tres equipos a su vez coordinan con una unidad de análisis para establecer la identidad de la persona y sus antecedentes.

Tras el hecho, las 24 horas posteriores son fundamentales para la investigación, pues así un sospechoso puede ser procesado en flagrancia, es decir cuando una persona es descubierta mientras comete el hecho delictivo o acaba de cometerlo.

La Dinased de la Zona 8 -que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón- aumentó su personal en un 50% en este 2021 debido al incremento de muertes violentas en esta provincia.

Pero levantar información sobre los presuntos autores no es fácil. Según el coronel Balladares, la comunidad ayuda poco. Los posibles testigos no acuden a los llamados de la Fiscalía y eso limita la identificación de los victimarios. Tienen miedo a represalias, miedo o no creen en la justicia, dice el jefe policial.

En una muerte violenta, los investigadores recogen evidencias como los casquillos de las balas. Estos son analizados por el sistema IBIS, una herramienta especializada, que se basa en que toda arma de fuego, al ser disparada deja en las balas y en las vainas, marcas únicas denominadas improntas. Estas al ser sometidas a este comparador balístico (que tiene un software y equipos macroscópicos) puede determinar su procedencia e identificar así al propietario. Pero este “cotejamiento” o “match” no es suficiente, según la Dinased.

El coronel Dorian Balladares, jefe de la Dinased de la Zona 8, reconoce que existen limitaciones dentro de las cárceles para una investigación más rápida.

Balladares explica que los avances de la investigación se pierden, en muchos casos, porque necesitan de un testigo presencial. Recuerda que la Fiscalía tiene un sistema de protección de víctimas y testigos.

Pero hay otros limitantes. El jefe policial explica que los grupos delictivos y sus conductas han evolucionado, pero la ley no. Cree necesaria una reforma respecto a los procedimientos para los investigadores. Por ejemplo, el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone a la Fiscalía que garantice la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados. Según Balladares, eso hace que las personas se fuguen o traten de eliminar indicios.

Para el jefe de la Dinased de la Zona 8, disminuir las muertes violentas dependerá de un trabajo del Estado en su conjunto.  Dice que es necesario ver este fenómeno como el resultado de un entorno social, económico y ambiental propicio para el delito. Eso sucede en Guayaquil por la falta de presencia estatal. “Tenemos barrios marginales donde no hay condiciones para que la comunidad pueda desarrollarse. Obviamente esto va ligada a la pobreza, al desempleo, a la falta de presencia de los niños en la escolaridad, en donde la cultura de economías ilícitas se ha profundizado”.

Una de estas actividades más rentables, dice el jefe policial, es el microtráfico. “Generan recursos fáciles a costa de la degeneración de nuestra juventud y niñez con el consumo de sustancias”. Es decir, el incremento de los consumidores hace que, cada vez, sea más rentable el microtráfico para las estructuras criminales y eso a su vez es directamente proporcional a las muertes violentas en las calles.