La consulta popular en el cantón Cuenca sobre la minería ya tiene fecha: el 13 de diciembre, según anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint. Previamente, el consejero electoral Luis Verdesoto se había pronunciado indicando que debería darse por lo menos en la primera vuelta electoral, pero finalmente se realizará el proceso solamente en el cantón azuayo antes del 15 de diciembre. 

La Función Electoral dio paso así a una consulta popular cuya constitucionalidad fue calificada por la Corte Constitucional. El pasado el 18 de septiembre, la Corte Constitucional aprobó una consulta sobre el agua y la minería en el cantón de la capital azuaya, que había sido planteada por el Concejo Cantonal de la ciudad de los cuatro ríos. Pero no se trató del primer intento: la Prefectura azuaya ya había planteado tres consultas antes, sin éxito. 

El Parlamento del Agua de Cuenca, una organización de la sociedad civil azuaya, fue una de las impulsoras de la consulta que fue aprobada por la Corte, que dispuso a la Función Electoral su realización. 

Las preguntas de la consulta tienen relación con prohibir la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay, algunos de los cuales cruzan por la propia ciudad. Todos estos ríos nacen en los páramos de las montañas de El Cajas, parte de las cuales conforman un Parque Nacional. Por lo menos 400 mil habitantes del área urbana de Cuenca y no menos de 200 mil más se benefician del agua de estos ríos. 

Varios colectivos rurales del Azuay se han pronunciado contra los proyectos mineros en los páramos. Foto: Revista Opción S.

Así, los afluentes del Tarqui abastecen a los sistemas comunitarios de agua las comarcas cercanas a Cuenca, como Tarqui – Victoria del Portete, Tutupali Chico, Pucaraloma, Buena Esperanza y el Proyecto Nero. Según la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA), en 2015 se descubrió un acuífero subterráneo en el sector. 

El famoso río Yanuncay (al que se menciona en la canción tradicional Chola Cuencana) alimenta la planta de Sústag, la cual abastece de agua al 18% de la población urbana de la ciudad. 

La planta del Cebollar, que abastece a otro 18% de los cuencanos, es alimentada por el río Tomebamba, mientras la planta de Tixán se nutre de los caudales del río Machángara (tocayo del río del mismo nombre que cruza el centro y sur de Quito). La planta de Tixán abastece de agua potable a un 58% de la población de Cuenca. El Machángara azuayo es utilizado para generar por lo menos 39,5 MW en las centrales hidroeléctricas de Saucay y Saymirín, y también contribuye al riego de 1.450 hectáreas de las comarcas cercanas.

El último río del valle cuencano es el Norcay, cuyo sistema hídrico se utiliza sobre todo para la agricultura y la ganadería.

Y todos estos ríos nacen propiamente en los páramos del cantón, en donde activistas sostienen que habría no menos de 200 concesiones mineras, aunque no hay certeza debido a la opacidad del catastro minero.

Dos grandes proyectos en marcha en Azuay

En la provincia del Azuay, la presencia de yacimientos con potencial de ser explotados para extraer metales como cobre, oro y otros, ha motivado una activa presencia de intereses mineros, y, al mismo tiempo, de procesos de resistencia de la población, no solamente en Cuenca, sino en otros cantones vecinos.

En el caso del proyecto Quinsacocha, también llamado Loma Larga, la minera canadiense INV Metals, estima que durante por lo menos 12 años, debería invertir 432 millones de dólares, de los cuales hasta 2019 reportaron haber gastado ya USD 63.9 millones. Los ingresos, en cambio, podrían alcanzar a USD 2,054.6 millones de los que Estado percibiría, siempre según estimaciones de la minera, no menos de USD 669.7 (un promedio anual de US$ 55.8 millones durante 12 años) en impuestos y regalías. Así, la minera aspira a ganar USD 1,384.9 millones.

Las cifras del movimiento de tierra necesario para que funcione este proyecto son gigantescas: se estima que diariamente se deben procesar de 3.000 a 3.500 toneladas de tierra, lo que generará 5.5 millones de toneladas de lodos contaminados en un dique, una gran piscina ubicada en el páramo que, como ha ocurrido en países como Brasil, podría romperse y provocar un alud de proporciones. Todo esto requiere de agua: no menos de 17 litros por segundo. Además, se estima que solo generará 200 empleos directos, mientras que la afectación a los habitantes de los valles más bajos podría alcanzar a no menos de 20 mil personas. Y los páramos en los que se encuentra abastecen a los ríos que bajan al valle de Cuenca, en especial el río Irquis, así como el Tarqui, el Yanuncay y el Tomebamba. 

Por lo menos 200 concesiones mineras habría en los páramos de El Cajas. Foto: Ministerio de Minería

Un proyecto que sí se encuentra en la jurisdicción del cantón Cuenca es el de Río Blanco, ubicado en Molleturo y explotado por la minera china Ecuagoldmining South América S.A. Al igual que el proyecto anterior, se estima que la explotación podría durar no más de 11 años. Se buscan yacimientos de oro, plata y cobre, y la tierra que se debe sacar alcanzaría a las 800 toneladas al día.  Aquí la inversión es menor, de USD 88.8 millones, lo que ya se han gastado USD 21.5 millones. Hasta 2028, se espera obtener de ese proyecto USD 635.56 millones con ingresos para el Estado de USD 193.8 millones (USD 17.6 millones al año). La empresa china ganaría finalmente unos USD 441.76 millones. Se teme que el proyecto pueda afectar a los ríos que salen al mar por la vertiente occidental de la Cordillera y abastecen a Azuay y Guayas. 

En un reciente estudio sobre la minería y la consulta popular en Cuenca, Alberto Acosta y John Cajas concluyen que "Este reto no es solo de Cuenca. El Ecuador entero tiene que movilizarse para que se de paso a esta consulta popular y, además, para conseguir la prohibición definitiva de cualquier actividad extractivista en las fuentes de agua de todo el país. La Consulta Popular que se llevará a cabo en el Cantón Cuenca abre la puerta a la esperanza. Vendrán más consultas cantonales", advierten ambos expertos, quienes señalan que los costos de la remediación que deberá realizar el Estado por los daños ocasionados por la minería a gran escala podrían alcanzar por lo menos 14 mil millones de dólares.

"De las exportaciones previstas por unos 132 mil millones de dólares en 50 años, le quedaría al Estado unos 27 mil millones, es decir apenas un 20%. La diferencia se compone de costos de operación y beneficios para las empresas, que gozan, además, de un sinfín de exenciones y beneficios tributarios adicionales otorgados por el Estado, como la eliminación del impuesto a las ganancias extraordinarias mientras no se recupere la inversión. Además, reiteremos que es práctica común que las mineras incrementen sus costos para ocultar sus ganancias, provocando la reducción de la participación del Estado al minimizar el pago de tributos. También es frecuente que se declaren en quiebra antes de cumplir con sus obligaciones cuando las minas cierran. En ciertos casos, recurren a subsidiaras afincadas en paraísos fiscales y bancarios, por lo que no hay manera de conseguir que asuman su responsabilidad, pues, como se ha demostrado en todas partes, estas compañías son expertas en fraudes de todo tipo, más aún cuando no hay los mínimos controles estatales" advierten.

Las reacciones a la consulta

Para la activista Paola Granizo, integrante del colectivo Yasunidos en Cuenca desde 2013, hay alegría en la ciudad por la aprobación, pues se trata de la tercera propuesta de consulta. Granizo cree que se puede lograr un resultado abrumador por el sí para el rechazo a los proyectos mineros en el cantón cuencano.

Granizo destaca que las áreas protegidas cercanas a Cuenca, que son el parque nacional de Cajas y el área recreacional de Quinsacocha, se encuentran rodeadas de concesiones mineras. Por lo menos el 20% de la jurisdicción del cantón Cuenca están dedicados a las concesiones mineras, destaca la joven. "Los impactos van a ser terribles, pues las concesiones están en los páramos, que son fuentes hídricas", explica la activista. 

En el caso de Girón, tras la consulta en ese cantón, la empresa canadiense que explota el proyecto Loma Larga anunció que acumulará por lo menos 5.5 millones de metros cúbicos en piscinas de contención (relaveras) que, explica Granizo, amenazan los páramos de Cuenca. La activista destaca que esos desechos, debido al tipo de suelo en el Austro, tendrán altos contenidos de arsénico, lo que puede provocar drenajes ácidos de las minas, capaces de contaminar el agua de uso humano.

"Estamos convencidos de que el sí para la protección de los sistemas hidrológicos va a ganar en Cuenca, pues la identidad cuencana está ligada con el agua".

Sobre los reparos que apelan a la seguridad jurídica por parte de algunas de las empresas, Granizo destaca que en Cuenca el único proyecto en explotación es Río Blanco, que fue suspendido por un juez del Azuay al no haberse realizado la consulta popular. En Molleturo también se realizó una consulta que también fue de rechazo a la explotación. En Loma Larga, explica Granizo, aún no hay licencia ambiental. Si bien el dictamen de la Corte es, para la activista, "ambiguo" su lectura es que no pueden continuar los proyectos que están en fases previas a la explotación. 

"En lo político es un golpe contundente contra esas empresas, que da cuenta de que la gente no quiere que se instalen en los territorios azuayos". 

Para el activista y abogado cuencano, David Fajardo, el efecto jurídico de una consulta popular como esta sería la prohibición de los proyectos de explotación de gran minería en el cantón Cuenca, en especial, en cuatro de las cinco zonas de recarga hídrica del cantón Cuenca. La decisión regirá a futuro, por lo que cree que solamente el proyecto Río Blanco podría continuar operando mientras que las demás concesiones quedarían suspendidas por los efectos de la consulta.

Fajardo cree que el sí a la prohibición podría alcanzar en su cantón el 90% de aprobación. Destaca que el catastro minero dejó de ser público en 2018, por lo que no se sabe con certeza cuántas concesiones se han otorgado. Cree que sostener que se afecta la "seguridad jurídica" con una consulta como esta, es una postura que más bien pretende perpetuar los "privilegios jurídicos" de las empresas del sector minero. "Los derechos mineros sobre las concesiones no son iguales que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales", sostiene Fajardo.

De su lado, el ex asambleísta Fernando Vega sostiene que desde el siglo XIX se estableció que el oro que encontraron los españoles en América era producto de la explotación durante siglos de las minas aluviales, que se fueron agotando. De ahí que los nuevos yacimientos de oro requieren de una tecnología masiva e invasiva, que solamente encuentra escasas concentraciones de oro en miles de toneladas de roca y tierra. 

Vega destaca que lo que se ha planteado en el país es una operación destructiva en el subsuelo y la superficie, que ha provocado en Azuay, sobre todo, un conflicto socio ambiental. El ex asambleísta sostiene que en los actuales yacimientos es imposible la minería artesanal, y lo que se plantea afecta a las formas de vida tradicionales en el austro. "Por lo menos el 90% de la población no tiene a la minería en las soluciones a futuro. Solo el 10% restante, de las cámaras de minería e industrias, son quienes apoyan estos proyectos. Estos proyectos no nacen del corazón de los ciudadanos", dice el ex asambleísta. 

Fernando Vega que no se cumplido el mandato constitucional de que por lo menos el 50% de los proyectos debe pasar al Estado. No se alcanzará al 20%, y solo producirá un incremento del 1% del PIB, señala. Para lograr eso, habría que desarrollar los por lo menos 200 proyectos que se estima han sido concesionados, que podrían ser la causa de la destrucción de los páramos de El Cajas. "Todo El Cajas está concesionado. Hay humedales únicos en El Cajas que están en riesgo por el cambio climático como los otros páramos andinos", precisa. La mayoría de las ciudades de la Sierra dependen de los glaciares y los páramos para su suministro de agua, recuerda. La gran mayoría de concesiones están en exploración, y solo la minera china que opera en Molleturo está en explotación, pero ha sido demandada por los pobladores, reitera. 

En los páramos de El Cajas hay lagunas y humedales, destacan los activistas de Cuenca. Foto: Ministerio de Turismo

"Lenin Moreno hizo una pregunta tramposa en 2018 que prohibía la minería en los centros urbanos. Esa pregunta ganó con 80% en Azuay", asegura. Para Vega, la victoria de la prohibición podría alcanzar por lo menos el 90%. Sobre la consulta de Girón, el ex asambleísta destaca que el proyecto Loma Larga recién está nuevamente planteando su proyecto, y el hecho de tener la concesión no garantiza que se llegue a la explotación. 

"Muchos de esos proyectos se van a quedar truncos porque la consulta va a prohibir las minerías a gran escala en las coordenadas colocadas por la empresa municipal ETAPA. La Corte ha creado un laberinto para impedir que le lleguen más consultas, pero ahora su sentencia ha logrado una fiesta. La minera está desesperada porque debe responder a sus accionistas", finaliza.

La postura del empresariado

De su lado, el empresariado se pronunció también sobre el tema. En una rueda de prensa virtual, los principales líderes empresariales fijaron su postura al respecto. 

En el pronunciamiento participaron la Cámara de Minería del Ecuador, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Producción e Industrias. Para María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara, este tipo de decisiones podrían prohibir "la minería responsable, que es generadora de empleo, de regalías y que ayuda al desarrollo local". Asegura que aceptan regulaciones, pero no prohibiciones. 

Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería, puso algunos reparos legales, entre los que mencionó que la Corte basó su fallo en un pedido que contiene un informe de la empresa de agua potable ETAPA, que según la propia Corte, solo se debe ocupar de la comercialización del agua en el cantón. Agregó que la Corte había rechazado solicitudes similares argumentando que no se puede generar vicios al elector. Agregó que las empresas que operan en la zona provienen de países como Canadá, Australia, Perú, Chile, y sus inversiones están protegidas por Convenios de Protección de Inversiones con 15 años de vigencia. El abogado agregó que los resultados de la Consulta se aplicarán a futuro "por lo que las concesiones que ahora ya existen, no tienen por qué afectarse en sus derechos".

Para Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano "lo que requiere el Ecuador son exportación e inversión extranjera para poder mantener la dolarización, y que este tipo de medidas desincentivan ambas".

Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de la Producción, defendió la seguridad jurídica. Mencionó que se han perdido en el país 340 000 empleos y las ventas han caído en al menos $ 20 000 millones por el impacto de la pandemia. Por ello llamó a "no obstaculizar" las actividades productivas. 

Los resultados y los efectos de la consulta se conocerán el 13 de diciembre. Mientras tanto, el río de la canción sigue recorriendo los barrios de Cuenca: "en ti cantan, en ti ríen, las aguas del Yanuncay".