Los consejeros electorales Esthela Acero y Luis Verdesoto llegaron en el primer vuelo de la mañana a Cuenca ese miércoles 21 de abril de 2021 para entregar las credenciales a los asambleístas electos, pero también para entregar, oficialmente, al Concejo Municipal de la ciudad y al alcalde, Pedro Palacios, los resultados de la consulta popular. Estos datos consignaban un momento histórico: el 80,9% de 435.936 votantes había rechazado que existiera actividad minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay, zonas ubicadas en los paramos del cantón Cuenca.

Ante el Concejo reunido en pleno, Verdesoto entregó los resultados en medio de efusivos aplausos, en la sala de sesiones del Palacio Municipal, ubicado frente al Parque Calderón, la plaza mayor cuencana. Ahí, Verdesoto hizo su último acto público luego de su renuncia ante el CNE tras la segunda vuelta electoral, y dijo a los dirigentes cuencanos que "este es el más importante acto de la democracia ecuatoriana, porque es una forma democrática y correcta de resolver delicados problemas como este", refiriéndose a la llamada consulta antiminera. 

El alcalde Pedro Palacios recibió los resultados. El espigado dignatario culminaba así un proceso que había tomado meses, casi toda la pandemia, para conseguir una aspiración sentida durante décadas por la comunidad cuencana y azuaya. Azuay está orgullosa de sus fuentes de agua y sus ríos y ese ha sido su caballo de batalla por mucho tiempo. "Si pudiéramos siempre preguntar al pueblo, para que decida sobre las cosas trascendentales, el destino de los países sería espectacular. No siempre es posible. Sin embargo, al ser un tema tan específico e importante para nosotros, y cuando de por medio está el tema económico, para nosotros el tema está claro: el agua es vida. En febrero del 2019 yo tuve un compromiso con mi ciudad a encontrar los caminos que fueran necesarios para proteger las fuentes de agua", dijo Palacios a Plan V.

La promesa de Palacios en el 2019 no fue un hecho aislado. En ese año de elecciones seccionales la Prefectura del Azuay fue ganada sorpresivamente por el activista antiminero, líder indígena y defensor del agua, Yaku Pérez. Su campaña fue modesta y artesanal y su símbolo fue una gota de agua. Entonces, simbólicamente, el agua llegó al poder. Dos años después, Palacios reconocería que la victoria en la consulta del 2021 fue logro de la gran mayoría de cuencanos, de muchísma gente.

El centro histórico de Cuenca. En primer plano, la "nueva" catedral cuya construcción duró más de un siglo y es el único templo, de las decenas que hay en el centro, que no tiene campanarios, por una falla de ingeniería  estructural.

Arriba, el río Tomebamba, cerca del centro histórico, uno de los cuatro ríos que cruzan la ciudad. Abajo, el río Yanuncay, a la altura del parque Paraíso. Ambos ríos se originan en el páramo de El Cajas.

El alcalde dijo en ese acto que "no estamos en contra de la minería. Cuenca es una de las ciudades más industriales del país, y una de ellas es la cerámica, que requiere de explotación minera no metálica, lo mismo que el material para la construcción. No podemos ser incoherentes y decir no a la minería y al mismo tiempo esperar el desarrollo de la ciudad; en lo que hemos sido claros es que estamos a favor del agua, lo cual significa que donde existan zonas de recarga hídrica, fuentes de agua, por más que haya toneladas de oro, no compensa lo que significa la vida. Eso no tiene precio. Ahora, por fuera de las zonas de recarga, estoy convencido de que con las nuevas tecnologías se pueden generar actividades de extracción sin causar mayor impacto". 

¿Cómo se llegó a esto? Plan V realizó la reportería en la zona para entender los antecedentes de este largo proceso de lucha por el agua y las consecuencias de esta consulta popular. Y para conocer a los personajes que lo hicieron posible.

I. Veinte años de lucha

Lauro Sigcha vive en la parroquia Tarqui, al sur de Cuenca. Su casa es de techo de teja, paredes de ladrillo y ventanas y puertas de madera; está pintada de amarillo, es luminosa y cálida y está al pie de la carretera Panamericana. En su cocina reinan un horno de leña y cuatro gatos, a los que Lauro llama "los protectores". Él lleva casi 20 años de lucha en contra de la minería y a favor de la agricultura familiar-campesina. Las organizaciones campesinas e indígenas iniciaron hace dos décadas, en la zona de Tarqui y Victoria del Portete, una resistencia ante el proyecto minero Quimsacocha, que luego se llamaría Loma Larga. Ese primer nombre identificó a esta zona, que es ganadera, lechera y agrícola. Por este valle productivo pasa el río Tarqui, uno de los cuatro que cruza la ciudad de Cuenca y cuyas aguas se forman en el páramo de Quimsacocha.  Ahí, en Tarqui, hay un sistema comunitario de agua potable, que sirve a más de tres mil familias de las dos parroquias.  Hay mucha preocupación de que esa fuente de agua sea contaminada por la minería y pierdan no solo el agua para consumo humano sino para la gandería y el riego. 

Lauro Sigcha, dirigente indígena y campesino de Tarqui, en la ciudad de Cuenca. Está sentado en la sala de su casa, que está llena de plantas. Abajo, la cocina y una panorámica de su casa.

Fueron Federico Guzmán, Carlos Pérez Guartambel (quien luego cambiaría su nombre de pila a Yaku "Agua") los primeros que levantaron las luchas sociales. Luego, producto de esa resistencia se fundó la FOA, que es la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay. Lauro Sigcha fue su presidente entre el 2009 y el 2013, en la etapa de mayor virulencia del gobierno correísta en contra de las organizaciones indígenas y los activistas antimineros.  La FOA aglutinó a las comunidades en esa lucha.

El líder campesino dice que los resultados de la consulta de Cuenca "no tienen los efectos de suspender los proyectos", lo cual es su propósito estratégico. Los resultados no van a parar la "avalancha" que se viene con los proyectos Río Blanco y Loma Larga-Quimsacocha, dice. Estos siguen avanzando en su proceso de exploración. Sigcha dice que las mineras confunden a la gente, les dicen que la minería va a generar mucho empleo y beneficios, "comprando conciencias a través de proyectitos, entregando máquinas, plantas...". Para él, la conciencia del Azuay ha crecido en cuanto a proteger las fuentes de agua, él cree que ahí está la fortaleza de esta consulta del 7 de febrero. 

"Ocho de cada diez cuencanos rechazaron la minería metálica a gran escala en fuentes de agua, de los cuatro ríos de Cuenca. Ese dato significa que la gran mayoría de cuencanos, gente urbana y sobre todo joven, se manifestó democráticamente por proteger las zonas del páramo. No solo es en el voto. Hay un movimiento activo en favor del ecologismo, de la agricultura orgánica, de la defensa del agua...".

Las mineras, dice Sigcha, nos meten el cuento de que si no hay minería legal a gran escala habrá minería ilegal y violencia, "pero son cuentos, en las mismas comunidades estamos conscientes de que no podemos permitir ningún tipo de minería en las fuentes de agua, estas son intocables, sin agua estas zonas se mueren".

En la zona hay más de tres mil familias, hay en la región dos fuentes de agua y muchos sistemas de riego natural. Del valle donde viven Sigcha y su familia salen todos los días 300 mil litros de leche y la gente se dedica a la ganadería y a la agricultura de consumo. Pero hay un dilema: el consumo de los productos lácteos ha caído. Por la pandemia y por una campaña abierta o soterrada que afirma, en las zonas urbanas, que la leche y sus derivados causan daño a la salud.  Eso desestimula la actividad de los pequeños productores. En la zona, los intermediarios pagan a los productores 28 centavos el litro de leche y al consumidor llega más de 80 centavos.

Lauro Sigcha hace quesos, yogur, y arma canastas agroecológicas con los productores del valle para venderlas; también coordina un vivero para educar y regalar plantas de todo tipo. La falta de empleo fijo es una oportunidad para que la gente produzca sus propios alimentos, y no deje el campo. "Si la gente deja el campo, es más fácil que entre la minería; el oro con que nos quieren atraer es un beneficio de poco tiempo y para pocos, el agua y los alimentos son para siempre", dice el dirigente. Pero eso no cambia la realidad. el precio de la leche cae porque la industria lechera es un oligopolio, y faltan industrias procesadoras en la región y ahora ha disminuido la calidad de la leche, porque los intermediarios e industriales usan suero para mezclar con la pura y venden como si fuera leche. 

El vivero está a medio kilómetro de la casa de Lauro Sigcha, distancia que el dirigente recorre por la Panamericana en su bicicleta. Su figura menuda cubre ese recorrido rápidamente. Por lo general sus trayectos cortos los hace en el caballito de acero, aunque también tiene su camioneta doble cabina para las actividades más pesadas. El vivero se ubica en un terreno de unas cuatro hectáreas y se llama Agro Kawsay. Ahí Sigcha da una pequeña cátedra de agricultura familiar: esta zona tenía capulí y mora. Los abuelos eran sabios y sembraban árboles frutales que sus hijos y sus nietos cosecharían. Los linderos eran con pencos, del cual se saca el chaguarmishqui, una bebida refrescante y festiva. La zona estaba llena de trigales, maíz, fréjol, pero entonces llegó la ganadería para tumbar toda esa diversidad para sembrar pasto. La idea del vivero es recuperarla.

En Agro Kawsay se levanta una edificación pequeña de un solo piso y los voluntarios, jóvenes sobre todo de la FOA, realizan mingas para levantar el resto de la infraestructura del vivero. Uno de ellos, tecnólogo, está apoyando las labores entre semana. Es Francisco Shagüi, presidente de la juventud de la FOA y tiene 29 años de edad. Dice que todo su trabajo está encaminado a luchar en defensa del agua. En la parcela, los jóvenes trabajan en capacitación en riego, forestación, sembríos. Son 21 personas las que actúan en el proyecto.  El busca que "los jóvenes hoy en día también sean conscientes de que la naturaleza es algo sagrado que no se debe tocar, y mientras trabajemos en comunidad es más bonito". Al lugar también lo llaman la Casa de la Semilla.  "Los jóvenes, dice el dirigente, estamos prestos para trabajar en cualquier ámbito social, cada aporte es un grano de arena para aprender y relacionarnos en la defensa de la naturaleza".

II. Una veta tan grande como la avenida Naciones Unidas

El gerente general de INV Minerales Ecuador S.A es Jorge Barreno, un ingeniero geólogo de 58 años que lleva tres décadas en la industria, y ahora está al frente de Loma Larga, el proyecto minero a gran escala que está en el ojo del huracán. Barreno fue quien descubrió las vetas de Río Blanco y Quimsacocha y ahora está a cargo de la empresa minera ecuatoriano-canadiense lleva dos décadas invirtiendo en el proyecto, que solo espera el permiso para desarrollar la mina subterránea, lo cual significa cavar las rampas y toda la estructura bajo tierra. Loma Larga es un depósito mineral que contiene oro, plata y cobre. El depósito o veta es un cuerpo plano, en forma de cigarro con una longitud de aproximadamente 1.600 metros de norte a sur por 120 metros a 400 metros de este a oeste y hasta 60 metros de espesor, comenzando aproximadamente 120 metros debajo de la superficie, dice la información oficial de la empresa. Para que un quiteño lo visualice mejor, aproximadamente la superficie de la avenida Naciones Unidas y sus alrededores. 

Jorge Barreno, ingeniero geólogo de 58 años. Gerente general de la minera canadiense INV Metals, que lleva adelante el proyecto Loma Larga. Posa en su oficina en el centro norte de Quito.

A finales de marzo del 2020 se dieron a conocer las reservas minerales probadas: 13,9 millones de toneladas de roca, unos 5,5 millones de metros cúbicos. Estos contienen 2,6 millones de onzas de oro equivalente que incluyen: 2,2 millones de onzas de oro, 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre.

El estudio de factibilidad determinó que los gastos iniciales de capital de preproducción se estimaban en USD 316 millones, con un capital de mantenimiento e inversión durante la operación minera de USD 71 millones y cuyos costos de cierre de la mina y rehabilitación serían USD 22 millones (incluidos impuestos y aranceles). La mina tiene proyectados 12 años de vida útil. La producción minera anual promedio se estima que será un promedio de 289.000 onzas equivalentes de oro extraídas durante los cuatro primeros años. La compañía generaría exportaciones por USD 4.500 millones de dólares por los 12 años de operación. La producción inicial diaria de mineral se estima en 3.000 toneladas por día, generando aproximadamente 1'095.000 toneladas de mineral anualmente.

Barreno, en diálogo con Plan V dice tener confianza en que, luego de la consulta —cuyos resultados no son retroactivos y ratifican la operación de su proyecto, dice— se deben respetar el debido proceso y la buena fe. "Esta empresa ha creído en el país mas de 20 años, ha realizado inversiones por 75 millones de dólares en Loma Larga. Los títulos mineros nos lo entregó el Estado ecuatoriano hace 20 años, están vigentes, son derechos preestablecidos, son inversiones ejecutadas en la zona". 

El gerente de Loma Larga acude como respaldo al dictamen de la Corte Constitucional, que dio paso a la consulta en Cuenca, en el cual se asume que los derechos adquiridos, la seguridad jurídica y el derecho al trabajo es "un espaldarazo a las empresas que tiene sus títulos mineros a seguir con sus proyectos. La Corte determinó que cualquiera que sea el resultado, este debe aplicarse en el futuro. Determinó qué se considera actividad minera y en ese contexto no le dio potestad adicional al Municipio de Cuenca". 

Para el gerente Barreno, la minería tiene que ser bien hecha técnicamente y según eso no existe posibilidad de que haya contaminación de fuentes de agua en Loma Larga. "Cada uno de los procesos técnicos tiene una base científica, el proyecto es de minería subterránea. En el proyecto ningún tipo de desecho o efluente de nuestra actividad irá a ningún río del cantón Cuenca ni a fuente de agua alguna", asegura. No se usará cianuro en el proceso de extracción y no se necesitará productos ácidos tampoco. Como mina subterránea, se espera que la incidencia en la superficie del proyecto sea mínima: menos de 65 hectáreas a 125 metros de profundidad. 

La empresa dice que colabora con las comunidades del área de influencia directa, ejecutando más de 40 emprendimientos sostenibles con la población local, 30 convenios de asociaciones comunitarias, con un enfoque y priorización de jefes de familia y personas en situación de vulnerabilidad. Esperan generar 900 empleos directos y 2.500 indirectos en la etapa de construcción de la mina; y en su operación unos 500 empleos directos. Pero, además, destaca Barreno, estiman que Loma Larga brinde oportunidades para que las empresas ecuatorianas locales suministren bienes y servicios por más de USD 150 millones durante la fase de construcción y USD 571 millones durante las operaciones en la vida útil de la mina. El gerente estima que alrededor del proyecto se pueden activar unos 5.000 proveedores. 

La mineralización en el Ecuador se da en sulfuros, explica el gerente. Los minerales están asociados con sulfuros y la mejor manera de extraerlos es con un sistema de flotación. El promedio de concentrado de minerales dentro de la roca mineralizada es del 10%. Es por ello que de 3000 toneladas por día, 300 serán concentrado de mineral, el cual se exporta. Más del 50% de este material extraído regresarán a rellenar las zonas de explotación, dice Barreno, para "dar estabilidad y reducir cualquier tipo de impacto en la superficie". 

La empresa estima que los impuestos y beneficios del proyecto Loma Larga serán unos USD 931 millones, al precio actual de los metales. En la fase de explotación, el impuesto a la renta corporativa que generaran sería de USD 386 millones.

III. A orillas del río Irquis

Miriam Machuca es vocal del GAD de Victoria del Portete, una de las parroquias que resolvió no aceptar ni una sola de las ofertas de la empresa minera que esta por explotar Loma Larga. Ella prefiere conversar, no en su oficina que está junto al parque central sino un kilómetro más allá, a orillas del río Irquis, el cual desemboca en el río Tarqui y que baja a Cuenca. Bajo el sonido del agua del río que choca con las rocas, vestida a la usanza tradicional, ella declara: sin el agua no se puede vivir.  Suena elemental, algo que es tan evidente y natural, pero la lucha por mantener limpias sus fuentes de agua les ha tomado más de veinte años. El agua es bendita, dice, la que viene desde Quimsacocha y no vamos a permitir que la minería nos la contamine, "eso no lo vamos a permitir, y yo como autoridad local estoy en la defensa del agua no permitiré que nos estén manipulando en el GAD parroquial, cuando dicen que la minería es buena". ¿En qué lugar la minería es buena?, se pregunta. Yo les he dicho a los jóvenes, continúa, que deben salir a luchar, porque si no defendemos el agua, qué vamos a dejar para nuestros hijos. 

Miriam Machuca, vocal de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, una de las parroquias que se ha negado a recibir regalías de la empresa minera. Abajo, ella se dirige a su oficina en el GAD, junto al parque central. En Victoria del Portete empezó, hace 20 años, la resistencia contra la minería metálica a gran escala.

Ella estuvo en la campaña presidencial de Yaku Pérez, el líder indígena que nació a la política precisamente en esa zona del cantón Girón, por la defensa del agua y contra la minería. Machuca está convencida de que a Pérez le hicieron fraude, pero eso no significa, aclara, "que vamos a dejar de luchar en la defensa del agua y de la naturaleza. 

Una de sus luchas es precisamente mantener a la parroquia fuera de las ofertas mineras. "Al compañero presidente del GAD le llaman, le ofrecen cosas, pero él no está para recibir las regalías que nos ofrecen. También ofrecen mangueras a las comunidades, pero nosotros no lo aceptamos. A mi me han puesto para defender el agua y no para estar recibiendo regalías de la minería, porque nada bueno nos trae eso. Es pan para hoy y miseria para mañana".

El Irquis nace en Quimsacocha y allá viajó ella a mediados de abril, para ver cómo la empresa ha puesto señales para seguir con el trabajo. Hay gente trabajando, y "el puma solo está dormido", dice. "Muchas compañeras y compañeros fueron a la cárcel, golpeados, arrastrados, solo por defender el agua, y es para todos los ecuatorianos. Los mineros dicen que no contaminan el agua, pero solo es por la plata. Todo es mentira", ¿por qué no vienen a la parroquia y muestran los daños que se hace en el mundo?, dice.

Miriam Machuca trabajó en la agricultura y la ganadería desde niña, junto a su madre. Ahora que trabaja en el GAD no deja de atender sus sembríos ni a los animales, lo cual hace muy temprano. Ella no se confía en la consulta de Cuenca: no es tan viable, hay mucho billete que meten y no hay que creer. El presidente electo Guillermo Lasso dice que no se tocarán las fuentes de agua en el Azuay, pero no podemos confiar, porque las autoridades dicen eso por delante pero por atrás siguen en la minería. 

El río Irquis sigue su curso hasta desembocar en el Tarqui. Esto crea un sistema de riego natural para los pastos que permite el desarrollo de la ganadería y también para la agricultura de consumo. Abajo, una mujer junto a sus pequeños hijos lava la ropa en las aguas cristalinas del Irquis.

Del escepticismo de la dirigente de Victoria del Portete, se pasa a la convicción de Patricia Mogrovejo, presidenta la FOA. Ella vive en una casa situada en la parte baja del valle que lleva a Girón. La FOA es parte de la Conaie y es una de las organizaciones más fuertes de la Sierra Sur del Ecuador. Pero no habla como dirigente, sino como usuaria de un canal de riego, el cual da servicio de cientos de usuarios del valle. Las comunidades nos organizamos contra la minería, llevo veinte años en esto, dice. La Federación se consolidó en esa lucha. En el 2012, fue parte de los empeños porque se de una consulta en el cantón Girón, sobre la minería, pero no se les aprobó. Lo consiguieron en el 2019, en las mismas elecciones en que Yaku Pérez fue electo prefecto del Azuay. "Eso no significa que nosotros hayamos ganado, dice.  Porque las mineras siguen trabajando, mantienen arriba la paja, forestando, limpiando la vía. Ellos no han abandonado el lugar.

Patricia Mogrovejo, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, organización que pertenece a la Conaie y es una de las más fuertes del Sur del país. Ella vive en la zona rural del cantón Girón, que en el 2019 votó contra la minería metálica en una consulta popular.

Pero el cantón Girón no cuenta con organizaciones, solo hay comunidades. Ella dice que la empresa minera ha entregado diez mil dólares a la presidenta del GAD de San Gerardo para que compre una refrigeradora para tener las vacunas. Y los de San Gerardo siguen apoyando a la mina, pero el resto están en contra, dice. "Es bonito lucir las joyas, los anillos, los zarcillos. Pero imagínese arriba lo que son las lagunas, destruyéndose se acaba totalmente esto". Ella estira la mano y muestra "la canal" de agua que llega hasta el barrio Las Rosas, de Girón. En el verano toditos regamos con esta agua, si no hubiera "esta canal" no hubiera agua ni para las gallinas, sentencia. 

Ella recuerda los años de lucha en contra de la minería. Los paros, los ultrajes de la policía, los golpes y carcelazos, las críticas de las mismas comunidades y vecinos, "pero yo lucharé hasta el último; no me dejaré convencer porque los señores de la mina sí me han llamado, me han querido dar dinero, me dicen que dando el dinero me haga a un lado y no diga nada; del señor (Andrés) Arauz me llamaron, lo mismo del señor (Guillermo) Lasso, me pidieron que los apoye. Pero yo soy una madre de familia y tengo mis hijos, y lucho por ellos, no para los señores políticos sino para toda una generación". 

IV. La academia nunca fue consultada

El campus de la Universidad del Azuay, en Cuenca, luce moderno pero abandonado. Solo un guardia toma la temperatura para ingresar a un conjunto armonioso de edificios de ladrillo visto, grandes ventanales de líneas modernas. Leonardo Núñez, de 58 años, es el director de la Escuela de Geología y Minas de esa universidad. La única en su especialidad en una región históricamente minera. Núñez abre el laboratorio de la Escuela para mostrar los equipos y las aulas donde se preparan los futuros profesionales geólogos y mineros de la zona de la sierra centro y austral. Geología y Minas solo hay en la Central del Quito, la Politécnica Nacional, la ESPOL y la U. de Guayaquil, y en las dos universidades de Loja. En el laboratorio de la U. del Azuay permanecen varias maquetas gigantes de tipos de minas y sus procesos, hay muestras de minerales de todas partes del mundo, varias máquinas que funcionan para enseñar y practicar los distintos modos de procesamiento... Él cree que el tema de la consulta popular fue manejado políticamente, "a la academia jamás se le consultó nada. El tema se lo manejó políticamente". El que no se los haya tomado en cuenta sorprendió a las autoridades académicas, porque la escuela tiene firmados convenios con ETAPA, para realizar, precisamente, la investigación de una probable contaminación que podrían generar los proyectos a los que fue dirigida la consulta: Loma Larga y Río Blanco".

Leonardo Núñez, de 58 años, es el director de la Escuela de Geología y Minas de la universidad del Azuay.

El alcalde pudo consultar a todos los entes que hacen minería en la zona y poder conversar de un tema técnico, dice el director. Para él, la intención del involucramiento del alcalde y su administración tenía de fondo la necesidad de subir en las encuestas. La ciudadanía, dice, "fue a votar sobre un tema confuso, con problemas incluso como que la autoridad única del agua es el Ministerio del Ambiente y Agua, y quien dio los planos referenciales en la petición que se hizo a la Corte Constitucional fue ETAPA, que no es el organismo que maneja esto. ETAPA no puede estar por encima del ministerio del Ambiente, el cual nunca se pronunció".

Núñez dice fundamentarse en una visión técnica, y sostiene que "una minería responsable, llevada a cabo con los más altos procedimientos tecnológicos, no puede provocar contaminación. Es más, ¿por qué no se nombra una veeduría ciudadana para vigilar el proyecto? ". Fue una consulta mentirosa, dice y se está poniendo un alto a una actividad que produce y produciría muchísimos recursos para el cantón Cuenca. Destaca de ello la generación de empleo y la activación de la economía a escala para miles de proveedores. Núñez defiende los estándares ambientales y sociales de la empresa canadiense INV Metals, que opera en Loma Larga.

El otro tema importante para el decano es la transmisión del conocimiento de los proyectos hacia la academia. La Escuela de Geología y Minas gradúa los ingenieros en minas que sirven a la industria y a la sociedad, pero les toca ahora buscar trabajo en otros sectores, porque en Cuenca se les ha cerrado las puertas con esa consulta. Él también coincide en que la consulta no es retroactiva según la Corte Constitucional y los proyectos tienen que continuar, y ellos estarán pendientes de que eso ocurra.

Para él no es verdad científica que la minería que se hará en Cuenca no es contaminante. Loma Larga, dice, es uno de los proyectos que más ha sido estudiado en su impacto en aguas superficiales y subterráneas. Hay cerca de 200 estudios, de consultoras privadas, públicas y la misma academia lo han hecho. La empresa canadiense tiene un convenio con el PROMAS (Programa de manejo del agua y suelo), de la Universidad de Cuenca. Por años, la Universidad ha trabajado por años en la zona, y su Escuela, dice Núñez, también ha investigado el tema. "Las tecnologías ahora son limpias y ese dilema de agua o minería es una mentira. Nosotros decimos agua y minería. A nadie se le puede ocurrir en el Azuay estar a favor de una industria que contamine el agua, nunca. En nuestro sistema de estudios tenemos un eje transversal que se refiere el agua y la parte ambiental y social".

Toda actividad humana es contaminante, reconoce Leonardo Núñez. Toda industria provoca impacto, y no se diga la minería, pero es posible controlarlo y minimizarlo. Y esto no se dice con la suficiente contundencia porque la academia no ha sido consultada, reclama. 

"La consulta es un mensaje al mundo, porque es un tema de inseguridad jurídica. ¿Cómo puede ser que una empresa, de la seriedad de la canadiense, que ha pasado veinte años en el país e invertido decenas de millones de dólares, con títulos mineros vigentes, ahora resulta que viene el Estado, hace una consulta y le dice vaya nomás, gracias?  Esta debe ser una política de Estado, y todos los días los políticos hablan de que venga la inversión extranjera, pero estas señales hacen que suceda todo lo contrario", dice Núñez. "Los miles de millones de dólares que genera la minería no se los consiguen con el turismo ni la agricultura, señala. La minería es un remplazo del petróleo y mañana de qué vivimos en el Ecuador. Este país es lo que es por la explotación petrolera. El Ecuador dio un salto a la modernidad por el dinero que ingresó del petróleo, y se espera, con las debidas rectificaciones, que la minería nos lleve a una nueva etapa, más avanzada,  de desarrollo nacional, asegura. Y la minería debe ser la actividad más controlada en el país, y si no hay minería legal habrá minería ilegal".

En Río Blanco, el otro proyecto en Azuay, zona que fue tomada por las comunidades y sus instalaciones incendiadas hace tres años, ahora no puede entrar ni la policía. La empresa china que desarrollaba el proyecto demandó al Ecuador por USD 450 millones de dólares, que es el 50% de lo que la mina iba a generar como ganancias, fuera de impuestos. "Nadie puede entrar a esa mina, y han pasado varios ministros de gobierno y hasta el momento nadie entra. Este es un estado dentro de otro estado", dice Núñez. "Si nosotros no auspiciamos la minería legal, vendrán los ilegales y tendremos en Cuenca un Buenos Aires 2 y un Buenos Aires 3 y con todo el peligro que eso significa. ¿Quién va a controlar a miles de personas, en una superficie de dos mil hectáreas?", se pregunta.

V. Ahora es mucho más fácil ser minero ilegal que legal

El presidente de la Cámara de Minería del Azuay y vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería, Patricio Vargas, tiene su oficina en el cuarto piso de un edificio céntrico de Cuenca. Es un abogado especialista en resolver conflictos mineros. Y como tal, tiene serias dudas de la aplicación de las preguntas de la consulta popular. Este dirigente gremial dice que hay cámaras de pequeña minería en varias provincias donde se desarrolla la industria, "por la que siempre se lleva el protagonismo es la Cámara de Minería del Ecuador, en Quito". Hay cámaras cantonales en Cuenca, Zaruma, Portovelo, Pasaje, Riobamba... Están agrupadas en la Cámara Nacional. A ella pertenecen los que hacen minería, así como profesiones vinculadas, como ingenieros, abogados, comerciantes... Antes eran muy fuertes, pero en el momento en que la afiliación dejó de ser obligatoria, bajaron su protagonismo. "Esperamos con este nuevo gobierno tener un mayor papel en la política pública".

Las cámaras sirven para dar asesoría, patrocinio, defensa gremial, capacitaciones... tratan de ser interlocutores entre el gobierno y la industria, básicamente cuando se trata de implementar nueva normativa. "Ahora estamos en un desastre total, es una fatalidad lo que pasó con las Agencias de Regulación, con decir que aquí en Cuenca ya son ocho meses que la Agencia de Regulación y Control no tiene técnicos: ¿cómo hacen control de minería ilegal sin técnicos? Vargas tiene en su despacho denuncias de minería ilegal de más de un año, que no han sido atendidas. Por eso, dice, la minería ilegal campea y los sectores formales, los que cumplen las normas, las exigencias, pagan impuestos y todo eso, se sienten impotentes: a veces piensan que ahora es mucho más sencillo ser minero ilegal que legal. Eso lo evidencia la Cámara por la cantidad de denuncias que han realizado a las autoridades de control, que nada hacen, por cierto.

Patricio Vargas, abogado, presidente de la Cámara de Minería del Azuay y vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería. Denuncia inacción e indolencia de la agencia de regulación y control minero para impedir que en la zona impere la minería ilegal.

Vargas está vinculado profesionalmente al distrito minero de Camilo Ponce Enríquez, el cantón más occidental del Azuay, ubicado en la costa ecuatoriana, a tres horas de Cuenca. Es el corazón minero del Azuay y una de las pocas ciudades que ha duplicado su número de habitantes, por la minería. Ahí solo hay inmigración, de nacionales y extranjeros que encuentran siempre un sustento y algún tipo de trabajo. Aunque su población es cercana a los diez mil habitantes, Vargas calcula que la población fluctuante supera los 15.000. Ahí están las áreas mineras Bella Rica, La Fortuna, San Gerardo, La Rica, San Antonio, La Unión... Por lo pronto, el abogado Vargas está atendiendo un intento de devolución de áreas mineras al Grupo Isaías, las que fueron incautadas por el gobierno de Rafael Correa y que pasaron a manos de la Empresa Nacional Minera. Pero en el 2019 apareció un ciudadano peruano, reclamando las áreas, cuenta Vargas, aduciendo ser representante de la empresa Oromining, que a su vez era representante de Gaby Panamá y Guadalupe Mining Corporation, a las cuales el gobierno incautó las concesiones. Con el auspicio de Ricardo Noboa Bejarano se presentó una acción de amparo constitucional en Guayaquil. En esta acción, dice Vargas, nunca se citó al Ministerio de Energía y Minas. Se tramitó el proceso en abril del 2019 y en la sentencia la jueza dispuso que se violaron los derechos de las empresas y ordenó que se restituyeran las concesiones mineras Río Tenguel y otras cinco concesiones. Se ordenó la restitución y dispuso que las autoridades devuelvan los derechos a estas empresas. Hubo recursos de apelación, se confirmó la sentencia, pero casi al año se hizo constar una área más, Muyuyacu. Para ello se pidió una modulación de la sentencia. Lo cual admitió la jueza.

El problema es que la ENAMI EP había ya regularizado más de 44 labores mineras dentro de la concesión minera Muyuyacu, permitiendo que se beneficien directamente un aproximado de 923 personas de la zona (técnicos, obreros, administrativos u otros), recibiendo todos los beneficios de ley, protección, seguridad, salud, entre otros; y, aproximadamente 3000 personas se benefician indirectamente de la actividad minera.

El presidente de la Cámara de Minería afronta problemas como estos. Y es, sostiene, porque la Agencia de Control Minero no hace su trabajo, "cunde la minería ilegal". Necesitamos que se cumpla lo que dice la ley, pero no se cumple, dice Vargas. Nadie desaloja a los que no tienen autorización legal para trabajar en un sitio. La minería legal se da en Ponce Enríquez y es la gente que salió de Buenos Aires, en Imbabura. Y esa gente también está en el abandonado proyecto Río Blanco, en el Azuay. "Son como abejas, dice el director de la Cámara, que buscan en las minas el sustento". En Sigsig caminan diez horas para llegar a la mina y sacan el material mineralizado a lomos de mula hasta llegar las procesadoras ("chanchas") que están en la zona de El Oro.

El tema de la consulta es político, dice este abogado minero, "y eso nace en parte por un error nuestro". El admite que los ambientalistas les ganaron la partida, hace rato. Llegaron a posicionar en el imaginario de la gente que la minería equivale a destrucción y a contaminación. El agua de Cuenca no está en peligro por la minería, dice, la cual ya está afectada por el avance de la frontera agrícola, el ganado suelto en los páramos, las quemas de los cerros. Las hosterías, los criaderos de truchas explotan y contaminan el recurso agua, sin planificación, agrega. "Le he dicho a Pérez Guartambel: ¿cuándo va a controlar a los campesinos que queman los cerros, a esos ganaderos irresponsables que botan el ganado y lo recogen cada año solo cuando necesitan plata?". La pezuña del ganado es lo que más daña el páramo, dice.

La pregunta de la consulta fue un engaño, dice. Vargas la muestra impresa en una copia muy grande, para mejor exposición. La pregunta fue:

¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA EP? Sí o No.

Vargas muestra una de las preguntas de la consulta popular del 7 de febrero, copia que ha cubierto de plástico y que contiene los señalamientos del presidente de la Cámara.

Las cuatro preguntas restantes tenían el mismo texto, pero con una diferente zona de delimitación, cambiando el nombre de los ríos por el Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay. Vargas hace notar que si el fin era proteger el entorno ambiental, ¿por qué solo se prohíbe la minería?, ¿por qué no se prohíben todas las actividades dañinas como la ganadería, la agricultura?, ¿qué pasa con la explotación minera no metálica? Cualquier actividad minera mal realizada causa impactos ambientales, la minería de materiales de construcción también dañan las fuentes de agua, dice Vargas. 

Ahora, la consulta prohibió la minería metálica a gran escala, cuando la ley permite también minería artesanal, pequeña y mediana. "Como minero es para mi sencillo pedir que se me otorgue una concesión para mediana minería, la cual no está prohibida". Más de 3000 tm al día de explotación es gran minería. Paro, dice Vargas, puedo mover 1500 toneladas al día, y en vez de durar cinco años el proyecto durará diez. En la zona de recarga hídrica del río Tarqui cambiaron la pregunta sobre minería a gran escala y pusieron minería mediana, porque el objetivo no era cuidar el ambiente, sino bajarse los proyectos Loma Larga y Río Blanco, señala. 

Tras la consulta, mucha inversión extranjera en minería está dudosa, reconoce el dirigente minero. Si vamos a seguir con las consultas, significa que vamos a tener dificultades; nadie va a querer invertir, por la inseguridad jurídica. El pronunciamiento de la Corte Constitucional señala que los efectos de la consulta serán solo hacia el futuro, y por tanto no tienen efectos retroactivos. Esto significa que no solo lo que ahora está en exploración y explotación, sino todas las concesiones están vigentes, dice Vargas, en cualquier etapa de los proyectos. 

VI. Así se fraguó la consulta de Cuenca

El Cabildo por el Agua de Cuenca se armó luego de un largo proceso de resistencia en favor del agua en el Azuay. Los años 90 del siglo pasado fueron el punto de arranque. Era entonces una lucha campesina e indígena, desde las comunidades. Pero luego Cuenca, sobre todo las organizaciones sociales y juveniles, se incorporaron a esta lucha. Antes del Cabildo había la Coordinadora por el Agua y por la Vida y otros espacios de articulación. En el 2015, por iniciativa de dos concejales de Cuenca se convocó al Cabildo por el Agua, que reunió a todos los sectores que luchaban por el agua, contra la minería y por los páramos, para consolidar una agenda común. Ese primer Cabildo duró hasta el 2016. El 11 de agosto de ese año, Jorge Glas, entonces vicepresidente de la República, llegó al Azuay con un grupo de autoridades nacionales e inauguraron la fase de explotación del proyecto minero Río Blanco, uno de los cinco proyectos que ese gobierno había declarado como estratégicos para el Estado. La declaración enervó al sector de defensa por el agua. La actitud de Glas, que no tomó en cuenta ninguna de las agendas disidentes, fue un aglutinante de la resistencia. En el 2017, las organizaciones por el agua refundan al Cabildo con mayor participación de las organizaciones sociales, sin las autoridades locales. 

David Fajardo, abogado ambientalista, forma parte del colectivo YasUnidos y dirige el Cabildo Por el Agua de Cuenca, cuyo activismo fue clave para lograr el amplio triunfo en la consulta popular.

David Fajardo es abogado, director de Yasunidos en Cuenca. Preside ahora el Cabildo por el Agua. Él cree que la consulta fue muy importante, porque demostró que la voluntad de Cuenca es que la minería no se dé en ninguno de los ecosistemas que permiten la generación del agua. El acto electoral fue una forma de consulta previa e informada a toda la población cuencana sobre la minería y, por tanto, tiene que ser completamente vinculante. Si Cuenca le dijo no a la minería eso es lo que debe pasar, dice Fajardo. Para este activista, el legado de la consulta es una lucha contra el centralismo. La decisión de Cuenca es un mensaje contundente al centralismo con el que se ha manejado el país: Cuenca está decidiendo que no quiere ser un distrito minero, que no quiere ser un territorio de sacrificio ecológico y por tanto, en Cuenca se requiere un distinto modelo de desarrollo, de acuerdo a los límites de la naturaleza.

El Sur del Ecuador ha sido el territorio de una disputa histórica. Entre un modelo económico que entiende al agua como mero recurso, frente a un modo de vida que tiene al agua como un bien común que garantiza la vida de las comunidades campesinas. Los levantamientos sociales en el Sur siempre han tenido como agenda el agua. Hay registro de que en el siglo XVI, en el cabildo de Cuenca ya se daba el debate. Era la explotación del oro versus el modelo económico que se basaba en el aprovechamiento del agua, para los molinos, para los batanes... En ese tiempo ganó la tesis de defensa del agua, lo cual se repite siglos después. Cuenca tiene un ADN cultural ligado al agua. Los cuatro ríos que lo cruzan, los páramos de donde nacen y su sistema lacustre tan cercanos. El Cajas es un símbolo de identidad cuencana, y representa un santuario del agua. 

La consulta como un mecanismo de lucha democrática para enfrentar proyectos extractivos tiene larga data en América Latina. Empezó en Perú, luego pasó a Colombia y luego a Ecuador. En el país se dieron las consultas de Victoria del Portete, el intento saboteado de consulta por el Yasuní, luego del cantón Girón y luego fue la de Cuenca, consecuencia esta de la victoria en Girón. Hubo tres intentos, por parte de Yaku Pérez, quien desde la Prefectura del Azuay intentó una consulta popular para la provincia, lo cual fue negado por la Corte Constitucional. Fajardo es crítico de esos intentos: que "fueron bastante personales, de él y su círculo". Pérez no sumó a un esfuerzo más colectivo, su presión a la Corte fue por su lado y el resto de organizaciones fue por otro, dice Fajardo. El debate se instaló en el Cabildo por el Agua: si era más adecuado una consulta a escala provincial o solo cantonal. Y el Cabildo se decantó por lo cantonal, por la competencia de uso de suelo que tienen los municipios, y es gracias a ese punto que la Corte emitió su dictamen favorable para el desarrollo de la consulta popular. 

Mientras construían el proyecto de consulta de Cuenca, llegó la pandemia. Antes del confinamiento de abril, la intención era convocar a una consulta por iniciativa ciudadana, es decir, recoger las firmas con el 1% del padrón electoral. Pero la pandemia cambió los planes: no era posible recoger firmas en esas condiciones sanitarias y resolvieron que la consulta fuera gestionada a través del Concejo Cantonal, como permite la Constitución. El Cabildo por el Agua presentó al Concejo el proyecto de consulta, el cual fue acogido por la Comisión de Ambiente, dirigida por el concejal Christian Zamora, y dentro de esa comisión empezó el debate. Se invitó a profesionales y a sectores involucrados y luego se hizo una sesión ampliada de la Comisión de Ambiente, con la participación del alcalde. En una sesión del Concejo Cantonal se aprobó la consulta por unanimidad. Esta se presentó a la Corte Constitucional, CC, la cual tiene el rol de calificar la constitucionalidad del pedido de consulta. Es decir, que ni los considerandos ni las preguntas estuvieran en contra de lo que dispone la Constitución de la República y el catálogo de derechos constitucionales. La CC tuvo que hacer control constitucional de las preguntas: que estas garanticen la libertad del elector, que no sean sugestivas, que no induzcan las respuestas y que tengan la información suficiente para que los electores tomen su decisión de manera libre, informada y voluntaria. Luego de esto hizo el dictamen 6-20-CP con el cual se dio paso a la consulta popular.

David Fajardo cree que el tema de la consulta va más allá de los resultados. Se entiende dentro del conflicto ecológico entre minería y agua a escala global. Que no es solo un conflicto, sino una crisis ecológica, la cual tiene manifestaciones contundentes como el aumento de la temperatura global, la desaparición de ecosistemas y especies, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación y escasez del agua. Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta, y entre esa biodiversidad está el ecosistema del páramo, que cumple funciones vitales como la captación de agua, la regulación hídrica, la captura de carbono... "Promover una política de explotación minera en el páramo es un disparate, es dispararnos en los dos pies. La minería lo que hace es ir en contra de todos los esfuerzos, locales y mundiales por transitar del modelo civilizatorio actual a otro que respete nuestra relación con la naturaleza. Que nos entienda como una especie más en el planeta y con el cual construyamos modelos económicos acordes con la naturaleza. La minería es disruptiva de todas las funciones de los ecosistemas, porque lo que hace es extraer los elementos de los ecosistemas: suelos, agua, la biodiversidad... no hay debate con el sector minero, es insostenible".

Fajardo dice que hay un punto en el cual se desmarcan del discurso del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Nosotros no somos antimineros en estricto sentido, nosotros somos ecologistas, dice. El ecologismo se funda sobre la Ecología, que es una ciencia que entiende las relaciones entre los distintos elementos que componen todas las formas de vida. El ecologismo entiende que si se altera alguno de estos elementos, se está afectado a todo el sistema vital por la interrelación y la interdependencia. 

La Ecología política, que es la que siguen Fajardo y los demás activistas, busca transformaciones profundas en el modelo civilizatorio. Una transición total, por ejemplo, como la planificación territorial con enfoque ecosistémico. En Cuenca se refleja así: se hace la consulta sobre cinco zonas de recarga hídrica, pero en Cuenca existen ocho. Las cinco zonas objeto de la consulta se asientan sobre el ecosistema páramo, pero el páramo va mucho más allá de Cuenca y del Azuay. Si se afecta el páramo en Cuenca se afecta a todo el páramo en el país. No se puede fraccionar los ecosistemas en límites administrativos o políticos, porque los impactos no respetan esos límites: si se destruye el páramo de Azuay se destruye a los sistemas que están interconectados. Esa es su visión.

La lucha antiminera tiene sentido en este enfoque porque se la identifica como una de las actividades que generan más impactos innecesarios sobre los ecosistemas. Se puede eliminar la minería, pero la lucha no acaba ahí, "porque las transformaciones profundas aún son necesarias", dice Fajardo.

Los Yasunidos de Cuenca lamentan la postura del alcalde Pedro Palacios sobre la minería. "Esperábamos que el alcalde entendiera la profundidad de la disputa en la que nos encontramos, y por lo tanto, que su administración entienda que el proceso es una transformación total de la administración pública. Debemos salir de la minería para pasar a la conservación. Esto porque donde se ha dado una concesión minera no se puede hacer un polígono de protección ecológica. Es imposible que con una concesión cercana se consolide un área de conservación, en nuestra legislación la minería prima por sobre las áreas de protección".

VII. Estamos orgullosos del agua que tenemos

El orgullo de María José Guillén, guía turística, experta en El Cajas, es el agua. Ella ha recorrido casi todas sus 245 lagunas que tienen más de una hectárea. De estas hay diez más grandes, la mayor la laguna Luspa, con 77,4 hectáreas y 65 metros de profundidad, pero la más profunda es Osohuayco, con 76 metros y casi 70 hectáreas. El Cajas tiene cinco cerros que superan los 4000 metros de altura. El más alto, el Arquitectos, con 4.458 msm. Este ecosistema de páramos y lagunas tiene ocho rutas para caminar, acampar y pescar y siete senderos. La más larga, de 18 kilómetros el Camino del Inca y las lagunas mayores. 

María José Guillén, guía turística cuencana en El Cajas. Ella "está feliz" de que la población de Cuenca haya votado en contra de la actividad minera en los páramos que están a su espalda. En la foto, en el punto llamado Tres Cruces, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

A la altura de las Tres Cruces, donde hay un mirador y un cerro, María José respira agitada. Son 4.150 msm y el aire se enrarece, pero es un sitio privilegiado. A lo largo de América del Sur, Tres Cruces es el punto más cercano al Océano Pacífico (61 kilómetros en línea recta) donde las aguas continentales que van hacia el Pacífico y al Atlántico se conectan. Es un sistema que ha permanecido respetado desde hace más de 15 mil años, cuando pasó por un proceso de glaciación, fenómeno que le dejaría la herencia de 14,9 lagos por kilómetro cuadrado. Tiene dos ecosistemas de páramo y tres bosques originarios. En uno de ellos, camino hacia el valle de Cuenca, habita la única especie de tucán andino, que se alimenta de un árbol llamado aguacatillo, endémico de la zona. El fruto es muy parecido al aguacate, pero más pequeño y ácido. No es de consumo humano.

De El Cajas nacen los ríos Tomebamba y Yanuncay y la pureza del agua, en lugares donde no existe la actividad humana, es del ochenta por ciento. Y por ello, María José está "muy contenta de que la sociedad cuencana haya votado así, pero nosotros somos una mínima parte frente a la decisión que está en manos del gobierno. Sin embargo, creo que la resistencia de las comunidades es lo que manda y lo que va a persistir y prevalecer frente a esta invasión. El agua y la vida valen mucho más que miles de millones de dólares. Pero he visto muchos reportajes de cómo un sistema como este, como El Cajas, termina, se desgasta, la sequía, la deforestación, la erosión del suelo y nosotros, como cuencanos, es algo que no queremos ver cerca de nuestras ciudades. Estamos orgullosos del agua que tenemos y vale la pena conservarla al cien por ciento".