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15 de Junio del 2020
Historias
Lectura: 11 minutos
15 de Junio del 2020
Freddy Rivera y Renato Rivera Rhon
Cultivos de hoja de coca en frontera norte: las 700 has del eslabón ecuatoriano en la economía del narcotráfico
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El hallazgo de 700 hectáreas de cultivos de hoja de coca no debe ser pasado por alto como un dato menor: las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos estarían en la capacidad de producir aproximadamente 4 830 kilogramos de cocaína por cada cosecha. Foto Referencial. Reuters

 

El hallazgo de cultivos y sus conexiones funcionales dentro del complejo económico coca/cocaína/crimen organizado transnacional, dejan atrás la vieja idea de ser sólo un país de tránsito y acopio porque ahora si estamos cerrando un eslabón restante para completar la inserción estratégica del Ecuador en la economía del narcotráfico.

Históricamente, el Ecuador ha sido considerado como un país libre de cultivos ilícitos de hoja de coca. Durante muchos años se construyó el ingenuo imaginario popular de “isla de paz” si nos comparamos con los graves conflictos internos de seguridad acontecidos en el Perú durante dos décadas o con el persistente, inacabado e interdependiente caso colombiano que por más de medio siglo resulta un dolor de cabeza para los países vecinos por la complejidad de su violencia y la criminalidad irradiada desde sus fronteras que incluye, entre otros factores, altos niveles de homicidios generados por la disputa territorial del negocio del narcotráfico.

Imaginario falaz el de “isla de paz” que continúa repitiéndose como eco sin fondo en muchos medios de comunicación y un pulular de despistados funcionarios estatales. El sólo hecho de dimensionar en sus debidas proporciones que en el año 2018 se produjo el secuestro y asesinato de periodistas, la emboscada y muerte a infantes de marina, las amenazas permanentes a la población civil, y la ejecución a una pareja de esposos ecuatorianos, constituyen muestras suficientes para pensar que el recalentamiento en la frontera norte va más allá de la simple declaración de inseguridad ciudadana. No es suficiente mencionar pomposamente desde el Ministerio de Gobierno que estamos afrontado “amenazas híbridas” de difícil categorización porque resulta fácil mencionarlo en el discurso coqueto con los medios de comunicación, pero muy complejo afrontarlo técnica y políticamente cuando no se entiende, o se pretende negar nuevas realidades que confirman la inserción estratégica de nuestro país en una fase distinta de la economía del narcotráfico.

A más de la presencia del narcotráfico con corredores fluviales, terrestres y aéreos para sus operaciones (por cierto, hasta la fecha de hoy la Dirección de Aviación Civil DAC sigue callada respecto a la denuncia del Ministerio de Defensa sobre la existencia de decenas de pistas clandestinas de aterrizaje); una débil capacidad institucional para desarrollar inteligencia estratégica anticriminal; y una escasa articulación y cooperación interestatal para combatir la corrupción, tenemos que presenciar actualmente el aparecimiento de una factor adicional que por muchos años estuvo ausente: la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca que cierra el ciclo de la cadena de valor del narcotráfico en el Ecuador.

Una reveladora investigación realizada para la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad (Urvio) analiza algunas dimensiones de la economía del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana entre el año 2015 y 2019. El estudio demuestra que existen “más de 159 parcelas, que representan alrededor de 700 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos” (Rivera Rhon y Bravo 2020). Además del hallazgo de cultivos ilícitos, la investigación identificó pistas aéreas no controladas y pasos ilegales en la frontera con Colombia que serían utilizadas para el tráfico y acopio de drogas ilícitas y otras actividades relacionadas con las múltiples facetas de la economía criminal.

El estudio demuestra que existen “más de 159 parcelas, que representan alrededor de 700 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos”

Si bien la presencia de cultivos ilícitos en el Ecuador no es comparable en volumen y extensión a los países vecinos, la relación entre cultivos de hoja de coca, aumento de pasos ilegales, la presencia de pistas aéreas no controladas en la frontera con Colombia y la ausencia o poca presencia de institucionalidad estatal, suponen un fracaso completo en términos de inteligencia estratégica, vigilancia fronteriza e inter-operatividad. El territorio, su gente, sus recursos y sus organizaciones sociales quedan en vulnerabilidad frente a la delincuencia transnacional y los despliegues envolventes que realizan en esas zonas.

A través de análisis satelital y teledetección, el estudio reveló un sinnúmero de artimañas para ocultar las plantaciones de hoja de coca en la frontera norte. Una de ellas es la combinación de cultivos mixtos de palma africana con sembríos de hoja de coca tal como se muestra a continuación:

Asimismo, la investigación halló plantaciones cercanas a fuentes hídricas de difícil acceso en la provincia de Esmeraldas. Estos recursos facilitan el transporte corto fluvial y el riego de las plantaciones. La siguiente imagen demuestra este detalle:

El hallazgo de 700 hectáreas de cultivos de hoja de coca no debe ser pasado por alto como un dato menor. Tomando como referencia el rendimiento de producción de cada hectárea de hoja de coca fresca, las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos estarían en la capacidad de producir aproximadamente 4 830 kilogramos de cocaína por cada cosecha. Esto es preocupante si consideramos que los cultivos de hoja de coca pueden generar un rendimiento aproximado de 8 cosechas anuales; es decir que en el año 2018 la frontera norte ecuatoriana produjo aproximadamente 38.640 kilogramos de clorhidrato de cocaína, representando ingresos aproximados de más de 300 millones de dólares. Sin embargo, quedaría por determinar con investigación e inteligencia policial los destinos de esa producción y si existiría una distribución segmentada en las zonas fronterizas.

La presencia de cultivos ilícitos de coca en el Ecuador no debería sorprendernos. Desde el año 2015, el anterior gobierno y el presente no han realizado el Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Este documento que brinda una importante y concreta imagen internacional del país se elabora con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La metodología empleada requiere un exhaustivo proceso de vigilancia y evaluación de las zonas a ser estudiadas: en este caso la frontera norte donde se determina la ausencia o presencia de cultivos ilícitos.

¿Olvido? ¿La típica dejadez burocrática? ¿Falta de recursos? ¿Hacerse el despistado y el miope? Cualquier de estas ingenuas preguntas son pertinentes por decirlo menos. Hay que señalar enfáticamente que en el 2017 el Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos realizado por Colombia advirtió que el 30% de los mismos —ya en expansión en ese país— se encontraban a menos de 20 kilómetros de la zona de frontera con Ecuador (ONUDD y Simci 2017. Ver PDF

A esta situación debe agregarse la correlación existente entre presencia de cultivos ilícitos y homicidios, así como el incremento en años recientes de pasos informales —terrestres y fluviales— en las zonas fronterizas que facilitan el transporte de las cosechas, de precursores químicos, armas y tecnología digital portátil y satelital a territorio colombiano. ¿Por qué las instituciones a cargo del monitoreo de cultivos ilícitos no realizaron dicha evaluación?

Tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Cancillería y el Centro de Inteligencia Estratégica han presentado resultados marginales, informes esporádicos e ineficientes respecto a la presencia de cultivos ilícitos en territorio ecuatoriano

Es necesario cuestionar los desaciertos políticos y estratégicos de las instituciones dedicadas a realizar dichas evaluaciones. Tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Cancillería y el Centro de Inteligencia Estratégica han presentado resultados marginales, informes esporádicos e ineficientes respecto a la presencia de cultivos ilícitos en territorio ecuatoriano. A esto se debe agregar los tropiezos políticos y el vaivén de funcionarios en el Centro de Inteligencia Estratégica, institución caracterizada por reproducir las múltiples disputas políticas del Gobierno y cuya identidad orgánica no logra zafarse de la imagen del tradicional pesquisa o policía política como sucedía en años precedentes.

Asimismo, las tensiones corporativas entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno por liderar el combate al narcotráfico en frontera, está provocando una serie de desgastes a nivel estatal que ha reducido la capacidad y respuesta coordinada frente a este tipo de delitos. Y como cereza al pastel, no debemos pasar por alto la falta de liderazgo del Ministerio de Gobierno para conducir estratégicamente la política pública para el combate al narcotráfico. Claro, vienen elecciones y una vez reducida la contingencia de la pandemia, “surge” la prioridad institucional para insertarse en el juego político como una bisagra funcional entre el poder central y los seccionales, entre el ejecutivo y el legislativo sin olvidar que se debe operar en el sinuoso sendero de la función judicial.   

El hallazgo de cultivos y sus conexiones funcionales dentro del complejo económico coca/cocaína/crimen organizado transnacional, dejan atrás la vieja idea de ser sólo un país de tránsito y acopio

No es alentador reconocer este escenario. Para quienes consideran que el análisis peca de altamente pesimista, una breve sumatoria de factores: crisis económica y desempleo; corrupción envolvente general, pero grave en la tríada justicia-policía-fiscalía; impunidad y desgobierno; servicios de inteligencia desfazados; crimen organizado penetrante con lógicas cibernéticas, despliegues territoriales y racionalidades empresariales; inseguridad pública incremental; desconfianza ciudadana y falta de credibilidad institucional; reducida  transparencia en la organización electoral; política exterior errática y endeudamiento multilateral más China. Esas, entre otras, constituyen variables para un escenario complejo e incierto donde está demostrado que el crimen organizado transnacional es experto en sacar ventajas y aprovechar oportunidades.

En pocos días saldrá en último informe de NNUU sobre Monitoreo de cultivos ilícitos. El Ecuador volvió a incumplir. En el Ministerio de Gobierno cunde el silencio. En la Cancillería también. En el CIEs…mejor no opinar. Esperemos que la ciudadanía no escuche nuevamente —y en semáforo amarillo— discursos melosos sobre la “isla de paz” pandémica y propagandas mediáticas provenientes de un gobierno que es incapaz de asumir  un simple compromiso internacional que nos ayudaría a mejorar la imagen país y una  identidad nacional venida a menos.

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