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30 de Julio del 2019
Historias
Lectura: 14 minutos
30 de Julio del 2019
Susana Morán
Decreto 751: una bomba de tiempo para el Yasuní
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Foto: Vistazo

El Parque Nacional Yasuní se caracteriza por su biodiversidad única en el mundo. 

Las críticas contra el Decreto 751 continúan. Dos expertas hablan de los olvidos de la disposición presidencial, entre ellas las poblaciones indígenas que rodean el Yasuní que viven en extrema pobreza. Mientras tanto, Petroamazonas frustra una inspección defensorial a los bloques petroleros 31 y 43.

El Yasuní preocupa. Lo dicen expertos, colectivos, pueblos indígenas y asambleístas. El avance de la frontera petrolera y el Decreto Ejecutivo 751 en la mira de esos grupos. A esto se suma la opacidad con la que se maneja la información sobre los campos petroleros dentro del Yasuní. Una situación que volvió a ocurrir la semana pasada en la visita que hiciera la Defensoría del Pueblo junto a investigadores a los Bloques 31 y 43, pero que no pudieron cumplir con la inspección y la recolección de datos que les permitiera elaborar análisis sobre el impacto de la explotación petrolera en la zona. En este contexto, aparecen nuevas voces que han hecho públicos sus reclamos por el Decreto y que creen que mantenerlo es una bomba de tiempo contra los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

Los olvidos del Decreto 751

El decreto 751 es una puerta a los peores temores que tienen activistas y expertos sobre el Yasuní. Esta reserva, una de las más importantes del Ecuador, no solo es reconocida por su enorme biodiversidad sino porque allí existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Para su protección, el Estado estableció una zona intangible en 1999 y en el 2007 se dispuso una franja de amortiguamiento de diez kilómetros de ancho a su alrededor. En ese lugar estuvo prohibido cualquier nueva infraestructura petrolera. Pero 12 años después, el decreto 751 amplió la zona intangible, pero al mismo tiempo abrió la posibilidad de la instalación de nuevas plataformas en la zona de amortiguamiento, lo que pone en riesgo a esas poblaciones no contactadas que circulan por un amplio territorio. 

Los cuestionamientos saltaron apenas se publicó el documento y las críticas revivieron después que la Asamblea llamara a comparecer a los ministros encargados del sector. En la Comisión de Biodiversidad, el pasado 10 de julio, hasta el ministro de Ambiente, Marcelo Mata, reconoció que el decreto es inconstitucional y que pedirá la derogatoria.

Esa disposición —según la antropóloga Lucía Ruiz— arma un escenario de conflicto innecesario para el gobierno. Ella fue directora de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario de la Secretaría de DDHH. Estuvo en ese cargo hasta el 31 de mayo pasado cuando renunció por el decreto. Hizo públicos sus cuestionamientos a ese mandato presidencial cuando fue mencionada por Cecilia Chacón, secretaria de DDHH, en su comparecencia en la Asamblea. Chacón dijo: “Lucía Ruiz (...) en nombre del equipo técnico firmó el informe que es base de ese decreto”. La experta rechazó ese pronunciamiento. En una carta pública manifestó que no conoció el texto final del decreto antes de su firma. “Jamás elaboré un informe ni redacté documentos ni firmé texto alguno que pudiese servir de base para un decreto que pudiera atentar contra la vida de los pueblos en aislamiento”.  En su opinión, Ecuador lidera en la región la protección de los pueblos no contactados, pero esa resolución presidencial es un retroceso y ahora es una de las voces que piden su derogatoria. 


Imagen: MAAP Org./DigitalGlobe/Amazon Watch
Los campos Tiputini, del bloque 43, y Apaika y Nenke, del bloque 31, son los que mayor producción de crudo generan en el Yasuní, según información oficial. 

En su gestión fue parte de la Comisión Técnica para la Ampliación de la Zona Intangible del Yasuní, que tuvo un plazo de 160 días para elaborar un informe. Pero su experiencia data desde hace 20 años atrás cuando fue parte del equipo que creó la zona intangible en 1999, en el gobierno de Jamil Mahuad. “Fue a contrarreloj, con un ministerio (de Ambiente) recién creado”. Ahora el decreto de Lenín Moreno amplía la zona en 55.704 hectáreas, en la cabecera norte de la zona intangible, en respuesta a los resultados de la consulta popular del 4 de febrero de 2018 cuando ganó el sí en la pregunta para incrementar el área de la zona intangible. Ruiz explica que se escogió ese lugar para la ampliación porque allí hay evidencia histórica de casas y chacras de los pueblos no contactados. En ese lugar también se han producido matanzas por el territorio y en esos conflictos han muerto petroleros, madereros, waoranis, militares, colonos y religiosos como monseñor Alejandro Labaka. “Es innegable que ellos se mueven por allí”. 


La zona de amortiguamiento está en color púrpura. Allí el decreto presidencial permite el ingreso de plataformas petroleras. La zona intangible ampliada está en color morado intenso; está ubicada en el norte del parque. Mapa: Geografía Crítica

Pero el decreto no establece los recursos que se destinará a la ampliación de la zona intangible ni menciona el equipo que lo hará. Una de las interrogantes que plantea Ruiz es cómo se hará la delimitación física, con la ubicación de hitos, como establece el decreto, lo cual puede implicar un riesgo. No se puede poner mojones porque es un territorio de permanente movilidad de estas poblaciones, asegura. Lo importante —dice— son las coordenadas para que Estado y petroleras respeten esos límites. “No podía arriesgar la vida de mi equipo”, manifiesta. Su grupo de trabajo estaba conformado por 35 personas; 14 de ellos eran waoranis que laboran como técnicos territoriales por sus profundos conocimientos del lugar y de la lengua. Pero el equipo y los recursos que recibe la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario son insuficientes. 

Otro problema —agrega la experta— es la visión de las autoridades locales.  La zona intangible está en Pastaza y Orellana. Los actores estatales de esas provincias son los primeros en desconocer la existencia de esos pueblos. Aunque hay evidencia documental. En agosto de 2018 en un sobrevuelo de monitoreo fue vista una familia —posiblemente taromenane— en la zona intangible. Ese fue uno de los más recientes avistamientos. 

La pobreza extrema junto al Yasuní

Pero en las discusiones sobre el Yasuní otro escenario está siendo olvidado: las poblaciones que rodean a la zona intangible de esa reserva. Se trata de la llamada Franja de Diversidad y Vida. Ruiz cree que ese es un problema que merece atención urgente. La socióloga Patricia Peñaherrera coincide con ese criterio. Explica que el 82% de las poblaciones indígenas en esa franja vive en extrema pobreza. También es una zona de movilidad de pueblos en aislamiento voluntario. Allí los planes estatales han quedado truncados.  Peñaherrera explica que entre 2014 y 2015, un equipo del Ministerio de Agricultura impulsó la regularización de las tierras en esa zona afectada por conflictos entre los distintos grupos poblacionales: waoranis, mestizos, kichwas, shuar. En un principio hubo movilizaciones, pero luego los pobladores terminaron cediendo para la convivencia de todos. De esas intervenciones —narra— salió un modelo de gestión para la franja, que comprende 27 comunidades que colindan con el Parque Nacional Yasuní. 

El plan contemplaba apoyos a los pueblos de parte de los ministerios de Agricultura y Ambiente, y de los gobiernos locales, pero no se cumplieron esos compromisos. “Hay un vacío de la política para afrontar esas situaciones críticas que rodean a los pueblos. El problema más grave que rodea a los pueblos aislados es la pobreza y la descomposición de las comunidades a causa de la búsqueda de recursos a cualquier precio para sobrevivir, antes no tenían necesidad, pero ahora la tienen”, afirma. 

Peñaherrera también fue parte de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y asimismo renunció tras el decreto. En su carta de renuncia dice que permitir la explotación petrolera en la zona de amortiguamiento podría convertirse en una bomba de tiempo. En una entrevista con Plan V, ese argumento lo explica así: “A medida que aumentan actividades extractivas se incrementan infraestructuras, carreteras, caminos, vías alternas. Son múltiples las carreteras y los caminos secundarios en la Franja de Diversidad y Vida. Junto a esto van la deforestación y la colonización de tierras. Cualquier actividad que se haga en la zona de amortiguamiento de esta dimensión va a traer esos contextos secundarios. La pobreza y escasez de trabajo son extremos. Apenas hay la sospecha de un nuevo pozo se trasladan de sus territorios hasta estos lugares. Eso hace que esas zonas que deberían quedar deshabitadas creen una nueva concentración poblacional. Eso no es posible controlar, no se lo ha hecho hasta ahora”. 

Justamente el crecimiento poblacional de las comunidades aledañas es otro punto a tomar en cuenta. La investigadora manifiesta que los pueblos en aislamiento no están solo en la zona intangible, sino que su desplazamiento es amplio y lejano en busca de recursos. Las presiones de crecimiento poblacional de las comunidades waoranis, kichwas y campesinas han sido fuertes en los últimos años. Los recursos para la recolección de alimentos, la cacería y la pesca no dan abasto. Y ese es un motivo para los constantes conflictos y reclamos entre comunidades y pueblos no contactados.

"A lo largo de la historia de estos pueblos se ha comprobado su existencia en la parte central de la zona intangible, al sur llegando casi al río Curaray y cerca de los Bloques 31 y 43”, Patrica Peñaherrera, socióloga

Peñaherrera que investiga los pueblos en aislamiento desde el 2013 recuerda que cuando llegaron a la zona había relaciones críticas entre waoranis, kichwas, mestizos y estos con los gobiernos locales. “Es absurdo levantar un plan de paz y de pacificación de la zona a favor de los Tagaeri Taromenane cuando todo el mundo está inconforme por la situación de pobreza extrema y necesidades del día a día. No hay cómo concebir un plan de pacificación y de entendimiento sino se atiende a los pueblos que rodean a los pueblos no contactados”. 

La antropóloga Ruiz sostiene que el diálogo es posible en esta zona. Durante su administración de 23 meses una de las tareas en la que trabajó fue recuperar la relación con comunidades como Dikaro y Dikapare. Estas poblaciones tienen graves heridas. De Dikaro, por ejemplo, son cinco indígenas (de los 17 procesados) que fueron detenidos por la masacre a un clan taromenane. Eso provocó la ruptura de esa comunidad con el Estado, que no esclareció su responsabilidad y la de las petroleras que estaban presionado sobre su territorio hasta ahora. 

Testimonio

Manuel Bayón: “Necesitamos hacer estudios sobre el área de intervención petrolera”

El miembro del colectivo Geografía Crítica cuenta los problemas que tuvieron para ingresar a las 6 plataformas petroleras en el interior del Parque Nacional Yasuní en los bloques 31 y 43. Tenían previsto acompañar a la inspección de la Defensoría del Pueblo, la semana pasada, pero esta fue frustrada.

En la consulta popular del 2018 se estableció un área de 300 hectáreas para la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Pero ese límite, desde varias entidades, estamos demostrando que ya se pudo haber pasado y por lo tanto queremos hacer mediciones científicas en el lugar. Pero no pudimos acceder a las áreas de actividad petrolera y por tanto no se pudo hacer mediciones de ningún tipo. Solo llegamos hasta el campamento de Petroamazonas. La empresa estatal no hizo una socialización efectiva del propósito de la visita con las comunidades. Cuando llegamos, estas estaban enojadas. La excusa de Petroamazonas para no haber hecho la mediación con las comunidades fue decir que esa era una responsabilidad de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ese fue un compromiso de Petroamazonas. Vimos que hizo llegar información parcializada a las poblaciones sobre la inspección.

Una de las grandes polémicas de la inspección fue en cómo se haría la mediación del ruido. Petroamazonas dice que el área de explotación son las 300 hectáreas. Sin embargo, desde varias voces científicas el área de explotación es también donde la fauna no puede coexistir debido al ruido, por el agua contaminada o porque son lugares donde hubo actividad sísmica que ha dejado daños irreversibles. También lo producido por la contaminación del aire. Petroamazonas en el tema del ruido solo toma un punto en los límites de la plataforma, pero no generan caracterizaciones de la frontera del ruido, mapas. Nosotros proponemos seguir una serie de estándares internacionales y establecer el área de intervención por ruido que afecta a insectos, aves, fauna. Pero Petroamazonas entró en una sin razón de que eso no establecía la norma. Creemos que es necesario hacer estudios técnicos y científicos para determinar cuál es el área de intervención efectiva en este momento.

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