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27 de Mayo del 2019
Historias
Lectura: 14 minutos
27 de Mayo del 2019
Susana Morán
Los decretos del Yasuní: ¿una puñalada trapera?
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Fotos: Luis Argüello

Representantes de la Asociación de Mujeres Waorani protestaron frente al Ministerio de Ambiente, en Quito, para que el Gobierno explique sus intenciones con el Decreto Ejecutivo 751. 

Waoranis, grupos de defensa del Yasuní y de los indígenas afirman que el Gobierno ha abierto la puerta para la explotación petrolera en la zona intangible del Yasuní. Allí habitan pueblos no contactados. La presión petrolera ya ha causado tres matanzas en esos territorios. Esperan que el Gobierno aclare sus intenciones.

En Huao terero se llama Weya. Pero en la rueda de prensa, del 23 de mayo pasado, se presentó como Alicia Cahuiya, su nombre traducido al español. Es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Waoranis (AMWAE). La mujer —vestida con prendas negras, pintada la cara y con su corona de plumas— habló casi sin respirar. Repitió varias veces la palabra “consulta”. Reclamó airadamente al Gobierno porque otra vez ha decidido sobre su territorio sin consultar a su pueblo. Para ella, el Régimen los ha violentado una vez más al emitir un decreto que, según defensores de derechos de la naturaleza e indígenas, pone en riesgo la vida de los grupos no contactados en el parque nacional Yasuní.

Weya vive en pleno Yasuní. Su casa está en el bloque 16 de la Amazonía. Su comunidad tiene 500 familias waorani. No tienen internet, medios de comunicación ni radios. Pero se enteraron de la noticia del decreto a través de jóvenes de la comunidad. Una de ellas estaba en el hospital del Coca, capital de la provincia de Orellana, donde se encuentra una parte del Yasuní. Inmediatamente Weya salió hacia la capital. “Váyase mamá”, le dijeron sus dos hijos. Junto con otras siete personas, viajó 12 horas en canoa hasta el Coca y de ahí  por carretera a Quito. Llegaron a la 01:00 de ese 23 de mayo. Una de las mujeres del grupo, que había salido por primera vez a la capital, no imaginó que le haría tanto frío.


Weya Cahuiya fue enfática ante los medios: el Gobierno ha vuelto a decidir sobre territorio waorani sin consultarlos, como lo dispone la Constitución del Ecuador. 

Pero en esa tarde de nubes grises, las mujeres encabezaron la rueda de prensa, primero con sus cantos y después con sus discursos. Weya dijo que la selva es como su mercado que le ofrece comida y medicina. Que allí viven en conexión con la selva y bajo la guía de los hombres y mujeres sabios. “Nuestros ancianos dicen no al petróleo”. Por eso se definen como un autogobierno al que el presidente Lenín Moreno está ignorando. ¿Qué significa para ella la explotación petrolera? “Es como un enemigo que viene a atacar”, responde. Ella sabe que esa industria ha contaminado sus ríos y temen morir de cáncer por sus efectos. Vima, su compañera waorani, dijo que el Yasuní es su corazón, su pulmón. Lamentó que a su territorio hayan llegado las petroleras y que esa actividad no ha beneficiado en nada a su gente. “Hacen convenio con las autoridades y no han consultado al pueblo. Solo pasan en las oficinas”.


Las mujeres waorani rechazan la explotación petrolera y temen ser afectadas con cáncer. 

Weya aseguró que si el Gobierno no aclara sus intenciones, su gente saldrá a Quito. Y estarán en la ciudad hasta tener una respuesta.

Los decretos del Yasuní

Para entender lo que ha sucedido con la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní es necesario remontarse 20 años atrás. La primera disposición para delimitar esta zona para la conservación y protección de los pueblos no contactados fue en el gobierno de Jamil Manuad. El 2 de febrero de 1999, mediante Decreto Ejecutivo No. 552 de 1999, delimitó el área ubicada en la parte sur oriental del Parque, en las parroquias de Cononaco y Nueva Rocafuerte, cantón Aguarico, provincia de Orellana, y en la parroquia de Curaray, cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Este territorio comprendía 758.051 hectáreas. En este se declaró como zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos huaorani conocidos como Tagaeri-Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto”.


Los colectivos Geografía Crítica y Yasunidos crearon un mapa que señala las modificaciones a la zona intangible del Yasuní. 

El segundo decreto sobre este tema, el No. 2187, lo emitió el presidente Alfredo Palacio. Fue publicado en el Registro Oficial No. 1 de 16 de enero de 2007 y allí se estableció la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. En este segundo se especificó con coordenadas los límites de la zona. También se dispuso una zona de amortiguamiento de diez kilómetros de ancho contiguo a toda la zona intangible delimitada. Su objetivo era establecer un área adicional de protección. Allí además se prohibió la realización de actividades extractivas de productos forestales y concesiones mineras. “Se prohíbe realizar en la zona de amortiguamiento nuevas obras de infraestructura tales como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras; y, otras obras que los estudios técnicos y de impacto ambiental juzguen incompatibles con el objeto de la zona intangible”, dice el decreto

396.025 hectáreas comprende la zona de amortiguamiento. Eso representa casi 7 veces más la zona intangible ampliada por el gobierno en el decreto 751.

Ahora el presidente Lenín Moreno emitió un nuevo decreto, en respuesta a los resultados de la consulta popular del 4 de febrero de 2018. En la pregunta 7 ganó el sí. Esta decía: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”. Una comisión fue creada para dar respuesta a ese mandado y así se llegó al decretos  N. 751.


La zona de amortiguamiento está en color púrpura. Allí el decreto presidencial permite el ingreso de plataformas petroleras. La zona intangible ampliada está en color morado intenso; está ubicada en el norte del parque. Mapa: Geografía Crítica

El Decreto 751 amplía la zona intangible del Yasuní, pero permite el ingreso de plataformas petroleras a la zona de amortiguamiento.

 

El Decreto 752 explide el Reglamento al Código Orgánico de Ambiente y abre la posibilidad de que el Ministerio del Ambiente tenga competencia en zonas intangibles.

Esta disposición presidencial reforma los límites del decreto de 2007 y amplía la zona en 55.704 hectáreas, en la cabecera norte de la zona intangible. Pero también abre una puerta al agregar lo siguiente sobre la zona de amortiguamiento: “Se exceptúa de la prohibición expresada en el artículo 3, a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos”. Esto es lo que ha prendido las alarmas para los defensores de derechos humanos. Pedro Bermeo, miembro de  Yasunidos, asegura por cada hectárea que se amplía en la zona intangible, se permite la explotación siete veces más. Este colectivo junto a Geografía Crítica hicieron un mapa con los cambios. La zona intangible aumenta, pero el área de amortiguamiento representa 396.025 hectáreas, donde ahora se permite el ingreso de las plataformas petroleras.

Este decreto se suma a las denuncias de ambos colectivos por el avance la explotación petrolera en territorios protegidos. La Defensoría del Pueblo hizo una inspección en noviembre de 2018 a pedido de la Red de Líderes Ángel Shingre y de Geografía Crítica sobre las actividades de los Bloques 31 y 43 que operan en el Yasuní. En sus conclusiones establece que “la explotación territorial es cercana a las 600 hectáreas totales en los Bloques 31 y 43, superando en más de 290 hectáreas el límite de 300 hectáreas determinado por la consulta popular”. Bermeo agrega que con el decreto 751 se abre la posibilidad de explotar en los yacimientos del campo Ishpingo, del Bloque 43. “Habíamos denunciado que estarían a pocos kilómetros de chacras de pueblos en aislamiento voluntario, por lo tanto se puede configurar un delito de genocidio”.

Paola Maldonado, de la Fundación Aldea y parte del equipo técnico que analizó el decreto, consideró la zona ampliada no toma en cuenta los patrones de movilidad de los grupos no contactados. “El año pasado, desde julio, hay reportes sobre una serie de avistamientos de grupos aislados, contactos con familias waorani”. Desde el Napo hasta Curaray es una zona altamente sensible, no solo por su biodiversidad sino por todos las poblaciones que allí habitan, dijo la experta.  Estas poblaciones además se mueven entre Ecuador y Perú.

Carlos Pérez, ministro de Energía: “(Existe) una mala interpretación de lo que dice el decreto y acoge lo que el pueblo decidió en la consulta”. Gina Benavides, exdefensora del Pueblo: “Eso es una interpretación que hace el gobierno, yo diría que se lea el artículo 57 de la Constitución”.

Gina Benavides, investigadora de la Universidad Andina y exdefensora del Pueblo, dijo sentirse muy preocupada por la decisión del Gobierno. “Hacemos un llamado al Gobierno a que revea las decisiones que ha tomado, que paralice la vigencia de estos decretos y que abra el diálogo para que los directamente implicados conozcan su alcance”. El decreto, en su opinión, se opone al artículo 57 de la Constitución que dice: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”.

“No hay ningún interés de parte de Petroamazonas o del Gobierno Nacional de construir plataformas que den facilidades de producción”,dijo el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez. También manifestó que existe “una mala interpretación de lo que dice el decreto y acoge lo que el pueblo decidió en la consulta”. “Eso es una interpretación que hace el gobierno, yo diría que se lea el artículo 57 de la Constitución”, contestó Benavides.

Desde el 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado ecuatoriano adoptar medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los miembros de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri-Taromenane. En ese año dictó medidas cautelares a favor de esos pueblos. En esos territorios se han registrado matanzas en 2003, 2006 y 2013, en donde aproximadamente 60 personas, entre niños, niñas y mujeres, han sido asesinados poniendo en grave peligro la supervivencia de estos pueblos. Expertos afirman que eso se debió a la expansión de la frontera petrolera y la presión en sus territorios.

  PUNTO DE VISTA  

“El decreto es una puñalada trapera”

Esperanza Martínez, directora de Acción Ecológica

Yo creo que el decreto es una puñalada trapera a todo este proceso nacional de defensa del Yasuní y a Julio César Trujillo. Mientras se lo enterraba con honores, el Gobierno estaba declarando un decreto a lo que fue una de sus mayores causas al final de su vida. El decreto es inconstitucional, pero además es vergonzoso porque cree que con un decreto se puede bajar la Constitución. Lo que hace esta disposición es permitir operaciones petroleras en donde ahora están prohibidas. Lo que hace el decreto son cosas tan tontas como pretender que la protección de los aislados va a estar dada porque van a poner unos hitos en medio de la selva, en donde van a demarcar su territorio.

Cuando se estableció la zona de amortiguamiento era justamente porque las fronteras son muy difíciles. Lo que se trataba era de crear una zona de protección. Ahora dice el Gobierno que ha ampliado a casi 60.000 hectáreas, pero realmente ha reducido el área de protección en 400.000 hectáreas. Es una violación a la Constitución, a los derechos de los pueblos indígenas aislados, a los pueblos waorani, porque se les impone un territorio para los aislados en su propio territorio, con todo lo que eso implica en términos de conflictos.

Este gobierno aprendió del pasado: se maneja todo vía decreto. Vía decreto se pretende gobernar y cambiar la Constitución.  Pero hay algo más grave. Esta no es una medida unilateral. Han tomado otras complementarias como el decreto que sacan inmediatamente a continuación, el 752. En este también legalizan la operación petrolera en áreas protegidas y pretenden dar competencia sobre las zonas intangibles al mismo Ministerio de Ambiente. La zona intangible no es un área protegida. No es  una zona especial de conservación. Es territorio de pueblos aislados. Es un territorio donde hay intangibilidad. Nadie puede regular, ni dar permisos. Sin embargo, ahora, Ambiente va a sacar una lista de las actividades permitidas en la zona intangible, lo que es una barbaridad.

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