Amenazas de muerte, una casa apedreada y otra incendiada, muertes sin investigar en las comunidades. Este es solo un breve resumen de la situación por la que están pasando mujeres líderes sobre todo en Pastaza. Según organizaciones sociales e internacionales, allí se evidencia un contexto de riesgo para las defensora de derechos humanos y de la naturaleza. En esa provincia existe explotación y concesiones petroleras.

Así lo sostiene María José Veramendi, investigadora de Amnistía Internacional (AI) para Sudamérica. Ella visitó Quito la semana pasada para reunirse con funcionarios públicos. Dice que han observado con preocupación cómo desde enero de 2018, en un corto periodo de tiempo, se han incrementado los ataques a las defensoras y que no existen avances en las investigaciones en la Fiscalía.

Cita como ejemplo, el ataque a Patricia Gualinga, dirigente del pueblo Sarayacu. El 5 de enero pasado, una persona desconocida arrojó piedras a su casa que rompieron varias ventanas. Ella estaba en su vivienda, en el Puyo, junto a sus padres, hermano, esposo e hija. El agresor gritó varias amenazas contra la dirigente. Veramendi afirmó que desde enero hasta la fecha no hay avance en esta investigación. “Esto coloca a las mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad al ver que en sus casos no se sancionan a los responsables”.

El caso más reciente fue el de Margoth Escobar. Ella es defensora desde hace más de veinte años y ha sido atacada en más de una ocasión. En el 2015 también fue detenida y agredida después de participar en una marcha contra la política petrolera en la Amazonía. Pero el hecho más reciente ocurrió el 29 de septiembre pasado cuando desconocidos incendiaron su casa en el Puyo. El 2 de octubre presentó la denuncia ante la Fiscalía. Su casa era la sede de las reuniones de las mujeres amazónicas. Además la Defensoría del Pueblo la nombró defensora de defensores en Pastaza.

A estos casos se suman los de Nema Grefa, Salomé Aranda, Gloria Ushigua, Alicia Cawiya e Ivonne Ramos, según un reporte de Acción Ecológica.

Ante esta situación, el 9 de agosto pasado AI, Acción Ecológica, Fundación Pachamama, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Amazon Watch publicaron una carta abierta al presidente de Lenín Moreno en la manifestaban su preocupación por la ausencia de mecanismos de protección, así como la ausencia de resultados en las investigaciones por las amenazas y ataque a esta dirigentes. De esta carta, según Veramendi, no recibieron respuesta.

“Creemos que es necesario que Ecuador cuente con una política pública de protección a los defensores y que debe ser construida con la participación de las nacionalidades indígenas. Además que se cuente con un protocolo de investigación de crímenes contra personas defensoras”, dijo a Plan V la investigadora.

Para Ivonne Ramos, coordinadora de la articulación de Mujeres Saramanta Warmikuna (hijas del maíz), la inseguridad en la que viven las defensoras las ha afectado emocionalmente y viven en permanente estado de incertidumbre y de miedo por lo que pueda pasar a sus familias.

Ramos agrega que la violencia contra esta líderes tiene un componente sexual. Recuerda, por ejemplo, el caso de las amenazas contra Nema Grefa, presidenta del pueblo Sápara. Su padre recibió un mensaje en el que decía que ‘a la Nema la vamos a violar y matar’. “Están buscando dejar señales en el propio cuerpo de las mujeres. Las personas que están haciendo estos ataques colocan a la violencia sexual como un mensaje contra las mujeres defensoras”, añade la activista.

Un caso que no pasa de la investigación previa es el asesinato de la mujer sápara Anacleta Dahua. Sucedió el  2 de mayo de 2016 cuando se encontraba en la chagra de la comunidad de Llachama Cocha y por los signos en el cuerpo de Anacleta, su familia sospecha que fue violada antes de ser asesinada, según un reporte de Cedhu. El esposo de Anacleta había sido amenazado días antes.

Ramos agrega que tampoco se ha investigado la muerte del niño Emerson Ushigua, de 13 años, hijo de un dirigente. Al menor le habían roto el cuello y tenía señales en el rostro. El asesinato se dio días después de que la persona que promueve la actividad petrolera en el territorio Sápara había amenazado de muerte a la gente, según Ramos.

  TESTIMONIOS  

Estoy al frente de mi nacionalidad y
estoy luchando como mujer

Nema Grefa, presidenta el pueblo Sápara

Desde que me nombraron presidenta, hace seis meses, tuve amenazas de muerte por defender mi territorio. No queremos que ingrese la explotación de petróleo porque nosotros habitamos allí, contactamos la naturaleza con nuestro espíritu, tenemos laguna. El territorio es grande y las comunidades somos pocas, 14. Pero dentro del territorio Sápara viven otras nacionalidades que firmaron el convenio con Andes Petroleum (petrolera china) en los Bloques 79-84 durante el gobierno de Rafael Correa.

Nunca nos consultaron para la explotación. A la gente enviaron fotos y los engañaron diciendo que van a tener carreteras. En la selva no conocen cómo es el mundo de aquí. Desde la consulta previa que hizo el Gobierno anterior vino la división. Menos pensado fallecieron dos personas.

Estoy al frente de mi nacionalidad y estoy luchando como mujer. He tenido esas amenazas pero no voy a dar el gusto a esas personas. La última amenaza me llegó el 25 de abril a la página de comunicación del pueblo Sápara. En ese video se dice ‘Nema no tiene territorio, Nema no es sápara, a la Nema vamos a matar con esta lanza’. Ese amenaza vino del hijo de un dirigente de Santa Rosa. Como soy madre, mis guaguas van a tener sus niños, vendrán otras generaciones, ¿dónde van a vivir?

La primera amenaza me llegó cuando el ex presidente hizo otra asamblea en Santa Rosa. Invitaron a mi padre y le dijeron: ‘dígale a su hija que renuncie a la dirigencia. Si tu no te vas en 6 días de esa comunidad nosotros vamos a matarla’. A mí me dio iras y dije que voy a estar hasta el último. Luego hubo otra amenaza, que fue el 13 de junio, desde la Junta Parroquial de El Tigre. Un niño murió  y me dijeron que yo he pagado un chamán. Hicieron rueda de prensa y dijeron que si es que me dan nombramiento habrá enfrentamientos. Yo no estoy en contra de las comunidades, yo busco liderar con todas la comunidades que habitan en el territorio Sápara.

Puse la denuncia en la Fiscalía indígena. Estoy en el sistema de protección y los otros caso de los compañeros están archivados, el de un niño y una mujer sápara muerta. No se ha investigado. En mi caso actuaron porque fue una amenaza en video clarita. Pero la persona que me amenazó ya se fue de la comunidad, ya se escondió.

"Siento que el Estado no me está protegiendo y
que no está haciendo nada por las mujeres amazónicas"

Salomé Aranda Lideresa kichwa Moretecocha, que abarca 9 comunidades en el cantón Pastaza

Estamos en la lucha contra el extractivismo. En nuestro territorio, en el Bloque 10, tenemos a Agip que es la empresa petrolera que opera allí desde hace 28 años. Nosotras como mujeres de la Amazonía hemos visto la realidad de la contaminación. Hemos sido afectados por ella. El agua está contaminada. Con los nuevos dos pozos que está operando sin consentimiento de base de las comunidades, los peces se están muriendo, en nuestro territorio los productos ya no dan lo mismo: Hay menos producción de yuca, plátano, piñas, papayas. A mucha gente le está dando cáncer. Tres personas han fallecido este año con cáncer y un compañero dirigente tiene leucemia.

El año pasado murió una tía con cáncer de seno, otros años han nacido niños con cáncer y han fallecido a los 3 meses. Hay muchos casos en la comuna Moretecocha. Ya no existen personas de la tercera edad porque han muerto con tumores, hepatitis. Antes estas enfermedades no existían. Salimos a la lucha las mujeres para detener un poco esa contaminación. Como mujeres nos hemos organizado con otras compañeras que han luchado por años.

Pero para ellos (los de la petrolera), esta lucha es una afectación. Cortaron todos los beneficios y están chantajeando a las comunidades, a las bases. Dicen que por motivo de mi lucha han quitado ese beneficio. Pagaban a un promotor de salud y nos quitaron eso. También les quitaron trabajo a los hombres: dos veces al año iban al oleoducto para limpiar.

Querían tener una comunicación, contacto conmigo, pero no les di esa oportunidad de dialogar conmigo las empresas petroleras. Y después, el 13 de mayo vinieron a apedrear mi casa. Por otros medios de la gente me han mandado a decir que si yo sigo luchando me van a demandar y me van a mandar presa por lo que yo estoy defendiendo mis derechos, por ser una mujer luchadora por mi territorio.

Empezó la división entre dirigentes, estas son sus estrategias. También habían mandado un mensaje con el presidente de la comuna Moretecocha indicando que todas las nueve comunidades tenemos que pedir perdón a Agip para que devuelva esa ayuda puntual que daban a las comunidades. Y que en un medio de prensa diga el presidente que es una equivocación que dirigente de mujer ha hecho esto. Eso fue tan absurdo para nosotros, un chantaje grosero. No les estamos rogando a ellos, no estamos pidiendo que nos sigan apoyando.

No puedo estar tranquila. Puse una denuncia en la Fiscalía Indígena y no han llegado los peritos a hacer una investigación a mi casa. Mis vecinas también tienen miedo por lo que está sucediendo. Yo siento que el Estado no me está protegiendo y que no está haciendo nada por las mujeres amazónicas que estamos sufriendo esas amenazas. Mi familia está corriendo riesgo y no puedo salir tranquila y tener libertad.