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24 de Agosto del 2015
Historias
Lectura: 25 minutos
24 de Agosto del 2015
Redacción Plan V
Del levantamiento indefinido al gobierno paralelo

Fotos: Plan V y Conaie

Salvador Quishpe y Carlos Pérez, de la Conaie, conversan con Mesías Tatamuez, de la Cedocut.

 

Casi un mes de protagonismo de movilizaciones y enfrentamientos de los sectores sociales terminaron en una tregua unilateral. Desde el 2 de agosto del 2015, cuando arrancó la marcha por la unidad, hasta el 22 de agosto, cuando se levantó el campamento de la Conaie en Quito, pocas cosas cambiaron

La Coordinadora Unitaria de organizaciones sindicales, indígenas, gremiales y sociales, un colectivo de al menos 24 organizaciones, decidió en junio pasado que el 13 de agosto del 2015 habría un levantamiento indígena y paro nacional indefinido.

Pocos entendieron la paradoja de convocar a un paro de un solo día y declararlo indefinido, tampoco lo explicó la dirigencia, salvo voces aisladas que proclamaron que las movilizaciones se mantendrían hasta cuando se cumpliera la plataforma de lucha indígena y sindical. Entre la decena de exigencias al Gobierno, la principal, es el archivo de las enmiendas constitucionales, especialmente la de la reelección indefinida de las autoridades de libre elección.  

El archivo de las enmiendas tenía, a saber, la virtud de darle un contenido político a la serie de exigencias más locales y particulares con las cuales los movimientos sociales empataban con el conjunto de la sociedad que reclamaba, en un 80%, una consulta popular para la aprobación o no de la reelección indefinida. Permitía también integrar a los sectores medios de Quito, que había protagonizado un mes de movilizaciones en la avenida de Los Shyris con la consigna "Fuera Correa fuera".

Las movilizaciones de la clase media de las ciudades, del mes de junio, se habían desinflado tras la llegada del papa Francisco y, tras las gigantescas movlizaciones de Guayaquil y Azuay, el protagonismo pasó a los movimientos sociales, cuyos dirigentes, de la Conaie y de los sindicatos históricos agrupados en el FUT, habían tenido especial cuidado en no ser involucrados con partidos políticos, dirigentes y demás expresiones de "la derecha".

El 2 de agosto empezó desde Zamora la marcha organizada por el prefecto indígena Salvador Quishpe y la dirigencia de la Conaie. A la par que lo movilización subía desde el Sur a la capital, la dirigencia sindical preparaba el paro anunciado para el 13 de agosto. Y al igual que ellos, diversos sectores politizados de la clase media quiteña se empeñaron en resucitar la llamada Asamblea de Quito, como una forma simbólica de resistencia en la fecha patria del 10 de Agosto. 


Arriba, la llamada vaquita solidaria, que fue manchada con pintura por correístas.
Abajo, la marcha entra al sur de Quito.

De su parte, el Gobierno hacía su propia jugada: ante la evidencia del movimiento de gobierno de su incapacidad de convocatoria espontánea, movió dos fichas importantes: sacó a Ricardo Patiño de sus actividades en Cancillería, para ponerlo, junto a su hermano Raúl, al frente de una pretendida organización de masas de última hora, y sacó a también a Viviana Bonilla de la Secretaría de Coordinación Política, para poner ahí a Paola Pabón, asambleísta de PAIS hasta ese momento y pieza fundamental en el engranaje político del prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Así, el Gobierno devolvió a un sector de la izquierda el protagonismo de la organización, para cuidar las espaldas de los jerarcas de la Revolución vinculados a la derecha política y económica. 

El Gobierno apostó, además a generar desde la propaganda y el llamado diálogo, a cargo de la Senplades, el desprestigio del paro y la consolidación de apoyos de los sectores sociales, como ocurrió con el encuentro del presidente Correa con los jerarcas de la transportación pública. En ese mismo guión aparecieron encuentros con organizaciones estudiantiles, indígenas, los sindicatos formados por el correísmo, grupos de jubilados... Una táctica llamada de "espejo", en la cual todo sector que aparecía respaldando al paro y al levantamiento era replicado por el oficialismo. 

La estrategia política: sostener la vigilia en la Plaza Grande, movilizar actos de repudio al paso de la marcha indígena, desmovilizar a la clase media de Quito, entre otras, quedó reflejada en un documento que reveló la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán. A esto se sumaba el uso de la fuerza pública para poner obstáculos a la marcha y una atosigante propaganda para situar en la opinión pública a los manifestantes como violentos.

¿Dio resultado? La marcha fue una forma de calentamiento, en términos de la paranoia del Gobierno, y por las ciudades donde pasó recibió grandes apoyos de organizaciones y ciudadanos, pero que no acompañaron la movilización. Cuando los indígenas llegaron a Quito e instalaron su campamento en El Arbolito, un parque donde tradicionalmente se concentra la oposición, los cuatrocientos cincuenta marchantes fueron recibidos por otros cientos de ciudadanos opositores al régimen.


Los participantes en la toma de El Arbolito secaban la ropa al sol.


La improvisada ducha que fue instalada por uno de los miembros del campamento.


Una habitante de Sarayaku bajo su carpa vendía adornos con motivos amazónicos.


La carpa de la cocina: bajo las carpas también se improvisaron bodegas de víveres.


Los movilizados hacían cola disciplinadamente para recibir el almuerzo.

La instalación no fue fácil; había una sola carpa y muchos de ellos pasaron la primera noche casi en la intemperie o en casa de amigos y gente solidaria. Luego llegaron las carpas del Colegio Médico de Pichincha, que improvisó un consultorio, una camilla y una bodega de medicamentos, los cuales en su totalidad fueron donados por ciudadanos quiteños que atendieron el pedido por las redes sociales. Así, cada miembro del campamento, que al final de consolidó en un número de 300 permanentes, recibió un kit de limpieza, que consistía en una pasta de dientes, una afeitadora, una pastilla de jabón y un cepillo de dientes. 

La primera carpa organizada fue la del pueblo Sarayaku, del cual llegaron 70 personas y fueron los más disciplinados y organizados de acuerdo a los coordinadores del campamento. A modo de ciudadela encerrada, hubo 20 carpas, en las cuales se instalaron por pueblos de Loja, Cotopaxi, Chimborazo, Zamora... Una de estas carpas sirvió como centro de comunicaciones, donde periodistas de las organizaciones y otros ocho voluntarios elaboraron la guerra mediática de la Conaie, el acompañamiento de las movilizaciones, los boletines de prensa, las entrevistas, la denuncia de la represión policial y militar y las respuestas de los dirigentes al Gobierno. La carpa tenía wifi y varias portátiles, amén de cámaras de fotos y video. Todo el equipo estaba dirigido por Marlon Santi, ex jefe del pueblo Sarayaku. 


El pueblo Sarayaku estuvo presente con 70 miembros, y fueron la guardia de seguridad.


Marlon Santi, uno de los jefes del pueblo Sarayaku estuvo encargado de la comunicación.


Jorge Herrera, con sombrero, y Carlos Pérez, a la derecha, reciben la limpia.


Una toma de la asamblea que se instaló el 22 de agosto.


Con la bandera tricolor y en primera fila, los miembros de la autoconvocada Asamblea de Quito.


La dirigencia en pleno. Ahí estuvo Andrés Valdivieso, de la Asamblea de Quito.


Tres militantes del partido Sociedad Patriótica fueron impedidos de hablar un día antes de la Asamblea Popular.


La dirigencia sindical puso una carpa, que finalmente se cayó.

En otras dos carpas se instalaron las comisiones para la recepción de donaciones. Ahí se acumularon vestidos, colchones, frazadas, almohadas, y las miles de prendas y productos de limpieza que el pueblo de Quito entregó a los movilizados. Lo mismo ocurrió en el plano de los alimentos, cuando llegaron desde la solidaridad toneladas de productos como papa, arroz, azúcar, aceite, pasta, harina, enlatados, agua embotellada... Fue tanta la solidaridad que desde El Arbolito pudieron salir cinco camiones repletos de vituallas hacia las comunidades que participaban en el levantamiento.


Carlos Figueroa, médico cirujano, atiende en el improvisado consultorio del Colegio Médico de Pichincha.

Aunque todo se movió en esos días con tranquilidad, el momento más crítico fue la noche del 13 de agosto, luego de las movilización el día del Paro Nacional hacia San Francisco, cuando decenas de miles de personas se movilizaron desde la tarde de ese jueves, y hubo violencia y represión en las plazas del Centro Histórico. Al día siguiente, la Policía reportó más de 50 heridos, algunos con fracturas en las piernas debido a las piedras que algunos manifestantes arrojaron a los piquetes policiales. Pero del lado opositor, el doctor Carlos Figueroa, quien dirigió el consultorio de El Arbolito con el apoyo intermitente de otros diez médicos especialistas del Hospital Metropolitano, reportó 77 atendidos por roturas de cuero cabelludo, hematomas,politraumatismos, quemaduras de bomba lacrimógena...

En ese ambiente de combate, se reportaron los hechos más graves en provincias:

La batalla de Saraguro

La negativa al hábeas corpus presentado por los detenidos en Saraguro.

Lo que parece un cerco de madera separa a los dos bandos. De un lado, hombres y mujeres saraguros, algunos con palos. Del otro, policías con escudos y bombas. “Ni un paso atrás”, gritan los indígenas ante la llegada de los efectivos. Pasa poco más de un minuto y la guerra está declarada.  La escena corresponde a un video disponible en YouTube, en donde se registra la batalla campal que se desarrolló en Saraguro, Loja, el pasado 17 de agosto.

El objetivo del piquite policial: despejar la Panamericana que une a Loja y Cuenca. La vía se cerró desde la mañana del jueves 13 de agosto. La medida fue parte del levantamiento indígena, liderado por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) en el país. El resultado: 26 detenidos con orden de prisión preventiva de 30 días, además de varios heridos.


Movilización del pueblo Saraguro, en la provincia de Loja.


Las comunidades indígena y mestiza rechazaron la represión policial y militar.


Un manifestante es detenido sin observar prácticas profesionales de uso de la fuerza.


Para la Policía no importó que algunos de los manifestantes fueran ancianos y mujeres.


Los detenidos son trasladados en un bus.


La comunidad se volcó a apoyar a los detenidos y sus familias.

Desde entonces, la tensión recorre las calles de un poblado en donde habitan poco más de 30 000 personas (según datos del INEC). Óscar Pineda -miembro de Yasunidos Loja, Red de Solidaridad del Pueblo Saraguro y la Coordinadora de Movimientos Sociales- relata que a partir de la incursión policial no hay tranquilidad en el poblado.  Los moradores se sienten amedrentados ante la presencia de aproximadamente 1000 efectivos, quienes están vigilantes “en cada cuadra” del cantón.

Además del estado de ‘vigilancia’, el vilo invade a los saraguros en el contexto del proceso penal que enfrentan 26 miembros de su comunidad. Según Pineda, el lunes 17 de agosto desde Loja se envió el contingente con la intención de abrir las vías. “La incursión fue violenta. Además de abrir la Panamericana, se detuvo a gente sea o no manifestante. Persona que encontraban, persona que iba detenida. Muchos ni siquiera estuvieron en la manifestación, fueron detenidos desde las casas”, sostiene. Incluso se habría detenido a una persona con discapacidad y siete menores de edad, quienes ya fueron liberados la noche de ese lunes. El video es una evidencia.

Esa jornada se inició el vía crucis para los detenidos. María Quirola, miembro de la Red Agroecológica, indica que fueron tomados detenidos desde el mediodía del lunes. Sin embargo, apenas a las 17:00 se tuvo información. Pineda acota que dichas personas no tuvieron, en ese momento, acceso a médicos ni a abogados. Además, habrían estado recluidos en un bus hasta pasadas las 21:00, hora en que se instaló la audiencia de formulación de cargos, trámite judicial que concluyó a eso de las 04:00 del martes.

Con la acusación de haber impedido un servicio público, se dictó prisión preventiva de 30 días para 14 hombres y 12 mujeres. Una de ellas es Karina Montero, dirigente de la comunidad Saraguro e integrante del Parlamento de los Pueblos del Sur.

Apenas este 22 de agosto los detenidos, recluidos en la cárcel de Loja, podrán recibir visitas. Pineda señala que al estar apartados, todavía no han podido ver abogados. El horario de visitas está establecido para viernes y sábado.

Frente a eso, la noche del 17 de agosto, el presidente Rafael Correa denunció en su cuenta de Twitter el secuestro de un gendarme durante la incursión. Un policía fue "secuestrado por manifestantes, como registran las cámaras del ECU 911. No retrocederemos ante la violencia”, escribió en la red social.

El miembro de Yasunidos Loja explica que, en efecto, el pueblo Saraguro se indignó ante lo ocurrido y por eso detuvo a un policía y a una jefa política. Ambos fueron entregados a la Gobernación la noche del lunes.

Al día siguiente, el rechazo se notó nuevamente con una movilización que convocó, en cifras de Óscar Pineda, a cerca de 3000 personas. Este miércoles 20 de agosto se declaró una ‘tregua’, debido a la visita de la Virgen de El Cisne a Loja.

Los detenidos, a 26 de los cuales les negaron el pedido de hábeas corpus, se enfrentan a una posible condena que los privaría de la libertad de uno a tres años. Tampoco se sabe cuánto más durará la presencia de ‘vigilantes’ en las calles de Saraguro.

La toma de Macas

Los shuar y achuar tomaron la Gobernación de Morona Santiago, en  Macas y el parque de la ciudad a punta de lanzas. Los reclamos, además de la agenda de la Conaie, se dieron sobre la construcción de una carretera en la zona. La característica de los enfrentamientos de la zona sur oriental fue que el Gobierno tuvo que apelar a contingentes militares para pacificar la región y emplearse a fondo con los dirigentes de ambas nacionalidades para calmar los enfrentamientos. A Morona acudieron los ministros de Defensa y del Interior, la ministra de Ambiente y la secretaria de Gestión Política, solo para mostrar la gravedad de la situación

La Conaie denunció la militarización del Sur del  país y recordaron al Gobierno y a las autoridades responsables "que el Ecuador es un Estado Plurinacional y Constitucional de derechos y en base a la Constitución las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial por lo que la presencia de militares para desalojar a mujeres, niños y hombres que se encontraban en las carreteras demandando y exigiendo derechos, es inconstitucional y ajena a su rol.

"Denunciamos -dijo la Conaie- la presencia de militares en los operativos de desalojo en Loja, Zamora (Bomboiza) Cañar y Morona Santiago (Logroño) los días viernes 16 y sábado 17 de agosto así como la militarización de la carreta Macas- Puyo y de la parroquia Bomboiza del Cantón Gualaquiza en Zamora.

"Frente a las acciones represivas que se están implementando, alertamos que el Estado de Excepción decretado en todo el territorio nacional el día sábado por el Presidente Correa,  pueda convertirse  en un pretexto para reprimir en zonas que  nada tienen que ver con la afectación del volcán Cotopaxi.

"Advertimos sobre las posibles implicaciones del Estado de Excepción en estos territorios y responsabilizamos al Estado por la vida de las personas movilizadas en todo el país, especialmente de los compañeros y compañeras Shuar y Achuar, movilizados en la Amazonía Sur".

La Mesa Nacional Jurídica se conformó por profesionales del Derechos y organismos de derechos humanos. Este es su comunicado sobre el uso de la fuerza pública.

Más de 100 detenidos, unos 300 heridos del lado de los movimientos sociales, sobre todo indígenas fue el balance final. El Estado también denunció más de 50 policías y militares heridos y golpeados en los enfrentamientos. El colectivo Geografía crítica, hizo un mapa sobre los primeros días del levantamiento, mientras que otro colectivo, la Mesa Jurídica del levantamiento, conformado por abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos emitió un pronunciamiento sobre la respuesta estatal al paro.

Así se llegó al viernes 22 de septiembre, con diversos cierres de carreteras, toma de rehenes militares como en Ambatillo, incidentes diplomáticos como el de Manuela Picq, denuncias de malos tratos y tortura contra Margoth Escobar, cierre de puentes y vías en diversas zonas de la Sierra y de la Amazonia. La Costa no se dio por enterada.

El dilema se instaló entre los dirigentes del paro. Había voces radicales que pretendían que la medida se mantuviera, sobre todo se mantuviera el cerco de El Arbolito, como un símbolo del derecho a la resistencia. Pero las comunidades estaban agotadas y algunos de los dirigentes indígenas molestos. Sobre todo con la dirigencia sindical, a la cual acusaron, señalando a algunos responsables, del poco apoyo que entregaron al movimiento indígena, pues no acompañaron las acciones en las ciudades y ni siquiera fueron capaces de dormir junto a los indígenas y campesinos en El Arbolito; pero alguna gente del campamento también reclamo que dirigentes como Lourdes Tibán no fue a dormir con ellos. 

Quien más apertura tenía para esos diálogos extramuros ideológicos era Salvador Quishpe, y también hubo dosis de apertura en Jorge Herrera, presidente de la Conaie y Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari.

Los dirigentes indígenas, sobre todo de Sarayaku, consideraron que había llevado la carga del levantamiento, las marchas y la represión sobre sus hombros, y que los sindicatos no hicieron lo suficiente o lo necesario para que el paro tuviera un mayor impacto. Es así que ninguna fábrica se paralizó, ningún gremio se levantó en apoyo al movimiento indígena y la ciudad de Quito, salvo por las expresiones de solidaridad en las vituallas, permaneció impasible; es decir, no se activaron los protestantes da la Shyris, y el Sur de Quito hizo como si nada pasara. 

Del lado de la clase media quiteña, organizada en una Asamblea autoconvocada se replicó que fueron los propios dirigentes, tanto indígenas como sindicales, los que hicieron gala de sectarismo y exclusión. De eso dan cuenta personajes como Fernando Balda, del PSP y otros dirigentes de ese partido, quienes acudieron en varias ocasiones a tratar de charlar con los dirigentes del paro y del levantamiento, pero no fueron recibidos, ni siquiera fueron permitidos de hablar. 

Quien más apertura tenía para esos diálogos extramuros ideológicos era Salvador Quishpe, y también hubo dosis de apertura en Jorge Herrera, presidente de la Conaie y Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari.

¿Como dar una salida política al estancamiento del levantamiento indefinido? La salida fue la Asamblea, acción que gustó a todos, pero que finalmente fue reconocida como la única posibilidad de tregua al interior del Comité Unitario de Organizaciones. 

El informe de www.ecuadorlibrered.tk da cuenta de esa Asamblea:

Con el llamado a continuar con la lucha en las provincias se dio lectura de las resoluciones que la “Asamblea del Pueblo” aprobó en el Parque de El Arbolito este viernes 21 de agosto en horas de la tarde. La reunión inició a las 14H00 y culminó alrededor de las 17H00 e inmediatamente inició una movilización hacia el centro de la ciudad que posteriormente retornó al parque.

La primera resolución adoptada fue la de instituir la “Asamblea por la dignidad, por la vida y por la democracia” que estará constituida por delegados de las organizaciones sociales, populares y de la población en general, a la cabeza de la cual permanecerán los dirigentes del Colectivo Unitario de Organizaciones Sindicales y Populares que convocó el paro del pasado 13  de agosto.

Representantes de distintos sectores expusieron sus puntos de vista respecto de acciones que deberían ser impulsadas para continuar la lucha en oposición a la política implementada por el Gobierno, que sirvieron de base para las resoluciones finales. El presidente de la Conaie, Jorge Herrera, agradeció al pueblo de Quito por su solidaridad y el apoyo durante estos días que delegaciones de los pueblos permanecieron en el parque.

Varias resoluciones aprobaron cerca de 500 personas que participaron de la Asamblea, en ellas se plasma el pedido y plataforma de lucha que motivó el paro del pueblo y el levantamiento de los  pueblos y organizaciones sociales a nivel nacional. La presidenta de la Unión Nacional de Educadores, UNE, Rossana Palacios, dio lectura.

El archivo total de las enmiendas constitucionales y de todo el marco legal implementado por el correísmo en contra de los derechos fundamentales, laborales y de libertad de expresión y de la naturaleza.

Convocar a una marcha por la Libertad de los presos políticos, hombres y mujeres luchadores populares en todo el país, para el 26 de agosto.

Convocar a la 6ta. Convención de los trabajadores, trabajadoras, hombres, mujeres y estudiantes y de los pueblos y nacionalidades para el 29 de agosto en Quito.

Efectuar una nueva reunión de la Asamblea de los Pueblos el 15 de septiembre en Quito.

Convocar a una marcha nacional el 16 de septiembre en todas las provincias.

Hacer llegar la solidaridad con los perseguidos y presos políticos.

Continuar el levantamiento desde los territorios y provincias.

La resolución que no se hizo pública fue la de instaurar las asambleas populares en todas las provincias del Ecuador, como un acto de desconocimiento del poder constituido y para generar en la práctica una suerte de gobierno paralelo que lleve adelante las acciones que permitan el objetivo central de esta lucha: el archivo definitivo de las enmiendas constitucionales para que Rafael Correa termine su periodo constitucional en el 2017 y se vaya a su casa. Lo que no sabrían calcular los dirigentes es si la situación económica dará para tanto.

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