El intento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de que se declare la flagrancia de la detención de tres sospechosos de integrar una red que estaría cobrando sobornos a los prestadores privados de salud a cambio de agilitar sus trámites fracasó, pero las investigaciones continúan en la Fiscalía.

Tres personas, una de ellas, funcionario de las oficinas centrales del IESS, fueron detenidos la semana pasada en un operativo realizado tras a una denuncia a la Policía. Pocas horas después fueron liberados luego de que el fiscal que tomó el caso no logró convencer al juez de Flagrancia sobre tener suficientes elementos al respecto. 

Inclusive, el funcionario, a quien el IESS identificó públicamente como Germán A, regresó a su puesto, si bien se investiga sobre la supuesta red y se anuncian acciones administrativas en su contra. 

#IESSteInforma | La actual administración ratifica su compromiso por la lucha contra la corrupción.  pic.twitter.com/qs9wgNokWW

— IESS (@IESSec) February 5, 2022

¿Con quién tengo el gusto?

Este portal tuvo acceso a una grabación que fue presentada por el IESS a la Policía, en donde una persona que se identifica como un proveedor al que el IESS no ha pagado, se comunica con el funcionario. 

"Le llamo por los pagos que tenemos pendientes", le dice el prestador al funcionario, quien responde que tiene una relación con "una persona que trabaja en el Consejo Directivo", del IESS. "Por hacerle el pago cobran el 3%", precisa el funcionario al proveedor. 

"Ingrese un oficio en las ventanillas, de la uno a la cinco, pidiendo al presidente del Consejo, Francisco Cepeda, que les cancelen el valor que les adeuda", le explica el funcionario, mientras precisa que recibirán una respuesta de Cepeda y que lo más probable es que les paguen "en dos o tres cuotas" dependiendo del monto que les deba el IESS.

El funcionario explica que los pagos podrían extenderse hasta marzo y que la "Dirección de Salud tiene un fondo para estos pagos". El proveedor pide seguridades sobre si el presidente del Consejo les conteste y le comenta que a ellos les deben un millón 200 mil dólares. "Es el tres por ciento que se cobra, enfatiza el funcionario, quien sostiene que solo dice lo que le dicen". "Yo solo soy el que de la cara", explica el funcionario.

Pero el proveedor expresa dudas y le recuerda que para el pago es necesario un informe de la auditoría de la Coordinación de Salud. Le pregunta si la red tiene a alguien en esa dependencia. "Yo me relaciono directamente con el Consejo Directivo. De la Dirección Provincial sé muy poco". El funcionario asegura que "esto ya se va a terminar", por lo que pide que vayan a conversar con él "lo más pronto posible". El intermediario asegura que cuenta con el apoyo del presidente del Consejo Directivo y habla de clínicas a las que les han pagado más de cinco millones de dólares. 

"Para comprometer en el pago necesitamos unos cinco mil dólares para discresión", dice el funcionario, quien sostiene que el trámite también se puede hacer directamente en el Edificio Zarzuela, la sede directiva del IESS. Hacia el final del diálogo, el funcionario se pone empático con los acreedores del IESS que siguen trabajando pero no tienen ni para pagar la luz. A pesar de que se presenta como un operador muy discreto, el supuesto intermediario de la red se olvida de preguntar con quién está hablando y solo al final interroga: "¿Con quien tengo el gusto?".

Si se hubiera realizado la supuesta transacción, los proveedores de salud deberían haber desembolsado por lo menos $36 mil para la red, incluido el anticipo de cinco mil que pedían.

La justicia liberó a los tres sospechos

El IESS precisó que el juez de Flagrancias, Roberto Cueva, dejó en libertad el cuatro de febrero de este año a los tres sospechosos, que habían sido detenidos por la Policía, luego de que el IESS pidiera un acto urgente a la Fiscalía que no se ejecutó. El arresto de los tres sospechosos se produjo, según precisó el IESS, mientras recibían un sobre con el dinero que habían pedido.

Cepeda, que aparece mencionado por los presuntos tramitadores, tomó distancia del caso y explicó que no tiene relación con la red: "Presumimos que es una red que opera discriminando las facturas que se van a auditar y luego a pagar. Seguiremos investigando con los prestadores para ver si nos pueden dar más luces, a fin de terminar con esta práctica que se ha hecho común en el IESS", dijo el presidente del Consejo, quien fue ejecutivo del sector de la salud privada durante varios años antes de asumir el cargo. 

Tras la audiencia en la Unidad de Flagrancia, los tres sospechosos fueron liberados.  Captura de video de Twitter de Jonnathan Carrera

Cepeda agregó que hace "un llamado a los prestadores de servicios médicos y proveedores a no pagar valores indebidos por trámites, que son obligación del IESS atenderlos y en caso de tener presiones, denunciar ante las autoridades de la institución estas irregularidades".

La procuradora del IESS, Carolina Moreano, explicó en diálogo con este portal que los tres sospechosos son Germán A, quien es funcionario de carrera del IESS; un ex funcionario de la institución y un tercero que tiene familiares laborando dentro de la Seguridad Social. 

Moreano explica que hay dos clínicas, una en Quito y otra en Manabí, que se habrían beneficiado de las gestiones de esta red, pero los pagos se realizan por medio del Fondo de Salud. Según la funcionaria, estarían pendientes cerca de siete millones de dólares en pagos. 

Moreano explica que el procedimiento de pago consiste en primero se hace una auditoría para verificar si las prestaciones de salud se han realizado. "El gran problema que hemos tenido es que a veces nos facturan mayor número de pacientes atendidos que el real", por lo que se realiza la auditoría. 

La funcionaria precisa que en ese proceso de auditoría médica es donde se demoran los pagos, pues el IESS debe verificar que no hayan irregularidades en los reportes de atención privada. Entre las incongruencias que se han detectado están que no se ha cumplido con el tarifario referencial o que algunos prestadores pretenden cobrar servicios de personas que o no son afiliados al IESS, o no están al día en los aportes o también, que presentan afiliaciones duplicadas. 

La Unidad de Control Previo, tras haber recibido el informe de auditoría, procede al pago, pero siempre habrán prestaciones prioritarias, señala la procuradora, como pacientes con cáncer, pediatría, y otros, mientras que siempre habrá "un tiempo de espera" para otro tipo de facturas pendientes.

En ese escenario, Moreano sostiene que la gestión de los supuestos tramitadores consistía en facilitarles un pago inmediato, colocándoles en los primeros lugares de las listas de auditorías médicas y luego, en la lista de pago. 

La procuradora destaca que el sospechoso dice que "esto ya se va a acabar" debido a las gestiones de la nueva administración.

La Fiscalía investiga

Pero a pesar de las pruebas que se aportaron -entre ellas, el sobre con dinero y la grabación- el fiscal del caso no pudo sustentar su pedido de flagrancia, para legalizar la detención de los tres sospechos. El fiscal Hugo Pérez, destaca la procuradora, "estaba muy nervioso" y tenía todo los elementos de convicción, como el parte policial, un informe del IESS, las fichas laborales de los funcionarios, las versiones de los agentes de la Policía, entre otros. El IESS aspiraba a que se procese a los tres sospechosos por concusión, pero el fiscal decidió acusar una asociación ilícita. 

Para la procuradora, se pudo haber hablado de concusión, tráfico de influencias, peculado o cohecho, pero el fiscal no mencionó las conductas de los sospechosos y ante la falta de elementos, el juez no calificó la flagrancia, lo que significó la liberación de los detenidos. 

Tras la liberación, el IESS presentó una nueva denuncia, aunque el funcionario Germán A se reintegró a su puesto. 

Para Ana Delgado, vocera de la Asociación de Clínicas Privadas, que tiene 66 miembros, algunos de los cuales son prestadores del IESS, es importante que el IESS controle este tipo de redes de corrupción al interior de la entidad, aunque no quiso comentar los detalles del caso.

Delgado sostuvo que han mantenido reuniones con Francisco Cepeda, quien fue ejecutivo de varios hospitales privados en Quito y Cuenca, para expresarle algunos detalles de los pagos a los proveedores. Según Delgado, hasta abril de 2021, que fue el último levantamiento de información realizado por la Asociación, el IESS debía a prestadores privados por lo menos USD 168 millones, aunque admitió que la cifra puede haber cambiado.