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5 de Octubre del 2015
Historias
Lectura: 25 minutos
5 de Octubre del 2015
Redacción Plan V
Derechos Humanos: Ecuador de nuevo al banquillo

Foto: Diario El Universo

Dos de las víctimas del caso González y otros, que fue uno de los cinco que se han judicializado de los 136 que recomendó la Comisión de la Verdad.

 

Cinco años después de que el Estado ecuatoriano prometió a la comunidad internacional hacer justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos entre 1984 y el 2008, el gobierno se deberá sentar ante el banquillo de la CIDH, en Washington, a pedido de los colectivos de Víctimas por el incumplimiento y lentitud en los procesos de judicialización y reparación. El Informe de la Comisión de la Verdad, que hizo 155 recomendaciones, ¿queda en nada?

Este octubre se cumplen cinco años de que el gobierno de Rafael Correa, en nombre del Estado ecuatoriano, entregó el Informe de la Comisión de la Verdad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Esto lo hizo en una audiencia celebrada el 29 de octubre del 2010, en el marco del 140° Periodo Ordinario de Sesiones, el Estado ecuatoriano presentó a la CIDH el Informe Final y en el mismo acto se comprometió públicamente ante la sociedad de las Américas a implementar sus recomendaciones.

La Comisión de la Verdad del Ecuador fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 305, el 3 de mayo de 2007. Su mandato comprendió el esclarecimiento del proceso, hechos y responsabilidades de la violencia de Estado y de las violaciones a los derechos humanos ocurridas particularmente en el periodo 1984-1988 y otros casos relevantes ocurridos a partir de entonces y hasta el año 2008, así como proponer iniciativas destinadas a reparar a las víctimas y adoptar garantías de no repetición.

La Comisión de la Verdad concluyó sus labores y entregó su informe final en mayo de 2010, formulando 155 recomendaciones clasificadas en recomendaciones en materia de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición, exhortando al Estado ecuatoriano para que brinde las condiciones necesarias para que sean adecuadamente implementadas.


El 30 de julio del 2009, se realizó un desayuno con poderes del Estado del Sistema de Justicia y la Comisión de la Verdad. Foto: Presidencia de la República

Cinco años después de la entrega del informe a la sociedad ecuatoriana, apenas se ha logrado la instauración de procesos judiciales en 4 casos -uno de ellos declarado posteriormente nulo por deficiencias en la investigación inicial- de un total de 118 documentados en el informe final y otros 18 no incluidos en dicho informe, pero que la Comisión de la Verdad solicitó de manera expresa a la fiscalía que sean investigados penalmente.

Cinco años después de la entrega del informe a la sociedad ecuatoriana, apenas se ha logrado la instauración de procesos judiciales en 4 casos -uno de ellos declarado posteriormente nulo por deficiencias en la investigación inicial- de un total de 118 documentados en el informe final.

Los casos judicializados corresponden a: Expediente 313194, relacionado con la ejecución extrajudicial de un estudiante secundario por parte de la policía, mientras participaba en una manifestación en los predios de la Universidad de Cuenca en enero de 2002; el Caso C90, Expediente 222315, José Luis Lema y otros, relativo a la detención arbitraria e ilegal de cinco jóvenes y el sometimiento a torturas de tres de ellos, por personal de la brigada de homicidios de la Oficina de Investigación del Delito en septiembre de 1998; los Casos C22 y C23, Expedientes 231010 y 323172, Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín, relativos a la detención arbitraria e ilegal de tres militantes de Alfaro Vive Carajo AVC, su sometimiento a torturas y su ocultamiento hasta por dos años en instalaciones militares, por personal combinado de la inteligencia militar y policial en noviembre de 1985; y el Caso C103, Expediente 816090, Genry Aguiar y otros, relacionado con un operativo policial realizado en una farmacia de la ciudad de Guayaquil, que concluyó con la ejecución extrajudicial de ocho personas, la desaparición forzada de tres y el sometimiento a torturas de al menos una, en noviembre de 2003. Este último llamado Caso Fybeca y que por orden judicial tomó el nombre de Caso Las Dolores y luego Caso González y otros.

Cinco años después de la promesa hecha por el Estado ecuatoriano, un colectivo de organizaciones de víctimas de la represión del Estado y sus defensores sentará, este 19 de octubre, al gobierno en el banquillo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en Washington, por los inclumplimientos. Las organizaciones y personas que solicitaron audiencia son: Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos del Ecuador; la Mesa Nacional de Víctimas De Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en Ecuador 1983-2008; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH; Daniela Salazar Marín y Juan Pablo Albán Alencastro, profesores del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito; y la Fundación para el Debido Proceso DPLF.

Por su naturaleza, la Comisión de la Verdad no tuvo atribuciones jurisdiccionales, por tanto no sustituyó en sus funciones a la Fiscalía General del Estado del Estado ni al Poder Judicial. Y aunque su labor abarcó una porción importante del total de casos ocurridos, no hizo posible la investigación de actos delictivos cometidos por agentes del Estado ni la identificación completa y el castigo de los responsables, precisamente por no ser un ente con funciones jurisdiccionales. Por esta razón, pese a que un número mínimo de procesos se está activando, "el Estado ecuatoriano continúa violando el derecho de las víctimas sobrevivientes y las familias de las víctimas fallecidas a la tutela judicial efectiva, cada día que este ciclo de violencia no se cierra, precisamente por la falta de persecución y sanción de los responsables", afirman los peticionarios en su solicitud de audiencia.

Estas son las razones que se expondrán ante la CIDH por parte de los peticionarios, y a las cuales el Estado ecuatoriano, si es que asiste, tendrá que responder:

En diferentes momentos se han producido cambios de los fiscales asignados a los casos, con el consecuente retardo en la investigación y con la consecuente revictimización de víctimas y familiares.

Es notable que la inversión estatal de recursos para la investigación de estos complejos casos es muy marginal; los fiscales encargados de tales casos no cuentan con la adecuada cooperación de otros entes estatales para completar su trabajo, o estos entes directamente están obstaculizando la realización de la justicia, al negarse a entregar documentación que reposa en sus archivos (particularmente aquellos organismos a los que pertenecen o pertenecieron los perpetradores, como las fuerzas armadas y la Policía Nacional).

Las autoridades judiciales conservan un rigor formal excesivo en sus actuaciones, que lamentablemente termina por obstaculizar o retardar los esfuerzos para alcanzar justicia. Ya se aprecian ciertos resultados negativos, derivados de la falta de conocimiento de nuestros operadores de justicia sobre las reglas y criterios aplicables a este tipo de casos, y su obligación de realizar un control de convencionalidad.

Es evidente que los jueces ecuatorianos aún no tienen la experiencia y los conocimientos apropiados, se sienten inseguros y bajo el argumento de que temen cometer injusticias, en ellos pervive el temor reverencial que durante años nuestra sociedad ha sentido frente a quienes desataron los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos descritas en las páginas del informe de la Comisión de la Verdad. En este aspecto, el Consejo Nacional de la Judicatura debería tener un rol crucial en la adecuada preparación de los funcionarios judiciales llamados a ocuparse de estos casos y en la garantía de su independencia e imparcialidad.

Como casi todos los temas trascendentes en derechos humanos, la investigación de estos casos no ha quedado exenta del condicionamiento político. No se ha explicado públicamente cuales han sido los criterios para la selección de los poquísimos casos en que se ha decidió formular cargos contra los responsables. Se supone que esta decisión no debería ser muy complicada tomando en cuenta que la Comisión de la Verdad ya se había ocupado de levantar buena parte de la evidencia documental y testimonial necesaria para iniciar la investigación formal en el ámbito penal.

En medio de la situación descrita están las víctimas, algunas de ellas tan cansadas de esperar justicia, ante la evidente violación a su derecho de acceso a la justicia, que simplemente ya no participan en las indagaciones previas abiertas respecto de 113 de los 118 casos del informe y los otros 18 casos no incluidos en el informe. Otros, impresionados con los pequeños pasos dados después de tantos años, no alcanzan a comprender las limitaciones propias de estos procesos y lógicamente se frustran porque se otorga más atención a otros casos que a los suyos, sin explicarles las razones. Además, son sujetos de la descalificación pública, hostigamientos y amenazas que hacen los perpetradores y sus abogados, sin que el Estado reaccione apropiadamente, pese a la existencia por mandato constitucional de un Programa Nacional de Protección de Víctimas y Testigos a cargo de la Fiscalía General; y a que conforme a los estándares interamericanos, existe una obligación a cargo del Estado de asegurar que las víctimas o sus familiares tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones y procesos adelantados en el ámbito interno, sin presiones de ninguna naturaleza.

Como complemento a la poca actividad investigativa desarrollada hasta el momento, a inicios del mes de octubre del año 2013, con el voto favorable de 92 de sus miembros, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para la Reparación de las Víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. Sin embargo, y más allá de las buenas intenciones que dicho instrumento pudiera reflejar, ha sido objeto de grandes reparos y críticas, inclusive por parte de las propias víctimas, cuyas observaciones y aportes al proyecto de ley fueron desconocidas por la Asamblea Nacional, por fijar condiciones incompatibles con el derecho a una reparación integral al “limitar los familiares que pueden acceder a la reparación como derechohabientes y excluir importantes medidas de satisfacción y de no repetición de la lista de medidas reparatorias” y excluir del programa de reparaciones aquellos crímenes contra los derechos humanos cometidos con anterioridad a octubre de 1983 y en el curso de los últimos cinco años.

Aún con los defectos anotados, una vez adoptada la ley, las víctimas esperaban ansiosas su implementación a más tardar el 13 de marzo del 2014 –90 días después de su publicación en el Registro Oficial, según lo establecido por la Disposición General Primera–. Lamentablemente tal implementación recién empezó en enero del 2015, es decir con un retraso de diez meses. El argumento dado a la Mesa Nacional de Víctimas –colectivo que aglutina a diversos grupos de afectados por los hechos relatados en el informe de la Comisión de la Verdad– por las entidades responsables del proceso, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones, fue la falta de asignación presupuestaria y de autorización del Ministerio de Relaciones Laborales para crear nuevas unidades burocráticas que se ocupen de este tema. Además fue necesario esperar que tales entidades responsables diseñen un procedimiento para reclamar las reparaciones. En el caso de la Defensoría del Pueblo esto recién ocurrió el 13 de noviembre de 2014 mediante resolución No. 198-DPE-CGAJ-2014 y en el caso del Ministerio de Justicia el 3 de febrero de 2015, mediante acuerdo ministerial No. 865, luego de que la Ministra de Justicia –y otros funcionarios– fueran citados por la Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2015 a fin de explicar las acciones ejecutadas en el “primer año” de implementación de la ley.

La determinación de las medidas apropiadas en cada caso la realiza la Defensoría del Pueblo, escuchando el punto de vista del solicitante, que no tiene carácter vinculante para tal organismo. Si el solicitante no está de acuerdo con la propuesta reparatoria de la Defensoría, la negociación se termina y el proceso se archiva, sin reparar nada. La Defensoría del Pueblo asume equivocadamente que su rol se limita a realizar sugerencias a otras entidades públicas para viabilizar los pedidos de reparación, sin posibilidad de exigir y menos todavía de supervisar su efectiva atención.

Los “beneficiarios” se enfrentan a una dura realidad: los funcionarios elegidos para tan delicada tarea están poco conscientes del pasado represivo de nuestro país, son poco sensibles ante el sufrimiento que las víctimas llevan a cuestas por décadas, y están poco dispuestos a facilitar la reparación. Por el contrario su principal preocupación es cómo reducir los costos para el Estado, por ejemplo cuando de entregar becas o proporcionar tratamiento médico especializado se trata. Son en general funcionarios que llevan el “no” a flor de labios –sin ofrecer verdaderas explicaciones cuando afirman que determinada medida es impertinente– y que aparentemente piensan que están haciendo un favor a las víctimas cuando acceden a alguno de sus pedidos.

El Ministerio de Justicia, en clara violación de la propia Ley, ha desconocido los parámetros reparatorios diseñados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en cuanto a los componentes de la compensación económica y en cuanto a la necesidad de reparar los diversos tipos de daño ocasionados en lugar de pretender subsumir todos en una sola categoría.

En el marco de la ejecución del programa de reparaciones, la Dirección encargada del tema en la Defensoría del Pueblo ha resuelto que a muchas de las víctimas no se les otorgará reparación alguna pues al no constar expresamente sus nombres en el Informe de la Comisión de la Verdad –pese a haber sido afectados por hechos que si están incluidos en tal informe–, no se les considera víctimas, salvo que la Fiscalía emita una certificación de que son tales o cuenten con una sentencia judicial que declare esa condición.

Las medidas de atención médica y psicológica, así como otros servicios –por ejemplo, el acceso a la educación de las víctimas y sus allegados– se canalizan a través de entidades e instancias públicas ordinarias a las que todos los ecuatorianos tenemos acceso en forma gratuita, sin necesidad de estar inscritos en un “programa” de reparaciones.y el Estado ecuatoriano

Los peticionarios piden que se cite la Estado ecuatoriano para que pueda ofrecer las explicaciones e información que estime pertinentes, en procura de asegurar la vigencia y el respeto de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Clara Merino: "hay un hartazgo, no nos están haciendo un favor"

Clara Merino es una de las peticionarias, en nombre del Comité de Victimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad. En su oficina ubicada en el tradicional barrio La Floresta, en el centro oriente de Quito, dice que la creación de la Comisión de la Verdad tuvo mucha presión por parte de las víctimas y sus familiares. "Los Comités habían sido conformados por las madres, en las etapas mismas de la represión, pero con altibajos. La creación de la Comisión fue un buen paso en ese sentido".

La comisión, cuenta Merino, actuó desde el 2007 al 2010 y quizá no tuvo toda la presencia mediática y social que se hubiera querido, no todos los casos fueron presentados. Con la entrega del informe en el 2010 y las disculpas debidas del Presidente de la República, como que se esperaba un proceso de reparación integral de las víctimas a todos los niveles, incluida la garantía de no repetición, lo cual implicaba la sanción a los perpetradores.

Testimonio

A continuación, transcribimos el testimonio de Clara Merino:

"De parte de las víctimas hay una inconformidad en la forma cómo se ha llevado el proceso, la lentitud, la falta de real cumplimiento. Hay dos niveles: la Ley de Víctimas salió en el 2013,  pero no tomó en cuenta una sola de las propuestas realizadas por el Comité de Víctimas. Por ejemplo, una de las peticiones era que no se restringiera solo al periodo de la Comisión, sino que amparara a todos las vícitimas y posibles víctimas de delitos de lessa humanidad, en cualquier periodo de la historia nacional. 

La Comisión investigó 136 casos en total, pero se pidió que no se restringiera los casos a las víctimas que rindieron testimonio, sino a todas las que pudieron haber en todos esos casos. Las otras peticiones eran en torno a las medidas de reparación integral, que no estaban contempladas todas.

Un punto clave era y es la judicialización de los casos. La Comisión de la Verdad no tenía esas atribuciones. La Fiscalía empezó la judicialización en el 2011 y se creó la Dirección de Derechos Humanos, pero hasta el momento son los cinco casos los judicializados. Es un porcentaje mínimo y no hay reales sanciones a los perpetradores, salvo el caso Gonzáles y otros. 

Es un proceo muy lento, porque no hay claridad en qué casos se principalizan, cuales no; hay continuo cambio de fiscales, escaso financiamiento para atender casos complejos y que son nuevos en el país. Son cinco fiscales para 113 casos. Hay problemas en los aportes de otras instituciones del Estado, donde se generan problemas, sobre todo en la fuerza pública. Es complicado y hay poco apoyo institucional.

Los problemas son políticos también. Al menos no se vislumbra una real voluntad política. Hay trabas y debilidades para cumplir con una obligación del Estado. 

El programa de reparaciones tiene graves problemas en el reconocimiento de las víctimas. No se toma en cuenta una reparación integral sino que la reparación material está dividida de la inmaterial, que está a cargo de la Defensoría del Pueblo.

Clara Merino sostiene que "el programa de reparaciones tiene graves problemas en el reconocimiento de las víctimas. No se toma en cuenta una reparación integral sino que la reparación material está dividida de la inmaterial, que está a cargo de la Defensoría del Pueblo".

La ley no fue ejecutada ni siquiera de acuerdo a los plazos legales y con condiciones mínimas. La ley dice que la reparación es para las víctimas de los presuntos delitos documentados por la Comisión de la Verdad, pero no se acogen las peticiones sino solo cuando está dentro de la Comisión de la Verdad. Ellos justifican esas demoras por falta de financiamiento y trámites engorrosos. Las víctimas no tienen una voz en la institucionalidad, pero el programa es muy pobre, pues se hacen relaciones con otras entidades del Estado para ofrecer a la víctima, por ejemplo, turnos médicos de atención psicológica en las mismas condiciones de cualquier ciudadana que requiere los servicios del Estado y que no ha pasado por esa situación de represión.

Hay una decepción muy grande, hay hartazgo de que las cosas no se cumplen. Había la esperanza de reparaciones, pero son trámites tras trámites e incluso un maltrato en la forma de atención, como si nos estuvieran haciendo un favor". 

Réplica de la Defensoría del Pueblo

Con fecha 19 de octubre de 2015, este portal recibió una comunicación (ver la carta completa en formato PDF), suscrita por Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, en la cual se solicita que se publiquen sus argumentos en relación con esta polémica y con las declaraciones de Clara Merino y otras fuentes de este reportaje. 

Aquí el texto completo de la carta remitida por la Defensoría del Pueblo.

Según el defensor del Pueblo, "es falso que la Defensoría haya incumplido de forma alguna las obligaciones expresadas en la Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, misma que avanza conforme a los tiempos pendientes en este tipo de casos". 

El defensor agrega que este tipo de procesos "demandan tiempo, seriedad y profundidad suficientes para sustentar la reparación integral en los campos de investigación, indemnización de daños, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado". 

Para el  defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, este tipo de procesos "demandan tiempo, seriedad y profundidad suficientes para sustentar la reparación integral en los campos de investigación, indemnización de daños, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado".

Según el defensor, su entidad "creó el Programa de Reparación por la vía administrativa para las víctimas de violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad. Nada más claro que este hecho para desmentir la afirmación de que esta institución solo realiza sugerencias a otras entidades del Estado, sin exigir ni supervisar su efectiva atención".

Rivadeneira agrega también que "es importante aclarar que la Defensoría del Pueblo, tras un minucioso proceso de selección que puede ser verificado en nuestros expedientes de carácter público, ha contratado personal interdisciplinario dedicado al Programa de manera exclusiva, cuyo perfil cumple entre otros requisitos con la preparación para aplicar protocolos de atención consecuentes con los principios de la mencionada Ley y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

En esa línea, la Defensoría precisa que "hasta septiembre de 2015, se han atendido a 319 víctimas in situ, en las provincias de Pichincha, Guayas, Loja, Azuay, Esmeraldas, El Oro y Sucumbíos, y están en trámite previo al proceso correspondiente, solicitudes en las provincias de Imbabura, Carchi, Chimborazo, Manabí y Zamora Chinchipe. Esto representa una cifra superior al 60% de las 456 víctimas mencionadas en el Informe de la Comisión de la Verdad".

Para el defensor, es importante aclarar finalmente que "las personas que son su fuente y que han solicitado una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el momento, no han presentado su solicitud, lo que no ha permitido que se beneficien del programa". 

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