Son 12 los Informes Sombra que sobre derechos humanos han presentado varias organizaciones sociales y políticas en contra del Estado ecuatoriano, para el Sexto Examen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Ecuador. Es la primera vez que sucede: en los anteriores exámenes de este tipo, en Ginebra, Suiza, sede de la ONU, el Estado ecuatoriano, léase el gobierno de Rafael Correa, se paseó prácticamente solo, sin contendores, sin voces alternativas ni contradictorias y, por supuesto, se lució.

Eso explicaba uno de los seis ponentes de sendos informes la tarde y noche del miércoles 22 de junio pasado, en el auditorio Julio Tobar Donoso, en el quinto piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Ese día, seis organizaciones que fueron a Ginebra para participar entre el 27 y 28 de junio, expusieron sus respectivos informes.  

Casi no lo logran. El decano de Derecho de la PUCE, Íñigo Salvador, reveló que jóvenes de un grupo antiderechos sexuales, también autodenominados provida, se había opuesto a que se realizara el acto con carta al rector de la Católica, el jesuita Fernando Pónce León. El decano Salvador leyó la respuesta del rector a estas personas: la PUCE no está a favor ni en contra de la postura del Estado ecuatoriano ni en favor ni en contra de los Informes Sombra, "sí favorece y promueve que la ONU escuche y acoja lo que la sociedad civil tiene que decir sobre el modo y grado en que se cumplen los derechos humanos en el Ecuador. Fiel a su condición de universidad ecuatoriana, de universidad católica y de universidad pontificia, la PUCE es un lugar donde se cultiva el diálogo y la escucha. Esto vale tanto para el interior de la comunidad universitaria, como para los eventos que ella organiza. En razón de nuestra naturaleza y objetivos, buscamos tender puentes entre los diversos componentes de la sociedad ecuatoriana: Iglesia, Estado, organismos internacionales, organismos no gubernamentales, público en general". 

La razón de este pedido de censura se debía, en buena parte a que varios informes coincidían en destacar violaciones de derechos humanos de ciudadanos GLBTI y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Una vez leída la carta del rector Ponce, Íñigo Salvador agregó que frente a los atropellos, las limitaciones que la las organizaciones de la sociedad civil han venido sufriendo frente a sus denuncias, frente a su activismo, frente a sus funciones constitutivas, es importante, justamente, que ellas puedan contar con un espacio donde socialicen y difundan su labor.

Y eso hicieron. Participaron: la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, bloque que agrupa 23 organizaciones, desde la Asociación Ecuatoriana de Derechos Humanos hasta los Yasunidos. Además, con informes independientes están: Fundamedios, Ruptura de los 25, la Fundación Yerbabuena, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE (que agrupa y representa a la Conaie, la Confeniae, Pueblo Kichwa de Sarayaku, Nación Sapara del Ecuador y la fundación TerraMater), y la Fundación Ecuatoriana Equidad. Pero, además de estas organizaciones, se presentaron otros informes: el conjunto entre Conaie, Ecuarunari, Confeniae, Frente Popular, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres y la Asamblea Plurinacional por los derechos de las mujeres en resistencia; el del Taller de Comunicación Mujer y la fundación Akahatá; el de la Conaie sobre criminalización de la protesta social; el de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos; el de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas y la campaña Matrimonio Civil Igualitario. 

Estos son los informes presentados en Ginebra, incluido el del Estado ecuatoriano.

  Documentos   

State party report under LoIPT. Ver aquí

Info from Civil Society Organizations (for the session)

Alternative report by Fundamedios and the International Network of Human Rights – RIDH on the implementation of the Covenant on Civil & Political Righ. Ver aquí

Alternative Report By: Conaie, Ecuarunari Confeniae , Frente Popular , Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, Asamblea Plurinacional Permanente en Mujeres en Resistencia and the International Network of Human Rights – RIDH. Ver aquí

Alternative report by the Platform for the Defence of Democracy & Human Rights in Ecuador and the International Network of Human Rights – RIDH on the implementation of the Covenant on Civil & Political Rights. Ver aquí

Alternative Report to the submission of the sixth periodic report of Ecuador - International Covenant on Civil and Political Rights By: Yerbabuena Foundation and the International Network of Human Rights – RIDH. Ver aquí

Area de Derecho et al. Ver aquí

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador et al. Ver aquí

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador et al - Anexo I. Ver aquí

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador et al -Anexo III. Ver aquí

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador et al -Anexo IV. Ver aquí

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador et al -Anexo V. Ver aquí

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador et al -Anexo VI. Ver aquí

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador et al -Anexo VII. Ver aquí

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador et al -Anexo VIII. Ver aquí

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Ver aquí

Fundación Ecuatoriana Equidad (FEE). Ver aquí

Global Initiative for Sexuality & Human Rights. Ver aquí

Informe alternativo sociedad civil Criminalización de la protesta social. Ver aquí

Informe alternativo sociedad civil Criminalización de la protesta social - Annex I. Ver aquí

Informe alternativo sociedad civil Criminalización de la protesta social Annex II. Ver aquí

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (CEDHU). Ver aquí

Violations in Ecuador in relation to non-discrimination by: Ecuadorian Organization of Lesbian Women, Equal Civil Marriage and the International Network of Human Rights – RIDH. Ver aquí

Info from Civil Society Organizations (for LOIPR)

International Fellowship Of Reconciliation (IFOR). Ver aquí

Amnesty International. Ver aquí

CEPAM. Ver aquí

Ecumenical Commission for Human Rights (CEDHU). Ver aquí

Global Initiative. Ver aquí

Joint Global Initiative for Sexuality and Human Rights & Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights. Ver aquí

Ruptura de los 25 y la RIDH. Ver Aquí

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En conjunto, los informes registran casos emblemáticos y críticas a políticas públicas, que para los denunciantes prefiguran una sistemática violación de derechos humanos en este periodo. Más de 400 páginas con detalles, datos, y referencias. Estos informes fueron presentados en Ginebra el 27 de mayo, y el Examen consistió en que 18 expertos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, efectuaran cuestionamientos al Estado ecuatoriano sobre estos aspectos. 

De su parte, el Estado ecuatoriano, como Estado parte, presentó un informe de 38 páginas, en tres idiomas, en el cual da respuestas a la llamada Lista de Cuestiones, y donde se hace una descripción de las políticas del gobierno para contrastar con las preguntas y cuestionamientos, tanto de los expertos de Naciones Unidas, como de las organizaciones. El jefe de la delegación ecuatoriana, Guillaume Long, expuso un informe de 17 páginas durante su intervención.

Solo una entidad del Estado presentó un informe: la Defensoría Pública. 

Uno de los autores del informe de la Plataforma de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, al terminar la exposición, dijo que le sonaba extraño que el tema de las violaciones de derechos humanos se posicionara en el Ecuador, con tanta fuerza que "ya no parecía" el país que nos decían que tenemos. El informe de este conjunto de organizaciones acusa el Estado y por ende al gobierno de instaura un sistema de censura, de incitar al odio, de usar el linchamiento mediático como estrategia gubernamental, de usar agresiones verbales y sicológicas como mecanismo de control de la libertad de pensamiento, expresión y opinión; de coartar el derecho a la libertad de asociación  mediante persecución a organizaciones de la sociedad civil; de violar la libertad sindical, de violar los derechos de las mujeres; los derechos de las minorías étnicas; la ausencia de una justicia independiente; la extralimitación del uso del Estado de Excepción, la desproporcionalidad del uso de las figuras de sabotaje y terrorismo, la violación de los deechos de participación, sobre todo en el sistema electoral. 

En primera fila, de izquierda a derecha: César Ricaurte, Manuela Picq y Luis Verdesoto. Atrás, Silvia Buendía. Activistas ecuatorianos denunciando al Estado ecuatoriano en Ginebra, Suiza.

El infome sostiene que pretende mostrar la forma cómo en Ecuador los mecanismos democráticos pueden llegar a transgredir a los derechos humanos, estimulados por un inadecuado diseño institucional. Respecto del derecho de información, en resumen se recomienda la derogación de la LOC y, por lo tanto, la figura de linchamiento mediático; asimismo dejar de usar los medios públicos e incautados para descalificar, desacreditar y poner en riesgo a los actores que piensan de manera diferente al Gobierno; en este sentido se debe revisar la desproporcionalidad que tienen los servidores públicos en el uso de los medios frente a los ciudadanos comunes. Acerca del derecho de asociación, el Estado debe garantizar que la sociedad civil se organice de manera libre, sobre la base de lo que establecen el Pacto y la Constitución, además que no cierre a las ONG sin respeto al debido proceso. Esto es concomitante con la libertad de sindicalización. En cuanto al derecho de las mujeres, se recomienda suprimir la judicialización del aborto mediante delación de los profesionales de la salud. En lo concerniente al derecho de las minorías, el Estado debe velar porque este segmento goce de todas las garantías que establecen la Constitución y el Pacto. Es imprescindible que se evalúe el desproporcionado uso del estado de excepción. Para que se cumpla el derecho de participación, se recomienda despolitizar el nombramiento de cargos públicos, transparentar los procesos y que la designación de las principales autoridades vuelva a la Asamblea. En cuanto a la justicia, es indispensable la independencia de los operadores.

En primera fila, representantes de organizaciones de mujeres durante la sesión del Examen Periódico del Ecuador.

Además, la secuencia de los temas presentados en el informe "muestra como el modelo ecuatoriano se complejiza desde el quebrantamiento de las libertades de pensamiento, expresión, opinión y asociación, que impiden la formación del cuestionamiento ético y político de los ciudadanos, pasando por diversas formas de segregación y opresión contra derechos específicos de las mujeres y grupos étnicos, hasta cerrar el círculo opresivo en formas democráticas sustantivas como son una justicia dependiente del Ejecutivo y la participación ciudadana en las elecciones sin garantías competitivas, el reconocimiento discrecional de organizaciones políticas y el cercenamiento de la soberanía popular en la nominación de autoridades.

Ecuador presenta numerosos déficits sociales -dice el informe- que han sido aprovechados por el Estado para generar sistemas clientelares, especialmente de intercambio entre, por un lado, la aceptación al quebrantamiento de derechos civiles y políticos y, por otro lado, beneficios económicos y sociales originados en el gasto estatal. El fundamento conceptual de este modelo es la prevalencia de los derechos económicos y sociales por sobre los derechos civiles y políticos, forma abiertamente propalada por el Estado y utilizada contra la sociedad. La consecuencia es el progresivo deterioro de la democracia y el quebrantamiento de las instituciones, las que muestran y operan a través de sus inadecuados diseños. En especial, el Estado utiliza a las instituciones, respaldado en una abusiva extensión de la mayoría electoral de origen para oprimir a las minorías sociales y políticas tanto como a formas inescrupulosas de personalismo y manipulación autoritaria de la Ley, contrarias al imperio del derecho y de la deliberación y la concertación.

"El modelo de transgresión de los derechos civiles y políticos vigente en Ecuador se basa en la expansión del control del Estado contra la sociedad civil y la sociedad política. Coartada la autonomía de la sociedad civil, neutralizadas las formas históricas de organización social, y debilitados los mecanismos de representación política ha podido operar una forma estatal, que no se basa necesaria y únicamente en la abierta estrategia de control, sino en la utilización de una institucionalidad que guarda apariencias de legalidad pero, en los hechos, opera al servicio de un proyecto político. Estas dimensiones que operan flagrantemente en Ecuador requieren de la mirada internacional para conseguir el ejercicio de los derechos fundamentales de la humanidad superando los estrechos círculos de la manipulación doméstica de las instituciones.

"Esta realidad y sistema del Estado ecuatoriano contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere ser reconocida por la comunidad internacional veedora del cumplimiento de los derechos fundamentales de la humanidad, superando a los estrechos círculos de la manipulación doméstica de las instituciones".

Las recomendaciones, el 11 de julio 

Los 18 expertos hicieron más de 100 preguntas a la delegación del gobierno ecuatoriano, sobre casi todos los aspectos que tienen que ver con el cimplimiento o no de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, de la cual el Ecuador es signatario.

Fundamedios, una de las organizaciones que presentaron el Informe Sombra o alternativo al del Estado sobre libertad de expresión, dijo que la sesión en Ginebra inició con un encuentro de los expertos con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Manuela Picq, en representación de la Confederación de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari), relató a los miembros del Comité la situación de persecución que viven los indígenas en el Ecuador. Denunció que el Estado criminaliza de forma constante la protesta social y dio detalles de su caso en particular: ella fue expulsada en 2015 del país después de una protesta contra el Régimen. "El informe de Ecuarunari, Conaie, Frente Popular y otras organizaciones indica que hay más de 700 personas criminalizadas y tres asesinatos. Activistas y trabajadores detenidos, estudiantes torturados, profesores criminalizados. La mayoría de víctimas son de pueblos indígenas, que defienden los derechos de las naturaleza contra empresas extractivistas", señaló. El canciller Long, de origen anglo-francés, pretendió descalificar la presencia de Picq, puesto que una mujer blanca, según el canciller, no tiene derecho a defender a los indígenas.

En la misma línea, el director de Fundamedios, César Ricaurte, presentó las afectaciones a la prensa y la libertad de expresión, tras tres años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en el país. Enfatizó que en Ecuador, según cifras oficiales, se han abierto 896 procesos en contra de medios y comunicadores, con 550 sanciones, según cifras oficiales. "Dos de cada tres procesos son iniciados de oficio por la Superintendencia o por denuncias provenientes de funcionarios públicos. La censura se hace presente cada día a través de los contenidos impuestos por los funcionarios, quienes abusan de las réplicas y rectificaciones, además de la transmisión periódica de cadenas nacionales", acotó. El canciller Long dijo en su intervención, que ningún medio se había cerrado en el Ecuador y que existía una prensa "vibrante".

En nombre del movimiento político Ruptura, Walleska Pareja manifestó que el Ecuador es un país donde el Estado, el poder Ejecutivo y el movimiento oficialista no se distinguen entre sí y cometen abusos que afectan los derechos de participación política de forma constante.

Por su parte, la abogada y activista Silvia Buendía habló en defensa de los derechos de las personas LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) y el matrimonio igualitario. Buendía denunció que en Ecuador los casos de maltrato a esta población vulnerable se mantienen como una constante, lo que evidencia la necesidad de dictar políticas para la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pidió que estas políticas se tornen en acciones concretas. Además se refirió a casos de las llamadas "clínicas" que ofrecen "curar" la homosexualidad y las negativas del Registro Civil a cambiar sus servicios y políticas en cuanto a la situación de esta población minoritaria. También resaltó otro obstáculo para las organizaciones sociales. Se trata del Decreto 16, que impide a las organizaciones participar en actividades políticas, so pena de ser disueltas. "El Gobierno ecuatoriano ve como enemigo a cualquier organización que no se alínea a rajatabla a su discurso y lo critica; llama a esto hacer política", declaró. Como parte de su evaluación final, la abogada Buendía dijo que "es grato decir que los expertos de derechos humanos han leído nuestros informes y se nota cómo están respondiendo a temas  sobre discriminación. El Estado habló generalidades y nosotros hemos llevado casos concretos, como la denegación de derechos del matrimonio igualitario en el Ecuador".

En representación de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Ecuador, Luis Verdesoto solicitó al Comité que haga recomendaciones al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, dijo que sería necesario derogar la Ley Orgánica de Comunicación, dejar de usar los medios públicos e incautados para descalificar, garantizar que la sociedad civil se organice de manera libre y evitar el cierre de ONG sin respeto al debido proceso, respetar a la libertad de sindicalización, entre otros. Verdesoto dijo además que lo ocurrido en Ginebra es que "la imagen fantasiosa de un Ecuador perfecto, producto de la propaganda, se desmorona lentamente. Ecuado, dijo, ha entrado en el campo de los países donde se evidenci an violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El Estado ecuatoriano a sido muy poco profesional en su defensa. Se ha intentado deslegitimar la participación de la sociedad civil en Ginebra y el gobierno ha dicho, en su intervención, que la lucha contra la pobreza es garantía de defensa de los derechos humanos". Ha sido este un momento de recuparación de la sociedad civil, dijo Verdesoto.

El titular de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Ramón Muñoz Castro, resumió la situación que viven los defensores de derechos humanos, líderes sociales, indígenas, periodistas, comunicadores. Alegó que son objeto de persecución y de estigmatización permanente por parte del Estado ecuatoriano. "Los defensores son espiados y acosados constantemente. Sus cuentas de Twitter y las diferentes redes sociales son intervenidas", dijo. 

Muñóz coincidió con Verdesoto en que las recomendaciones del Comité son vinculantes, y aunque estas no son una sentencia judicial, su aplicación es obligatoria. Así como el Ecuadorrio. pide el cumplimiento de las recomendaciones del Comité especial de las Naciones Unidas por el caso Assange, sin que estas sean obligatorias, se debe cumplir y aplicar las del Comité de Derechos Humanos de la ONU para el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya que el Ecuador es Estado parte y signatario.

La delegación del gobierno ecuatoriano ante el Comité estuvo presidida por el canciller Guillaume Long. En su intervención, insistió en que se ha avanzado en medidas para garantizar los derechos consagrados por los instrumentos internacionales y por la Constitución de la República, al ser parte de los instrumentos vigentes sobre Derechos Humanos del Sistema Interamericano y las Convenciones del Sistema Universal. Long enfatizó supuestos avances a lo largo de estos 10 años en reducción de pobreza, transformación y fortalecimiento del sistema judicial en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, Estado intercultural, derechos de las personas con discapacidad, en movilidad humana, a la participación en asuntos públicos, a la libertad de expresión, el caso de Julian Assange, la prohibición de la tortura y la trata de personas.

En relación a la sociedad civil, aseguró que el Estado cree en ella. "Pero hay que tener mucho cuidado que la denominación 'sociedad civil' no sirva de disfraz. Hoy, cualquier opositor derrotado en las urnas de forma democrática, puede autoproclamarse defensor de los DDHH, crear una ONG con dos o tres personas, y ser recibido en las más altas esferas de la gobernanza internacional, incluso a veces con mayor credibilidad que los Estados", aseguró. "Tenemos que estar muy conscientes que la sociedad civil que viaja, se hace presente en todos los foros, con sus numerosos nexos y fuentes de financiamiento internacionales, no es necesariamente un espejo de la sociedad, ni representa a nadie más que a ellos mismos y los intereses de quienes los financian", añadió.

En la etapa inicial del examen, los expertos del Comité cuestionaron a Ecuador sobre el uso excesivo de la fuerza en el caso de Manuela Picq y manifestantes pacíficos en 2015, el proceso judicial sobre el caso de Los 10 de Luluncoto; así como los avances para frenar el abuso policial y la tortura en las cárceles. Así también manifestaron su preocupación por la amplitud del ámbito de aplicación de las normas penales con respecto a sentencias por terrorismo y sabotaje.

Los expertos además pidieron al Gobierno información sobre la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciones por discriminación de género, datos sobre centros de "rehabilitación" para homosexuales y las medidas en su contra, y el uso del estado de excepción. Además solicitaron detalles de los procesos penales en contra de decenas de mujeres por haberse practicado un aborto. El Estado no concretó respuestas y afirmó reiteradamente que enviará información escrita en las próximas 48 horas.