La convocatoria del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) al lanzamiento de la denominada Mesa por la Verdad y la Justicia: perseguidos políticos, nunca más, llenó el  auditorio del piso 11 del Complejo Judicial del Norte de Quito. Cerca de 300 personas acudieron al llamado, y, entre ellos, como los actores principales de este evento, estuvieron dirigentes sociales, gremiales, defensores de derechos humanos y periodistas que fueron judicializados durante la década correísta (2007-2017), acusados de delitos diversos, entre ellos sabotaje, terrorismo, daño moral...

Según los voceros del Consejo, que explicaron el mecanismo de la Mesa, se va a investigar todos los procesos legales en los cuales los judicializados consideren haber sido víctimas de persecución política a través de la administración de justicia. Al acto asistieron las víctimas, entre ellos representantes de los casos conocidos como 30S, los 10 de Luluncoto, los siete de Pastaza, los tres de Cotopaxi, los 29 de Saraguro y varios periodistas. También estuvieron abogados en libre ejercicio, delegados del Frente Unitario de Trabajadores, la Conaie y de la Unión Nacional de Educadores. 

El evento fue convocado por el Consejo Nacional de la Judicatura transitorio en el Complejo Judicial Norte. 

En la mesa principal estaban sentados todos los vocales del Consejo de la Judicatura. También estaban el procurador general del Estado, Íñigo Salvador; la defensora del Pueblo, Gina Benavides y el defensor Público, Ernesto Pazmiño. Había un asiento vacío: el del ministro de Defensa Oswaldo Jarrín. Fue invitado pero no llegó. 

La primera fila de asientos para el público estaba reservada para otras autoridades. Y las otras tres filas para los invitados especiales, a la sazón, los representantes de los criminalizados. En la primera fila estaba sentado el viceministro de Justicia, Diego Racines. Una fila detrás y a pocos metros de distancia estaban el activista y periodista Fernando Villavicencio y Verónica Sarauz, su esposa. El acto fue presentado e iba a tomar  la palabra la consejera  del CNJ Angélica Porras, mentora de la Mesa. Entonces Villavicencio pidió la palabra: "como víctima de la persecución correísta me niego a permanecer en el mismo sitio que mis victimarios", dijo, ante el asombro de todo el mundo. Entonces reveló que esa sala estaba el funcionario y abogado Racines, quien, dijo Villavicencio, estuvo en el allanamiento de su casa, el 26 de diciembre del 2015, cuando fuerzas policiales de élite al mando de la Fiscalía del Estado, irrumpieron por la fuerza, y delante de sus aterrados hijos pequeños y su esposa la allanaron con una orden judicial y se llevaron todos los documentos y equipos electrónicos que encontraron. Así que en medio del aplauso y la agitación de los presentes, Villaviciendo pidió "fraternalmente" al viceministro que abandone la sala. Los gritos de ¡Fuera! se escucharon de inmediato, y luego de algunos eternos segundos Racines abandonó el local, con la mirada fija al frente y el rostro ceñudo. 

Representantes de los criminalizados por el correato tomaron la palabra durante el evento. 

Los vocales y la mesa directiva guardaron silencio, hasta que tomó la palabra el presidente del CNJ, Marcelo Merlo. Pidió responsabilidad y tranquilidad. Esta es una cita histórica, dijo, no la echemos a perder.  Luego del discurso de la vocal Porras, Merlo exhortó a todos los sectores a participar activamente en este proceso para que se identifique a los responsables. “A la sociedad le interesa que se descalifique moralmente a quienes han sido los causantes de la tragedia nacional”, indicó. Una de las conclusiones de la Mesa sería solicitar a la Asamblea Nacional que realice reformas al Código Orgánico Integral Penal y se elimine la criminalización de la protesta social. Merlo dijo que este hecho marca un hito en la historia del país en cuanto a la lucha contra la corrupción judicial.

Plan V dialogó a fondo con Angélica Porras, y con el periodista y abogado Miguel Molina. Sus visiones ponen énfasis en el proceso de obtener justicia y reparación en este periodo "lamentable" para la justicia ecuatoriana cuando, dijeron, se puso al servicio del poder político de turno y no de la justicia ni del Derecho.

   PUNTOS DE VISTA   

"Hay que revelar la verdad, hacer justicia, ofrecer disculpas públicas y decir a la sociedad que esto es lo que somos".

Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura

Cuando hay violaciones a los derechos humanos, de manera sistemática, como ha ocurrido en los últimos diez años en el Ecuador, es importante conocer la verdad, sacar a la luz los hechos y nombrar a las cosas por su nombre. También que la sociedad se haga cargo de lo que permitimos. Porque también hubo una sociedad que permitió todo esto. Y que permitió que sus instituciones sean destrozadas, entre ellas la Justicia. Si la verdad es un primer elemento, el segundo es la Justicia. Es decir, dar a las víctimas la posibilidad de tener voz y de acceder a las instituciones, aunque muchas estén maltrechas. Y el tercer elemento es la reparación. Estos tres son los elementos que se busca encontrar después de una violación masiva de derechos humanos. Ahora, en cuanto a la reparación, que es responsabilidad del Estado, lo que nos compete como Consejo de la Judicatura es —teniendo en cuenta que uno de los mecanismos que usó el Gobierno anterior para perseguir a quienes piensan diferente fue la administración de justicia— encontrar justicia. Es macabro porque la persecución judicial se convierte en un mecanismo constante: los juicios son largos, someten a la víctima a recorrer juzgado tras juzgado, de fiscalía en fiscalía, y eso destroza anímicamente. Si un juicio normal destroza el ánimo, un juicio penal injusto es mucho peor. Eso destruye la familia, y causa angustia por no saber el resultado: siempre estás bajo la amenaza de la prisión, que te van a sancionar con una suma económica que no tienes. El papel que jugó la justicia en el caso ecuatoriano fue realmente lamentable. Hubo toda una estructura que funcionó, desde el más alto nivel del sistema judicial, como es el Consejo de la Judicatura, desde donde se instrumentaron formas de presionar a los jueces para sancionar a los disidentes y premiar a los obedientes. Lo que nos corresponde es sancionar a estos jueces y fiscales que actuaron indebidamente. ¿Cómo se financiará esta investigación? En el Consejo de la Judicatura había ciertas direcciones que servían para presionar a los jueces y que ahora no tienen qué hacer. Por ejemplo, la Dirección de Transparencia. Lo que hacía era identificar juicios que interesaban al Estado para luego enviar a los funcionarios a sentarse en la audiencia para presionar a los jueces. Nosotros les pedimos un informe sobre los juicios que esta dirección llevó, y muchos de los juicios que mostraron eran juicios en los cuales el Estado estaba interesado. Y ahora estas personas no tienen nada que hacer. Hay una Dirección de Derechos Humanos que estaba prácticamente olvidada, ellos tienen que trabajar en este tema. 

Aquí se trata de persecución sistemática, no es hacia una persona ni son casos aislados. Hubo un patrón para perseguir a los que piensan diferente, a los que cuestionan al régimen. Hay aquí todo un entramado: la primera reforma al Código Integral Penal ya criminalizó la protesta social. Con "nombre y apellido", en un artículo ya dijo que obstaculizar el tránsito era una forma de sabotaje. El COIP nunca se preocupó por pulir el tipo penal de terrorismo. Hay un conjunto de verbos rectores de ese tipo y son inadecuados, porque el juez no tiene la posibilidad de determinar con exactitud el delito cometido. Esos delitos sirven para perseguir. Entonces tuvimos una reforma, no solo penal, sino de todas las leyes encaminadas a callar al opositor. Luego, tenemos una intromisión del Ejecutivo en todas las instituciones, también en la Justicia. Entonces hay un patrón, una estructura que permitió que eso existiera. Luego, están los casos particulares, de personas que piensan diferente, dirigentes sociales, defensores de la naturaleza, y las experiencias de otros países tienen una metodología que nos permite identificar estos casos.

Creo que va a ser difícil que el Estado ecuatoriano asuma esa responsabilidad en su conjunto. Pero es necesario que en algún momento de funcionamiento de la Mesa estén presentes los posibles victimarios: Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, el Ministerio del Interior. No está pensado aún en qué momento, porque hay resistencia de las víctimas y tienen razón. Por ejemplo, el Ministerio del Interior era uno de los principales ejecutores de esta política, era de los que alzaban el teléfono para el juez y al propio Consejo de la Judicatura. Pero es importante que estén en la mesa para hacer sus descargos y aporten con información que no está en manos de las víctimas. No será tan sencillo: no se pueden desmontar en pocos meses diez años de cierta forma de manejo del país. Nuestro objetivo es generar un informe para la reparación, de quién corresponda. No tiene sentido hacer un informe para que se quede guardado; hay que revelar la verdad, hay que hacer justicia, hay que ofrecer disculpas públicas y hay que decir a la sociedad que esto somos. Pero también hay que decir a las instituciones que reparen a las víctimas en todo sentido. 

Para que nada de esto se vuelva a repetir en la Justicia e identificar a los jueces que lo ejecutaron hemos escogido varios instrumentos. Uno de estos es la propia Mesa, y otro es la evaluación de los servidores de justicia. En esto tomamos en cuenta la trayectoria del juez, de dónde viene y qué hizo para llegar al cargo. Luego debemos hacer una capacitación continua de los jueces. Hay jueces que no están capacitados porque muchos fueron calificados y recalificados por sus relaciones políticas y económicas. Tenemos jueces que vinieron de un proceso viciado y que saben que el puesto se lo deben, y debieron, a fulano de tal. Esto significó que el juez no responda al Derecho. Además un juez debe ser formado en la conciencia de su responsabilidad profunda. Un juez tiene poder, aún el juez del juzgado más pequeño puede decidir sobre la libertad de una persona. Es gente con poder y los límites que le establece la ley pueden ser franqueados en cualquier momento. No presionamos a los jueces, buscamos que sean independientes, pero eso sí, el juez corrupto tiene que ir a la cárcel. Resulta increíble que ni uno solo de los procesos en el CNJ contra los jueces, es por corrupción. También he sido abogada litigante y si todos sabemos que hay corrupción en la justicia, ¿cómo es que ese poderoso sistema disciplinario del Consejo de la Judicatura no tiene un solo caso por corrupción? Este es un proceso largo, necesita acompañamiento de las organizaciones sociales, porque debemos ser incansables en esto. 

"Lo que pretendía ese caudillo megalómano era
distorsionar el sentido de las palabras"

Miguel Molina, periodista, abogado y asesor del CNJ

La principal idea que surge de esta Mesa de Justicia y Verdad es que se va a dar —incluso ante la memoria histórica de este país— a aquellos que violaron sistemáticamente derechos humanos, la oportunidad que no dieron a sus víctimas: un proceso serio de investigación, acorde a Derecho, acorde a procedimiento legales y absolutamente objetivos, una investigación administrativa que no va a ser parcial. Y esta es una de las grandes oportunidades que, en general, en los momentos históricos las víctimas suelen dar a los victimarios, porque las víctimas tienen una dignidad que los victimarios no tuvieron el momento en que montaron un mecanismo persecutorio, a través de un Estado autoritario, y en el momento en que violaron esos derechos. Un segundo tema que me parece crucial es que por primera vez en mucho años la ciudadanía, y gente que fue hostigada por el sistema de justicia, pudo acceder con libertad a un edificio, donde antes era sentenciada,  para contar sus historias, para decir cómo esa justicia violó sus derechos. Y eso es importante, que ese Estado autoritario y degenerado que se montó en la última década, se vaya transformando, así sea lentamente, en un Estado inclusivo, que reconozca que esas historias de vidas destrozadas merecen oídos y merecen ser escuchadas por autoridades del Estado ecuatoriano. 

Otro tema que esta Mesa puede generar es pagar una deuda con la memoria histórica de este país. No podemos olvidar lo que pasó en esta década, y la Mesa ayuda para eso. Para que esas vidas que fueron afectadas —como la de Mery Zamora, la de los dueños de El Universo, la de esos jóvenes de Luluncoto que estaban al inicio de sus vidas políticas y que fueron llevados a la justicia con la mayor violencia— se recuerden. Creo que la única forma de no repetir los errores de la historia es no olvidar los hechos. Ese debe ser uno de nuestros objetivos: que la sociedad recuerde y que sepa que estos diez años fueron los de un Estado autoritario que violó derechos. 

El problema de los Estados autoritarios es que distorsionan el sentido de las palabras y la verdad del lenguaje. De algún modo, en el Ecuador se instaló lo que Hannah Arendt anotó para momentos horrorosos de la historia del Siglo XX y que es la banalidad del mal, y cómo todo un ejército de funcionarios se dedicó sistemáticamente a violar derechos humanos por defender un salario, un cargo o un espacio de poder. Lo de fondo aquí es el sentido de las palabras. Lo que pretendía ese caudillo megalómano era distorsionar el sentido de las palabras y hoy debemos recuperar las palabras con la memoria histórica. Como investigador de derechos humanos recuerdo mucho ese proceso en Argentina. Entre todos los expertos convocados para ese informe luego de la dictadura militar hubo un escritor, Ernesto Sabato, quien fue presidente de la Comisión de la Verdad, porque lo de fondo también es recuperar la verdad del lenguaje, para que no vuelva a ser usado como herramienta de falsificación de lo que realmente estaba pasando. Recordemos cuando en Ecuador había una violación de derechos humanos, sacaban una cadena nacional diciendo que esos eran los violentos que agredieron a la Policía y que "prohibido olvidar" con ese lenguaje falso. En este proceso no solo hay verdades ocultas que no pueden salir a la luz y entonces no cabe decir que la verdad judicial es la única verdad, porque la verdad judicial fue la verdad del caudillo. Pero muy en el fondo hay que recordar lo que decía Walter Benjamin: que la historia no solo es lo que se escribe, no solo la historia oficial sino, fundamentalmente, la historia del sufrimiento humano. Y cuando digo sufrimiento pienso en “los 10 de Luluncoto”, en las mujeres del pueblo Saraguro que fuero atropelladas absolutamente por la violencia del Estado...Y esa es la historia del Ecuador, de la que debiéramos estar conscientes, la historia de la resistencia que durante diez años gente valiente, a riesgo de perder mucho en la vida, emprendió para defender la democracia y las libertades de este país. Esa historia también está presente hoy, con los defensores de derechos humanos, que intentan cuestionar lo que está pasando desde el Estado ecuatoriano con la migración venezolana, que huye de una dictadura sanguinaria y que necesita refugio. 

Una mesa de perseguidos políticos es una oportunidad para vernos al espejo. Es impresionante todo lo que los ecuatorianos permitimos. Es impresionante como callamos ante tantas violaciones a los derechos humanos. Y luego volvimos a votar por esos violadores de derechos humanos, para que sigan gestionando un Estado autoritario. El primer paso es vernos al espejo y reconocernos. Así podremos salir de un momento tan crítico: reconocer nuestro silencio ante los atropellos. Hubo gente, y me incluyo en esto, que no tuvo miedo a decir las cosas a pesar de la persecución, pero gran parte del país calló y nos dejó solos en esa lucha. Hubo un país en un estado casi de sanatorio mental que seguía las directrices de un sociópata, que nunca rebatía ideas sino que se burlaba de las personas, era una manifestación de violencia extrema, de complejos en todo sentido, con un machismo exacerbado y es interesante ver cómo el país comenzó a aceptar eso con normalidad. Ver las sabatinas es un ejercicio interesante para recordar en qué manicomio vivíamos y en qué manicomio aceptamos estar.