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19 de Abril del 2021
Historias
Lectura: 17 minutos
19 de Abril del 2021
Redacción Plan V
Derechos humanos: la otra deuda que deja Lenín Moreno
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El caso Furukawa implica la violación de derechos básicos a cientos de trabajadores desde hace décadas. El Gobierno fue el primero en conocer esta situación, pero las organizaciones denuncian que no ha logrado reparar a estas familias. Fotos: Luis Argüello / PlanV

 

Al menos en 10 temas, el Gobierno saliente deja retrocesos y vulneraciones en derechos humanos. Estos incluyen derechos de pueblos indígenas, de la Naturaleza y de mujeres. La violencia policial y las ejecuciones extrajudiciales se han incrementado en los últimos años. Hay impunidad en los crímenes en la frontera y en las cárceles. Un balance.



Continuismo y retroceso. Con esas palabras calificaron expertos consultados por Plan V sobre el legado del presidente Lenín Moreno en derechos humanos. Aunque en sus discursos, Moreno ha insistido permanente que su gestión ha sido más respetuosa a los derechos básicos en comparación a la de su antecesor Rafael Correa, el balance lo contradice. 

Para levantar el prontuario en esta materia del Gobierno saliente, fue necesario recurrir al archivo de casos y al análisis de cuatro organizaciones defensoras de derechos. PlanV ha identificado 10 grandes temas donde las cifras rojas predominan o los casos se mantienen impunes. 

De esta recopilación se desprende que hubo momentos en los que el Régimen cometió más vulneraciones como en el paro de octubre de 2019 o en la pandemia. Pero por fuera de estas etapas críticas, hay situaciones que desprotección y afectación a ciudadanos, comunidades y medioambiente que se han mantenido o agravado. 

Crímenes en la frontera sin resolver. El secuestro y asesinato del equipo periodístico Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra han pasado bajo investigación previa durante tres años. Esto pese a los compromisos públicos que hiciera Moreno, sus ministro y la fiscal General, Diana Salazar, para desclasificar los documentos del caso que permitieron resolverlo y encontrar a los culpables. Sin embargo, las familias han denunciado el continuo bloqueo por parte de las autoridades a todo nivel al acceso de información y la falta de voluntad fiscal para avanzar en las investigaciones. Hasta el momento, hay un solo sentenciado en Colombia. El crimen contra los comunicadores es considerado un caso emblemático en la región por su gravedad y atentado directo a la libertad de prensa. Pero ni Ecuador ni Colombia han dado respuesta a este hecho sin precedentes en la historia del periodismo ecuatoriano. 

Pero la violencia que marcó la frontera norte en el primer trimestre del 2018, cuando ocurrió el asesinato de los periodistas, dejó otras víctimas. Los asesinatos de los ciudadanos Óscar Villacís y Katty Velasco, del soldado Wilson Illaquiche, y de cuatro militares que fallecieron en un emboscada en Mataje, San Lorenzo, siguen sin justicia y en fases iniciales de investigación. 


Las familias de Javier Ortega, Efraín Ruales y Paúl Rivas aún exigen justicia. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

Cárceles y violencia en las calles. La masacre de 80 presos en cuatro cárceles del país, el pasado 23 de febrero, es el resultado de la indiferencia y la falta de gobernanza, opina Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. El defensor explicó que en el gobierno de Correa hubo una gran inyección de recursos al sistema penitenciario que permitió pasar de 33 a 55 cárceles, contratar más guías y comprar tecnología para la vigilancia.  Pero también implementó el aislamiento carcelario y prohibió  el ingreso y monitoreo de las cárceles a grupos de DDHH. Sin embargo, esos recursos se redujeron de forma constante en el periodo de Moreno. 

Tras la masacre del 23F, el SNAI reclamó más recursos para un sistema penitenciario congestionado y sin mantenimiento de los equipos de vigilancia. Para Navarrete, en estos últimos cuatro años siguió el hacinamiento y se agravó la violencia. “Hay una responsabilidad clara, explícita del Gobierno”. Meses antes de la masacre, el 19 de octubre del 2020, la Corte Constitucional pidió al Gobierno un plan para enfrentar la crisis cuando Moreno declaró el estado de excepción en todas las cárceles del país. Fue la segunda vez que lo hacía después de violentos motines y asesinatos en los centros. Hasta el momento, solo hay un procesado por las 80 muertes del 23F. 

El aumento de asesinatos dentro de las cárceles coincidió con el incremento de la violencia en las calles y, sobre todo, del sicariato. Desde abogados, guías penitenciarios, directores de cárceles han sido asesinados o amenazados. Uno de los casos que más causó conmoción fue el crimen contra el presentador Efraín Ruales, las investigaciones apuntan a que la orden salió desde una cárcel. Aún no hay un sentenciado por su asesinato. 

Violencia policial. Entre 2017 y mayo del 2019, en Ecuador se registraron 34 de denuncias de ejecuciones extrajudiciales a escala nacional, siendo Pichincha la provincia con más casos. Mientras que entre 2015 y 2016, hubo 37 casos. Este hallazgo está en el libro Liberalización de la violencia policial, ¿ejecuciones extrajudiciales en el Ecuador?, de Mayra Caiza e Ingrid García. Las autoras analizan esta vulneración entre 2014-2019 y concluyen que solo en cuatro años hubo 71 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, mientras que la Comisión de la Verdad conoció de 68 casos de este delito en 23 años. 

Estas cifras no toman en cuenta los hechos sucedidos en octubre de 2019. Según la Defensoría del Pueblo y una comisión ciudadana que formó para una investigación de esos hechos, seis ciudadanos murieron a manos de la Policía, en circunstancias que podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, mientras que por lo menos 14 personas sufrieron mutilaciones como la pérdida de un ojo, por impacto de bombas de la Policía disparadas al rostro. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, puso una demanda penal por delitos de lesa humanidad contra Moreno, su ministro de Defensa, Oswaldo  Jarrín, la exministra de Gobierno, María Paula Romo, y varios oficiales de la Policía Nacional. El Gobierno rechazó ese informe. 

Para Pamela Chiriboga, abogada de Inredh, afirma que el uso desproporcionado de la fuerza se hace presente sobre todo durante la protesta social, como ya ocurrió en el gobierno de Correa. Ahora en el Régimen de Moreno estas prácticas se mantuvieron y se develaron no solo en octubre de 2019, sino también en el inicio de la pandemia. En redes sociales, circularon videos de militares y policías donde se los vio aplicar castigos a los ciudadanos que no respetaron el confinamiento

En su opinión, hay un intento por legitimar el  uso desproporcionado de la fuerza. Por ejemplo, el Acuerdo 179 del Ministerio de Defensa permite usar armas letales a los militares en estado de excepción en situaciones de resistencia social. Esta norma tiene cinco demandas de inconstitucionalidad por posibles violaciones a los DDHH, que las tramita la Corte Constitucional. A este se suma el Proyecto de Ley Orgánica para el Uso Progresivo y Racional de la Fuerza. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, junto con la Comandante General de la Policía, Tannya Varela, presentaron el articulado el pasado 13 de abril.

Esclavitud moderna. En febrero del 2019, este portal junto a La Barra Espaciadora publicó una investigación sobre la existencia de esclavitud moderna en las haciendas de la empresa de capital japonés Furukawa, asentada en tres provincias del país para la producción de abacá. La Defensoría del Pueblo también hizo la denuncia pública en lo consideró como un caso emblemático por la gran cantidad de violaciones de DDHH que implicaba. 

Pero la situación de las condiciones laborales de los abacaleros -en su mayoría afrodescendientes- se agravó. “Pese a que el caso Furukawa fue tan visible, el Estado lo trató de ocultar y se volvió cómplice de la empresa”, sostiene Patricia Carrión, abogada de la CEDHU. A su criterio, este caso solo mostró la debilidad de las instituciones que se someten a intereses económicos. Esto también ha ocurrido en San Pablo de Amalí que pelea por el acceso al agua contra Hidrotambo. “Estamos en un estado de indefensión y si se accede a la justicia tampoco es garantía”, manifiesta. 


Foto: Cortesía

Derechos de la Naturaleza. El derrame de 15.800 de barriles de crudo y combustibles que contaminaron los ríos Coca y Napo es uno de los peores desastres ambientales, según organizaciones de DDHH. Ocurrió el 7 de abril del 2020, en plena pandemia. La erosión en la cascada de San Rafael provocó la ruptura de los oleoductos de Petroecuador y OCP Ecuador. Ambas empresas sostuvieron que terminaron los trabajos de remediación, pero las comunidades aún piden reparación porque su cultivos y el agua que consumen siguen afectados. Un total de 109 comunidades fueron afectadas. Plan V llegó a tres de ellas para conocer sobre su situación a un año del derrame. Sin agua y sin alimento suficiente, sus habitantes sufren de hambre y de mayor pobreza. Las comunidades demandaron a las petroleras y a los ministerios de Recursos y Energía y de Ambiente, pero sus pedidos han sido rechazados en dos instancias. 


Las comunidades asentadas al borde del río exigen reparación por el derrame petrolero. Foto: Luis Argüello

Otro problema que se exacerbó en la pandemia fue la explotación ilegal de madera, específicamente de la balsa. Se estima que el aumento de esta deforestación ha sido del  500%. Esta especie crece en las riberas de los ríos y cumple la función de evitar inundaciones. 

Derechos de pueblos indígenas, defensores y extractivismo. En los cuatro años de Moreno, la consulta previa e informada a los pueblos indígenas no ha pasado de ser una ilusión. En zonas de proyectos petroleros y mineros esto ha sido evidente. Carlos Mazabanda, coordinador de Amazon Watch en Ecuador, relata el caso del proyecto minero Warintza, ubicado en territorio Shuar Arutam, en Morona Santiago. Está operado por la empresa canadiense Solaris Resources. Mazabanda manifiesta que la minera y el Gobierno invitaron a un proceso de socialización a unas comunidades y a esa actividad la llamaron consulta previa. El pueblo Shuar Arutam está conformado por 47 comunidades y no hubo decisión colectiva. La organización se fracturó y la minera creó una alianza estratégica con una organización inventada. Esto ha causado una gran tensión entre las comunidades. 

A eso se suma que Josefina Tunki, presidenta del pueblo Shuar Arutam, fue amenazada por la minera después de que presentara una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, según narró el defensor. Los casos de activistas amenazados no han cesado en este Gobierno. En 2018, siete mujeres defensoras de la naturaleza y líderes indígenas denunciaron haber sido víctimas de amenazas de muerte o amedrentadas. El último hecho violento contra un activista fue el asesinato de Andrés Durazno, líder antiminero de Río Blanco, ocurrido en marzo pasado. 

La abogada Patricia Carrión apunta que el país no ha reconocido la particularidad del trabajo de los defensores. Recuerda que Moreno suscribió en 2020 el acuerdo de Escazú que se orienta a la protección de defensores de la Naturaleza.  “Pero no ha habido un avance ni un tratamiento a nivel de política pública” afirma. “Los defensores son vistos como delincuentes comunes cuando hacen práctica de su derecho a la resistencia”. Cita casos como el de Río Blanco, Mirador e Intag, donde sus líderes sociales han sido criminalizados. 

Los expertos coinciden en que los proyectos mineros han causado gran conflictividad en los últimos años a las comunidades y al medioambiente. En Mirador, dice Mazabanda, la deforestación es una de las afectaciones más visibles. Pero también en los ríos cercanos ya se observa la contaminación. 

A esas vulneraciones, se suma la desatención en la pandemia a los pueblos indígenas. Según este activista, no hubo una política de cómo asistir a esta población vulnerable. Y esa incertidumbre continúa en relación al acceso a la vacuna. La salud y la educación en la pandemia serán abordados en dos reportajes especiales. 

Más violencia para las mujeres y menores. Uno de los hitos en esta materia es los últimos cuatro años fue el rechazo a la reforma para la despenalización del aborto por violación en septiembre de 2019, recuerda Navarrete. 59 asambleístas votaron en contra del proyecto, incluidos los legisladores oficialistas de Alianza País, movimiento al que perteneció Moreno. El resto de votos fueron de los bloques más conservadores como PSC, CREO, SUMA, entre otros. 

Pero en este periodo, la violencia contra se ha recrudecido. Entre enero y marzo pasado se registraron 20 muertes violentas. En todo el 2020, hubo 118 femicidios y al menos 106 niños quedaron huérfanos. Según cálculos de la Alianza para el monitoreo de los feminicidios en el Ecuador, cada 72 horas una mujer muere en manos de su agresor. En la cuarentena, la violencia contra las mujeres se recrudeció. Ecuador llegó a la emergencia con todos los indicadores en rojo en violencia de género y la pandemia provocará un retroceso de años en derechos. A esto se añade que Moreno destinó un reducido presupuesto a la prevención de la violencia de género. El Estado paga seis veces más por arriendo de vehículos y 13 veces más por pasajes al exterior, según un reportaje publicado por este portal

Migración. “Ha sido una política zigzageante”, describe Navarrete al tratamiento de Ecuador a la migración venezolana. Recuerda que, por un lado, hubo un discurso xenófono y discriminatorio. Por ejemplo, cuando murió Diana Carolina por puñaladas de su pareja venezolana, este tipo de crímenes se adjudicó a toda una nacionalidad, dice el activista. Un día después, el presidente Lenín Moreno tuiteó lo siguiente: “Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”. Esto provocó que ese mismo día fueran perseguidos y agredidos grupos de venezolanos en Ibarra, donde ocurrió el femicidio de Diana. Luego sucedió el asesinato de una mujer en un centro comercial de Quito y el agresor fue también un venezolano. Navarrete afirma que en esos episodios el Gobierno criminalizó la migración. “No tiene correspondencia con las cárceles, donde la cantidad de extranjeros es menos del 1%”, argumenta. 

Pero hubo esfuerzos que merecen ser destacados. Por ejemplo, en la atención a los recién llegados por los pasos fronterizos. Por Ecuador ha pasado más de un millón y medio de venezolanos, de los cuales aproximadamente se quedaron 400.000. Pero pueden haber muchos más que no fueron registrados porque pasaron por caminos irregulares. Navarrete resalta el corredor humanitario que el Estado implementó, así como la visa humanitaria. Aunque el proceso estuvo abierto por un año, Navarrete cree que muchos se quedaron fuera de la regularización, lo que los deja sin acceso a educación, salud y trabajo. En la pandemia también fueron invisibles para las ayudas. En enero de este año, cuando Perú militarizó la frontera con Ecuador, 400 venezolanos se quedaron varados en Huaquillas, en plazas y parques, sin acceso al menos a servicios higiénicos. El Gobierno, recuerda Navarrete, no dio ayuda humanitaria pese a los continuos pedidos de la Alcaldía de esa ciudad fronteriza.

 

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