La historia que diario La Hora publicó y mereció una denuncia ante la Supercom tiene nueve párrafos cortos. Registra en ella lo que sucedió en la reunión entre las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, el presidente de la República, varios secretarios de Estado y delegados de la Fiscalía y la Policía Nacional.

La nota se titulaba “Exigen a Correa agilidad en investigaciones de desaparecidos”  y citaba a uno de los familiares, José Rodríguez, quien decía que las gestiones estatales “son promesas incumplidas, trámites que no avanzan…”, y quien habría permanecido acompañado por madres y padres de familia de por lo menos 72 jóvenes y adultos que no han regresado a sus casas, incluso desde los últimos 10 años.

En la cita con Correa –continuaba la nota del diario- se evaluaron los compromisos acordados el 11 de diciembre de 2013, para tipificar el delito de "desaparición" y que sea imprescriptible, así como instituir como derechos de las familias saber dónde está su familiar, apoyo sicológico, material y legal.

Además, la historia de La Hora señalaba que los familiares “exigen la incorporación de un sistema informatizado a nivel nacional de personas desaparecidas con la elaboración de un reporte de hospitales, morgues, terminales que incluya información detallada sobre personas desaparecidas o NN que hayan sido ingresadas o atendidas en dichas instituciones”.

“Asimismo, crear unidades especializadas debidamente capacitadas en la Fiscalía y en la Policía, e incorporar en el programa de compensación económica a las personas que den información sobre sus familiares. También solicitaron al Presidente que cada 6 meses se planifiquen acercamientos similares para conocer el avance de las políticas de Estado sobre el tema”.

Por esa noticia diario La Hora fue sometido a un proceso en la Superintendencia de la Información y Comunicacion (Supercom), con el argumento de que el diario tomó el testimonio de personas que "no asistieron a la reunión con el Presidente". Eso lo aseguraron sendas denuncias de los ministerios de Justicia y del Interior, y la nota en sí, fue fustigada por el Presidente en su Enlace Ciudadano. Los ministerios enviaron sus cartas de rectificación, las cuales fueron incluidas en la edición respectiva del Diario. Pero la Supercom igual convocó a audiencia, a la cual asistió Francisco Vivanco, representante legal del medio, quien tras alegar fallas en el procedimiento y el debido proceso, abandonó la diligencia. Días antes, La Hora se había acogido al derecho constitucional a la resistencia tras una sanción impuesta por el organismo inquisidor y sancionador de la información en el país.

La “molestia” del Gobierno con la nota publicada por diario La Hora tiene que ver con las dudas que entre un sector de los familiares de las personas desaparecidas provoca la acción oficial. Dudas que, a pesar de las promesas del Gobierno, no se solventan ni con la palabra del Presidente de la República. Algo que, ya lo ha dicho el mismo mandatario cuando habla sobre otros asuntos, no está dispuesto a tolerar. Y tiene que ver con que efectivamente hay descontento, sobre todo de la acción de los ministerios del Interior y Justicia y de la Fiscalía del Estado. 

PLAN V  habló con varios familiares que estuvieron presentes en la tercera reunión de ese tipo con Rafael Correa. Previamente a una cita pactada con algunos familiares, circuló en redes sociales una carta firmada por Pilar Tobar Abril, hermana de Camilo Tobar, desaparecido el 17 de abril de 2012, en el sector de Lumbisí, Cumbayá,  en la cual hablaba del sabor amargo que le dejó la reunión con el Presidente:

“El día jueves 5 de marzo de 2015, algunos familiares de los desaparecidos fuimos invitados a una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa, a la tercera cita. Varias personas, al haberme visto en TV, cosa que casi nunca pasa porque mi intención no es visibilizar mi cara, sino la de mi hermano y encontrarlo, me han preguntado ¿cómo nos fue en aquella reunión? La verdad no sé qué contestar, tengo una mezcla de sentimientos y cantidad de ideas que no logró analizar (sobre) el alcance de este tercer fallido encuentro. Nos trataron de mentirosos, politiqueros, mal agradecidos… en fin y como es su especialidad, hasta consiguieron la división y el enfrentamiento entre los presentes, ¡cual pelea de mercado! ¡Qué vergüenza! prestarse para tal sainete.

Algunos, olvidándose de su verdadero objetivo: quejarnos por la falta de acción de policías, fiscales, jueces, etc. que el Presidente Correa se entere de la verdad. No la que cuentan sus súbditos, subalternos, empleados o lo que quieran llamarse.

Me da mucha pena de aquellos que se prestan para este tipo de juegos. Me da mucha pena que se juegue con la dignidad de nuestros seres desaparecidos y con la nuestra propia tomándonos el pelo. Citándonos a reuniones preparatorias y después seleccionando a los que se reunirán con el Presidente en base a un criterio establecido, no sabemos por quién.

Se habla de equidad e igualdad y por protestar ante esta falacia nos llaman politiqueros.

Cuando la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased)  dice que ha resuelto miles de casos y nosotros les refutamos con evidencia, nos llaman mentirosos. Cuando los jefes de la Dinased dicen que tienen policías especializados en investigación de personas desaparecidas con más de 20 años de experiencia, pregunto entonces ¿Dónde están los hermanos  Santiago y Andrés Restrepo desaparecidos el 8 de enero de 1988? ¿Dónde está el escritor Gustavo Garzón Guzmán, cuya madre lleva una lucha de 25 años? y ¿nosotros somos los mentirosos? 

Igual cosa sucede cuando con evidencia demostramos que en la Fiscalía también nos engañan. Nos tildan de mentirosos, a nosotros que demostramos que no hay resultados pese a las 800 diligencias, 500 actuaciones, 300 diligencias, etc. Nos llaman mal agradecidos porque salimos a los plantones,  marchas y gritamos que la justicia está desaparecida. Desagradecidos porque no agradecemos la existencia de políticas públicas, la creación de la Dinased y de la Unidad de Personas Desaparecidas en la Fiscalía, pero ¿Acaso esto no es la obligación de  todo gobernante? crear políticas públicas con la data e información que tiene al alcance de sus manos ¿Acaso los ciudadanos no tenemos el derecho constitucional a saber la verdad? ¿Acaso la labor del Presidente y de los servidores públicos no es la de servir al pueblo que votó y lo eligió para gobernar el país? ¿Acaso no es la obligación del buen vecino o para usar el término del Gobierno, del Buen vivir, hacer caer en cuenta y haber puesto sobre el tapete un problema, más grande de lo que se podían haber imaginado? ¿Entonces quién es el mal agradecido? Nosotros le damos  herramientas para que este gobierno minimice esta problemática o hasta la elimine. 

Me mantengo con mi sentir. Total desilusión, un sabor amargo, completa desazón y sin poder mirar hacia el horizonte con la esperanza de que algo cambie en este país”.

La familia de Camilo Tobar Abril, de 51 años de edad, tiene razones para su desesperanza. Tras cuatro meses de la denuncia de su desaparición, el caso que pasó a la Fiscalía fue declarado como “desaparición voluntaria” por el organismo. Y lo cerró.

Cincuenta personas asistieron a la reunión, unas veinticinco personas del gobierno. Lo que presentó el oficialismo fue un programa para monitorear los casos y quedaron que los familiares iban a recibir un curso. Telmo Pacheco, dirigente de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos del Ecuador, (Asfadec) asistió a la reunión y confirmó que se expresaron las divisiones entre las organizaciones de desaparecidos, “estas están con el Gobierno, y agradecen todos, al fiscal, al Gobierno y están cometiendo un error que no se dan cuenta; parece que les han dado hasta trabajo o un bono y están en contra de Asfadec, nos acusan de que somos políticos”.

Ese día de la reunión, muchos familiares de víctimas de crímenes violentos no pudieron entrar a Carondelet, y se quedaron en la Plaza Grande organizados en un plantón  que gritaba consignas. Por ejemplo, quedó afuera Susana Valencia, presidente de Asociación Nacional de Desaparecidos y Asesinados del Ecuador (Anadea), los cuales resolvieron volver a juntarse con Asfadec luego de un tiempo de separación en el cual buscaron acercamiento con las autoridades; pero el viento cambió en contra, y se volvieron a juntar con la organización de Pacheco. En ese plantón estuvo la madre de Gustavo Garzón, a quien no dejaron entrar tampoco a la reunión en el Palacio Presidencial.  “Como la bulla se oía dentro del salón, el Presidente dijo que  no los dejaban trabajar tranquilamente, y gente de otras organizaciones dijo que era la gente de Asfadec, dijo que éramos nosotros y era por ser políticos. Se analizó cada caso y el Gobierno destacaba casos en los que se habían hecho unas 500 diligencias, que puede ser pero no se ha hecho nada positivo; en el caso de David Romo se hicieron 800 diligencias, y ¿qué ha pasado? La mayoría de los asistentes agradecía al Gobierno, nosotros no, porque decíamos las cosas como tiene que ser; por ejemplo insistimos que la desaparición sea tipificada como delito; ahora es un acto administrativo y eso impide que se pueda investigar judicialmente a una persona que sea sospechosa de una desaparición. El Presidente se comprometió a traer agentes de Venezuela y otros países para capacitar a los agentes. No sacamos nada que tengan un lindo edificio, los mejores equipos tecnológicos si no hay un antropólogo forense. Hace un año estamos pidiendo que se haga un perfil psicológico en el caso de mi hijo. Y eso no se puede hacer porque solo hay un psicólogo, solo se ha conversado conmigo. Queremos que esas cosas cambien; las personas acusadas o sospechosas de la desaparición se pueden acoger al derecho al silencio o negarse de plano a declarar, y como no se les puede obligar no pasa nada. Estamos pidiendo que se preparen la autoridades para impedir que haya más desapariciones. Salí decepcionado por la mayoría de la gente, como le dije al Presidente, cómo puede ser posible que haya tres o cuatro protocolos para las desapariciones; uno lo maneja la Fiscalía, otro la Dinased, otro la Judicatura; y si solamente se cumplieran dos artículos de este último le aseguré al Presidente que yo estuviera en mi casa, volviera a trabajar confiando en lo que haga el Estado. El Presidente no dijo no dijo ni sí ni no, solamente que el plan de recompensas está funcionando.

“Dicen que para todos los casos las propagandas salen por igual y no es así, porque nosotros estamos pendientes. Los funcionarios fueron con una actitud de ir a engañar, el Presidente cortaba cuando uno estaba reclamando y decía lo que había pasado en cada caso. En el caso de mi hijo, hace un año estamos tratando de hacer una pericia, porque en la casa donde estuvo mi hijo la última vez el patio era de tierra y ahora es de cemento y un agente quiere excavar en ese patio, pero el fiscal estaba buscando recursos para poder hacer eso. Hay un cadáver que fue enterrado a los dos meses de la desaparición de mi hijo, pedimos que se exhumara para confirmar la identidad, y se lo hizo recién pero sin un antropólogo forense, porque no hay. No se puede hacer peritaje de un mensaje que llegó al teléfono de mi hija, y lo pedimos en octubre del 2014 y hasta ahora nada; las cosas son a medias, tenemos asignada un agente. Janeth R. supuestamente es especialista en búsqueda de personas pero estuvo tres meses fuera del caso porque la mandaron a hacer un curso de drogas. No es que estamos reclamando por nosotros sino para el futuro. Nos dijeron que actúan 48 horas antes y 48 horas después”.

Este estado de cosas se refleja en el caso de Carolina Garzón, estudiante de origen colombiano desaparecida en el sector de Monjas, en Quito, desde el 2012. Luego de 34 meses de insistencia, la Fiscalía ordenó la diligencia de reconstrucción de los hechos.

Casi toda la familia se movilizó desde Colombia: su padre, una tía, y hasta una de las maestras de la estudiante bogotana. Su madre ha permanecido en Ecuador desde casi el momento de la desaparición de su hija, para buscarla. Al respecto de la diligencia tardía, la familia emitió un comunicado que decía:

“Desde el momento de la desaparición de Carolina Garzón no se ha garantizado el proceso de investigación ni se ha confirmado si en efecto desapareció el 28 de abril de 2012. No han respetado la cadena de custodia, no se han realizado las diligencias respetando los plazos debidos, no se ha investigado a profundidad sobre hipótesis especificas, entre otras irregularidades; que constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos de la familia Garzón y de manera particular de Carolina Garzón, quien continua desaparecida, incrementando con ello la cifra de mujeres que sufren este execrable hecho.

Cabe mencionar que anteriormente se realizaron dos reconstrucciones de los hechos, según la Fiscalía, no obstante estas no cumplieron con la rigurosidad del caso, ya que no todos los actores estuvieron presentes ni se respeto la rigurosidad cronológica, elementos importantes en este tipo de diligencias.

El pasado 5 de marzo durante la reunión que familiares de personas desaparecidas sostuvieron con el presidente Rafael Correa este fue enfático al insistir que si estos casos requieren de la asignación de un fiscal de dedicación exclusiva así debería hacerse, a esto el Dr. Gustavo Jalkh respondió que a la fecha existen 180 fiscales elegibles para esta tarea”.

Cuando una diligencia como la reconstrucción de los hechos se la hace dos años y diez meses después de ocurrida la desaparición, es probable que haya algunos elementos que nosotros no podamos recuperar, dice María L. la abogada que acompaña a la familia. Es probable que los indicios materiales hayan desaparecido o cambiado, y que la memoria de los testigos no esté tan fresca como hace más de dos años. La diligencia demoró también porque la defensa pidió que en la diligencia estuvieran presentes todas las personas que vivían con Carlina Garzón y todos ellos eran colombianos y argentinos. Y hubo una persona en particular de la cual la Fiscalía nunca tuvo datos concretos, y fue la familia la que dio con esa chica.

“El rol de la Fiscalía ha sido pasivo y el de la familia ha sido un rol activo -dice la abogada- y la institución ha ido cumpliendo con notificar. La Fiscalía no tiene una sola hipótesis clara de lo que pasó con Carolina y se han hecho un sinnúmero de diligencias pero que no apuntan a descartar o a confirmar una hipótesis; así que hacer una o mil diligencias sirve exactamente lo mismo si no se tiene una hipótesis a confirmar. Nosotros tenemos dos hipótesis: la presunción de un delito sexual, hipótesis a la que llegamos por los escenarios en los que se movía Carolina, por su vulnerabilidad. Una segunda hipótesis está relacionada a microtráfico. Esto para el territorio ecuatoriano, pero para territorio colombiano no olvidemos que Carolina era una defensora de derechos humanos, militante política de la izquierda y que antes de su desaparición ella percibió que había sido víctima de seguimientos, además de que fue testigo en un proceso penal de un joven que fue herido por la Policía colombiana. No hay que descartar esa situación”.

Olga Lucía Peñaloza es militante del Partido Socialista de los Trabajadores. A esta organización pertenecía Carolina, especialmente participó en la lucha de los estudiantes en contra de la privatización de la educación superior pública. El movimiento estudiantil se levantó y ella  participó. Carolina ya había viajado a Quito unas cuatro veces. Estudiaba artes plásticas y era fotógrafa, y estaba recogiendo datos para su tesis de grado. Su partido le pidió que avanzara a un encuentro estudiantil en Brasil. Su padre, Walter Garzón, cuenta que ella viajó a Quito el 19 de marzo del 2012. El 21 de marzo se presentaban, en el Atahualpa de Quito, Calle 13 y Manuchao. Ella llevaba un diario, ahí consignó que esperaba viajar a Brasil el 28 de abril, el día en que desapareció. Ese diario está la Fiscalía. Sin embargo, esos días en la vida de Carolina son un misterio. El único registro de lo que hizo y con quienes estuvo se quedó en su cámara de fotos, pero el perito de la Fiscalía borró las fechas que se registra en las fotos y puso –la defensa cree que por negligencia- la fecha de cuando hizo la pericia de la cámara. Como no era posible rescatar la fecha de esas fotos, se pidió una pericia a la Fiscalía de Colombia pero de eso ya ha pasado un año. También se envió a Colombia su computadora portátil porque los agentes ecuatorianos no pueden hacer una pericia que rescate los últimos archivos que manejó, según la defensa de Carolina. Hasta la pericia para saber el nivel de sedimento en un saco que se encontró en el río Machángara tuvo que pedirse a Bogotá.

El anecdotario judicial en el caso de Carolina sería solo un ejemplo si no fuera porque los familiares coindicen en las quejas sobre la gestión de las pesquisas, a pesar de que los funcionarios aseguran que el Estado hace todos los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos.

Pero ya van 1600 personas que no son halladas varios meses y años y la cifra crece. Y algunos de estos familiares conformaron la Asfadec,  por iniciativa del padre de Carolina Garzón, para presionar al Estado.

Y aunque el Presidente los ha recibido, en cada reunión reclaman al Mandatario que las disposiciones que da no se cumplen. Y lo que mejor pudo hacer el Estado fue dividir a los familiares, según denuncian ellos mismos, pues la Defensoría del Pueblo ha auspiciado la creación de otra organización, que tiene el favor de los funcionarios. La presión de Asafadec y Anadae no ha gustado nada a las autoridades. Incluso en la reunión última con el Presidente, una funcionaria de al Defensoría del Pueblo, Ximena Díaz, habría pedido al Mandatario que se investigara a Inredh y Fundamedios, “para saber qué políticos están detrás” por auspiciar y apoyar el trabajo de estas organizaciones.

La primera es un organismo de derechos humanos en donde los familiares de varios desaparecidos tienen un sitio logístico y acompañamiento legal. Y la relación con Fundamedios se reduce al espacio que la entidad de defensa de la libre expresión ofrece a los familiares en Rayuela Radio, una emisora digital.

Luis Ángel Saavedra, de Inredh, dice que apoyan los casos como defensores de derechos humanos, no inducen a las personas a generar protestas, lo que es iniciativa de los propios familiares. Afiches, eventos, comunicación, son los tipos de apoyo que han dado a familiares de los desaparecidos. La entidad sigue de cerca del caso de Carolina Garzón por pedido de su familia y recomendación de una entidad similar en Colombia.

Para Saavedra, desafortunadamente, el Gobierno considera que cualquier reclamo en este aspecto es otro intento de desestabilización, lo cual consideran absurdo. "Creemos que hay buenas ofertas y discursos por parte del Gobierno en el tema, pero esto debe concretarse".

Walter Garzón empezó esta lucha a mediados de junio del 2012, con el apoyo de Jaime Guevara, los consejos de Pedro Restrepo, el acompañamiento de Inredh. Se pararon, él y su familia, en la Plaza Grande como antes lo hicieron Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi, para reclamar por su hija Carolina, y entonces se fueron acercando los familiares de varios desaparecidos. El movimiento empezó a crecer y la situación de los desaparecidos en el Ecuador se hizo más palpable. Garzón recuerda que en la primera reunión fueron atendidos por la entonces asesora del Ministerio del Interior, Lady Zúñiga (hoy ministra de Justicia) y por otro asesor llamado Carlos Baca. Asfadec logró una primera reunión con el Presidente y entonces se dio por hecho el apoyo político al más alto nivel. 

En la cuarta y más reciente reunión la frustración se hizo patente. En todas la reuniones, el Presidente les dice que él es un padre de familia y se solidariza, pero imparte órdenes y no se materializan, dice Alix, la madre de Carolina Garzón, quien asistió a la última sesión en Carondelet. El Presidente les había dicho que en los casos complejos iba a poner un fiscal con dedicación exclusiva. "La discusión entre familias fue bochornosa, porque hubo enfrentamientos entre ellas, delante del Presidente, y lo peor es que él se preste para eso. Nunca he visto en Colombia una discusión entre ministerios y familias y que se de un enfrentamiento de esos. El tema fue que esta vez no entraron las familias de personas asesinadas, como a la mamá de Gustavo Garzón. Los gritos llegaban hasta el salón de la reunión, y el Presidente preguntaba qué es lo que sucede afuera".

Fue un incidente desagradable que dejó un mal sabor a los familiares. La división -según ellos auspiciada por el mismo Estado- se hizo palpable. Y ese reclamo es lo que reflejó diario La Hora en su artículo, por cuyo contenido se lo quiere llevar a una nueva sanción. Al parecer, según dijo la defensa del Diario, lo que importa en el tema de los desaparecidos es lo que se diga o no se diga de lo que hace el Estado y no lo que está pasando verdaderamente con el drama de los familiares y lo que hace o no hace el Estado para cumplir con sus promesas.